PGN - REQUISITOS DEL FALLO DISCIPLINARIO - Debe demostrar certeza de la existencia de la f

SALA DISCIPLINARIA CONFIRMACIÓN DE ARCHIVO EN INDAGACIÓN-Presidente de Colpensiones no tuvo participación en cumplimiento del fallo de tutela ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INDAGACION-Estudio de suficiencia de los argumentos para configurar presupuestos fácticos y jurídicos DECISIÓN INTERLOCUTORIA Y FALLO DISCIPLINARIO-Deben fundarse en pruebas legal y oportunamente producidas y aportadas PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL-Deber de investigar los hechos que tiendan a demostrar la conducta, su inexistencia o sus eximentes APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS-Distinción con el principio de investigación integral VALORACIÓN PROBATORIA-Operaciones mentales del juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba REQUISITOS DEL FALLO DISCIPLINARIO-Debe demostrar certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado ANÁLISIS PROBATORIO-Se encuentra ajustado a las reglas de la sana crítica y la experiencia Esta colegiatura considera que la Procuraduría Delegada si adelantó el análisis probatorio bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, pues la conclusión a la que arribó, según la cual…, en su condición de presidente de Colpensiones, no tuvo participación alguna en los hechos materia de la indagación, no es producto de un análisis “inverosímil e incongruente” para el “favorecimiento” del indagado, mucho menos “contribuye a desnaturalizar el inventado desconocimiento expuesto ligeramente sin soporte en el fallo

disentido”, como de manera desacertada lo planteó el recurrente Contrario a ello, la Sala no encuentra circunstancia alguna para no darle credibilidad a los documentos que se incorporaron al expediente y que le permitieron a la primera instancia demostrar que… no tuvo ninguna incidencia o conocimiento del trámite de la acción de tutela, especialmente cuando el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de Colpensiones es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, conforme lo prevé el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), hasta tanto sea anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio del medio de control de simple nulidad Radicación n.° 161-8031 Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en Acta de Sala N°23 Radicación n.° IUS E-2017-619150, IUC D-2017-1043525, (161-8031)

Implicado: MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ

Presidente Administradora Colombiana de Pensiones

Cargo y Entidad: (Colpensiones) Quejoso: NÉSTOR GREGORY DÍAZ RODRÍGUEZ Fecha queja: 19 de mayo de 2017

Fecha hechos: 27 de septiembre de 2016

Resuelve recurso de apelación contra auto que archiva Asunto: indagación preliminar – confirma archivo

P.D. PONENTE: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO A TRATAR La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación procede a

resolver el recurso de apelación que interpuso el quejoso contra el auto del 26 de febrero de 2021, por medio del cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el archivo de la indagación preliminar en favor de MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, en su condición de presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

II. HECHOS INVESTIGADOS El 19 de mayo de 2017, NÉSTOR GREGORY DÍAZ RODRÍGUEZ solicitó intervención de la Procuraduría Provincial de Ibagué por el incumplimiento de Colpensiones al fallo de tutela que profirió el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué1 el 27 de septiembre de 2016, dentro del radicado 73001-33-33-001-2016-00302-00, en el cual se ordenó dar respuesta de fondo a la petición que presentó el quejoso el 8 de julio de 2016, para que se le expidiera su historia laboral junto con la inclusión del cómputo de semanas cotizadas durante su vida laboral.

III. ANTECEDENTES PROCESALES El 12 de diciembre de 2017, la Procuraduría Regional del Tolima abrió indagación preliminar en contra de MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ;2 el 26 de febrero de 2021, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa declaró el archivo definitivo de las diligencias y remitió copia del expediente a la Procuraduría Distrital de Bogotá (reparto), para continuar la actuación en relación con CARLOS ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, en su

condición de director de Historia Laboral, y DIEGO ALEJANDRO URREGO 1 Folio 2 cuaderno original (en adelante c.o.) n.° 1 2 Folios 197 a 202 c.o. n.° 1 2 Radicación n.° 161-8031 ESCOBAR, en su calidad de director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones.3 Con memorial del 11 de marzo de 2021, el quejoso apeló la decisión de archivo,4 siendo concedido el recurso ante la Sala Disciplinaria el 23 de marzo de 2021.5 El 7 de abril de 2021, se recibió el expediente en la secretaría de esta colegiatura.6

