PGN - RESOLUCION - Por la cual se revocan unos actos administrativos y se ordenan unos rec

RESOLUCION NÚMERO 386 (20 DIC. 2006) Por la cual se revocan unos actos administrativos y se ordenan unos reconocimientos EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En uso de sus facultades legales y en especial de las contenidas en el artículo 7° del Decreto Ley 262 de 2000 y CONSIDERANDO Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 3131 de 8 de septiembre de 2005 estableció una bonificación de actividad judicial para jueces, fiscales y procuradores judiciales I que desempeñen el cargo en propiedad y que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los citados funcionarios. Que el artículo 3° del citado Decreto estableció que "Tendrán derecho al reconocimiento y pago de la bonificación de actividad judicial los funcionarios de que trata el artículo 1° del presente Decreto siempre que cumplan con el cien por ciento (100%) de las metas de calidad y eficiencia que para tal efecto, en forma semestral se establezcan por la respectiva autoridad". Que el artículo 4 del mencionado Decreto dispuso que "Las entidades nominadoras respectivas determinarán el procedimiento, los criterios de calidad y eficiencia, así como las metas semestrales a alcanzar". Que el artículo 4° del Decreto 3131 de 2005 fue modificado por el artículo 2° del Decreto 3382 de 2005 en los siguientes términos: (...)Artículo 2. Modifícase el artículo 4 del Decreto 3131 de 2005, el cual quedará así: Artículo 4°. El procedimiento, los criterios de calidad y eficiencia, así como las metas semestrales a alcanzar serán establecidas por la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con los parámetros de evaluación del rendimiento esperado, por el Procurador General de la Nación o su Delegado para el Ministerio Público, por el Fiscal General de la Nación y por el Ministro de Defensa Nacional, según el caso.(...) Que el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de las normas transcritas, expidió la Resolución No. 423 de 23 de noviembre de 2005 "Por la cual se adopta el procedimiento y se señalan criterios de evaluación de la calidad y eficiencia de la función de intervención a cargo de los Procuradores Judiciales I, para los efectos del reconocimiento y pago de la bonificación de actividad judicial de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005." Que en cumplimiento de la citada disposición, la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales procedió a calificar a los procuradores judiciales I penales para el primer semestre del año 2006, según comunicación No. 06837 de 21-de julio de 2006, mediante relación anexa al citado oficio. Que los señores Procuradores judiciales I que a continuación se relacionan presentaron recurso de reclamación ante la señora Procuradora Delegada para el Ministerio Público en asuntos penales. Procurador 212 Judicial I Magangue EMIRO DE JESUS VIVEROS 19.086.943 Procurador 192 Judicial I Medellín OSCAR ANGARITA RAMIREZ 7.217.516 Procurador 189 Judicial I Medellín NUBlA ZORAIDA ROMERO C. 22.426.255 Procurador 251 Judicial I Fusagasuga ALVARO SALCEDO ARCINIEGAS 13.800.317

Procurador 250 Judicial I Chocontá EDGAR CORREDOR QUECAN 79.274.058 Procurador 271 Judicial I Pitalito DIEGO FALLA ALVIRA 12.112.239 Procurador 282 Judicial I Tumaco DIEGO ARIAS GAVIRIA 16.355.860 Procurador 294 Judicial I Bucaramanga HERMAN ARENAS CORREA 13.803.791 Procurador 259 judicial I Pacho GLORIA CARMENZA PEREZ 38.226.211 Procurador 310 Judicial I Roldadillo MILCIADES EDUARDO ROJAS M. 14.232.445 Procurador 311 Judicial I Sevilla JAIR LOZANO SANCHEZ 16.345.947 Procurador 207 Judicial I Barranquilla RICHARD PRADA ORTEGA 11.251.896 Procurador 209 Judicial I Sabanalarga PEDRO NORBERTO CASTRO A. 77.029.015 Procurador 267 Judicial I Neiva DORA MARIA TRUJILLO C. 36.163.507 Que las solicitudes de reclamación fueron resueltas negativamente por parte de la Señora Procuradora Delegada para' el Ministerio Público mediante las resoluciones que a continuación se relacionan. CIUDAD No. NOMBRE Reclamación Negada mediante Resolución Proc Nº MEDELLIN 189 ROMERO CARRILLO NUBIA Res. Nº 186 del 31 de agosto de 2006

