PGN - RESERVA DE LA INVESTIGACION - Opera tanto en la etapa de indagación preliminar como

ACCION DE TUTELA-Sustentación recurso de apelación/FUNCIONARIO JUDICIAL-Regula el acceso a los expedientes y a las audiencias desarrolladas en la actuación Subsidiariamente, en caso de que prospere la tutela, solicito de la H. Sala que aclare categóricamente que han de ser públicos el expediente y las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solamente, pero no los actos de práctica de pruebas, como parece afirmarse en algunas frases de la parte motiva: “…los funcionarios judiciales…(en este caso la Comisión, precisa el Ministerio Público) pueden regular el acceso a los expedientes y a las audiencias desarrolladas en el curso de la actuación…” RESERVA DE LA INVESTIGACION-Opera tanto en la etapa de indagación preliminar como en la instrucción Como lo sostiene esta Delegada, la reserva propia de la investigación en este asunto debe operar tanto en la etapa de indagación preliminar, como en la instrucción, pues así se contempla en los artículos 323 y 330 de la Ley 600 de 2000, ley bajo la que se investiga al ex mandatario. No resulta por tanto indiferente, como así lo sostiene el H. Tribunal, si para el momento de la investigación todavía el presidente ocupa el cargo, pues dicha situación sí es relevante para efectos de la publicidad de la actuación. Una cosa es el fuero constitucional que recae en el Presidente y ex Presidente de la República y otra situación es la reserva que debe darse a las investigaciones que cursan en general, sin distinción alguna dentro de las actuaciones procesales. Bogotá DC, 28 de marzo de 2011

CONCEPTO No 0141IJP

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal. Bogotá.

Asunto: Acción de Tutela. Rad. 11001-2204000-201003200-00-Sustentación recurso de apelación.

Honorables Magistrados: Atentamente, en mi calidad de Agente del Ministerio Público dentro del radicado 3086 que cursa ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en contra del Ex Presidente de la República, Dr.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ, y como sujeto procesal, sustento el recurso de 1 apelación interpuesto mediante oficio No. 016 de 24 de marzo de 2011 de la siguiente forma: En primer lugar, observa esta Procuraduría que el fallo de tutela de17 de marzo de 2011 emitido por el H. Tribunal, es fiel reproducción de la decisión proferida por la misma corporación el 18 de enero de 2011, salvo muy pocos apartes. Si bien la H. Corte Suprema de Justicia ordenó, mediante decisión de 24 de febrero de 2011, decretar la nulidad de lo actuado y dispuso dar traslado de la acción de tutela a los sujetos procesales para presentar sus alegatos correspondientes, en el fallo de tutela que acá se impugna, éstos no fueron tenidos en cuenta, ni valorados como en derecho corresponde. Si bien en esta instancia, esta Procuraduría mantiene en firme sus argumentos iniciales encaminados a desestimar las pretensiones del tutelante, considera que los alegatos de las partes intervinientes son de

importancia tal que deben contar con una valoración por tratarse de la expresión de un derecho procesal que le atañe a los sujetos procesales dentro de la actuación. Al respecto, y sobre la importancia que tienen los alegatos de las partes dentro de la actuación, la Corte Constitucional se ha pronunciado así: “Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra -, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho”1. Por lo anterior, el análisis de los hechos y demás asuntos planteados dentro de la actuación procesal deben estar sustentados de una manera completa, en donde, luego de una evaluación de la totalidad del debate, incluidos los

alegatos de las partes, el juez explique las razones que lo llevan a desestimar o aprobar las consideraciones de una o varias partes involucradas. 1 S. C 107/2004. 2 Aunque no desconoce el Ministerio Público que la decisión proferida por el H. Tribunal el 18 de enero de 2011 fue motivada, no puede desconocerse la importancia que la Sala de Decisión de Tutelas de la H. Corte Suprema de Justicia dio al traslado de los sujetos procesales, lo que implica un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal, motivado en armonía con las consideraciones de los intervinientes, aún teniendo en cuenta la complejidad del caso y lo que en él se alega. La sentencia T-302 de 2008 se ocupó de analizar cuándo una autoridad judicial incurre en una decisión sin motivación y en ésta quedó plasmado que se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una persona, cuando la providencia judicial (i) no da cuenta de los hechos y los argumentos traídos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión (ii) no justifica el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas o (iii) los despacha de manera insuficiente, bajo consideraciones retóricas o en conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno. Por otra parte, continúa esta Procuraduría en desacuerdo con algunos argumentos del H. Tribunal, pues contrario a lo expuesto por éste, en cuanto a que el artículo 426 de la Ley 600 de 2000 no parte en ningún momento de una distinción entre quien permanece en ese cargo y quien ya lo ha dejado2,

esta Procuraduría mantiene su posición clara con la interpretación que debe dársele a tal, puesto que el tenor del mismo no deja duda al respecto, tan es así, que se refiere al Presidente de la República (actual) en determinado caso, que seguido a esta expresión se consagra: “o quien haga sus veces”, contemplando el caso de ausencias temporales o definitivas del mandatario o el caso de delegaciones específicas para su posible reemplazo y esta situación solo es contemplable para alguien que esté ocupando dicho cargo. Como lo sostiene esta Delegada, la reserva propia de la investigación en este asunto debe operar tanto en la etapa de indagación preliminar, como en la instrucción, pues así se contempla en los artículos 323 y 330 de la Ley 600 de 2000, ley bajo la que se investiga al ex mandatario Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ. No resulta por tanto indiferente, como así lo sostiene el H. Tribunal, si para el momento de la investigación todavía el presidente ocupa el cargo, pues dicha situación sí es relevante para efectos de la publicidad de la actuación. En conclusión, una cosa es el fuero constitucional que recae en el Presidente y ex Presidente de la República y otra situación es la reserva que debe darse a las investigaciones que cursan en general, sin distinción alguna dentro de las actuaciones procesales. Teniendo en cuenta lo anterior, aunado a lo ya expuesto en los alegatos presentados y que obran dentro de la actuación, a los que me remito en su integridad ya que no fueron analizados de manera completa, me permito respetuosamente solicitar al superior que se rechacen las pretensiones del

2 Fallo de 17 de marzo de 2011 página 22. 3 accionante, y garantice el cumplimiento de las disposiciones legales para el efecto. Subsidiariamente, en caso de que prospere la tutela, solicito de la H. Sala que aclare categóricamente que han de ser públicos el expediente y las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solamente, pero no los actos de práctica de pruebas, como parece afirmarse en algunas frases de la parte motiva: “…los funcionarios judiciales…(en este caso la Comisión, precisa el Ministerio Público) pueden regular el acceso a los expedientes y a las audiencias desarrolladas en el curso de la actuación…” (Pág. 26 párrafo 4°). Con altísima consideración,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VÁSQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal

JAGV/MFBD

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