PGN - Resolución 391 de 2020

RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 277 de la Constitución Política, en el numeral 8 y el parágrafo del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, y CONSIDERANDO Que el artículo 277 de la Constitución Política señala las funciones que le corresponde ejercer al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, adicionales a las que determine la ley (numeral 10). Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, el Procurador General de la Nación puede: “Distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por necesidades del servicio se requiera”. Que el parágrafo del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 establece que: “El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las funciones que le otorga el artículo 278 de la Constitución Política. Las señaladas en el artículo 277 constitucional y las demás atribuidas por el legislador podrá ejercerlas por sí, o

delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, en los términos establecidos en este decreto”. Que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STC76412020 del 22 de septiembre de 2020, resolvió la impugnación interpuesta frente a la sentencia del 23 de abril de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Soledad María Granda Castañeda, Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno 1 RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación

para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán contra el Presidente de la República, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades. Que mediante el referido fallo, la Corte ordenó revocar la sentencia impugnada y concedió la protección rogada por lo accionantes, ordenando a diferentes autoridades, lo siguiente: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción. ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte

principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica. ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional ESMADdurante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales. ORDENAR al Gobierno Nacional - Presidente que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a: a) Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante 2 RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020”

eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii)estado de emergencia. b) Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema. De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas. Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa. En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la

ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente: Protocolo de acciones preventivas: El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y 3 RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” control de civiles. Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la

comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida. Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control. Protocolo de acciones concomitantes: Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas. Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. Protocolo de acciones posteriores: Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando

relacionados con el hecho. En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 4 RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” adecuados. Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c) De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional - Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo. ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo,

expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas. ORDENAR el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar. ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos. Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el

DEFENSOR DEL PUEBLO.

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para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas. ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía NacionalESMADy a cualquier institución que efectúe “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento. ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmenteremita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas. INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado. DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.

Que como quiera que algunas de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, van dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, es necesario designar un funcionario de alto nivel que se encargue de coordinar al interior de la entidad, todas las acciones necesarias para lograr el cabal y oportuno cumplimiento de las mismas. Que de igual manera se imparten instrucciones dirigidas a otras autoridades que requerirán la concurrencia del Ministerio Púbico, por lo cual este mismo funcionario será el representante de la Procuraduría en estos escenarios, facilitando de esta manera la coordinación interinstitucional, pero sobre todo la protección de los derechos de los ciudadanos. Que corresponde a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, articular los lineamientos y parámetros que se desarrollan en materia disciplinaria y preventiva para la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para lo cual cumple un rol de coordinadora frente a las tareas que en este campo involucren a otras dependencias de la Entidad, conforme 6 RESOLUCIÓN No.0391 (24 SEPTIEMBRE 2020) “Por medio de la cual se designa un funcionario de la Procuraduría General de la Nación para coordinar las acciones a cargo del Ministerio Público conforme las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020” lo establecido en la Resolución 254 del 8 de junio de 2017. Que en mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Designar en el titular del Despacho de la Procuraduría

Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la coordinación de todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, dentro del radicado n.° 11001-22-03-000-201902527-02.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta coordinación comprenderá las acciones de articulación interna e interinstitucional que se deban adelantar para la expedición del protocolo y los planes a que se refieren los artículos sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, para lo cual se le autoriza a suscribir los requerimientos internos y externos a que haya lugar, a convocar a reuniones para la elaboración de los mismos y en general, a realizar todas las actividades orientadas al cumplimiento de las órdenes impartidas por la

Corte Suprema de Justicia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, deberá preparar y entregar con la debida anticipación, para la firma del Procurador General de la Nación, los informes de que trata el artículo décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, que se deberán presentar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como todos aquellos que se deban rendir como consecuencia de la referida sentencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el Procurador Delegado para la Defensa de los

Derechos Humanos, la participación, en nombre de la Procuraduría General de la Nación, en la instancia o escenario que establezca el Gobierno Nacional para la elaboración del “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, de que trata la sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, en el artículo quinto.

ARTÍCULO TERCERO: Los funcionarios que sean requeridos por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, para la entrega de información relacionada con el objeto de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, deberán apoyar con celeridad y responsabilidad los requerimientos, para que la Procuraduría pueda

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ARTICULO CUARTO: El funcionario delegado en la presente Resolución deberá, presentar un informe mensual al Procurador General de la Nación, sobre las acciones adelantadas en procura del cumplimiento de la ordenas de la Corte, así como de su participación en los escenarios interinstitucionales que se desarrollen como

consecuencia de la misma.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar por medio de la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, el contenido del presente acto administrativo al titular del Despacho de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos

Humanos.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y

CÚMPLASE,

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación 8