IV. DECISIÓN DE ARCHIVO RECURRIDA Con fundamento en las pruebas documentales allegadas al expediente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa indicó que mediante el Oficio BZ.2016-11119626 del 22 de septiembre de 2016, CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, gerente nacional de Operaciones de Colpensiones, emitió respuesta al derecho de petición que presentó el quejoso el 8 de julio de 2016, dándole a conocer que con la información suministrada no se encontraron registros de pagos a su nombre para los períodos reclamados.

Agregó que en cumplimiento a lo que ordenó el juez de tutela, el gerente nacional de Operaciones de Colpensiones, mediante el Oficio BZ.20176443259 del 21 de junio de 2017, le informó al quejoso que «las cotizaciones

correspondientes a los períodos de cotización comprendidos entre el 24 de julio de 1979 al 31 de enero de 1982 requeridos por el empleador CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, y el tiempo comprendido entre el 2 de diciembre de 1982 al 1 de agosto de 1990 son tiempos públicos, es decir tiempo de cotización laborado al servicio de empresas públicas que por su naturaleza realizaban aportes a otras cajas de previsión social; según el caso pudieron ser realizadas a CAJANAL, FONCEP, FONPRECON, entre otras, y como consecuencia dichos aportes al no ser realizados a Colpensiones no se encuentran relacionados en su historia laboral, no obstante SI SERAN TENIDOS EN CUENTA para el estudio y liquidación, si es el caso de la prestación económica a que haya lugar, cuando esta se solicite; siendo estrictamente necesario que al momento de pedir el reconocimiento de su pensión ante COLPENSIONES y cumplidos los demás requisitos de Ley, manifieste que cotizó en dichas entidades y entregue copias de las certificaciones expedidas por las entidades, cajas o fondos a los cuales usted aportó.», así como la normatividad y la jurisprudencia aplicable a la certificación de tiempo laborados. En dicha respuesta, el gerente nacional de Operaciones de Colpensiones le aclaró al peticionario-quejoso lo siguiente: Ahora bien, respecto de la orden proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué – Tolima, se observa que es responder la petición del pasado 8 de julio de 2016, más no se observa que la orden este orientada a realizar 3 Folios 277 a 282 c.o. n.° 2

4 Folios 287 a 292 c.o. n.° 2 5 Folio 293 c.o. n.° 2 6 Folio 302 c.o. n.° 2 3 Radicación n.° 161-8031 la inclusión de tiempo sin cotización en su historia laboral, así las cosas y atendiendo a lo expuesto en párrafos anteriores informamos que se da respuesta de forma clara, concreta y de fondo a su petición.7 El a quo sostuvo que revisado el manual específico de funciones y competencias laborales de Colpensiones, encontró que para la época de los hechos regía la Resolución 411 de 2016, la cual radicaba en cabeza de la Gerencia de Defensa Judicial la función de proyectar las respuestas de los fallos de tutela en contra de la entidad, función que se mantuvo en la Resolución 131 de 2017, por medio de la cual se modificó el Manual de Funciones y Competencias Laborales. Aseguró que los funcionarios de Colpensiones que intervinieron en el trámite y respuesta del derecho de petición y la acción de tutela fueron CARLOS ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, en su condición de director de Historia Laboral, y DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, en su calidad de director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial, cuyos cargos se encuentran en rango inferior a secretario general, según la Resolución 131 de 2017.

La primera instancia concluyó: Por lo anterior, surge evidente que el señor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, en su condición de presidente de COLPENSIONES no tuvo participación alguna en los

hechos sometidos a investigación, en la medida en que no tuvo conocimiento ni del referido derecho de petición presentado por el señor DIAZ RODRIGUEZ, como tampoco de la acción de tutela, ni del incidente de desacato. Lo anterior por cuanto, en virtud del principio de delegación y de distribución del trabajo al interior de las entidades, la responsabilidad en el cumplimiento del fallo de tutela radicaba en la Gerencia de la Defensa Judicial. Así las cosas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso el archivo de las diligencias a favor de MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ y la compulsa de copias para que la Procuraduría Distrital de Bogotá (reparto) investigue el actuar de CARLOS ALBERTO

MÉNDEZ HEREDIA y DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR.

