PGN - REPRESENTANTE LEGAL - Debe vigilar la correcta ejecución del contrato

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA CONTRATACION ESTATAL

DESPACHO DEL PROCURADOR DELEGADO

Bogota D.C., 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Precede este Despacho a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor ANTONIO ROTAVISKI ROTAVISKI contra la Resolución No. 103 del 13 de octubre de 2000, expedida por el Procurador General de Caldas, mediante la cual se le sancionó, en su calidad de alcalde municipal de Marmato, con multa equivalente a 60 días de salario, que asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS

OCHO MIL SETENTA PESOS ($2.408.070).

ANTECEDENTES Mediante actuación iniciada de oficio se inició investigación disciplinaria en contra del señor ANTONIO ROTAVISKI ROTAVISKI, en su calidad de Alcalde Municipal del municipio de Marmato (Caldas), por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de los contratos de prestación de servicios educativos de fechas 10 de abril de 1997 y 10 de agosto de 1997 suscritos por el municipio de Marmato con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Vergel y, del contrato de ejecución del componente tecnológico celebrado entre el citado municipio y la empresa “Seaprof” Ltda., el 1o de enero de 1997. Con auto del 4 de noviembre de 1997 se dispuso la practica de las diligencias de indagación preliminar, las que trajeron como resultado que el señor Antonio Rotaviski Rotaviski, en su condición de alcalde del municipio de Marmato pudo haber incurrido en conducta irregular en la celebración y ejecución de los citados contratos, por tal razón, mediante auto del 5 de

junio de 1998 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra, la que culminó con formulación de pliego de cargos con fecha 31 de agosto de 1999 y finalmente se profirió fallo condenatorio el 13 de octubre de 2000. CARGOS (Folios 205 a 219) Se formularon al disciplinado, los siguientes cargos: "1o. No haber publicado la licitación No. SEMM-01-97, tal como lo exige el numeral 3º. del artículo 30 de la ley 80 de 1993, limitándose a anunciarla localmente. " "2o. Contratar directamente, previa la declaración de desierta la licitación con la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Vergel, la prestación de los servicios educativos para los sectores urbano y rural, por valor de $42.993.128.oo, entidad que no contaba con la experiencia en el manejo del personal educativo, no obstante ser una de las condiciones que la Administración Municipal exigió en el pliego de condiciones. " 3 Suscribir con la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vergel contrato de fecha 10 de agosto de 1997, por valor de $49.624.180.oo, sin estar precedido de licitación pública, en abierta violación al principio de la transparencia establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 e incumpliendo el deber de selección objetiva establecido en el artículo 29 del mismo Estatuto. Con las anteriores actuaciones se pudieron violar las siguientes disposiciones: - artículo 6o. de la Constitución Nacional - Artículo 40 de la ley 100 de 1995, numerales 1 y 22.

} - Artículo 41 de la ley 100 de 1995, numeral 7o. - Artículo 40 del Código Disciplinario Unico, numerales 1 y 2. - Artículo 29 de la ley 80 de 1995. (sic) - Artículo 24 de la ley 80 de 1993, numeral 1 - Artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 3 - Artículo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 3o - incumpliendo de los deberes señalados en el artículo 40 de la ley 200/95 numerales 1, 2 -Artículo 41 de la ley 200/95, numerales 7 y 21

4. Incumplir la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato de Ejecución del Componente Tecnológico celebrado con la empresa SEAPROF LTDA., el 1o de enero 1997, al comprobarse por parte del Fondo para la Inversión Rural DRI, en la diligencia de liquidación sobre inversión de Aportes y Cumplimiento del objeto del convenio, en la cual se constató el incumplimiento del objeto del contrato y en la entrega de los informes en periodo trimestrales al contratante, según la cláusula Cuarta referente a las obligaciones de la sociedad, inobservando con su proceder las siguientes disposiciones: - Cláusula cuarta del citado, referente a las obligaciones de la sociedad, consignadas en los literales aprestar asesoría técnica a los usuarios campesinos en aspecto agropecuarios, conforme el proyecto presentado por el municipio al Fondo DRI., c) Rendir informes en periodo trimestrales al contratante por escrito..."

• Artículo 40 de la ley 200 de 1995, numerales 1, 2 y 23 - Artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1o.

