RELE - Observaciones Preliminares visita a Colombia 2024

La Comisión Interamericana ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia. La última visita in loco tuvo lugar en 2012, durante la cual se recopiló información sobre los derechos humanos y los acontecimientos derivados del conflicto armado. Con anterioridad, la CIDH visitó el país en 6 ocasiones, y acompaño la situación mediante cuatro informes de país y diversos informes temáticos. En estos, se focalizó en los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario, así como, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas, y las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales de 2021.

I. INTRODUCCIÓN Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad, la discriminación y la pobreza. Estos factores se encuentran en las raíces del conflicto armado y, en general, en las diferentes manifestaciones de la violencia. La débil o inexistente presencia del Estado, particularmente en regiones donde predominan pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes, ha permitido una reconfiguración del conflicto armado: muchos territorios ocupados antes del Acuerdo de Paz de 2016 por las Fuerzas Armadas Revolucionas de Colombia

(FARC) están siendo hoy objeto dominio y disputas por parte grupos armados que quieren el control sobre economía ilegales. La sociedad colombiana está inmersa en un complejo proceso de transformación social, política y económica, donde están siendo revisadas prácticas históricas arraigadas en una cultura de discriminación estructural, racista, patriarcal y clasista. Históricamente, la discriminación estructural se ha manifestado en la

negación de la existencia de diversas comunidades y personas, así como en prejuicios y estereotipos que impiden el ejercicio de derechos en píe de igualdad. El racismo ha sido un factor de exclusión de pueblos indígenas y rrom, comunidades campesinas y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En paralelo, el patriarcado ha creado una jerarquía de género que subordina a mujeres, 1 adolescentes, niñas y personas LGBTI. Estas formas de discriminación se fortalecen en su intersección con dimensiones económicas. Desde una mirada holística de los derechos humanos, el Acuerdo de Paz del 2016 marcó una ruta hacia esa transformación mediante una agenda que incluye el abandono de las armas y la reincorporación de excombatientes, la justicia restaurativa, el acceso a la tierra, la sustitución de las economías ilegales. Todo esto, en aras de alcanzar una sociedad más justa e inclusiva y una seguridad humana que anteponga el acceso práctico y efectivo a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre enfoques bélicos. En su momento, la Comisión reconoció la adopción del marco jurídico para la paz, así como el fin del conflicto con las FARC-EP, que incluyó la entrega de armas y la desmovilización de combatientes, junto con mecanismos de verificación y de participación política. Asimismo, destacó la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y valora la reciente creación de una Jurisdicción Agraria; los objetivos y el mandato del Ministerio de Igualdad y Equidad;

la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026; la política pública y el plan de acción permanente para el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz; y la adopción de una política nacional de drogas. A lo anterior se suma la adopción de la política de la Paz Total, en la que se reconocen las tensiones territoriales, las economías ilegalizadas, la desconfianza en las instituciones y la ideología del enemigo interno; y se propone una respuesta basada en la implementación del Acuerdo, y la apertura de nuevos diálogos de paz. Esta política persigue la transformación territorial y el desescalamiento del conflicto con la finalidad de desmantelar las estructuras criminales a través del diálogo, el cese al fuego, el sometimiento a la justicia y el incremento de la inversión social con salvaguardas ambientales. No obstante, la lenta implementación del Acuerdo de Paz en su conjunto, vinculada con la fragmentación de la institucional responsable por su aplicación, la escasa coordinación entre estas agencias a nivel central y territorial, así como la polarización 2 política que dificulta generar los consensos legislativos necesarios para avanzar en la gestión, perpetúan la falta de acceso a oportunidades, tierras productivas y recursos económicos. Esto ha condenado a millones de personas a vivir en una situación de precariedad socioeconómica, sin posibilidades de tener medios de subsistencia que permitan la realización de sus proyectos de vida. En este contexto, los grupos armados se han expandido y fortalecido sus posiciones con el objeto de controlar los territorios y economías ilícitas, principalmente, el

narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas. Esta reconfiguración del conflicto armado ha derivado en un alarmante número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, en particular, en contra personas defensoras de los derechos humanos y con liderazgo social y comunitario, de firmantes del Acuerdo de Paz y periodistas. De igual modo, ha supuesto un incremento de los casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y de los casos de violencia sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente, afrodescendientes e indígenas. El control territorial de los grupos armados ha generado situaciones de poblaciones en resistencia, confinamiento y desplazamiento forzado interno, lo que, en el caso de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, crea un riesgo de pérdida de identidad cultural y supervivencia. Asimismo, dichos grupos han tomado ventaja de la crisis humanitaria derivada del flujo masivo de personas en movilidad venezolanas, haitianas, ecuatorianas y de países extraregionales, mediante la trata de personas, la explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud. Las violencias basadas en género siguen siendo un problema crítico. Las mujeres, en particular las indígenas, afrodescendientes, campesinas, firmantes del Acuerdo de Paz, con discapacidad, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, y en situación de movilidad, siguen experimentando violencia sexual y reproductiva en zonas rurales y áreas controladas por grupos armados. También continúan siendo excluidas de la

participación igualitaria en los procesos de paz y enfrentando obstáculos en el acceso a la educación, la tierra y los proyectos productivos. 3 El conflicto armado interno, la impunidad sistemática, y el continuo de violencia han tenido impactos diferenciados y acumulables en grupos y personas en situación de discriminación y vulnerabilidad. A continuación, se presentan observaciones preliminares sobre las distintas manifestaciones de violencia contra los mismos.

II. DIFERENTES MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA

a. Violencia contra personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario Colombia registra la cifra de asesinatos, amenazas, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario más altos en la región y el mundo. La Defensoría del Pueblo contabilizó 181 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario durante 2023, mientras que organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo (INDEPAZ), verificaron 188 casos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió información sobre 233 asesinatos en 2023, de los cuales constató que 105 estuvieron directamente vinculados con labores de defensa y liderazgo social. Además, el Programa Somos Defensores contabilizó, durante 2023, 463 amenazas, 20 desapariciones forzadas y 8 secuestros. Asimismo, durante la visita, organizaciones de la sociedad civil señalaron un incremento en el número

de asesinatos de mujeres defensoras en lo que va del 2024. La reconfiguración del conflicto armado, la expansión de grupos armados no estatales y el control territorial que ejercen estos actores son elementos fundamentales para comprender la violencia que enfrentan las personas con liderazgo social y comunitario, pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, así como, aquellas pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones sindicales. Como consecuencia del riesgo a la vida, sumado a las carencias en la respuesta del Estado, estás personas continúan viéndose obligadas a desplazarse forzadamente, debilitando los procesos organizativos ancestrales y la defensa de los derechos de estas comunidades. 4 A la ausencia de una política integral de protección para las personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, se agregan los desafíos que enfrenta la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad de estas personas. En particular, respecto del análisis transparente y oportuno del riesgo, la aplicación de los enfoques diferenciados étnico-raciales, territoriales, de género, y de medidas de protección de carácter colectivo. Asimismo, no se considerarían los factores estructurales que generan el riesgo. Sobre este punto, la Procuraduría General de la Nación señaló que la UNP requiere modernizar el modelo operativo de la entidad, destacando la ausencia de un parque automotor propio, las dificultades en traslados y viáticos de las personas de protección, así como la documentación para la portación de armas. De igual modo, subrayó las carencias en los sistemas de información y herramientas analíticas que