V. RECURSO DE APELACIÓN

Textualmente, el recurrente aseveró:

1. El favorecimiento con la terminación se edifica en el inverosímil e incongruente criterio que no tener participación alguna en los hechos sometidos en la investigación en la medida que no tuvo conocimiento ni del referido derecho de petición presentado por el suscrito como tampoco de la tutela ni el incidente de desacato.

2. El acto de conferir poderes lo ubica en un actor con conocimiento directo de los hechos, dela (sic) acción de tutela, del incidente de desacato, el recibir informes 7 «(folios 85 a 88)», c.o. n.° 1

4 Radicación n.° 161-8031 de la actuación de sus abogados y el estado del proceso máxime la acción de

tutela directa contra él cómo (sic) Pte. de Colpensiones originando, con un MARCADO INTERÉS EN SU DEFENSA. Por ende, en su desarrollo procesal.

3. Los Comportamientos Descritos Desvirtúan de plano dicha Afirmación DE NO PARTICPACION. DE NO CONOCIMIETO. creada (sic) en el ingenio del fallador sin el riguroso análisis debido para tomar la decisión respectiva acorde a las pruebas procesales que inequívocamente direccionan una clara RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA contra el favorecido OLIVEROS. QUE SI TUVIO (sic) PARTICIPACION Y CONOCIMIENTO EN LOS HECHOS. Y LO HACEN ACREDRO (sic) a continuar vinculado a las diligencias.

4. RESPETO A LA invocada Delegación a los subalternos VINCULADOS ES otro atisbo de Responsabilidad y de conocimiento y contribuye a desnaturalizar el inventado desconocimiento expuesto ligeramente sin soporte en el fallo disentido y contra sensu hay MOTIVOS SUFICIETNES para revocarlo y ORDENAR E (sic) SU vinculación.

Recordemos el principio legal: LA AUTORIDAD SE PUEDE DELEGAR PERO LA RESPONSABILIDAD NO razón para inferir que el favorecido OLIVEROS DEBE Responder por los hechos imputados en igualdad de condiciones con los subalternos intervinientes en este proceso sin excepción alguna.

5. La Actuación De Los Profesionales (sic) del derecho ante su sinuosa intervención sobre las certificaciones expedidas por Colpensiones puestas en tela de juicio en su legalidad acreditada son actuaciones NO ÉTICAS en el actuar procesal DE LA TUTELA y ameritan de la compulsa de copias al Consejo Seccional de la

Judicatura para que asuma su investigación por sus CONDUCTAS REITERATIVAS que no puede PASAR inadvertida pro (sic) OMISION en esta instancia. - art6 (sic) constitución nacionalhasta el punto de (sic) indujeron en Error al Operador judicial en una oportunidad vulnerando mis derechos reconocidos en las semanas cotizadas.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1. Competencia En virtud de la atribución asignada para conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados,8 esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, teniendo en cuenta que la decisión la profirió la