ZORAIDA MEDELLIN 192 ANGARITA RAMIREZ OSCAR Res. Nº 173 del 31 de agosto de 2006

BARRANQUILLA 207 PRADA ORTEGA RICHARD Res. Nº 172 del 31 de agosto de 2006 SABANALARGA 209 CASTRO ARAUJO PEDRO Res. Nº 171 del 31 de agosto de 2006

NORBERTO MAGANGUE 212 VIVERO PEREZ EMIRO DE Res. Nº 175 del 31 de agosto de 2006

JESUS CHOCONTA 250 CORREDOR QUECAN EDGAR Res. Nº 169 del 31 de agosto de 2006

NEPOMUCENO FUSAGASUGA 251 SALCEDO ARCINIEGAS ALVARO Res. Nº 168 del 31 de agosto de 2006

PACHO 259 PEREZ DE ORTEGÓN GLORIA Res. Nº 167 del 31 de agosto de 2006 CARMENZA NEIVA 267 TRUJILLO CALDERÓN DORA Res. Nº 197 del 11 de septiembre de 2006 MARIA PITALITO 271 FALLA ALVIRA DIEGO Res. Nº 177 del 31 de agosto de 2006 ROLDANILLO 310 ROJAS MORENO MILCIADES E. Res. Nº 176 del 31 de agosto de 2006 SEVILLA 311 LOZANO SÁNCHEZ JAIR Res. Nº 174 del 31 de agosto de 2006 Que contra los referidos actos administrativos los Procuradores Judiciales I Penales relacionados a continuación interpusieron el recurso de reconsideración ante el Procurador General de la Nación, con la debida sustentación, en los términos indicados por el artículo 3° de la Resolución 423 de 23 de noviembre de 2005.

CIUDAD Nº Proc NOMBRE

MEDELLIN 189 ROMERO CARRILLO NUBIA ZORAIDA

MEDELLIN 192 ANGARITA RAMÍREZ OSCAR

BARRANQUILLA 207 PRADA ORTEGA RICHARD

SABANALARGA 209 CASTRO ARAUJO PEDRO NORBERTO

FUSAGASUGA 251 SALCEDO ARCINIEGAS ALVARO BUCARAMANGA 294 ARENAS CORREA HERMAN Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2435 de 18 de julio de 2006, por cuyo artículo 1° fue modificado el artículo 3° del Decreto 3131 de 2005 el cual quedó así "Para obtener el derecho a percibir la bonificación de que trata este decreto, los servidores públicos beneficiarios deberán cumplir con los parámetros establecidos en la Ley 270 de 1996, o la que corresponda de conformidad con las normas especiales que los rijan" Que el Decreto 2435 de 2006 rigió a partir de la fecha de su expedición y fue publicado en el Diario Oficial No. 46334 de 2006. Que como consecuencia de la expedición del Decreto 2435 de 18 de julio de 2006 se produjo el decaimiento de la Resolución No. 423 de 23 de noviembre de 2005, ya que las normas especiales sobre calificación que rigen en la Procuraduría General de la Nación están contenidas en el Decreto 262 de 2000 solamente para los servidores públicos que se encuentran en carrera administrativa, y los Procuradores Judiciales I penales son de libre nombramiento y remoción. Que al producirse el decaimiento de la Resolución No. 423 de 23 de noviembre de 2005, desapareció el fundamento jurídico que estableció la necesidad de evaluación de la calidad y eficiencia de la función de intervención a cargo de los procuradores judiciales I para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación de actividad judicial de que tratan los decretos 3131 y 3382 de 2005, por lo cual perdió su fuerza