5. No declarar la caducidad del contrato suscrito con la empresa SEAPROF LTDA el 1o de enero de 1997, una vez verificada la causal de incumplimiento del mismo, inobservando el artículo 18 de la ley 80 de 1993, toda vez que en forma irregular procedió a elaborar Acta de Terminación Bilateral, violando de esta manera además, las siguientes normas: - Artículo 6 de la Constitución Nacional - Artículo de la ley 200/95, numerales 1, 22 y 23 - Artículo 41 de la ley 200/95

6. Darle una destinación diferente a los aportes que el municipio de Marmato recibiera del DR1 con ocasión del convenio interadministrativo No. 1706-17-0025-0-96, ordenando el pago a la firma ATEAM LTDA, tal como lo consignara en el Acta de Liquidación y Revisión de aportes la DRA. AMPARO ECHEVERRY funcionaria del DRI, quien en la misma diligencia ordenó el reintegro de la suma girada por valor de $3.115.000.00, tal como consta en el acta de liquidación visible a folios 142 a 145 y en fa fotocopia del libro auxiliar de bancos a folio 146. , inobservando con este proceder, las siguientes normas: -Artículo 60 de la Constitución Política - Artículo 26 ley 80 de 1993, numerales 1 y 4

-Artículo 40 de la ley 200/95, numerales 1, 4 y 18 - Incumplimiento de deberes e inobservancia de prohibiciones que eleva a falta disciplinaria el artículo 38 de la ley 200 de 1995, norma que se aplica a todos los cargos confeccionados al implicado," DESCARGOS En relación con la violación al principio de transparencia, respecto del contrato para la prestación de servicios docentes educativos suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Vergel el 10 de abril de 1997, manifiesta el disciplinado que "la normatividad no debe caer en el exceso de formalismo, ya que el servicio educativo en esa instancia era algo prioritario para la comunidad que tenía ya varios meses sin este indispensable servicio público..... Por tal motivo no había lugar a efectuar un trámite ajustado a la letra de la ley 80 de 1993 o régimen de contratación, ya que era urgente para el Municipio y la comunidad empezar a prestar dicho servicio; aunque lo ideal hubiese sido repetir el proceso licitatorio por haberse presentado una sola propuesta." Argumenta además que a efectos de garantizar la idoneidad de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vergel para la prestación del servicio docente, el municipio designó a la Secretaria de Educación Municipal para que le prestara asesoría; que se si se garantizó la publicidad del proceso de licitación por cuanto el flujo de personas en el municipio de Marmato es muy estrecho con los municipios vecinos y, que por el escaso monto de la contratación de servicios docentes, esta actividad no es significativa en términos lucrativos para los contratistas, razones por las cuales dicho proceso licitatorio para la contratación del servicio

docente en el municipio para el año 1997 "..., fue ecuánime, transparente y sin ningún ánimo de negar la participación de otras entidades..”

2. En relación con el contrato para la asistencia técnica agropecuaria suscrito con SEAPROF LTDA. el 1o de enero de 1997, manifiesta el disciplinado que el municipio no se encontraba facultado para declarar la caducidad del citado contrato, toda vez que fue éste quien incumplió primero su obligación de pago debido a razones presupuestales ajenas a la voluntad del municipio.

Por otra parte manifiesta que el contratista si cumplió con su obligación de rendir los informes pactados en el convenio interadministrativo, pues estos fueron los entregados y consignados en la ficha de evaluación y seguimiento entregada a la UDECO en el mes de septiembre de 1997 y, que el informe final de ejecución físico y financiero del contrato reposan en la carpeta del convenio que se encuentra en la Tesorería Municipal de Rentas y, que la terminación bilateral del contrato se llevó a cabo para evitar litigios con el contratista.

3. Finalmente argumenta que el pago efectuado a la firma ATEAM LTDA., con recursos desembolsados por el DRI para el convenio de la vigencia 1997, sucedió por un "... error involuntario en el que incurrió ..., ya que se esperaban recursos del DRI comprometidos en la vigencia de 1996 y como al momento de la consignación al Banco Ganadero, entidad donde se giran los recursos para estos programas, el reporte no fue claro, por tal motivo se ordenó el pago a dicha firma.", pero que sin embargo, dicho dinero fue reintegrado a la cuenta especial del

convenio aludido, circunstancia que se acredita con la consignación que reposa en la carpeta del proyecto. EL FALLO DE PRIMERA INST ANCIA En el fallo de primera instancia, se sustenta la violación de las siguientes normas y por las siguientes razones:

1. La conducta del contratista fue violatoria del Artículo 29 de la ley 80 de 1993, que consagra el principio del deber de selección objetiva, ”toda vez que no se le dio oportunidad a ninguna empresa o entidad sin animo de lucro, ..., de atender la convocatoria y presentar propuestas.." dentro del proceso licitatorio adelantado con ocasión de la prestación del servicio educativo para el sector urbano y rural del municipio de Marmato en la vigencia 1997, en razón a que una vez adelantado el proceso licitatorio, y elaborados los pliegos de condiciones, el disciplinado omitió cumplir lo normado en el numeral 3o. del artículo 30 del estatuto contractual, limitándose a anunciar localmente la licitación No. SE-MM-01-97, razón por la cual no se presentó pluralidad de ofertas debiéndose entonces declarar desierta la convocatoria y en consecuencia accediendo a la contratación directa.

Razona el fallador de instancia que la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Vergel carece del requisito de experiencia exigido en el pliego de condiciones elaborado con ocasión del proceso licitatorio antes indicado, razón por la cual el municipio tuvo que prestar asesoría a dicha junta, a través de su Secretaria de Educación. La conducta del disciplinado es violatoria del numeral lo del artículo 24 de la ley 80 de 1993, por inobservancia del principio de la transparencia, toda vez que en el contrato suscrito con la junta

de Acción Comunal de la vereda El Vergel del municipio de Marmato para la prestación del servicio educativo durante el período comprendido entre el 14 de julio al 14 de diciembre de 1997 no se llevó a cabo la escogencia del contratista a través del proceso de selección por licitación pública, sino directamente; circunstancias de las que se deduce la intención de evadir el proceso de escogencia objetiva del contratista por parte del Alcalde del citado municipio, y en consecuencia la intención de favorecerlo.

3. Violación del artículo 29 de la ley 80 de 1993 por infracción al principio de responsabilidad en la ejecución del contrato suscrito con la firma SEAPROF LTD A., para la asistencia técnica agropecuaria a pequeños agricultores., en el área de economía campesina., toda vez que dicha firma no cumplió con el objeto del contrato ni con la obligación de rendir los informes pactados, sin que la administración hubiera adoptado las medidas administrativas pertinentes, declarando la caducidad del contrato, sino que por el contrario y en contravía del ordenamiento legal procedió a liquidarlo de común acuerdo, incumpliendo de esta manera su deber de vigilar la correcta ejecución del contrato y salvaguardar los intereses del Estado, previstos en la citada norma contractual.

Resta credibilidad a la afirmación hecha por el disciplinado en el sentido de no poder declarar la caducidad del contrato por ser el municipio el que incumplió su obligación de pago, pues afirma que esta plenamente probado que en el momento de la terminación bilateral del contrato, agosto 28 de 1997, ya se le habían cancelado al contratista sumas que ascendían a

$9.239.091.oo, lo que acredita con la copia del libro auxiliar de bancos correspondiente a los registros de la cuenta corriente 537-09377-5 BERF 1706-17-0025-0-96, cancelándosele entonces al contratista, unas sumas de dinero como contraprestación de un servicio que nunca se prestó. Indebida destinación de los aportes del DRI, por valor de $3.115.000.00, toda vez que esta cantidad de dinero consignada para el desarrollo del convenio No. 1706-17-0025-0-96 fue cancelada a la empresa ATEAM LTDA., empresa contratista para el ejecución de un convenio diferente al señalado, desechando la defensa del investigado en la medida que no acoge el argumento de error involuntario en dicha operación, por cuanto el reintegro no quedó registrado en el libro auxiliar de bancos, demostrando con esta actuación el mal manejo de los recursos públicos y su irresponsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual.

5. Finalmente, encuadra la conducta del disciplinado dentro del presupuesto de la culpa por cuanto su obrar fue descuidado y negligente y, confirma la calificación de la falta hecha en el auto de cargos, en calidad de "GRAVE", para así proceder a aplicar la sanción aludida.

EL RECURSO DE APELACION El investigado sustenta su recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:

1. Que la contratación de los servicios docentes para el municipio de Marmato, en términos del literal J del numeral 1o del artículo 24 de la ley 80 de 1993, no requiere licitación pública, por no existir pluralidad de oferentes, fenómeno que se verificó al no existir más de una persona

inscrita en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio, debiéndolo estar para este tipo de servicios, en cumplimiento a lo normado en el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 855 de 1994.

