PGN - RESOLUCION - Hizo referencia a varias normativas con fuerza legislativa y de estirpe

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-De resolución por la cual ICBF aprobó anexo técnico de servicios transitorios en el marco de emergencia sanitaria Covid 19 ESTADO DE EXCEPCION-Fundamento constitucional CONTROL DE LEGALIDAD-Fundamento legal CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Presupuestos requeridos para su procedencia según sentencia del Consejo de Estado CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Objeto y características según sentencia del Consejo de Estado RESOLUCIÓN-Hizo referencia a varias normativas con fuerza legislativa y de estirpe reglamentario En efecto, se aprecia que la Corporación sustentó el acto objeto de control en el Decreto Legislativo 563 del 15 de abril de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional adoptó medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el que en su parte considerativa señaló: Al examinar la parte motiva de la Resolución 3602 de 2020, con el propósito de advertir los fundamentos legales utilizados para su expedición y establecer si es un acto susceptible del control inmediato de legalidad, se observa que dicha decisión hizo referencia a varias normativas con fuerza legislativa y de estirpe reglamentario. CONTROL DE LEGALIDAD-Debe tener en cuenta parámetros formales y materiales En el sub lite, se advierte que la Resolución 3602 de 2020 cumple con los requisitos formales de todo acto administrativo de esta naturaleza, toda vez que tiene elementos suficientes que permiten su identificación, la fecha, la indicación de las facultades que permiten su expedición, las consideraciones o motivaciones, los destinatarios, el articulado, además cuenta con un

objeto, las causas que conllevaron a su expedición, su finalidad, y la firma de quien lo suscribió, al igual que ordenó su publicación, sin dejar de lado que el acto fue publicado.. Por lo anterior, la decisión sub examine cumple con los requisitos de aspecto formal del medio de control bajo estudio. Ahora bien, en cuanto al aspecto material del control de legalidad que nos ocupa, se observa que el artículo 1º de la Resolución 3602 de 2020, adoptó el anexo técnico de servicios transitorios en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19, para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, que hacen parte e integran el Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA), con el fin de garantizarles y proteger su vida y salud, pues permite organizar un servicio de atención institucional de carácter transitorio, como medida temporal y excepcional para evitar y prevenir situaciones de contagio o la expansión del virus Covid 19, medida que, además, permite el cumplimiento de la prestación de los servicios institucionales asignados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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porque regula los medidas que se deben tener en cuenta para aplicar la atención temporal a los jóvenes y adolescentes que hayan vulnerado o infringido la ley penal, según lo establecido el Decreto Legislativo 563 de 2020, en relación con aquellos que resulten contagiados o estén en riesgo de contraer el virus Coronavirus Covid 19, todo con el fin, se reitera, de protegerlos y garantizar su salud sin dejar de lado el desarrollo eficiente y eficaz de los programas de rehabilitación y justicia restaurativa prevista para esta población. De otro lado, el acto administrativo bajo estudio organiza un servicio de atención transitorio, presupuestos que tienen relación directa con las directrices establecidas por el gobierno nacional, más aun cuando indica la forma como el Estado debe garantizar los derechos y el bienestar de esta población, en especial en aquellos casos en que por causa del Covid 19 resulten contagiados y, por tanto, se debe garantizar la continuidad del servicio público agilizando los trámites, con la finalidad de que las respectivas instituciones los puedan atender en el menor tiempo posible, principalmente, en lo relacionado con la ubicación de sitios de atención transitorios y el trámite de sus licencias de funcionamiento, lugares donde se pueda recluir esta clase de población hasta que se supere y levante la emergencia sanitaria, medidas que resultan proporcionales a la situación actual que está viviendo el país. En este orden de ideas, resulta claro que la Resolución No. 3602 de 2020 se ajusta a los aspectos formal y material exigidos, de cara al medio de control previsto en el artículo 136 del CPACA. Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto No. 106

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Bogotá, D.C., 10 de julio de 2020. Doctor Rafael Francisco Suárez Vargas Consejero ponente Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Exp No. 11001031500020200250800

Asunto: Control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020, a través de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aprobó el anexo técnico de servicios transitorios, en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19 para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

Actuación: Concepto única instancia (art 185, numeral 5º, Ley 437/11).