permitan el acopio, organización y clasificación de los datos de la población objeto de los diferentes programas de la UNP, así como de la valoración del riesgo en el que se encuentran. En cuanto a la investigación de los hechos de violencia contra personas defensoras y con liderazgo social, persisten preocupantes niveles de impunidad. Según la información recibida, los resultados que presenta la Fiscalía General de la Nación no incluyen condenas contra los autores intelectuales, sino que se centran en los autores materiales. La Fiscalía General de la Nación ha informado que en el 70% de los casos de afectaciones en contra de las personas defensoras y con liderazgo social y comunitario y firmantes del Acuerdo de Paz, los responsables identificados hacen parte de una organización criminal. De igual modo destacó que se han proferido 17 sentencias condenatorias por homicidios de defensores de derechos humanos y se encuentran vigentes 39 órdenes de captura contra 31 personas por homicidios a personas defensoras de derechos humanos. La Comisión reconoce la voluntad del Estado para avanzar en la protección de las personas defensoras y con liderazgo social y comunitario. En este marco, destaca la Directiva Presidencial 07 de 2023 y el anuncio para la construcción de una política 5 nacional de garantías para personas defensoras. De igual modo, destaca los avances en el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo Final. La CIDH espera que en todas las iniciativas se garantice una participación efectiva la sociedad civil, en las que los enfoques interculturales y de género estén presentes y que sean

consistentes con lo dispuesto en la sentencia SU-546-23 de la Corte Constitucional sobre Estado de Cosas Inconstitucional. En el mismo sentido, saluda la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Labor y los Derechos de las Mujeres y Personas Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada y confía en su pronta puesta en marcha. Asimismo, es imperativa la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, y la articulación de todas las políticas, programas y planes ya existentes en el marco del programa nacional de garantías, con los planes y políticas de derechos humanos, las políticas de desmantelamiento de organizaciones criminales, de seguridad, el Acuerdo de Paz y la política de Paz Total. También, resulta de extrema necesidad la coordinación y corresponsabilidad interinstitucional, tanto a nivel local como nacional. b. Violencia en contra de las personas firmantes del Acuerdo de Paz La Comisión recibió con alarma la información sobre el asesinato de 425 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En este contexto, se reunió con personas firmantes en Bogotá, Puerto Asís, Tumaco, y en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, en la zona rural de Fonseca (La Guajira). En este marco, estas personas reafirmaron su compromiso con la paz y con su reincorporación, y solicitaron que se atienda con especial urgencia sus denuncias sobre los riesgos y la estigmatización que experimentan, así como la situación de inseguridad jurídica que padecen. Igualmente, se refirieron a la violencia de la que son objeto y, en particular, la débil actuación de la Unidad Fiscal Especializada que

ha generado impunidad en estos casos, que continúan sin investigaciones y sanciones a las personas responsables materiales e intelectuales de estos hechos. 6 Sobre la violencia que enfrentan las personas firmantes, la Comisión tomó nota de las medidas cautelares 040 de 2020 y 050 de 2021 establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, encaminadas a robustecer la protección de excombatientes y sus familias. Asimismo, el Estado informó sobre la aprobación en 2024 del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y el Programa de Protección Integral (PPI), a través de los cuales se busca garantizar la prevención, seguridad y protección en el marco de la seguridad humana de las y los firmantes del Acuerdo de Paz. De igual modo, destacó los avances en la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, en el que se vincularon 15 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a la ruta de Protección Colectiva. Respecto de la impunidad prevaleciente sobre estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha señalado que se han emitido 5 sentencias condenatorias por homicidios a firmantes del Acuerdo de Paz y se encuentran vigentes 32 órdenes de captura contra 28 personas por homicidios a firmantes del Acuerdo de Paz. Además, indicó que se realizan mesas tripartitas en varias regiones del país donde a los voceros de los firmantes se les presentan los resultados de las investigaciones. Adicionalmente, el Estado informó sobre lo actuado por la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ordenó la efectiva eliminación de