2. Las Juntas de Acción Comunal del municipio de Marmato habían prestado los servicios educativos con anterioridad a la suscripción de los contratos que nos ocupa, con lo que se desvirtúa el requisito de la experiencia exigido y cuyo proceder se ajustó a lo establecido en el artículo 375 del Decreto 1333 de 1986, modificado por la ley 9 de 1989.

3. El municipio de Marmato tuvo muchas dificultades financieras para el cumplimento del contrato de ejecución del componente tecnológico para la asistencia técnica agropecuaria, suscrito el 10 de enero de 1997, debido a la demora del DRI en el giro de los recursos, razón por la cual debió terminarse en forma bilateral el contrato.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Corresponde examinar los argumentos de defensa del inculpado, así:

1. La obligatoriedad del registro único de proponentes previsto en el artículo 22 de la ley 80 de 1993 se extiende para los contratistas de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles.

La hipótesis de la prestación del servicio educativo no encuadra dentro de ninguno de los eventos de contratación previstos en el artículo citado, por el contrario, ésta hipótesis se encuentra expresamente excluida de registro, clasificación y calificación por mandato expreso del inciso 6 ese precepto, por tanto no es de recibo el argumento del imputado según el cual debió acudirse

a la contratación directa por no existir pluralidad de oferentes El principio de la selección objetiva del contratista implica la realización de un proceso de selección que conlleve a la escogencia de la propuesta más favorable, no solo para la entidad, sino para los intereses de la comunidad destinataria del servicio. El estatuto contractual y sus decretos reglamentarios han previsto una serie de procedimientos tendientes al logro de este objetivo, los que por regla general y en determinados eventos se ajustan a los lineamientos establecidos para la licitación o concurso público y en otros excepcionales, a los procedimientos reguladores de la contratación directa. No obstante existir esta dualidad de mecanismos de selección, el legislador se preocupó de que en ellos siempre se garantice el principio de la selección objetiva, toda vez que ésta implica la ausencia de valoraciones que involucren afectos o intereses personales y en general, motivaciones de carácter subjetivo dentro del proceso de escogencia del contratista. Dentro de los eventos excepcionales de contratación directa se encuentra aquella hipótesis según la cual el monto del presupuesto de la entidad estatal es el que determine el valor a partir del cual se hace obligatorio este mecanismo excepcional de selección. Es así como el artículo 24 del estatuto contractual, modificado por el artículo 1o del Decreto 62 de 1996, establece que las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 125 salarios mínimos legales mensuales. Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del municipio de Marmato para la vigencia 1997 asciende a $1.778.204.996,02, según certificación expedida por el tesorera de ese municipio

(folio 162 del expediente), es equivalente a 10.338 salarios mínimos mensuales, por tanto su menor cuantía ascendía a $21.500.625.oo, equivalentes a 125 salaries mínimos. El imputado suscribió dos contratos para la prestación de los servicios educativos para los sectores urbano y rural del municipio de Marmato, de fechas abril 10 y agosto 10 de 1997 por valor de $ 42.993.128.oo y $49.624.180.oo, respectivamente, debiendo hacerlo a través del proceso de licitación previsto en el estatuto contractual. Si bien es cierto se adelanto el proceso de selección por licitación pública respecto del primer contrato, éste resulto fallido, pues fue declarado desierto a través de la resolución No. 029 del 8 de abril de 1997 en consideración a que no se presentó propuesta alguna por falta de voluntad de participación. Sin embargo, dentro del proceso se acreditó que la consecuencia de la ausencia de propuestas se debió a las fallas cometidas en la aplicación de mecanismos de publicitación de la licitación pública, toda vez que no dio cumplimento a lo normado en el numeral 3o del artículo 30 de la ley 80 de 1993, limitándose a anunciar localmente la licitación No. SE-MM-01-97. No obstante estar previsto este mecanismo de publicitación para los pequeños poblados, debe acudirse a el siempre y cuando éste posea un alto grado de difusión, lo que se garantiza si se siguen los requisitos legales previstos en el citado numeral 3o del artículo 30, pues su objetivo es el de atraer el mayor número de propuestas para poder establecer parámetros de