Incluye renuncia a términos. En ejercicio del medio de control de legalidad consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y adoptó medidas

para mitigar el contagio de este virus. El Gobierno Nacional, a través del Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días», con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. Esta medida excepcional fue declarada nuevamente mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Posteriormente, el ejecutivo a través del Decreto 457 del 22 de marzo 2020, impartió instrucciones para combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público y en el artículo 1º ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, de conformidad con el numeral 4º del artículo 189 y los artículos 303 y 315 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016. Esta decisión fue prorrogada por los decretos 636 Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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4 del 6 de mayo de 2020 y 689 de 22 de mayo de 2020, este último vigente para el momento de expedición del acto controlado El Ejecutivo, por medio del Decreto Legislativo 563 de 2020, adoptó medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expidió la Resolución 3602 del 27 de mayo, a través de la cual aprobó el anexo técnico de servicios transitorios en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19, para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA). El magistrado ponente, mediante auto del 12 de junio de 2020, avocó el conocimiento del control de legalidad de la Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020. II.CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA El problema jurídico en el presente caso se circunscribe en determinar la legalidad de la Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020, a través de la cual el instituto Colombiano de Bienestar Familiar aprobó el anexo técnico de servicios transitorios, en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19 para la atención de adolescentes jóvenes en conflicto con la ley, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA), en especial si dicho acto administrativo cumple con los aspectos formal y material en relación con el Decreto Legislativo 563 de 2020, que le sirvió de sustento. 2.1. Cuestión previa

Esta agencia del Ministerio Público, antes de resolver el problema jurídico orientado a definir el fondo del asunto, considera necesario revisar si la Resolución No. 3602 del 27 de mayo de 2020, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es susceptible del control de legalidad, teniendo en cuenta la regulación prevista en los artículos 136 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 137 de 1994, que fijan los presupuestos para ejercer dicho control automático. El máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa1, en relación con este aspecto, sostuvo: “El Consejo de Estado en sentencia de 2 de noviembre de 1999, en relación con las reglas contenidas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 sostuvo que son tres los presupuestos requeridos para la procedencia del control inmediato de legalidad y los enumeró así:

1. Que se trate de un acto de contenido general.

2. Que el mismo se haya dictado en ejercicio de la función administrativa

3. Que el acto tenga como fin desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción. 1 Auto del 3 de abril de 2020, MP. Dr. Gabriel Valbuena. Exp. 11001031500020200100500

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 5 Entonces, para que se pueda ejercer el control inmediato de legalidad, deben

concurrir los tres elementos, de lo contrario no procederá la revisión del acto administrativo” (Negrillas fuera del texto). Posición que reiteró el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de mayo de 20202, en la que consideró: “En lo que tiene que ver con cuales son los actos administrativos que pueden ser enjuiciados por el control inmediato de legalidad, el Consejo de Estado desde 1994 hasta la fecha, en más de 40 providencias, de manera reiterada y casi pacifica, ha interpretado taxativamente los artículos 20 de la Ley 137 de 1994, y 136 y 185 de la Ley 1437 de 2011, para en términos generales señalar, que son aquellos que de manera expresa desarrollen decretos legislativos. De acuerdo con esta visión, que podríamos llamar taxativa, tradicional o formal, son los tres presupuestos requeridos para la procedencia del control inmediato de legalidad a saber: (i) que se trate de un contenido general (ii) que el mismo se haya dictado en ejercicio de la función administrativa, y (iii) y que el acto tenga como fin desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción.” A su vez, la Sala Especial de decisión No. 2 del Consejo del Estado, en la sentencia del 9 de junio de 20203, sobre las características del control inmediato de legalidad consagró: “(i) Objeto y características del control inmediato de legalidad

