SFC - Contrato de seguro - SOAT Prescripción de la acción de protección al consumidor. 2018101604

srl DI MA periendanie Radicación 2018101604-011-000 o GS 50 ha: 19/10/2018 02:54 PM Sec. Dia: 938 | DELEGATURA F ES o OS | 80000 Áplica A: 13-28 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Encadenado: NO |

A Remitente: 80001 Secretaria Delegatura p Solicitud:

Bogotá D. C., Destinatario: DEP 80001 SECRETARÍA DELEG Teléfono: 504 02 00

Carro: Ent: Caja: Pos: 04/12/2018 z = > = A Referencia: ACCION DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011. Y ARTÍCULO 24 DEL CODIGO GENERAL DEL

PROCESO.

Radicado interno: 2018101604 506 FUNCIONES JURISDICCIONALES 249 — SENTENCIA ANTICIPADA Expediente: 2018 - 1707

Demandante: LIBRADA MARRIAGA ALTAMAR

Demandada: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Encontrándose al Despacho el expediente, conforme a los principios de economía procesal y la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, en aplicación de lo previsto en el artículo 278 (numeral 3%) del Código General del Proceso, que dispone que: “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos (...) 3. Cuando se encuentra probada (...), la prescripción extintiva”, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir la siguiente:

SENTENCIA ANTICIPADA

l. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora LIBRADA MARRIAGA ALTAMAR, actuando a través de apoderada judicial, el pasado 1 de agosto de 2018, formuló demanda en contra de SEGUROS DEL ESTADO S.A., entidad vigilada por esta Superintendencia, pretendiendo, en síntesis: ... PAGO INDEMNIZACION. Se OBLIGUE u ORDENE a SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a favor de mi representado el valor total y efectivo de la INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE que le corresponde de su respectiva póliza de Seguro Obligatorio SOAT, aplicando la tabla para las indemnizaciones por PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, P.C.L., adoptada por el Decreto 056 de 2015, y de acuerdo a la fecha de accidente en el año 2015 y porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 21.24% la indemnización corresponde a la suma de : UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS ($1.689.103.00) en moneda corriente legal colombiana...”: junto con los intereses de mora, costas y agencias en derecho. Mediante auto del 23 de agosto de 2018 se admitió la demanda, la cual fue debidamente notificada a SEGUROS DEL ESTADO S.A. quien en tiempo contestó la misma solicitando se declare, entre otras la excepción de “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE PROTECCIÓN AL - CONSUMIDOR”, indicando ”... se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 58 numeral 3 de la ley 1480

de 2011... la demanda fue radicada el 1 de agosto de 2018 vencido el año después de la terminación de la vigencia de la póliza AT-1329-318564934 cuya vigencia era del 18 de agosto de 2015 al 17 de agosto de 2016, ha operado el fenómeno de la prescripción, aunado a lo anterior ... (la reclamación) fue presentada el 9 de abril de 2018, es decir fuera del año previsto (...)”. Situación que conllevó a la pasiva a concluir, con base en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011, que en el presente asunto operó prescripción de la acción de protección al consumidor financiero. Surtido el traslado de las excepciones, con pronunciamiento de la parte demandante, se procede a resolver conforme a las siguientes, Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

GOBIERNO PE ES LOMA j MINHACIENDA Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co Il CONSIDERACIONES Cumple precisar que la atribución de funciones jurisdiccionales, que de manera excepcional contempló el inciso 3” del artículo 116:Constitucional, a las autoridades administrativas, comporta una doble restricción, en la medida que, de un lado, "...únicamente pueden administrar justicia aquellas autoridades administrativas determinadas expresamente por la ley” y, del otro, el legislador ...debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible” (Sentencia C-1071-2002). En desarrollo de dicho canon constitucional, el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 asignó

funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera para"... conocer de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento inversión de los recursos captados del público” (se destaca), debiendo resaltarse que el numeral 3” del artículo 58 siguiente, dispuso que tratándose de controversias netamente contractuales la demanda deberá presentarse “... a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación...” (Negrilla y subrayado fuera de texto); competencia que fue incorporada por el legislador del 2012 en el artículo 24 del Código General del Proceso. Ahora, teniendo en cuenta que el inciso 2 del numeral 6 del mismo artículo 58, refiere que dicho término corresponde al fenómeno de la prescripción, definida como “un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción”, conforme lo dispone el artículo 2512 del Código Civil. Descendiendo al caso particular, se tiene que la controversia tiene por fuente el cumplimiento de obligaciones que emanan del contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito No. AT1329-318564934 que amparaba a la motocicleta de placa QJB-06B cuya vigencia transcurrió entre el 13 de agosto de 2015 y el 12 de agosto de 2016 (fi. 17), luego a partir del 13 de agosto de 2016 comenzó a correr el término de prescripción de la acción de protección al consumidor, toda vez que para ese momento terminó el contrato de seguro. En este orden, visto que el libelo introductorio fue radicado el 1 de agosto de 2018, se encuentra que para dicho momento había operado el fenómeno prescriptivo de la acción de protección al consumidor. Ahora bien, si en gracia de discusión, se tuviera como requerimiento escrito realizado al deudor, la solicitud presentada el 11 de septiembre de 2017, mediante el cual la demandante le presenta a la compañía de seguros solicitud de valoración por pérdida de capacidad, en atención a lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso, se tiene que en el presente caso dicha situación tampoco se vería modificada con la aplicación del fenómeno interruptivo de la prescripción, en tanto que, teniendo como punto de partida la fecha de la reclamación visible a (Fl. 12) con sello de radicado 11 de septiembre de 2017, el año feneció el 11 de septiembre de 2018, fecha para la cual como se mencionó, no se había interpuesto el líbelo demandatorio, ello reiterando, en caso de que se aceptara dicha solicitud de valoración de pérdida de capacidad como requerimiento escrito al deudor tal y como lo prevé el precitado artículo 94. Así las cosas, operó el fenómeno de la prescripción de la acción de protección al consumidor, en

lo relacionado con el citado contrato de seguro, y en los que soporta su reclamación, dando en este orden prosperidad a la excepción bajo en estudio y que fuese titulada por SEGUROS DEL ESTADO S.A. como "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR”, lo que conlleva a que dentro de este escenario jurisdiccional no sea posible analizar de fondo las pretensiones de la demanda respecto de la citada entidad aseguradora. No obstante lo anterior, si bien la acción de protección al consumidor se encuentra prescrita, dicha decisión no puede conllevar a coartar el derecho que le asiste al demandante para acceder ante la administración de justicia a través de las acciones ordinarias que surgen de! contrato de seguro y que no resultan excluidas por el ejercicio de la acción de protección al consumidor en un escenario ágil y sumario como lo estableció e legislador del 2011, situación que asume relevancia si se tiene en cuenta que la parte actora puede verse afectada con el transcurso del tiempo y el adelantamiento de la presente acción. En efecto, no puede desconocer esta Delegatura que aunque para los accionantes feneció la oportunidad de tramitar sus pretensiones a través de la acción de protección al consumidor, la decisión que aquí se toma no puede conllevar a coartar su derecho de acceder ante la administración de justicia, habilitado ante la Jurisdicción Ordinaria a través de la acción correspondiente, pues la consecuencia así impuesta resultaría excesiva y terminaría por desestimar tos derechos de quien inició la acción desconociendo los efectos de su eventual formulación oportuna, máxime si en aplicación de las disposiciones consagradas en el nuevo

Estatuto del Consumidor las normas deben ser interpretadas en la forma más favorable al consumidor. Análisis que encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, en el providencia C-662 del año 2004, en donde en su oportunidad el máximo órgano constitucional indicó que ...el juez de la causa, como árbitro del ejercicio procesal entre las partes, tendrá siempre la potestad de rechazar la demanda ante fa utilización impropia de! derecho de acción, por lo que podrá siempre dirigir la actuación ante la jurisdicción o el trámite conducente...”, en tanto que lo que se busca “...es impedir sanciones desproporcionadas para alguna de las partes en el proceso, que como se ha visto, en este caso afectan gravemente los derechos sustanciales del demandante. El proceso en consecuencia, no se afectaría desproporcionadamente, en la medida en que el juez de conocimiento siempre tendría una potestad para definir, sí es del caso, el alcance de las atribuciones del actor...”. Bajo los parámetros anteriores, se ordenará remitir el expediente al Juez que se considera competente, esto es, en atención al factor territorial, numeral 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, el Juez Civil Municipal de Cartagena (reparto), a quien se le remitirá la demanda junto con sus anexos. Finalmente, esta Delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR", propuesta por SEGUROS DEL ESTADO S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR en consecuencia las pretensiones de la demanda.

TERCERO: A efectos de garantizar el acceso a la administración de justicia por los aquí demandantes y atendiendo la existencia de acciones ordinarias derivadas del contrato de seguro, REMÍTASE el expediente al Juez Civil Municipal de Cartagena (reparto). Secretaria proceda de conformidad, dejando las constancias a que haya lugar CUARTO: Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría archivese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JORGE HUMBERTO TINJACÁ GARCIA

Asesor Delegatura para Funciónhes Jurisdiccionales ROSE , A E B R O P N Ó I C A C I F I T O N Ñ _ . o N o d a t s E r o p ó c i f i t o n e s r o i r e t n a o t u a l E be: 0001 908 19-40 ] A U Q A a o i r a t a r c e “ C