ejecutoria en los términos del numeral 2 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. Que sobre la pérdida de fuerza ejecutoria y decaimiento de los actos administrativos, la Corte Constitucional en sentencia C-069 de 1995 manifestó lo siguiente: “ (...) En cuanto hace relación al numeral 2° sobre pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo "cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho", igualmente demandado, es decir, cuando ya no existen las circunstancia de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base, o cuando las normas jurídicas sobre las cuales se fundaba, han desaparecido del ordenamiento jurídico, debe observarse en primer término, que esta causal en nada contraría el artículo 238 de la Constitución Política, pues este precepto se refiere a un tema completamente distinto, como lo es el de la suspensión provisional por parte de la jurisdicción contencioso administrativa con respecto a los actos de la administración. Tampoco riñe con los artículos 189 y 209 de la Carta Política, invocados en la demanda por cuanto dichos preceptos versan sobre la potestad reglamentaria del Presidente de la República para la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, y a la función administrativa encaminada a orientar la actividad administrativa para la observancia de los fines del Estado. Lejos de contrariar las normas constitucionales en que se apoya la demanda, la Administración Pública tiene un control interno que se ejerce en los términos que señale la ley, de manera que el legislador está facultado por la Constitución (artículo 209) para consagrar causales

excepcionales a través de las cuales la misma Administración puede hacer cesar los efectos de los actos administrativos, como ocurre cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del mismo acto administrativo, sin que haya lugar a que al erigirse ésta pueda desprenderse quebrantamiento constitucional alguno, lo que da lugar a considerar que el cargo mencionado no está llamado a prosperar. La jurisdicción contencioso administrativa se ha pronunciado en varias oportunidades en relación con el decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece del escenario jurídico, como lo ha reconocido la ley, la jurisprudencia y la doctrina nacional. (.. .)". El Consejo de Estado ha expresado en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, y particularmente en lo relativo al decaimiento del acto administrativo, lo siguiente: "(...) La doctrina foránea, y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad, bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos, generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la figura jurídica del decaimiento del acto administrativo, o sea, la extinción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervinientes que -hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a) derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) declaratoria de nulidad

del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular; y d) desaparición de las circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta. 9 De esta manera, cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que. se funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayansido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto - jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo. (.. .)". Que sobre los efectos del decaimiento del acto administrativo la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha considerado lo siguiente: (...) Sobre este punto cabe señalar que no se puede afirmar que el Decreto 664 de 1999 haya creado una bonificación por compensación diferente de la prevista en los decretos 610 y 1239. Es el mismo derecho con diferente cuantía. Pero el 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se

declaro nulo el 2668 como consecuencia de que el 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el610 y 1239 no existía y por ello utilizó la expresión obvia de "crease"; entonces si el día anterior a la expedición del 664 la bonificación por compensación no existía, ello es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el 2668 y recobrar vigencia el 610 y 1239, el/o determina que el día anterior estaban vigentes estos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado 664 que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2, del CCA, se denomina 'pérdida de fuerza ejecutoria", fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está l/amado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga (...) (Sentencia de 11 de diciembre de 2003. Radicación 99 -3971 -01) 9 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 1° de agosto de 1991. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez. En igual sentido se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo del Consejo de Estado en concepto No. 1188 de 9 de junio de 1999 que expresó: (...) El Código Contencioso Administrativo en su artículo 66, numeral 2° establece: Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos' administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán

su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: - (. ..) 2. cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho;" En consecuencia los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria cuando la ley que les servía de fundamento ha sido derogada, o como en el caso bajo análisis, declarada inexequible. Esta Sala, en consulta del 6 de diciembre de 1988 se expresó sobre esta materia de la siguiente manera: 1°) La Corte Suprema mediante sentencia declaró inconstitucional el decreto 588 de 1978_la obvia e inmediata consecuencia de ese fallo, cualesquiera sean los criterios sobre sus efectos, es que el decreto perdió toda vigencia y no puede cumplirse o ejecutarse desde el 9 de septiembre de 1988, Sin embargo, subsisten los actos, generales y particulares, expedidos con fundamento en el mencionado decreto, siempre que no hayan sido o no sean anulados o revocados. 2°) En este mismo orden de ideas, los derechos constituidos durante la vigencia del decreto, mediante actos creadores de situaciones jurídicas particulares, subsisten y pueden hacerse efectivos, no obstante la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado decreto. 3°) Los mencionados actos también pueden ser demandados y juzgados conforme a las disposiciones del Decreto Ley 01 de 1984, 4°) Sin embargo, los procesos en curso, los recursos pendientes o las meras expectativas no pueden resolverse o consolidarse con fundamento en el decreto 588 de 1978 porque, desde el 9 de septiembre de 1988, no puede ser aplicado (Consulta 254) (...) Que las calificaciones efectuadas, remitidas mediante oficio No. 06837 de 21 de julio