comparación y dar aplicación del principio de la selección objetiva del contratista previsto en el artículo 29 del estatuto contractual. Teniendo en cuenta que el mecanismo de publicitación llevado a cabo por el imputado dentro del proceso de licitación aludido no garantizó la difusión requerida, toda vez que únicamente fue fijado en lugar visible del despacho de la alcaldía durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 5 de abril de 1997, sin que se realizara lo propio en los principales lugares públicos de dicho municipio ni se leyera por bando tal como lo ordena el estatuto contractual, razón por la cual no se presentó propuesta alguna y por ende hubo que declarársele desierta. Se infiere de lo anterior, que la conducta desplegada por el imputado fue violatoria del principio de selección objetiva y de responsabilidad exigido a todo servidor público en cumplimiento de los fines de la contratación. En relación con el contrato suscrito el 10 de agosto de 1997, teniendo en cuenta su cuantía, $49.624.180. oo, su suscripción debió estar precedida por una licitación pública, la que para este caso no se llevó a cabo con débil argumento de la inexistencia de pluralidad de oferentes, evento de contratación directa previsto en el literal j) del numeral 1o del artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo, como quedó establecido en precedencia, no es de recibo este argumento toda vez que a ello se llegó por defectos en la publicitación de la licitación, mas no por circunstancias connaturales a dicha situación.

2. El requisito de la experiencia exigido en el pliego de condiciones para la prestación del servicio

educativo no se encuentra acreditado dentro del expediente, pues la Junta de Acción Comunal del municipio de Marmato debió acreditar esta circunstancia previamente a la suscripción del contrato, además, la circunstancia de la inexperiencia se refuerza con la afirmación hecha por el imputado cuando al tratar de suplir esta falencia, manifiesta haber prestado asesoría a dicha junta a través de la Secretaria de Educación del municipio. Es aplicable la cláusula de experiencia en el manejo educativo exigida en el pliego de condiciones aún a pesar de haberse declarado desierta la licitación, pues, los parámetros, condiciones y circunstancias allí establecidos deben exigirse en la medida en que si se suprimieran, se estaría modificando las condiciones iniciales de participación y por ende el objeto de la licitación, con flagrante violación del principio de transparencia que debe orientar el actuar administrativo en materia contractual.

3. La caducidad administrativa como una facultad exorbitante dentro de la actividad contractual en cabeza de la administración, implica la penalización más severa a aquel contratista que de manera grave incumplió con las obligaciones del contrato.

La determinación de dicha sanción debe estar sujeta a ciertos requisitos legales, que se concretan así: a) El incumplimiento que da lugar a ella debe afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidenciar que puede conducir a su paralización. De lo anterior se desprende que si bien esta es una medida discrecional, ella no puede apartarse de los presupuestos de procedibilidad, cuales son la afectación grave y directa que pueda conducir a la paralización del contrato, so pena de incurrir en desviación de poder en la adopción de

dicha medida. b) La entidad estatal debe ser competente para expedir este acto administrativo, pues, la cláusula de caducidad es facultativa en los contratos de prestación de servicios por mandato del artículo 14 de la ley 80 de 1993, lo que implica que si ella no se pacta en el contrato, no puede hacerse efectiva. Revisado el expediente, si bien se desprende la existencia de un incumplimiento en la rendición de informes sobre las actividades que la firma SEAPROF LTADA realizó en cumplimento del contrato de prestación de servicios suscrito el 1o de enero de 1997, no obra de esta manera prueba alguna del incumplimiento del objeto del contrato, cual es la asistencia técnica agropecuaria a pequeños agricultores del municipio, en el área de economía campesina, pactada en la cláusula segunda del contrato. El incumplimiento de las obligaciones que puede dar lugar a la declaratoria de caducidad, es aquel que se refiere a las obligaciones principales del contrato, no a aquellas otras cargas que no inciden en el desarrollo del mismo. En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado que fue el municipio de Marmato el que incumplió su obligación de pago, en efecto, el testigo Cesar Augusto Ortiz Parra, en su calidad de técnico en planeación municipal de la administración municipal de Marmato manifestó: "El Municipio de Marmato ante la carencia de la UMATA orgánica optó por contratar los servicios de asistencia técnica agropecuaria a pequeños campesinos con la firma SEAPROF LTDA, el cual se llevó a cabo a principios del año 1996, el contrato aludía al