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Hecha la anterior precisión, se entrará a estudiar el recurso interpuesto aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 6.2. Caso concreto 8 Artículo 22.1 del Decreto Ley 262 del 22 de febrero de 2000. 5 Radicación n.° 161-8031 Sea lo primero determinar que en este caso, se indagó única y exclusivamente que MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ hubiese incumplido el fallo de tutela que profirió el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué el 27 de septiembre de 2016, dentro del radicado 73001-33-33-0012016-00302-00; por consiguiente, esta colegiatura estudiará los argumentos del archivo y de la alzada para determinar si se configuran los presupuestos fácticos y jurídicos suficientes para confirmar la decisión de archivo o por el contrario, debe ser revocada para que se continúe con la actuación disciplinaria. Para empezar, la Sala observa que el recurrente centra su alzada en descalificar y desestimar la valoración probatoria que hizo la Procuraduría Delegada de instancia; por eso, para resolver sus argumentos, es necesario que inicialmente se explique el régimen probatorio que regula el proceso disciplinario, según lo preceptuado en el título VI de la Ley 734 de 2002 (artículos 128 a 142). Al respecto, el artículo 128 del Código Disciplinario Único consagra la necesidad de que el fallo disciplinario y toda decisión interlocutoria se funde en pruebas legal y oportunamente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa; la norma es clara en determinar que la carga de la prueba le corresponde al Estado. Por su parte, el artículo 129 de la misma normatividad establece que es deber de la autoridad disciplinaria buscar la verdad real de lo acaecido, para lo cual tiene la obligación legal de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, así como los hechos que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, contando para ello con la facultad oficiosa de decretar pruebas. Como se observa, el apartado desarrolla los principios de imparcialidad e

investigación integral, sin que sea dable confundir esta última con la apreciación integral del material probatorio porque este último, según el artículo 141 ídem, le impone a la autoridad disciplinaria el deber de apreciar las pruebas de manera conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Sobre el particular, el Consejo de Estado sostiene que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte, la sana crítica es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre, sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.9 9 Consejo de Estado. Sentencia del 8 de abril de 1999. Expediente 15258. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. 6 Radicación n.° 161-8031 De otro lado, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 establece que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. En este sentido, el Consejo de Estado precisó: Según lo ha reiterado esta Sala, la autoridad disciplinaria cuenta con una potestad de valoración probatoria amplia, que le habilita para determinar, en ejercicio de discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso disciplinario suficientes pruebas como para forjarse la certeza y convicción respecto de la ocurrencia –o no ocurrenciade determinados hechos. Así se deduce del texto

mismo de las disposiciones generales sobre recaudo y valoración de pruebas del Código Disciplinario Único: […] Se tiene, así, que fue claramente voluntad del Legislador el dotar a las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria, como la Procuraduría, de una facultad de valoración y apreciación probatoria –o facultad de libre formación del conocimiento del operador disciplinarioque incluye el poder para determinar cuándo se ha logrado recaudar un nivel de pruebas suficiente como para concluir con certeza y convicción que se pudo haber cometido una falta.10 Con fundamento en el referido marco legal y jurisprudencial, esta colegiatura considera que la Procuraduría Delegada si adelantó el análisis probatorio bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, pues la conclusión a la que arribó, según la cual, MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, en su condición de presidente de Colpensiones, no tuvo participación alguna en los hechos materia de la indagación, no es producto de un análisis “inverosímil e incongruente” para el “favorecimiento” del indagado, mucho menos “contribuye a desnaturalizar el inventado desconocimiento expuesto ligeramente sin soporte en el fallo disentido”, como de manera desacertada lo planteó el recurrente. Contrario a ello, la Sala no encuentra circunstancia alguna para no darle credibilidad a los documentos que se incorporaron al expediente y que le permitieron a la primera instancia demostrar que MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ no tuvo ninguna incidencia o conocimiento del trámite de la acción de tutela, especialmente cuando el Manual Específico de Funciones

y Competencias Laborales de Colpensiones es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, conforme lo prevé el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), hasta tanto sea anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Ahora bien, como lo aclaró la Corte Constitucional, valorar una prueba no implica necesariamente admitir su contenido, pues dicha valoración es precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si lo que 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Decisión de nulidad y restablecimiento del derecho de única instancia del 10 de octubre de 2013. Radicado 11001-03-25000-2011-00201-00 (0675-11). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 7 Radicación n.° 161-8031 informa o prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica;11 por eso, para la Sala, la primera instancia realizó una interpretación y valoración integral de las pruebas recaudadas, lo cual la llevó a la certeza de que los hechos puestos en conocimiento en la queja de marras no constituyen falta disciplinaria respecto de las funciones y responsabilidades de MAURICIO OLIVERA

GONZÁLEZ.