de 2006, se hicieron con posterioridad a la expedición del Decreto No. 2435 de 18 de julio de 2006, cuando ya se había producido el fenómeno del decaimiento de la Resolución No. 423 de 23 de noviembre 2005, por lo cual no existía base legal para efectuar las evaluaciones. Que en la misma situación se encuentran los procuradores Judiciales I penales que a continuación se relacionan puesto que la calificación de estos también fue realizada con posterioridad a la expedición del citado Decreto 2435 de 2006,

CIUDAD No. Proc NOMBRE No. CC

YARUMAL 203 ARROYAVE CUARTAS JESUS ANTONIO 8.282.891

SOGAMOSO 216 GÓMEZ ACOSTA JAIME AUGUSTO 4.118.619

VILLETA 262 GARCÍA CARDONA MARINA 32.463.987

SAN JOSE DEL GUAVIARE 266 MARTÍNEZ CADAVID OMAR DE JESÚS 70.514.360

SANTA MARTA 272 VANEGAS LUBO ELSY 22.389.950

VILLAVICENCIO 275 LOZANO DE RUBIO JAZMINA LETICIA 38.217.058

PUERTO LEGUIZAMO 287 RODRIGUEZ LÓPEZ JORGE HERNANDO 19.195.015

SOCORRO 296 FUENTES DE SALCEDO HOLDA AMANDA 34.524.981

Que la oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación en concepto del 20 de noviembre de 2006 dirigido a la Secretaría General de la institución estableció con fundamento en el concepto emitido por el Dr. Dionisio Enrique Araujo Angulo en su condición de Director de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de

Justicia que: "Habiéndose producido la derogatoria tácita del artículo 4 del decreto 3382 de 2005, como lo afirma el señor director de Defensa Judicial del Ministerio del Interior y de Justicia, los parámetros de la Resolución Nº 423 del 23 de noviembre de 2005 no tendrían vigencia en la actualidad.

Que en el mismo concepto de 20 de Noviembre de 2006 la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación no se manifestó sobre la situación del decaimiento de la Resolución N° 423 del 23 de noviembre de 2005 con respecto a la calificación del primer semestre. Que por las razones anotadas no es posible resolver los recursos de reconsideración interpuestos, según lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto No. 254 del 6 de diciembre de 1998 que expresó: (...) 4. Sin embargo, los procesos en Curso los recursos pendientes o las meras expectativas no pueden resolverse o consolidarse con fundamento en el decreto 588 de 1978 porque, desde el 9 de septiembre de 1988, no puede ser aplicado (...) Que en razón a lo expuesto, por no existir fundamento legal para efectuar las evaluaciones de los procuradores judiciales I penales relacionados en la presente resolución, se debe proceder a revocar los actos administrativos expedidos por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales que resolvieron las reclamaciones interpuestas contra las calificaciones notificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 2435 de 2006, de conformidad con el artículo 69 numerales 1 y 3 del Código Contencioso Administrativo, y en su lugar, ordenar el

reconocimiento de las bonificaciones correspondientes al primer semestre del año 2006.

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR las Resoluciones Números: 167 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por la doctora GLORIA CARMENZA PEREZ DE ORTEGON Procuradora 259 Judicial Penal I de Pacho (Cundinamarca), a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. 168 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor ALVARO SALCEDO ARCINIEGAS Procurador 251 Judicial Penal I de Fusagasuga, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. . .169 del 31 de agosto de "2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor EDGAR NEPOMUCENO CORREDOR QUECAN Procurador 250 Judicial Penal de Chocontá Cundinamarca, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .171 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la

