SARLAFT - Conpes 4042 de 2021

Documento C ONPES 4042

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA

PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fiscalía General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Unidad de Información y Análisis Financiero Versión aprobada Bogotá, D.C., 09 de agosto de 2021

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

CONPES

Iván Duque Márquez Presidente de la República Marta Lucía Ramírez Blanco Vicepresidenta de la República Daniel Palacios Martínez Marta Lucía Ramírez Blanco Ministro del Interior Ministra de Relaciones Exteriores José Manuel Restrepo Abondado Wilson Ruíz Orejuela Ministro de Hacienda y Crédito Público Ministro de Justicia y del Derecho Diego Andrés Molano Aponte Rodolfo Enrique Zea Navarro Ministro de Defensa Nacional Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Fernando Ruíz Gómez Ángel Custodio Cabrera Báez Ministro de Salud y Protección Social Ministro del Trabajo

Diego Mesa Puyo María Ximena Lombana Villalba Ministro de Minas y Energía Ministra de Comercio, Industria y Turismo María Victoria Angulo González Carlos Eduardo Correa Escaf Ministra de Educación Nacional Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Jonathan Tybalt Malagón González Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ángela María Orozco Gómez Angélica María Mayolo Obregón Ministra de Transporte Ministra de Cultura Guillermo Herrera Castaño Tito José Crissien Borrero Ministro del Deporte Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Alejandra Botero Barco Directora General del Departamento Nacional de Planeación Daniel Gómez Gaviria Amparo García Montaña Subdirector General Sectorial Subdirectora General Territorial 2 Resumen ejecutivo El presente documento formula una nueva política pública que mejorará la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia. Aunque el país cuenta con un Sistema ALA/CFT que se ha articulado y consolidado a lo largo de los últimos 20 años y que ha generado resultados contra las economías ilícitas, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, su efectividad no ha sido suficiente en relación con la magnitud de estos fenómenos en el país. Además, la naturaleza dinámica de estos fenómenos y las variaciones del contexto nacional e internacional en la materia exigen de la constante evaluación y fortalecimiento del Sistema. En ese sentido, además de propender por el fortalecimiento del Sistema, esta

política busca consolidar el enfoque CFPADM en el país y adoptar las recomendaciones y los estándares internacionales vigentes. Para conseguir el propósito general de robustecer el Sistema ALA/CFT, esta política plantea cuatro objetivos específicos: (i) promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema ALA/CFT para generar mayores competencias y un mejor entendimiento de los riesgos en cada uno de los sectores, así como concientizar de los riesgos y las implicaciones de estas conductas a la ciudadanía e incentivar su participación en la prevención activa y la denuncia de este tipo de conductas; (ii) fortalecer el marco normativo ALA/CFT/CFPADM para adaptarlo a los estándares internacionales y subsanar las falencias existentes en algunos sectores o actividades; (iii) mejorar la gestión de la información del Sistema para suplir las necesidades existentes y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad y (iv) consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos. Esta política será ejecutada en un horizonte de 5 años, con un valor indicativo de 10.392 millones de pesos, y será implementada por el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Justicia y del Derecho, Defensa Nacional, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Deporte, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y la Unidad de Información y Análisis

Financiero. Las acciones contenidas en el Plan de Acción y Seguimiento que acompaña a este documento, así como las recomendaciones que se formulan en la política, se desarrollarán con recursos de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector participante. 3

Clasificación: F53, H11, M11, K14, K42, O10.

Palabras clave: Lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 10

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ....................................................................... 12 2.1. Antecedentes ............................................................................................... 12 2.1.1. Principales políticas relacionadas con el Sistema ALA/CFT............................... 13 2.1.2. Aspectos normativos del Sistema ALA/CFT ..................................................... 17 2.1.3. Estándares y acuerdos internacionales en materia ALA/CFT/CFPADM .............. 19 2.1.4. Actores y ejes del Sistema ALA/CFT .............................................................. 23 2.2. Justificación ................................................................................................. 30