antecedentes judiciales para 9.600 exmiembros de las FARC-EP beneficiados con amnistías desde la firma del Acuerdo en 2016. Esta medida busca garantizar la seguridad jurídica y reincorporación de los firmantes de paz en cumplimiento del Acuerdo Final. Por otra parte, se constató la extrema vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran las personas firmantes. Entre los aspectos que fueron destacados se mencionaron la falta de medios de supervivencia, las dificultades de acceso a la educación y empleo, así como la necesidad de un mayor apoyo a sus proyectos productivos y la formalización de la tenencia de la tierra. Muchas de estas situaciones, que están contempladas en los compromisos asumidos por el Estado con estas personas en el Acuerdo de Paz, continúan con niveles mínimos de implementación y ejecución. Es necesario que cualquier tipo de atención incorpore 7 enfoques interculturales, de género, intergeneracionales y que tomen en cuenta las distintas situaciones de discapacidad. La Corte Constitucional constató dichos hechos a través de la sentencia SU020-22, por medio de la cual declaró un Estado de Cosas Inconstitucionales. En este fallo se destacaron la vulneración sistemática de los derechos fundamentales; violaciones al derecho a la vida, seguridad e integridad personal de las personas firmantes del acuerdo. Al respecto, el Estado resaltó la creación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), como instancia de coordinación de la oferta institucional en plano territorial y nacional, para promover el acceso, pertinencia y sostenibilidad del proceso de reincorporación social, económico y comunitario de las personas firmantes. Asimismo, destacó la ampliación del techo presupuestario 2023-2026 para el

fortalecimiento del 100% de los proyectos colectivos en funcionamiento. c. Violencias y discriminación contra pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras El Estado colombiano cuenta con un marco legal y jurisprudencial sólido y avanzado que reconoce y protege los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. No obstante, estos pueblos étnicos continúan sufriendo la discriminación estructural por el legado del colonialismo y la esclavitud. En consecuencia, padecen un impacto diferenciado del conflicto armado interno y enfrentan obstáculos en el acceso y goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta desigualdad estructural se refleja en el consenso observado por parte de sociedad civil acerca de las dificultades existentes en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. En particular, organizaciones de base afrodescendientes e indígenas han señalado obstáculos para la participación efectiva en los espacios dispuestos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Asimismo, han manifestado preocupación por la falta del enfoque intercultural y 8 territorial en las políticas públicas sobre sustitución de cultivos ilícitos; en el acceso, formalización y titulación de tierras; así como en los planes de desarrollo. Sobre el Capítulo Étnico, el Estado informó sobre políticas públicas con enfoque étnico que en su conjunto buscan establecer 8.580 iniciativas étnicas con ruta de

implementación activada en municipios priorizado por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De igual modo, señaló que el 30 de abril del 2024 generó una subcuenta de la Agencia de Desarrollo Rural; la cual, entre sus objetivos, busca aumentar la productividad de la agricultura campesina y étnica, su comercialización y encadenamientos productivos. Asimismo, destacó el fortalecimiento y el compromiso para la continuidad de la labor de las Instancias Especiales de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE) y de Mujeres (IEM), como ámbitos de representación, diálogos y asesoramiento para la implementación del Acuerdo de Paz. En Buenaventura y Quibdó, las comunidades afrodescendientes enfrentan desafíos críticos debido a la falta de acceso al agua potable y servicios públicos esenciales, como el saneamiento. Estas dificultades se agravan por entornos de vida precarios y contaminados, así como por un alto nivel de inseguridad causado por la violencia. En el marco de la reconfiguración del conflicto, la violencia armada impacta diferencialmente en los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Como fue indicado, los distintos actores armados, en territorios rurales y urbanos, aprovechan la débil presencia del Estado en comunidades étnicas para controlar el territorio. Este control incide en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de estas comunidades a través de amenazas, hostigamientos, desaparición y asesinatos de personas con liderazgo. También incide en los índices de violencia sexual y reproductiva contra

mujeres y personas LGBTI. Al respecto, la CIDH observó que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de los departamentos de Antioquía, Cauca, César, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca están expuestas a situaciones de desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Al mismo 9 tiempo, se recibió información sobre la reimplantación de minas antipersonales con el fin de obstaculizar el acceso al territorio y de personas que han adquirido una discapacidad como consecuencia de la activación de estas armas. Igualmente, se recibió información, en particular en Buenaventura y Quibdó, sobre prácticas de extorsión. d. Violencias y discriminación contra niñas, niños y adolescentes Durante la visita, la CIDH recibió con extrema preocupación información sobre el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas, afrodescendientes y campesinas, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Según lo denunciado, los grupos armados y organizaciones criminales han desarrollado diferentes modalidades de reclutamiento, entre las que se identifican el secuestro, el seguimiento a niñas, niños y adolescentes en centros educativos y la persuasión coactiva. En este último caso, en el contexto de falta de oportunidades y pobreza generalizada, las muestras de poder y los recursos materiales son utilizadas como una estrategia de atracción y sustento familiar para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Los grupos armados, usualmente, trasladaban a las víctimas de reclutamiento

