ROY - Justicia y paz

Robert Schuman La Ley de Justicia y Paz de Colombia: Contexto, perspectivas internacionales, y actitud de la Unión Europea -Joaquín Roy Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series Vol.5 No. 36 November 2005 This publication is sponsored by the EU Commission. The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series is produced by the Jean Monnet Chair of the University of Miami, in cooperation with the Miami European Union Center. These monographic papers analyze ongoing developments within the European Union as well as recent trends which influence the EU’s relationship with the rest of the world. Broad themes include, but are not limited to: ♦ EU Enlargement ♦ The Evolution of the Constitutional Process ♦ The EU as a Global Player ♦ Comparative Regionalisms ♦ The Trans-Atlantic Agenda ♦ EU-Latin American Relations ♦ Economic issues ♦ Governance ♦ The EU and its Citizens ♦ EU Law As the process of European integration evolves further, the Jean Monnet/Robert Schuman Papers is intended to provide current analyses on a wide range of issues relevant to the EU. The overall purpose of the monographic papers is to contribute to a better understanding of the unique nature of the EU and the significance of its role in the world. Miami European Union Center Jean Monnet Chair Staff: University of Miami Joaquín Roy (Director) 1000 Memorial Drive Aimee Kanner (Editor) 101 Ferré Building Roberto Domínguez (Research Assistant) Coral Gables, FL 33124-2231 Nuray Ibryamova (Research Assistant)

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La Ley de Justicia y Paz de Colombia:

Contexto, perspectivas internacionales, y actitud de la Unión Europea Joaquín Roy∗ The Jean Monnet Chair University of Miami Miami, Florida November 2005 ∗ Joaquín Roy es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Doctor por Georgetown University. Es catedrático Jean Monnet y Director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Es autor de más de 200 artículos y reseñas publicadas en revistas académicas, entre ellas Journal of Inter-American Studies, Revista Española de Derecho Comunitario, Revista de Estudios Internacionales, Afers Internacionals, Política Exterior, Relaciones Internacionales, Colombia International Entre sus 25 libros destacan Cuba y España: relaciones y percepciones (Madrid BCC, 1988), El pensamiento demócrata-cristiano (Madrid ICI, 1991), The Reconstruction of Central America: the Role of the European Community (North-South Center, 1991), The Ibero-American Space/ El Espacio Iberoamericano (U.Miami/Universidad de Barcelona, 1996), La siempre fiel: un siglo de relaciones hispano-cubanas (18981998) (Universidad Complutense, 1999, Cuba, the U.S. and the Helms-Burton Doctrine (University of Florida Press, 2000), Las relaciones exteriores de la Unión Europea (México: UNAM, 2001), Retos e interrelaciones de la integración regional: Europa y América (México: UNAM, 2002) y La Unión Europea y el TLC (México: UNAM, 2004). Ha publicado más de 1.200 columnas y ensayos en diarios y revistas de España, los Estados Unidos y América Latina. Entre las distinciones recibidas destaca la Encomienda de la Orden del Mérito Civil,

otorgada por el Rey Juan Carlos I de España. La Ley de Justicia y Paz de Colombia: Contexto, perspectivas internacionales, y actitud de la Unión Europea Introduction I Colombia en la encrucijada Un complejo escenario Durante una buena parte de la segunda mitad de 2005, los observadores de la escena de las relaciones entre la Unión Europea (EU) y Colombia1 estuvieron esperando con notable expectación dos decisiones que resultan cruciales para sopesar el curso futuro del apoyo europeo a la resolución del conflicto armado colombiano.2 La primera incógnita residía en las dimensiones precisas de la evaluación que debía hacer el Consejo de la UE de la controvertida Ley de Justicia y Paz. La segunda estaba centrada en la resolución de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia con respecto a la decisión que en su día tomó el Congreso para dar el visto bueno a la posibilidad de la reelección del Presidente Alvaro Uribe, incapacitado legalmente por la Constitución para optar a un 1 De diverso origen, para un panorama de los diferentes aspectos de esta relación, los siguientes documentos y declaraciones son útiles: Grupo de Trabajo Unión Europea. La inserción de Colombia en el sistema internacional cambiante-- Unión Europea. ”Las relaciones Colombia –Unión Europea: De la incertidumbre al estancamiento.” octubre 2004; Oficina de Coordinación Regional Bogotá-Unión Europea. “Programa Andino de derechos humanos y democracia 2002-2005”; Reyes, Camilo. “Europa: Situación, perspectivas e impacto en Colombia.” Proyecto de Intervención V Sesión del Programa Presidentes de Empresa, 3 agosto 2005; Barco Isakson, Carolina. “Política Exterior de Colombia: 2002-2006.