3. DIAGNÓSTICO .............................................................................................. 34 3.1. Baja efectividad del Sistema ALA/CFT ........................................................... 34 3.2. Ejes problemáticos identificados como causas de la baja efectividad del Sistema ALA/CFT .................................................................................................... 39 3.2.1. Asimetrías en el entendimiento de los fenómenos de LA/FT/FPADM .................. 40 3.2.2. Insuficiente calidad del marco normativo ........................................................ 45 3.2.3. Baja disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información ........................ 55 3.2.4. Baja articulación interinstitucional para el desarrollo de acciones conjuntas ....... 61

4. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA ............................................................................. 65 4.1. Objetivo general ......................................................................................... 66 4.2. Objetivos específicos ................................................................................... 66 4.3. Plan de acción ............................................................................................ 66 4.3.1. Promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema para generar mayores competencias, incentivar la participación ciudadana, y un mejor entendimiento de los riesgos y efectos de LA/FT en cada uno de los sectores involucrados en estos fenómenos ................................................................... 67 4.3.2. Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional ALA/CFT mediante el ajuste de su marco normativo y la identificación de necesidades regulatorias . 70 4.3.3. Mejorar la gestión de la información del Sistema ALA/CFT para suplir las necesidades existentes y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad ................................................................................................ 74 5 4.3.4. Consolidar los procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema ALA/CFT para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos .................................................................................................................. 78 4.4. Seguimiento ................................................................................................ 80 4.5. Financiamiento ............................................................................................ 81

5. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 84

6. GLOSARIO ................................................................................................... 88

ANEXOS ........................................................................................................... 89

Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS) ............................................................. 89

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 90

6 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Número de recomendaciones de las 40 Recomendaciones - 4ta Ronda de

Evaluaciones Mutuas Gafilat según nivel de cumplimiento ............................................. 32 Gráfico 2. Serie estimada de lavado de dinero por narcotráfico (en porcentaje) ............. 35 Gráfico 3. Valor total de bienes sujetos a extinción de dominio por año (en billones de pesos) ..................................................................................................................... 36 Gráfico 4. Reportes de operación sospechosa que llegan a la UIAF por año .................. 38 Gráfico 5. Utilidad de los reportes de operación sospechosa ........................................ 39 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Sujetos obligados a reportar según el supervisor ............................................. 25 Tabla 2. Cronograma de seguimiento ......................................................................... 81 Tabla 3. Financiamiento estimado de la política .......................................................... 82 Tabla 4. Costos indicativos por entidad ...................................................................... 82 7

SIGLAS Y ABREVIACIONES

40R Las 40 Recomendaciones ALA Antilavado de activos APNFD Actividades y profesiones no financieras designadas BCBS Comité de Supervisión Bancaria de Basilea Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de CCICLA Activos CFPADM Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva CFT Contra la Financiación del Terrorismo CICTE Comité Interamericano Contra el Terrorismo CSNU Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas DDC Debida diligencia del cliente DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DNP Departamento Nacional de Planeación ENR Evaluación Nacional de Riesgo EOSF Estatuto Orgánico del Sistema Financiero FGN Fiscalía General de la Nación FMI Fondo Monetario Internacional FPADM Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

FT Financiación del Terrorismo GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional Gafilat Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafisud Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAO Grupos Armados Organizados IEM Informe de Evaluación Mutua IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud LA Lavado de activos OEA Organización de Estados Americanos ONU Organización de las Naciones Unidas PDS Política de Defensa y Seguridad RI Resultados inmediatos 8 ROS Reportes de Operación Sospechosa RUB Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales RUT Registro Único Tributario Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y SAGRILAFT Financiación del Terrorismo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la SARLAFT Financiación del Terrorismo SIPLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero UIF Unidad de Inteligencia Financiera 9

1. INTRODUCCIÓN El Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) tiene la finalidad de prevenir, detectar, investigar y juzgar1 los fenómenos asociados al lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Sin embargo, este Sistema no ha sido lo suficientemente efectivo para combatir la magnitud de estos fenómenos económicocriminales en el país2. Por lo anterior, esta política busca aumentar la efectividad del Sistema

y proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el comercio exterior, el crecimiento económico, el empleo y el consumo en Colombia. De igual manera, y teniendo en cuenta que el carácter dinámico del crimen organizado transnacional obliga a los países a contar con sistemas robustos, anticipativos y prospectivos, esta nueva política se refiere no solo al LA y la FT, sino también a la FPADM. Además, con la política se busca atender a las recomendaciones y estándares internacionales vigentes, teniendo en cuenta que actualmente Colombia se encuentra en un proceso de seguimiento intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI3). Para entender la política, es necesario definir los fenómenos de LA4, FT5 y FPADM. En primer lugar, el LA es un delito mediante el cual los delincuentes dan apariencia de legalidad a los recursos derivados de sus acciones criminales, con lo cual estas continúan siendo atractivas y rentables. Segundo, la FT es la conducta mediante la que se proporciona o facilita recursos a las organizaciones terroristas o a los terroristas para costear sus actividades. Por su parte, la FPADM consiste en la provisión de fondos o la utilización de 1 De acuerdo con la UIAF, la prevención, detección, investigación y judicialización son los cuatro ejes del Sistema ALA/CFT. La información sobre cada uno de los ejes se encuentra disponible para consulta en: https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/prevencion_deteccion _la_ft 2 Por ejemplo, según la FGN, si bien se estima que el mercado del narcotráfico en Colombia anualmente

involucra 20,5 billones de pesos (casi 4 % del PIB), en 2019 la entidad sólo logró extinguir el derecho de dominio sobre bienes por un valor aproximado de 6 billones de pesos (Fiscalía General de la Nación. Direccionamiento Estratégico 20203 El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. 4 Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Artículo 323 Lavado de Activos. 5 Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Artículo 345 Financiación del Terrorismo y de Grupos de Delincuencia Organizada y Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas y de la Delincuencia Organizada. 10 servicios financieros para el costeo de diferentes acciones relacionadas con armas de destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas), en contravención de leyes nacionales u obligaciones internacionales. Con lo anterior, estas conductas están íntimamente relacionadas con el funcionamiento, la continuación y expansión de los grupos criminales. Ahora bien, como se describirá en detalle más adelante, la insuficiencia en la efectividad del Sistema obedece al menos a cuatro causas estructurales detectadas en el marco de la formulación de esta política pública. La primera consiste en las asimetrías en el entendimiento de los fenómenos de LA, FT y FPADM entre los actores que componen el

Sistema. La segunda, en la insuficiente calidad del marco normativo vigente. La tercera, en la baja disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información necesaria para llevar a cabo las funciones misionales de los diversos actores del sistema. Finalmente, la cuarta causa consiste en la baja articulación interinstitucional. Para atender a estos problemas, la presente política se enmarca en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad6, específicamente en la línea Seguridad, autoridad y orden para la libertad del Pacto por la Legalidad, que señala la importancia de fortalecer la efectividad del Sistema ALA/CFT como estrategia para combatir el terrorismo y la delincuencia armada. De igual forma, este documento articula otros instrumentos de política, así como las principales recomendaciones y buenas prácticas en materia ALA/CFT/CFPADM a nivel internacional. Así, toma en cuenta la Política de Defensa y Seguridad Nacional (PDS)7, la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas 2018 8 y las políticas y lineamientos estratégicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN). De igual forma atiende al Informe de Evaluación Mutua (IEM) realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue aprobado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el año 2018, y a la Evaluación Nacional de Riesgo del año 2019, para dar cumplimiento a los diferentes estándares y recomendaciones internacionales por parte del GAFI. Para fortalecer los procesos de prevención, detección, investigación, judicialización

y sanción del Sistema, el presente documento CONPES formula ocho líneas de acción que las entidades que lo conforman deberán desarrollar durante los próximos cinco años. Atendiendo a los objetivos de la política, las líneas de acción se formulan en los siguientes 6 Expedido por la Ley 1955 de 2019. 7 Disponible para consulta en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/p olitica_defensa_deguridad2019.pdf 8 Disponible para consulta en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/POLITICA_RUTA_FUTURO_ODC.pdf 11 términos: (i) promoción de planes de capacitación que contribuyan a cerrar las brechas en el entendimiento de los fenómenos de LA/FT/FPADM; (ii) elaboración de documentos técnicos a partir de la implementación de mecanismos y espacios de construcción interinstitucional, que permitan afianzar el conocimiento y mejorar la identificación de los riesgos de LA/FT/FPADM; (iii) fomento de la participación ciudadana a través de una mayor divulgación sobre los fenómenos de LA/FT/CFPADM y su impacto socioeconómico; (iv) impulso de iniciativas legislativas que subsanen falencias en el marco normativo y permitan su adaptación a los estándares internacionales; (v) elaboración de estudios o diagnósticos que permitan visibilizar necesidades en el ámbito jurídico ALA/CFT/CFPADM; (vi) incremento en la calidad de la información del Sistema ALA/CFT para suplir necesidades existentes; (vii) desarrollo de herramientas y mecanismos que permitan una información más accesible y