40. El artículo 20 de la Ley 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia, conforme con el artículo 152 literal e) de la Constitución Política, dispone que las medidas de carácter general que

sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.” En efecto, se aprecia que la Corporación sustentó el acto objeto de control en el Decreto Legislativo 563 del 15 de abril de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional adoptó medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el que en su parte considerativa señaló: Al examinar la parte motiva de la Resolución 3602 de 2020, con el propósito de advertir los fundamentos legales utilizados para su expedición y establecer si es un acto susceptible del control inmediato de legalidad, se observa que dicha decisión hizo referencia a varias normativas con fuerza legislativa y de estirpe reglamentario. “Que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, es necesario exceptuar la aplicación de la exigencia 2 Sala Especial de Decisión No. 10 MP. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Exp. 11001031500020200094400 3 Consejo de Estado. MP. Cesar Palomino. Exp. 11001-03-15-000-2020-01169-00 Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 previamente referida, relacionada con el trámite administrativo de otorgamiento inicial de licencias y el trámite administrativo de ampliación operativa de la licencia de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción, con el objetivo de (i) habilitar más instituciones que puedan recibir niños, niñas y adolescentes para evitar aglomeraciones que permitan la propagación del Coronavirus COVID-19 y respondan a las medidas de bioseguridad adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia, (ii) garantizar la continuidad del servicio público de bienestar familiar a todos los niños, niñas y adolescentes, (iii) agilizar los trámites para que instituciones puedan prestar los servicios de bienestar familiar en el menor tiempo posible y en atención a la urgencia derivada de la pandemia del Coronavirus COVID-19, pues el trámite para la expedición de licencias de funcionamiento tiene una duración de aproximadamente nueve (9) meses, tiempo que resulta excesivo por la emergencia sanitaria declara por el Ministerio de Salud y Protección Social. Que durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ocasionada por el Coronavirus COVID-19, es necesario habilitar la creación de centros transitorios para garantizar la protección

integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el sistema de protección del bienestar familiar para (i) prevenir que niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el sistema de protección, y que han salido de centros médicos y deban permanecer en aislamiento por orden médica, tengan contacto con otros menores de edad que se encuentran en centros regulares, (ii) garantizar la disponibilidad de cupos para niños, niñas y adolescentes que ingresen al sistema de protección y que durante los últimos 14 días han estado expuestos a situaciones de contagio de Coronavirus COVI D-19, (iii) contar con infraestructura y disponibilidad de espacios adecuados para el aislamiento que requieran los niños niñas y adolescentes con síntomas de Coronavirus COVID -19, con los que no cuentan las instituciones regulares, (iv) tener instalaciones que cumplan los protocolos de bioseguridad que emita el Ministerio de Salud y Protección Social para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.” (Subrayas fuera de texto). Por tanto, es evidente que la Resolución 3202 del 27 de mayo de 2020, desarrolla el Decreto Legislativo 563 de 2020, porque al adoptar el anexo técnico de servicios transitorios en el marco de la emergencia sanitaria por el covid 19, busca facilitar la atención de adolescentes jóvenes en conflicto con la ley, ampliando los sitios de atención y la forma cómo debe realizarlo para evitar la expansión de contagio del virus. Adicionalmente, se advierte que es un acto general dirigido a garantizar la prestación del servicio de internamiento y de restablecimiento en administración de justicia en el

SRPA y bienestar de los adolescentes que han infringido la ley penal en todo el país, el cual fue proferido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en ejercicio de la función administrativa que le compete, al haber sido expedido con base en el Decreto Legislativo 553 del 4 de abril de 2020, en consonancia con el Acuerdo 102 de 1979, aprobado por el Decreto 334 de 1980; el artículo 2º del Decreto 987 de 2012; Decreto 380 del 2020; de ahí que procede el control inmediato de legalidad, por cumplir con las condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994. Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 7 2.2 Control de legalidad en el caso concreto La Resolución No. 3602 del 27 de mayo de 2020, fue expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con fundamento en las atribuciones otorgadas por la Ley 7º de 1979, artículo 78 de la ley 489 de 1998, Acuerdo 102 de 1979, aprobado por el Decreto 334 de 1980, 2º del Decreto 987 de 2012, Decreto 380 de 2020 y el Decreto Legislativo 563 de 2020, normatividad que regula las disposiciones que permiten proteger a los niños, organiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; faculta a