reclamación presentada por el doctor PEDRO NORBERTO CASTRO ARAUJO Procurador 209 Judicial Penal I de Sabanalarga, Atlántico, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .172 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor RICHARD PRADA ORTEGA Procurador 207 Judicial Penal I de Barranquilla, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. -.173 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor OSCAR ANGARIT A RAMIREZ Procurador 192 Judicial Penal I de Medellín, Antioquia, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .174 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor JAIRO LOZANO SANCHEZ Procurador 311 Judicial Penal I de Sevilla, Valle a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .175 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se .resuelve la

reclamación presentada por el doctor EMIRO DE JESUS VIVERO PEREZ Procurador 212 Judicial Penal I de Magangue, propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .176 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO 310 Judicial Penal I de Roldadillo (Valle), a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .177 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para etministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor DIEGO FALLA ALVIRA Procurador 271 Judicial Penal I de Pitalito, Huila, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .178 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cual se resuelve la reclamación presentada por el doctor DIEGO ARIAS GAVIRIA Procurador 282 Judicial Penal de Tumaco, Nariño, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .186 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio .de la cual se resuelve la

reclamación presentada por el doctor NUBlA ZORAIDA .ROMERO CARRILLO Procuradora 189 Judicial Penal de Medellín, Antioquia a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .187 del 31 de agosto de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cuál se resolvió la reclamación presentada por el Doctor Herman Arenas Correa Procurador 294 Judicial Penal I de Bucaramanga, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005. .197 del 11 de septiembre de 2006 emanada de la Procuraduría Delegada para el ministerio Público en Asuntos Penales por medio de la cuál se resolvió la reclamación presentada por el Doctora Dora Maria Trujillo Calderón 267 Judicial Penal I de Neiva, a propósito del resultado de la evaluación efectuada al amparo de la Resolución 423 de noviembre de 2005.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el pago de la bonificación de actividad judicial creada por el Decreto No. 3131 del 8 de septiembre de 2005 correspondiente al primer semestre del año 2006, a los siguientes procuradores judiciales I penales

CIUDAD No. NOMBRE

Proc

MEDELLIN 189 ROMERO CARRILLO NUBIA ZORAIDA

MEDELLIN 192 ANGARITA RAMIREZ OSCAR

YARUMAL 203 ARROYAVE CUARTAS JESUS ANTONIO

BARRANQUILLA 207 PRADA ORTEGA RICHARD

SABANALARGA 209 CASTRO ARAUJO PEDRO NORBERTO

MAGANGUE 212 VIVERO PEREZ EMIRO DE JESUS

SOGAMOSO 216 GÓMEZ ACOSTA JAIME AUGUSTO

CHOCONTA 250 CORREDOR QUECAN EDGAR NEPOMUCENO

FUSAGASUGA 251 SALCEDO ARCINIEGAS ALVARO

PACHO 259 PÉREZ DE ORTEGÓN GLORIA CARMENZA

VILLETA 262 GARCÍA CARDONA MARINA

SAN JOSE DEL GUAVIARE 266 MARTINEZ CADAVID OMAR DE JESUS

NEIVA 267 TRUJILLO CALDERON DORA MARIA

PITALITO 271 FALLA ALVIRA DIEGO

SANTA MARTA 272 VANEGAS LUBO ELSY

VILLAVICENCIA 275 LOZANO DE RUBIO JAZMINA LETICIA

TUMACO 282 ARIAS GAVIRIA DIEGO

PUERTO LEGUIZAMO 287 RODRIGUEZ LÓPEZ JORGUE HERNANDO

BUCARAMANGA 294 ARENAS CORREA HERMAN

SOCORRO 296 FUENTES DE SALCEDO HOLDA AMANDA

ROLDANILLO 310 ROJAS MORENO MILCIADES EDUARDO SEVILLA 311 LOZANO SANCHEZ JAIR ARTÍCULO TERCERO: Para el reconocimiento mencionado deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5° y por el artículo 7° del Decreto 3131 de 8 de septiembre de 2005, modificado por el Decreto 3382 de 23 de septiembre de 2005.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente resolución por intermedio de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales a los

funcionarios relacionados en el artículo 2, haciéndoles saber que contra la presente decisión no caben recursos por la vía administrativa.

ARTICULO QUINTO: Comunicar a la Secretaría General la presente decisión con el fin de que esa dependencia proceda a la ordenación de gasto a que haya lugar.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

EDGARDO JOÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación