PGN - Resolución 418 de 2005

RESOLUCIÓN NÚMERO 418 (21 NOV. 2005) El Procurador General de la Nación en desarrollo de la atribución prevista en los artículos 275 y 277 de la Constitución Política y el 7º del Decreto 262 de 2000, y CONSIDERANDO: Que Constitucionalmente corresponde al Procurador General, como supremo director del Ministerio Público, por sí o por medio de sus Delegados o Agentes, “[...] intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales [...]". Que de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Decreto 262 de 2000 los Procuradores Delegados intervendrán ante las autoridades judiciales en la condición de Agentes del Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley y lo dispuesto por el Procurador General de la Nación. Que mediante la Resolución 204 del 18 de julio de 2001, se delegó, por parte del Señor Procurador General de la Nación, en las Procuradurías Delegadas ante el Consejo de Estado, la función de intervención en los procesos de Acción Popular, que se tramitan en esa instancia judicial. Que es conveniente, por razón del criterio de especialidad, establecido en el numeral 8 y parágrafo único del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, asignar a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, bajo la modalidad de agencia especial, la intervención judicial ante el Consejo de Estado en el proceso que a continuación se relaciona, por versar sobre aspectos eminentemente ambientales:

Número de proceso: 85001-23-31-000-2005-00328-01

Consejero Ponente: Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Acción: Popular

Demandante: DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN RIVEROS

Demandado: Municipio de Yopal, Casanare.

Que según el parágrafo único del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, el señor Procurador General de la Nación como Supremo Director del Ministerio Público, tiene la potestad de delegar en otros funcionarios o dependencias las funciones que inicialmente el Decreto 262 de 2000 asigna a un determinado funcionario o dependencia.

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Delegar a la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, bajo la modalidad de Agencia Especial, la intervención judicial en el proceso 85001-23-31-000-2005-00328-01, que cursa ante la Sección

Primera del Consejo de Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Relevar de la intervención en este proceso al correspondiente Procurador Delegado ante el Consejo de Estado.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 21 NOV. 2005

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

AMGA/Larm.