Gobernabilidad Democrática, Responsabilidad Compartida y Solidaridad.” Universidad de los Andes. Facultad de Administración, 3 agosto 2005. 2 Para una muestra de mis análisis sobre la actitud de la Unión Europea ante Colombia: Roy, Joaquín. “Europe: Neither Plan Colombia, nor Peace Process: from Good Intentions to High Frustration,” Working Paper No. 11, North-South Center, January 2003. http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-WPpdf/WP11.pdf; “La asistencia europea a Colombia: ¿una contribución virtual a un plan virtual de paz? Colombia Internacional (Universidad de Los Andes), 51, enero-abril 2001, pp. 5-27; “European Union perceptions of Plan Colombia: A Virtual Contribution to a Virtual War and Peace Plan?” U.S. Army War College/North-South Center, Carlisle, Pennsylvania, 2001. Occasional paper. Para un análisis comparativo entre la actitud de la UE ante Colombia y Cuba: Roy, Joaquín. “La Unión Europea ante Cuba y Colombia: de buenas intenciones y altas esperanzas a notables contradicciones y grandes frustraciones,” en Roy, Domínguez and Velázquez, Retos e interrelaciones de la integración regional: Europa y América, México: Universidad Nacional de Quintana Roo/ Plaza y Valdés, 2003, pp. 153-183; y “Coherencia y contradicción de la Unión Europea ante Cuba y Colombia: de altas esperanzas a grandes frustraciones,” América Latina, Universidad de Salamanca, Vol. 31, agosto 2002, pp. 33-61; “Europe: Neither Plan Colombia, nor Peace Process -- From Good Intentions to High Frustrations” Miami, European Union Center. Occasional paper. June 2002. 1

segundo mandato.3 Despejado este aspecto con el anuncio el 19 de octubre del fallo favorable por que Uribe podría ser candidato en mayo de 2006, conviene efectuar una revisión de la evolución global del contexto total,4 aunque todavía se deberá esperar (para la mayoría de los observadores, rutinariamente) hasta el 11 de noviembre a la decisión sobre la ley de garantías para saber si efectivamente Uribe podrá ser candidato. El primer tema fue solventado por la UE con una declaración predecible y suficientemente ambigua que conseguía expresar de nuevo el sincero sentimiento de solidaridad con Colombia y el debido respeto por una ley votada impecablemente por la estructura democrática. Al mismo tiempo, se dejaba entrever en clave diplomática la honda preocupación europea acerca de la efectiva aplicación de un plan de reinserción de los miembros de los grupos paramilitares de ultraderecha que han sido la réplica de las dos grandes formaciones dedicadas a las acciones terroristas y al narcotráfico. Una vez conocido el perfil de la actitud europea, quedaba pendiente el segundo enigma basado en la potencial reelección de Uribe, como protagonista ineludible de la escena política colombiana en el siguiente lustro, un marco más que suficiente para que se pueda acometer, aunque no solucionar del todo, el tratamiento de los más acuciantes retos de la sociedad colombiana, con repercusiones mas allá de las fronteras del país. Además, un tercer ángulo de este rompecabezas estaba (y sigue estando) representado por la situación de transición por la que vive Europa en el mismo año. Por un lado, colectivamente sigue atrapada por el colapso del proyecto constitucional y la

indecisión presupuestaria para 2007-2013 bajo una vacilante presidencia británica. Por otro, presenta una dirigencia que todavía no se ha asentado en los países recién ingresados. Mientras, los líderes de los países mayor con población de la UE están en riesgo de desaparecer políticamente (Italia, Francia), ya lo han hecho (Alemania), pueden cambiar en pleno mandato (Reino Unido), o acaban de experimentar el cambio (Polonia). Solamente Rodríguez Zapatero en España parece tener garantizada su continuidad por unos años. Al otro lado del Atlántico, tampoco ayuda el hecho de que la valoración de la presidencia de los Estados Unidos no solamente en el exterior, sino sobretodo en el interior experimentó una caída en picado en el mismo período debido a una combinación de factores. Al deterioro de la seguridad en Irak y los incidentes de corrupción en colaboradores de Bush, se unieron las tragedias climatológicas que han evidenciado las fallas del sistema y las carencias de la propia presidencia en encararlas apropiadamente. 3 Como muestras de la expectación que la inminente decisión levantaba, véanse: Andy Webb-Vidal, “Reelection amendment has Colombia on alert”, Financial Times, October 13, 2005; Eduardo Peña, “Si todo sigue como quedó planteado el jueves pasado, la Corte Constitucional aprobará la reelección”, El Tiempo, 18 octubre 2005 4 El Tiempo, “Corte Constitucional aprobó la reelección presidencial”, 20 octubre 2005. http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/reeleccion/index.html 2 El 21 de junio de 2005, el Congreso de la República de Colombia aprobó el texto

conciliado de la Ley No. 211 de 2005 del Senado colombiano, identificada como No. 293 de la Cámara de Diputados.5 Este instrumento legal, mejor conocido como “Ley de Justicia y Paz”, no solamente estuvo precedido antes de su aprobación de enconadas polémicas dentro y fuera del país, sino que además tiene garantizada su notoriedad tras su puesta en vigencia después de las primeras desmovilizaciones de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta organización paramilitar ha estado disputando a las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones armadas consideradas tanto por el gobierno colombiano como por los Estados Unidos y la Unión Europea como “terroristas”. Las FARC, el ELN, y las AUC se han dedicado, en competencia y por separado, al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el asesinato y a la ejecución indiscriminada de violencia que atenaza a Colombia desde hace más de cuatro décadas. La Ley de Justicia y Paz ha sido presentada por el gobierno colombiano como medio idóneo para incitar al abandono de las actividades armadas no solo por parte de las AUC, sino también de las FARC y el ELN.6 En la práctica, según el precedente de las desmovilizaciones de contingentes paramilitares y las críticas recibidas de analistas tanto en la misma Colombia como en el exterior, parece ser diseñada para beneficio predominante, cuando no exclusivo, de la organización ultraderechista. En consecuencia, la ley fue calificada tempranamente por numerosos sectores de la oposición colombiana y

observadores internacionales como simplemente un mecanismo de amnistía encubierta y generoso perdón, cuando no de garantía de la impunidad de los delitos incurridos por los paramilitares.7 Entre la bondad de la ley (según aboga el gobierno) y el calificativo de 5 República de Colombia. Gaceta del Congreso. Cámara de Representantes: Informes de Conciliación. 21 junio 2005. Entre los esfuerzos divulgativos en los medios de comunicación destaca el eficaz dossier de la revista Semana, “La Ley de Justicia y Paz explicada”, 18 octubre 2005 http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=88306; véase también el informe didáctico elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/julio/documentos/justiciaypaz.pdf?PHPSESSI D=b64cd9a336355e1d64ccd12a7adf71ed 6 Entre las presentaciones de promoción en el exterior de los aspectos positivos de la ley, véase especialmente la del vicepresidente Francisco Santos en el Wilson Center de Washington, 20 julio 2005 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/julio/documentos/justiciaypaz.pdf?PHPSESSI D=b64cd9a336355e1d64ccd12a7adf71ed; en la misma línea, la columna distribuida a varios medios en los Estados Unidos: Santos Calderón, Francisco. “Demobilization plan is a way to end the violence”. The Miami Herald, August 22, 2005. También es conveniente analizar el contenido de la presentación de Carolina Barco, Ministra de Asuntos Exteriores:

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/julio/documentos/justiciaypaz.pdf?PHPSESSI D=b64cd9a336355e1d64ccd12a7adf71ed 7 Entre los informes e evaluaciones críticas de la comunidad internacional y el conjunto de ONGs: Amnistía Internacional. “Colombia: La Ley de Justicia y Paz garantizará la impunidad para los autores de abusos contra los derechos humanos.” 26 abril 2005; Comisión Colombiana de Juristas. “Una Metafórica Justicia y Paz.” 21 junio 2005; Human Rights Watch. “Colombia: U.K. should reject Pro-Paramilitary Law.” July 14, 2005; Equipo Nizkor. “Intervención de Michael Frühling en el II Encuentro Nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad.” 23 junio 2005; Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Oficina de Colombia. “Consideraciones sobre la Ley de ‘Justicia y Paz’ “ 27 junio

2005. 3 tener un objetivo de “injusticia y guerra” (según uno de los más hondos juicios en la opinión pública colombiana,8) hay toda una gama de especulaciones, valoraciones de cautela y predicciones acerca de su naturaleza jurídica, su moralidad y su eficacia.9

Aparte de las deficiencias legales y los problemas políticos que la pueden convertir en ineficaz para conseguir el explícito objetivo final (la paz, la reparación de los daños causados y la reconciliación), el obstáculo probablemente insuperable sea el alto costo social y económico que implica la ejecución práctica de un plan que exige la

reinserción de más de 20.000 miembros de las AUC, si se limitan los beneficios de la ley y solamente se aplican a los paramilitares derechistas. La desmovilización hipotética de las FARC y la más plausible del ELN significaría la incorporación a la sociedad de otros 30.000 o 40.000 combatientes que solamente cuentan en la actualidad entre sus habilidades la violencia indiscriminada y la dedicación a funciones delictivas. En suma, con o sin ley, la reincorporación de tal imponente cantidad de “desempleados” a la sociedad colombiana, que ya sufre un alto nivel de paro efectivo (entre el 15 y el 20%) o funcional (superior al 30%), tiene una factura difícil de asumir no solamente por el erario estatal, sino también por la cooperación internacional, que parece ha llegado al límite de sus capacidades o voluntad. De ahí que el presidente Alvaro Uribe haya dedicado gran parte del 2005 a cortejar los favores de la comunidad internacional, tal como lo hiciera en su momento su antecesor Andrés Pastrana al promover el Plan Colombia, y cómo el actual presidente consiguió rescatar los flecos sociales, distinguiéndolos de los militares. Pero entonces la sociedad colombiana sentía el flagelo indiscriminado de lo que eficazmente fue calificado (de ser percibido como lucha “contrainsurgencia”) como “narcoterrorismo”. Ahora se trata de abogar por la aceptación de un programa que implica la generosa amnesia parcial de una estrategia de castigo y disuasión para los que colaboraban, a regañadientes o de buen grado, con la guerrilla. Como contrafuego de las FARC y el ELN, los paramilitares se han dedicado

también al narcotráfico y la extorsión, cuando no al asesinato y a la incautación de propiedades privadas para beneficio propio. La restitución del daño causado es una tarea descomunal, cara, y de inciertos resultados. Pero en todo caso, como sucediera en su momento con la petición de ayuda para adherirse al Plan Colombia, el apoyo que esta vez 8 Caballero, Antonio. “Ley de injusticia y guerra”. Semana, 15 agosto 2005. Con actitud negativa acerca del proyecto, véanse también: Zárate-Laun, Cecilia. “AUC demobilization plan a bad idea”. The Miami Herald, August 15, 2005; Reel, Monte. “Law Seen As Soft on Militias in Colombia: Critics Say Effort at Demobilization Is Deeply Flawed”. Washington Post, August 21, 2005. 9 Fundación Ideas para la Paz. “Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana: La tercera generación”. 12 agosto 2005; Pardo, Rafael. “Proceso de Reconciliación”. Partido Liberal Colombiano, 6 agosto 2005; Pizarro Leongómez, Eduardo. “Piedras en el zapato: Asociaciones de víctimas”. El Tiempo, 1 agosto 2005; Pizarro Leongómez, Eduardo. “Un llamado de atención: Paramilitarización de Colombia”. El Tiempo, 15 agosto 2005; Cambio. “¿Será verdad tanta belleza?”. 20 junio 2005; Cambio. “Me siento clonadeon Mario Iguarán”. 25 julio 2005; El Tiempo. ”Paras/Dicen expertos en seguridad: Se necesitan 3 policías por cada paramilitar desmovilizado”. 1 agosto 2005.