los representantes legales de los establecimientos públicos para definir el funcionamiento de la entidad, se establecen los estatutos para desarrollar su objeto y modifica su estructura, de ahí que la entidad y quien la expidió eran competentes para el efecto. En el sub lite, se advierte que la Resolución 3602 de 2020 cumple con los requisitos formales de todo acto administrativo de esta naturaleza, toda vez que tiene elementos suficientes que permiten su identificación, la fecha, la indicación de las facultades que permiten su expedición, las consideraciones o motivaciones, los destinatarios, el articulado, además cuenta con un objeto, las causas que conllevaron a su expedición, su finalidad, y la firma de quien lo suscribió, al igual que ordenó su publicación, sin dejar de lado que el acto fue publicado.. Por lo anterior, la decisión sub examine cumple con los requisitos de aspecto formal del medio de control bajo estudio. Ahora bien, en cuanto al aspecto material del control de legalidad que nos ocupa, se observa que el artículo 1º de la Resolución 3602 de 2020, adoptó el anexo técnico de servicios transitorios en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19, para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, que hacen parte e integran el Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA), con el fin de garantizarles y proteger su vida y salud, pues permite organizar un servicio de atención institucional de carácter transitorio, como medida temporal y excepcional para evitar y prevenir situaciones de contagio o la expansión del virus Covid 19, medida que, además, permite el cumplimiento de la prestación de los servicios institucionales asignados al Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, respecto de los menores que se encuentren en las siguientes situaciones: “▪ Durante el periodo de emergencia el adolescente o joven ha sido ubicado en un Centro Transitorio y posteriormente se le ha impuesto la sanción en las modalidades de Centro de Atención Especializada, Semicerrado Internado, o la medida de Internamiento Preventivo. ▪ Requieren atención en garantía o restablecimiento de derechos a través de ubicación en la medida de Internado Restablecimiento en Administración de Justicia como medida complementaria. ▪ Adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo Medida de Internamiento Preventivo, sanciones de Privación de Libertad o en Medio Semicerrado internado o la Medida Complementaria de Internado Restablecimiento en Administración de Justicia”. Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 Es importante precisar que en el marco del artículo 4º del Decreto 563 del 2020, se entiende, según el anexo técnico, por servicio transitorio la ubicación provisional de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que cumplen “Medida de Internamiento Preventivo, Sanción Privativa de la Libertad, Internación en Medio Semicerrado Internado” o que se encuentran cobijados con una “Medida de Internado Restablecimiento en Administración de

Justicia” y que requieren una separación temporal por riesgo o por contagio del Covid19, para permitir un manejo en domicilio según recomendación de la autoridad sanitaria. El artículo 2º del acto controlado incorpora el anexo mencionado, que aprueba al lineamiento técnico modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, aprobado por la Resolución 1522 de 2016, modificada por las Resoluciones 5668 del 15 de junio de 2016, 0328 de 2017, 14610 de 2018, 11875 de 2019 y 2100 de 2020, regulación que fija las directrices específicas para el manejo de estos menores de edad que se encuentren en situación de infracción a la ley penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia que consagra: “ARTÍCULO 139. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.” Por tal virtud, el artículo 148 de la Ley 1098 de 2006, para el restablecimiento de los derechos de los menores de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que incurran en la infracción de la ley penal, prevé que el Instituto de Bienestar Familiar debe fijar los lineamientos de los programas que a desarrollar, atendiendo principalmente los principios de política pública y el fortalecimiento a la familia, así:

“ARTÍCULO 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia. PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia” (Subraya fuera de texto) A su turno, el artículo 177 de la Ley del menor y adolescencia regula que las sanciones impuestas a estos menores, se deben desarrollar cumpliendo programas y en centros especializados que respondan a los lineamientos previamente establecidos por el ICBF, dentro de los cuales se encuentra la internación en medio semicerrado y la privación de la libertad en centros especializados, de la siguiente forma: Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 “ARTÍCULO 177. SANCIONES. Artículo modificado por el artículo 89 de la

Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: La amonestación. Imposición de reglas de conducta. La prestación de servicios a la comunidad. La libertad asistida. La internación en medio semicerrado. La privación de libertad en centro de atención especializado. Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas o centros de atención especializados los que deberán acogerse a los lineamientos técnicos que para cada sanción defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Subraya fuera de texto). Los artículos 3º y 4º de la Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020, señalan el carácter temporal y obligatorio de las medidas adoptadas contenidas en el anexo técnico transitorio, esto es, que deben aplicarse incluso 3 meses después de la fecha en que se levante la emergencia sanitara, para garantizar el retorno de los jóvenes adolescentes a las unidades de atención donde estaban ubicados con anterioridad. Por su parte, el artículo 5º le asigna a la Dirección de Protección, la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, la Subdirección de Responsabilidad Penal, los Directores Regionales, los Coordinadores de Protección, los Coordinadores de Asistencia Técnica, los Coordinadores de Responsabilidad Penal y los Coordinadores de Centros Zonales, la responsabilidad de sociabilizar y aplicar el anexo transitorio aprobado e incorporado a través de la Resolución 3602 objeto de control. En efecto, frente a la pandemia Covid 2019, la entidad estaba obligada a tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de los menores de edad involucrados en

los programas de recuperación por haber infringido la ley penal, ciñéndose a las previsiones técnicas, y en aquellos casos en que resultaren infectados con el virus del coronavirus, cumplir con las medidas de aislamiento que les permita contener la expansión del contagio masivo; en consecuencia, surge la imperiosa necesidad de ubicar a los integrantes de esta población en lugares diferentes, en aras de que cumplan con los protocolos de salud y, de esta manera, atender adecuadamente los casos donde se establezca el riesgo de contagio o con diagnóstico, garantizando su seguridad, el derecho a la vida y su integridad personal, evitando también su fuga por la implicaciones que esto conllevaría para la sociedad, en tanto que el objetivo no es otro que promover los programas orientados para lograr su recuperación. Por consiguiente, es evidente que era necesario adoptar y reincorporar el anexo transitorio, porque regula los medidas que se deben tener en cuenta para aplicar la atención temporal a los jóvenes y adolescentes que hayan vulnerado o infringido la ley penal, según lo establecido el Decreto Legislativo 563 de 2020, en relación con aquellos que resulten contagiados o estén en riesgo de contraer el virus Coronavirus Covid 19, todo con el fin, se reitera, de protegerlos y garantizar su salud sin dejar de lado el desarrollo eficiente y eficaz de los programas de rehabilitación y justicia restaurativa prevista para esta población. Medio de control inmediato de legalidad Resolución 3602 del 27 de mayo de 2020

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10 De otro lado, el acto administrativo bajo estudio organiza un servicio de atención transitorio, presupuestos que tienen relación directa con las directrices establecidas por el gobierno nacional, más aun cuando indica la forma como el Estado debe garantizar los derechos y el bienestar de esta población, en especial en aquellos casos en que por causa del Covid 19 resulten contagiados y, por tanto, se debe garantizar la continuidad del servicio público agilizando los trámites, con la finalidad de que las respectivas instituciones los puedan atender en el menor tiempo posible, principalmente, en lo relacionado con la ubicación de sitios de atención transitorios y el trámite de sus licencias de funcionamiento, lugares donde se pueda recluir esta clase de población hasta que se supere y levante la emergencia sanitaria, medidas que resultan proporcionales a la situación actual que está viviendo el país. En este orden de ideas, resulta claro que la Resolución No. 3602 de 2020 se ajusta a los aspectos formal y material exigidos, de cara al medio de control previsto en el artículo 136 del CPACA. 2.3. Otras consideraciones Finalmente, con el ánimo de coadyuvar en el trámite ágil que se está adelantando en esa Corporación en el curso del proceso, esta Agencia renuncia al término concedido