forzado, a zonas distantes de sus comunidades y territorios de referencia dificultando su búsqueda y las acciones para lograr su desvinculación. Asimismo, otros grupos armados mantienen a las víctimas de reclutamiento en sus territorios para garantizar un mayor control de los espacios comunitarios, incluyendo los escolares. Esto trae graves consecuencias para las dinámicas socioculturales de sus propios territorios, toda vez que implica una ruptura de las relaciones comunitarias en distintos niveles, con afectación a mecanismos ancestrales de organización social y transmisión de saberes de estos pueblos. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2023, se registraron 234 casos de reclutamiento, de ellos 174 fueron en el departamento de Cauca. Sin embargo, existe un subregistro de estos hechos debido a la ausencia de un sistema de 10 información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias, sumada a la falta de confianza en la fiscalía y la policía, lo que limita la presentación de denuncias y el registro e investigación de estos casos. En este contexto, víctimas de reclutamiento habrían sido halladas luego de ser asesinadas brutalmente. En la misma línea, se presentan desafíos en la protección de las niñas y niños desvinculados y sus familias, lo cual coloca su vida en riesgo. Desde la existencia de la política para la desvinculación “Camino diferencial de vida”, al menos 25 niñas, niños y adolescentes que habían formado parte de este programa fueron asesinadas. La Comisión observa que, además de la pobreza y la carencia de oportunidades para

la juventud, este fenómeno persiste por varias razones, incluyendo: la falta de presencia de autoridades estatales en los territorios; las falencias de las capacidades técnicas y de coordinación para la implementación de políticas públicas que atiendan esta grave situación; y la impunidad. Por su parte, el Estado informó sobre las distintas acciones que vienen desarrollando sobre la prevención, retorno y reinserción de las víctimas de reclutamiento forzado. Se destaca, principalmente, la territorialización de las políticas de prevención con el objetivo de incluir las diversas dinámicas locales de este fenómeno, así como, el desarrollo de capacidades institucionales en estos espacios y las especificidades de los gobiernos étnicos. Asimismo, dio a conocer sobre la construcción de indicadores de riesgo de reclutamiento forzado, para establecer municipios que deben ser priorizados por la política pública. De este modo, se ha identificado que 93 municipios con un riesgo superior alto de ocurrencia de hechos de reclutamiento, los 20 con mayor riesgo se encuentran 8 en el departamento de Cauca, 3 en Caquetá, 3 en Nariño, 2 en Antioquia y los restantes en Arauca, Bolívar, Putumayo y Valle del Cauca. Finalmente, la CIDH también recibió preocupante información sobre afectaciones diferenciadas del fenómeno de trata de personas a niños, niñas, adolescentes. En particular, en Medellín tuvo noticia sobre la creciente practica de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes en estado de vulnerabilidad. 11 Sectores de alto flujo turístico internacional como el barrio 20 de julio, en la Comuna