4 se solicita para la Ley no es solamente moral (lo cual ya es importante), sino también económico. Por lo tanto, esta ayuda solamente puede llegar de los Estados Unidos, Europa y el Japón. Y al igual que sucediera con la promoción del Plan, el endoso de la Ley está inserto en un contexto muy complejo, compuesto no solamente por el distanciamiento europeo a lo que puede percibirse como inspiración de Washington, siguiendo el ejemplo de la reticencia ante el Plan Colombia, sino también por la división de criterios en el exterior. Desde entonces, unos elementos adicionales se han añadido a convertir la “venta” de la Ley en un tortuoso paseo por un campo minado, no exento tanto de posibilidad de fracaso como de éxito limitado, o por lo menos, de ausencia de una oposición formidable que la hagan inviable. Entre los de índole interior destacan las ya de por sí extremas peculiaridades colombianas, que rebasan el perfil que podría considerarse como coyuntural para merecer el calificativo de endémicas. Estos perfiles incluyen la paradoja de simultanear una de las cotas más notables de aparente cohesión de identidad nacional (además de ser el tercer país hispanohablante más populoso, situado en la confluencia de las Américas) con uno de los niveles más escandalosos de desigualdad y exclusión social, ya de por sí elevados en el conjunto de América Latina. Íntimamente ligada a estas carencias, descuella en este apartado la dependencia de la economía, formal o informal, sobre la producción y comercialización de las drogas ilícitas, en un grado y profundidad tal que numerosos observadores se preguntan sinceramente si es posible imaginar una Colombia semejante a la actual sin la

presencia de este fenómeno que llega a afectar todos los estamentos y sectores. Estrechamente relacionado con esta dependencia se debe señalar la sorprendente (para el observador extranjero) “normalidad” con la que se trata la violencia general y sobretodo las operaciones que, por falta de otro calificativo, son propias de una “guerra” o, por lo menos, para usar el eufemismo preferido por los medios de comunicación más moderados, del “conflicto armado”. Nada tiene de extrañar, por lo tanto, que desde los centros de poder de los Estados Unidos se observe la problemática de Colombia bajo el prisma de otras “guerras” o por lo menos estrategias contaminadas por la visión de conflictos armados. Tampoco debiera sorprender que en determinados círculos europeos (al igual que en los medios críticos de los Estados Unidos y buena parte de América Latina) exista una notable resistencia a tratar la problemática colombiana, en primer lugar, con el simplismo de un enfrentamiento con la insurgencia. Mayor resistencia recibe la noción de situar el conflicto colombiano insertado en el marco más amplio de la “guerra” contra el terrorismo internacional, sobretodo después del 11 de Setiembre de 2001. Paradójicamente, el uso y manipulación de este grave acontecimiento no hizo más que recrudecer el contraste de dos visiones contrapuestas para tratar la compleja madeja de aspectos que atenazan a la sociedad colombiana y amenazan constantemente con 5 contaminar su inmediato entorno geográfico, sino lo han hecho ya irremisiblemente.10 Este diagnóstico puede parecer sesgado e injusto según la perspectiva de los que sufren

las consecuencias de las diversas dimensiones del enfrentamiento en Colombia, pero la percepción generalizada en el exterior es, además de compleja y preñada de sus propias contradicciones, que las raíces del endémico conflicto son estrictamente locales y que las conexiones internacionales son coincidentes en algunos aspectos, pero no constituyen su causa. Digno de mención en el contexto interior es la fortaleza de la posición del presidente Alvaro Uribe cuando precisamente se cumplían tres años de mandato y se hallaba inmerso en un proceso legal para conseguir ser aceptado como candidato a la reelección, hasta ahora constitucionalmente imposible. Respaldado por unas encuestas extremadamente favorables (en parte basadas en los progresos evidentes en la lucha contra la insurgencia) y unos éxitos internacionales que incluyen el nombramiento de Luis Alberto Moreno, embajador en Washington, como nuevo Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uribe se ha convertido en una figura pivotal, con la que todos los contrincantes deben contar. Las perennes dimensiones sociales se alzan como una espada de Damocles sobre el tejido humano colombiano, con una economía dependiente de las oscilaciones del mercado internacional. Simultáneamente, la peculiaridad del narcotráfico representa un mal que contamina toda actividad. Por lo tanto, cualquier análisis, por muy general que sea, debe incluir el hecho insoslayable de que gran parte del territorio está permanentemente sujeto a los vaivenes que, por falta de otra palabra, debieran ser considerados como propios de una guerra (o, por lo menos, de una contienda dominada por la iniciativa táctica de una guerrilla, al modo tradicional). En medio, se halla atrapada