oportuna, y (viii) desarrollo de trabajo conjunto y articulado para optimizar procesos. Este documento CONPES se estructura en cinco secciones, incluyendo esta introducción, que se comporta como la primera sección. La segunda sección expone los antecedentes y la justificación de la política pública que se formula a través del presente documento, teniendo en cuenta la manera en que se ha ido consolidando el Sistema ALA/CFT en Colombia y menciona las políticas públicas y la normatividad vigente en relación con el problema central. La tercera sección expone el diagnóstico mediante el cual se explica la poca efectividad del Sistema en la prevención, detección, investigación, judicialización y sanción de los fenómenos de LA/FT/FPADM en escenarios heterogéneos y cambiantes. La cuarta sección define la política pública, sus objetivos y plan de acción, con sus correspondientes estrategias de seguimiento y recursos para su financiación. Finalmente, en la quinta sección se presentan las recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT y la implementación efectiva de la política.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 2.1. Antecedentes En esta sección se presenta el estado de la política pública y de los avances normativos frente a la manera en que el Estado colombiano opera a través de su Sistema ALA/CFT9 para el desmantelamiento de las estructuras criminales desde el combate hasta su base financiera. A lo largo de esta sección, se desarrollarán 4 puntos: (i) las principales políticas relacionadas con el Sistema ALA/CFT; (ii) algunos aspectos normativos del Sistema;

9 A lo largo del presente documento se entenderá que el sistema en mención incluye también la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 12 (iii) los estándares y acuerdos internacionales sobre la materia; y (iv) los actores y ejes institucionales bajo los que opera el Sistema. 2.1.1. Principales políticas relacionadas con el Sistema ALA/CFT La primera política nacional ALA/CFT se formuló e implementó con el Documento CONPES 3793 de 2013 Política Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo10. La política implementada a través del documento CONPES en mención buscaba lograr un Sistema ALA/CFT único, coordinado, dinámico y más efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del LA y la FT. Sin embargo, aunque subsanó algunas debilidades del Sistema, presentó algunos problemas de formulación y ejecución relacionados con su alcance temporal. Así, pese a que (i) fortaleció los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la economía; (ii) generó facultades de regulación para los mismos, y (iii) realizó ajustes normativos necesarios para contar con mayores herramientas en la lucha contra el LA y la FT, la política no presentó soluciones integrales de mediano y largo plazo para garantizar el cumplimiento de su objetivo central de forma estructural. De hecho, las acciones previstas por la política fueron formuladas para un horizonte de dos años (2013 y 2014) y, dado que su publicación se produjo en diciembre de 2013, su ejecución se redujo a un año. Asimismo, como lo señaló el IEM de Colombia11 (Gafilat, 2018), esta política presentó otras dificultades como la imposibilidad de incorporar

medidas de cara a los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR)12 de LA/FT del año 2013 que fueron publicados de manera simultánea a la expedición de la política; así como el hecho de que el sistema de seguimiento estadístico de financiación del terrorismo, cuyo diseño e implementación fue una acción considerada dentro del documento de política, no funcionaba todavía para el año 2018. Posteriormente, finalizando el año 2018, el Gobierno nacional presentó la Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas (2018-2022)13 para intervenir integralmente las múltiples causas y efectos de dicho flagelo. Esta política articula a las instituciones del Estado involucradas en la lucha antinarcóticos alrededor de 10 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3793.pdf. 11 Documento que presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT de Colombia y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Disponible en https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia/evaluaciones-mutuas-4/3286informe-de-evaluacion-mutua-de-colombia/file. 12 La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es un ejercicio de estimación semi-cualitativo que se ha venido realizando en el país cada tres años con el propósito de identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT. En 2013 la ENR fue liderada por la UIAF y contó con la participación de distintos sectores, representados en 42 entidades. 13 Disponible en http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/POLITICA_RUTA_FUTURO_ODC.pdf.