compromiso de desarrollarse por dos vigencias o sea, 1996 y 1997, dada la incapacidad del Municipio para cumplir cabalmente con el compromiso en contrato especialmente a los desembolsos a la firma contratista sugirió al gerente de la firma SEAPROF se liquidara bilateralmente el contrato, situación que fue aceptada por la firma contratista procediéndose a la liquidación del contrato." (folio 134 del expediente) Por su parte, en el acta de terminación bilateral del contrato suscrita el 28 de agosto de 1997 se dejó constancia de que a esa figura se recurría en consideración a "las circunstancias financieras, logísticas y de cobertura desfavorables a las dos partes y sin que sean imputables a ellas" (folio 147 del expediente). Finalmente, se constata que no se pactó dentro del contrato de ejecución del componente tecnológico celebrado entre el municipio de Marmato y la empresa SEAPROF LTDA el 1o de enero de 1997 la cláusula de caducidad, por tanto mal podía hacer uso de la misma en la medida en que podía incurrir en la expedición de un acto administrativo viciado de nulidad por falta de competencia orgánica. De lo anterior se desprende que los cargos 4o y 5o. Sobre el incumplimiento de la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato violatoria del los artículos 40 de la ley 200 de 1995 y numeral 1o del artículo 26 de la ley 80 de 1993 y, de la omisión en la obligación de declarar la caducidad del contrato como conducta violatoria de los artículos 6 de la Constitución Política, numerales 1, 22 y 23 del artículo 40 y el artículo 41 de la ley 200 de 1995 no

se encuentran llamados a prosperar, por estar desvirtuados con el material probatorio obrante en el proceso.

4. Finalmente se estableció dentro del proceso que el inculpado realizó una indebida destinación de los aportes del DRI por valor de $3.115.000.oo, toda vez que esta cantidad de dinero fue cancelada a la empresa ATEAM LTDA, empresa que no estaba comprometida en la ejecución del convenio No. 1706-17-0025-0-96 donde si lo estaba la empresa SEAPROF LTDA., ello se acreditó con la copia del acta de liquidación del convenio en la que se consignó esta inconsistencia y con la copia de la autorización de pagos No. 02186.

El argumento del inculpado en relación con el hecho de haber reintegrado dicho dinero indebidamente destinado, no desvirtúa el carácter de falta disciplinaria de la conducta por el desplegada, por el contrario, demuestra la indebida destinación de los recursos girados en virtud del convenio aludido, hecho que confirma el cargo aún más el cargo formulado consistente en este caso en el mal manejo de los recursos públicos y su irresponsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual. Por lo anterior, esta Procuraduría confirmará parcialmente el fallo recurrido atenuando la sanción de multa impuesto, toda vez que los cargos 5o y 6o se desvirtuaron con el material probatorio obrante en el expediente. El comportamiento desplegado por el señor Antonio Rotaviski Rotaviski fue violatorio de los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad previstos en el estatuto contractual, circunstancias que exigen confirmar la sanción que se hizo de la falta como grave y

además por estar acorde con los parámetros establecidos en el artículo 27 del Código Disciplinario Único, no obstante reducida en su monto a cincuenta (50) días de salario devengado por el disciplinado para la época de los hechos. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, RESUELVE PRIMERO: Revocar el numeral primero de la parte resolutiva del fallo proferido por la Procuraduría Regional de Caldas el 13 de octubre de 2000 mediante el cual se sancionó al señor Antonio Rotaviski Rotaviski, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.445.834 expedida en Marmato Caldas, en su calidad de alcalde municipal de Marmato, con multa equivalente a sesenta (60) días de salario que devengara para la época de los hechos y que asciende a la suma de dos millones cuatrocientos ocho mil setenta pesos ($2.408.070.oo).

SEGUNDO: SANCIONAR al señor Antonio Rotaviski Rotaviski, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 4.445.834 expedida en Marmato Caldas, en su calidad de alcalde municipal de Marmato, con multa equivalente a cincuenta (50) días de salario que devengara para la época de los hechos y que asciende a la suma de DOS MILLONES SEIS MIL

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (S2.006.725.oo).

TERCERO: Confirmar en lo restante la parte resolutiva del fallo proferido pro la Procuraduría Regional de Caldas del 13 de octubre de 2000.

CUARTO: Notificar al inculpado el contenido de esta providencia y efectuar las comunicaciones de ejecutoria.

CUMPLASE

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado. 079-278/97 AIBU