una población civil siempre sujeta a las exigencias de uno de los tres grupos ilegales en disputa. En el frente exterior, esta compleja situación justamente se halla insertada en un triple contexto internacional, dominado, en primer lugar, por el inmediato entorno latinoamericano. En su círculo más inmediato se halla una fracturada Comunidad Andina en la que destaca, por su no siempre positivo protagonismo, Venezuela. Nótese que la subregión incluye otros países sujetos a su vez a crisis internas siempre susceptibles de derramarse por sobre sus fronteras: Bolivia y Ecuador (con cambios presidenciales traumáticos) y Perú (siempre bajo la misma amenaza). Este detalle no debe ser soslayado en absoluto cuando se trata la relación privilegiada con los Estados Unidos, que naturalmente domina el cosmos interamericano y resulta imposible de desdeñar cuando se considera la implicación de la Unión Europea y sus estados miembros. 10 Para una muestra impecable y encomiable, véase el número de la revista Colombia Internacional, No. 60, julio-diciembre 2004, dedicado al contexto de seguridad provocado por el conflicto. 6 La imparable fortaleza de Uribe Continente de contradicciones y extremas paradojas, experimento de democracia y endémico autoritarismo, cuando la totalidad (con una sola excepción: Cuba) se rige por gobiernos constitucionalmente elegidos en comicios libres y periódicos, en el plano práctico solamente hay cuatro líderes en las Américas que hoy pueden presumir de controlar, por diversos métodos, el aparato estatal. Por un lado, destacan Castro en Cuba y Chávez en Venezuela. Por otro, Bush en los Estados Unidos y Alvaro Uribe en

Colombia.11 Los demás colegas de diversa índole cultural y geográfica, están constitucionalmente limitados por coaliciones necesarias, irremisiblemente debilitados bien porque no poder ser reelegidos (Fox), porque ya no se sabe cómo se llama el máximo mandatario (Bolivia), porque las encuestas no le dan ni el 10% de apoyo (Toledo, quien no controla ni a sus ministros), porque no solamente tienen enemigos en su propio partido, sino toda la oposición en contra (Kirchner), o porque están atrapados en un marasmo de corrupción (Lula). Los que administran el gobierno con unas dosis variadas de democracia participativa (en Canadá, Chile, el Caribe inglés), deben compartir cotas de poder, siempre pendientes de variantes parlamentarias y de coaliciones. Solamente las dos parejas emblemáticas mencionadas están en pleno control. Nada tiene de extraño, por ejemplo, que cada dúo se reúna frecuentemente, unas veces (respectivamente) en La Habana o Caracas, y por otro lado en Washington y en el rancho tejano de Crawford. En este contexto, anhelando una invitación que todo político quisiera recibir y pocos consiguen, el presidente colombiano Alvaro Uribe se reunió con Bush el 6 de agosto para recibir un nuevo espaldarazo del mandatario norteamericano y de paso recabar la urgente confirmación no solamente para el apoyo a los flecos del controvertido Plan Colombia, sino también para el tratado de libre comercio (en ampliación del aprobado con los países centroamericanos y la República Dominicana) y la polémica Ley de Justicia y Paz. Una apretada agenda en la que Bush parecía estar