13 cinco pilares: (i) reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto; (ii) reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos; (iii) desarticular y afectar las estructuras criminales; (iv) afectar las economías y rentas criminales; y (v) generar condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas. En el marco de la política en mención se han diseñado programas de prevención y seguimiento al consumo como el Programa Familias Fuertes14 -que ha favorecido a más de 40 mil familias de 252 municipios en 30 departamentos15y el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)16. También se han desarrollado iniciativas como el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 201917 y programas disruptivos de cara a las economías ilícitas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)18 y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)19, al cual se vincularon más de 99 mil familias campesinas al cierre del año 201920. Así, se han obtenido resultados como el cambio de tendencia en el crecimiento de los cultivos de coca -que se redujo en un 9 % entre los años 2018 y 201921; un aumento en la erradicación manual de las hectáreas de coca cercano al 38 % en 2020, así como incrementos en las incautaciones de clorhidrato de cocaína (18 %), hoja de coca (10 %) y 14 Busca prevenir conductas de riesgo por medio de la promoción y fortalecimiento de la comunicación entre

padres e hijos y la asesoría en habilidades de crianza y orientación familiar, además de promover la salud mental y el desarrollo de adolescentes entre 10 y 14 años. Si bien fue introducido en el país desde el 2012, fue en 2015 cuando los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Salud y Protección Social, acordaron aunar esfuerzos en torno a la prevención del consumo de drogas mediante la ampliación de su cobertura. 15 Cifras tomadas de: http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/ArtMID/2976/ArticleID/7262/%E2%80%9CRuta-Futuro-est225reportando-importantes-resultados-para-el-pa237s%E2%80%9D-Ministro-Ruiz 16 Es una alternativa a la judicialización y a la utilización excesiva de medidas privativas de la libertad para adolescentes que han cometido delitos como consecuencia del consumo problemático de drogas, que beneficia y propende por la resocialización de los jóvenes que hacen parte de ese sistema. 17 Estudio realizado a partir de la Encuesta Nacional en esta misma materia, adelantada en alianza con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 18 De conformidad con el Decreto 893 de 2017, son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo llevar de manera prioritaria y con mayor celeridad los instrumentos para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Los PDET benefician a 16 subregiones compuestas por 170 municipios priorizados de 19 departamentos. 19 Según lo dispuesto en el Decreto 896 de 2017, el objeto de este programa es promover la sustitución

voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. 20 Cifra tomada de: http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/ArtMID/2976/ArticleID/7262/%E2%80%9CRuta-Futuro-est225reportando-importantes-resultados-para-el-pa237s%E2%80%9D-Ministro-Ruiz 21 Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas, en Colombia se registraron 143 mil hectáreas sembradas de coca al finalizar el año 2020, frente a 154 mil hectáreas de 2019. 14 marihuana prensada (42 %) para el mismo año22. En el mismo sentido, se ha logrado la confiscación de precursores químicos representados en más de 14 millones de galones de sustancias químicas líquidas y casi 80 mil toneladas de sustancias sólidas y el desmantelamiento de 236 laboratorios de procesamiento de cocaína y cerca de 5.000 infraestructuras de producción primaria23 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2021). Pese a lo anterior, no se distinguen fácilmente los progresos de la política Ruta Futuro frente a la afectación de las economías y rentas criminales (cuarto pilar). Esto, en gran medida, debido a que varios de los objetivos y estrategias planteadas para enfrentar las economías y rentas criminales se encuentran estrechamente relacionados con la

efectividad del Sistema ALA/CFT, el cual requiere optimizar su recurso humano, técnico, tecnológico y de infraestructura especializado para ser más eficaz en su desempeño. Asimismo, desde los objetivos uno24 y tres25 del pilar número cuatro de la política, no es posible actualmente monitorear ni hacer públicos los resultados efectivos del Sistema ALA/CFT, dado que no se dispone de información consolidada en una única fuente que permita evidenciar y realizar seguimiento a los avances obtenidos en materia de prevención, detección, investigación, judicialización y sanción del LA y la FT. Adicionalmente, persisten limitaciones en materia de extinción de dominio y de recuperación de activos en el exterior, que serán desarrolladas en el diagnóstico. Ahora bien, este documento formula una nueva política que se fundamenta en el PND 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equid