La errada interpretación del recurrente sobre los argumentos que fundan la decisión de archivo lo lleva a descalificar lo dicho por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa sin ningún soporte o

análisis probatorio que acredite su dicho respecto a que el indagado conoció el trámite de la acción de tutela; por el contrario, no existe prueba en el expediente, o por lo menos indicio, que razonablemente permita deducir que el presidente de Colpensiones participó o tenía el deber funcional de atender, tramitar, gestionar y/o dar respuesta al derecho de petición y la acción de tutela objeto de la indagación preliminar. No cabe duda que la conclusión a la que arribó la primera instancia no se debió a una indebida valoración probatoria, sino al análisis en conjunto de las pruebas de acuerdo con su pertinencia, conducencia y utilidad para resolver el caso concreto, pues no se aprecia que en sus argumentos existan defectos, prerrogativas o subjetivismo en el análisis probatorio, sino que se funda en una adecuada valoración del acervo testimonial y documental que obra en el expediente, como derecho constitucional (artículo 29) y legal (artículo 142 de la Ley 734 de 2002) que salvaguarda las garantías de los sujetos procesales sin distinción alguna. En este punto, es pertinente recordar que la falta disciplinaria supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables; para el caso bajo estudio, la primera instancia demostró con suficiencia que dentro de las funciones del presidente de Colpensiones no estaba intervenir en el trámite del derecho de petición ni la acción de tutela que instauró el quejoso, dado que era responsabilidad del director de Historia Laboral y del director

de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial; de ahí que remitiera copias a la Procuraduría Distrital de Bogotá (reparto) para que de considerarlo pertinente, investigue a esos servidores públicos. Como lo sostiene esta Corporación, al no comprobarse el incumplimiento de deberes por parte del investigado dentro de su ámbito funcional, tampoco es dable imputarle una falta desprovista del contenido sustancial de la responsabilidad disciplinaria, por cuanto la infracción de deberes funcionales es la que necesariamente determina la antijuridicidad de la conducta, por acción, por omisión o por extralimitación de funciones como lo 11 Corte Constitucional. Sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 8 Radicación n.° 161-8031 prevé el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. De donde resulta que si la razón de ser de la responsabilidad disciplinaria es la transgresión de deberes, para que se configure su incumplimiento es absolutamente necesario probar la infracción del deber funcional.12 Así las cosas, la primera instancia adoptó la decisión que en derecho corresponde por cuanto no hay prueba de valor jurídico que permita deducir responsabilidad para llamar a juicio disciplinario a MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, en su calidad de presidente de Colpensiones; por consiguiente, se confirmará la decisión de archivar la indagación preliminar, toda vez que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 prevé la terminación del proceso y el archivo definitivo de las diligencias en cualquier etapa de la

actuación en que aparezca plenamente demostrado que el indagado no cometió el hecho atribuido. Por último, esta instancia, al igual que lo hizo el a quo, no encuentra mérito alguno para “la compulsa de copias al Consejo Seccional de la Judicatura”, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que investigue “La Actuación De Los Profesionales (sic) del derecho ante su sinuosa intervención sobre las certificaciones expedidas por Colpensiones”. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la providencia del 26 de febrero de 2021, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar en favor de MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, , en su condición de presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, comunicar la presente providencia a MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ y al quejoso, NÉSTOR GREGORY DÍAZ RODRÍGUEZ, dándoles a conocer que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, remitirá copia del auto a los correos electrónicos visibles a folios 281 reverso y 292 del cuaderno original

N° 2, respectivamente. 12 Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria. Decisión del 9 de febrero de 2021, aprobada en Acta de Sala n.° 9. Radicación IUS E-2018-125266, IUC D-2018-1093911, (161-7853). P.D. Ponente: Silvano Gómez Strauch. 9 Radicación n.° 161-8031

TERCERO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, previos los registros y anotaciones correspondientes, devolver el expediente a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa para el archivo definitivo de las diligencias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Segundo Delegado Presidente

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

Procuradora Primera Delegada

EXPEDIENTE: IUS E-2017-619150, IUC D-2017-1043525, (161-8031)

LEGF/SGS/COO

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