dispuesto a ir hasta el final para justificar el nivel de asistencia militar que equipara a Colombia a los escenarios explosivos del triángulo formado por Egipto, Irak e Israel. 11 Alrededor del tercer aniversario de su mandato, la atención mediática fue notable: Agudelo, Javier. “Uribe: tres años con las riendas en las manos”. El Tiempo, 31 julio 2005; Ibarz, Joaquim. “ Uribe gobierno de forma mesiánica y caudillista, no cree en los partidos”. La Vanguardia, 9 agosto 2005; Ibarz, Joaquim. “La guerrilla está desesperada porque el pueblo colombiano quiere mi reelección”. La Vanguardia, 10 julio 2005; Medellín Torres, Pedro. “Tres años: La pasión por las mayorías: El presidente Uribe es un rehén de su amor por los ‘voticos’”. El Tiempo, 2 agosto 2005; Bayona, Mauricio. “Uribe habla sin tapujos: De la guerrilla, narcotráfico y planes futuros”. El Sentinel, 6 agosto 2005; Cambio. “Ni contigo ni sin ti”. 6 agosto 2005; Cambio. “Cuesta arriba”. 1 agosto 2005; Caballero, Antonio. “Uribe no es serio”. Semana, 1 agosto 2005; El Tiempo. “A galope, el presidente Uribe inicia cuarto año”. 31 julio 2005; Cambio. “Un país uribizado”. 18 julio 2005: Vargas, Mauricio. “Uribe, ¿pesimista frente al fallo”? Cambio, 18 julio 2005; Leyva Valenzuela, Jorge. “Análisis de la gran encuesta electoral: Uribe, imbatible:

Los colombianos lo reelegirían en primera vuelta presidencial con un 70,2 %.”. El Espectador, 31 julio 2005; García Segura, Hugo. “El desafío del último año”. El Espectador, 31 julio 2005; Rangel Suárez, Alfredo. “A la luz de las cifras: Uribe, tres años”. Fundación Seguridad & Democracia, 19 agosto 2005; Valencia Tovar, Alvaro. “Astillas políticas”. El Tiempo, 19 agosto 2005. 7 Mucho en común tienen Bush y Uribe, lo cual permite una fluidez química ausente entre el presidente estadounidense y muchos colegas, sobretodo europeos (Chirac, Zapatero y Shroeder, por solamente nombrar tres). Justamente cuando Bush soslayó al Congreso nombrando al polémico John Bolton como embajador en Naciones Unidas, mientras los senadores estaban de vacaciones, Uribe decidió nombrar como nuevo embajador en Washington a su antecesor en la Casa de Nariño, la mansión presidencial bogotana. Todavía resonaban las críticas de Andrés Pastrana contra Uribe con respecto a la nueva ley, al igual que multitud de congresistas norteamericanos y un número notable de gobiernos europeos, además de un puñado de las más significativas ONGs y prestigiosos think-tanks vigilantes, como Human Rights Watch. El ex presidente conservador, sin embargo, decidió aceptar la oferta del liberal (considerado por los conservadores como uno de los suyos).12 No solamente aceptó ejercer como embajador ante la Casa Blanca, sino también tratar de coordinar una

comisión internacional para dar credibilidad a la ley de desmovilización de las AUC. Según toda evidencia, esta organización derechista paramilitar fue fundada por los propietarios colombianos acosados por las guerrillas. Según los sectores críticos, no solo fue tolerada sino también financiada por el propio gobierno para poder llegar a los espacios del territorio nacional donde no existía la presencia estatal, ya libre de trabas legales. Con el tiempo, las AUC (en “bloques” o “frentes” provistos de notable autonomía territorial) terminaron dedicándose a las labores de las mismas guerrillas (el asesinato, la extorsión el secuestro, y el narcotráfico, todo conveniente tamizado por el lavado de dinero). Por lo tanto, según toda lógica razonable, Pastrana asumió una labor para la que necesita todas sus habilidades diplomáticas para convencer a los críticos y los escépticos acerca de la bondad de un proyecto que, según los análisis más descollantes, apenas prevé la condena de unos años en moderada prisión a los que confiesen voluntariamente sus desmanes, sin garantías de restitución de propiedades ilegalmente adquiridas y sin que las víctimas sean parte del control del proyecto. El problema es que, de no respaldarse la ley, los paramilitares (de los que más de 8.000 ya se han desmovilizado) pueden volver a ejercer sus ilegales funciones. Por lo tanto, causarían como resultado no deseable el desvío de los necesarios recursos gubernamentales que deben dedicarse a enfrentar las guerrillas de las FARC y el ELN, y convencerles por la