13 y los barrios Provenza y El Poblado, ilustran la dimensión del problema. En este sentido, si bien la CIDH reconoce que Colombia es parte de los principales instrumentos internacionales para combatir la explotación sexual y la trata, los mecanismos y acciones no resultan suficientes. Por tal motivo, debería facilitarse el recurso de la denuncia anónima y privilegiar las medidas de asistencia y protección de las víctimas. e. Violencias y discriminación basadas en género, orientación sexual, identidad y o expresión de género: mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) La violencia de género es un elemento constante en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes colombianas. En territorios controlados por grupos armados no estatales son víctimas de múltiples violencias, principalmente las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes, campesinas, migrantes, con discapacidad y las que viven en zonas rurales. En estos escenarios, las dinámicas de vida de las mujeres y sus familias están condicionadas por un miedo constante a ser agredidas. Incluso, se ven forzadas a desplazarse para evitar que las niñas y adolescentes sean secuestradas y agredidas sexualmente por actores armados. En ese marco de criminalidad, las violencias que sufren las mujeres, niñas y adolescentes indígenas al interior de sus comunidades son aún más invisibilizadas. Asimismo, el desplazamiento forzado continúa afectando de manera desproporcionada a las mujeres, en especial, indígenas, afrodescendientes, defensoras y lideresas, contra quienes se ha incrementado las agresiones sexuales,

incluyendo la trata con fines de explotación sexual. La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ha resultado en un 40% más de embarazos no deseados en mujeres y niñas desplazadas entre 13 y 49 años. Las defensoras y lideresas enfrentan constantes amenazas, principalmente por grupos armados, siendo forzadas a desplazarse y separarse de sus familias para protegerles. Así, preocupa que no se han implementado las políticas de protección diferenciadas a mujeres y defensoras desplazadas ordenadas por la Corte Constitucional en el auto 092 de 2008 y en el caso T-025 de 2004 de Estado de Cosas Inconstitucionales. 12 A pesar del impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres indígenas y afrodescendientes, todavía se les excluye de una participación igualitaria en los procesos de paz y tienen menos acceso a la educación, la tierra y los recursos productivos, a pesar de que la responsabilidad del cuidado de sus familias recae sobre ellas. Esta exclusión perpetúa la discriminación interseccional contra ellas y limita las posibilidades de construir una paz duradera. Por otro lado, persiste la tolerancia social de la violencia contra las mujeres, que se refleja en la creciente crueldad y ensañamiento con la que son cometidos estos hechos; las altas cifras de feminicidios, violencia sexual y violencia intrafamiliar; y la presencia de estas violencias en todos los espacios que las mujeres ocupan, incluyendo los laborales, educativos, de salud, de participación política, entre otros. La Comisión valora el reconocimiento de este problema por parte del Estado, y su

compromiso para erradicarlo. A la vez, señala la urgencia de adoptar estrategias integrales, intersectoriales y coordinadas de prevención, que respondan a las dinámicas actuales de la violencia de género y a todos los contextos en las que éstas se producen. De igual manera, persisten barreras institucionales y de conducta que impiden la adecuada implementación del marco normativo de prevención, sanción y reparación de la violencia de género, repercutiendo en el acceso de las mujeres a la justicia. Del total de denuncias de feminicidio registradas desde el 2015, solo un tercio ha llegado a etapa de juicio. La impunidad de las violencias cometidas contra mujeres indígenas y afrodescendientes es aún mayor, debido a la falta de denuncia cuando son cometidas al interior de sus comunidades por parte de actores armados estatales y no estatales, o en zonas controladas por estos. En estos escenarios, su acceso a los mecanismos de justicia y protección es prácticamente nulo. A su vez, Colombia es un Estado que ha avanzado hacia el reconocimiento progresivo de los derechos de las personas LGBTI. La Corte Constitucional, en particular, ha sido un órgano defensor de los derechos de esta población, garantizando, por ejemplo, el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans con base en la autodeterminación; los derechos de infancias trans y personas no binarias; y los derechos de familias diversas. Al mismo tiempo, la Comisión tomó nota de la persistencia de la violencia en contra de esta población y 13 de obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) reconoció las violencias e impactos del conflicto armado en las personas LGBTIQ+. En su informe, la CEV ha dado cuenta de patrones de “persecución” por prejuicio, tanto por parte de guerrilleros de las FARC-EP, como de la fuerza pública; y analizó estas violencias en las regiones de Arauca, Nariño (Tumaco), Caquetá, Sucre (Montes de María), Antioquia (Urabá) y Cauca. Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) se habrían registrado 5890 personas que se identifican como LGBTI como víctimas del conflicto, en