SFC - Indemnización en contrato de seguros id2021167170

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES Radicación:2021167170-014000

Fecha: 2021-10-25 18:59 Sec.día3279

Anexos: No

Trámite::506-FUNCIONES JURISDICCIONALES

Tipo doc::249-249 SENTENCIA ESCRITA NIEGA

Remitente: 80010-GRUPO DE FUNCIONES

JURISDICCIONALES UNO

Destinatario: :80000-80000-DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES Referencia: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE

2011 Y ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO-.

Número de Radicación : 2021167170-014-000

Trámite : 506 FUNCIONES JURISDICCIONALES Actividad : 249 249 SENTENCIA ESCRITA NIEGA Expediente : 2021-3218

Demandante : GLORIA AMPARO VARELA ROJAS

Demandados : BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

Anexos : Encontrándose al Despacho el expediente, conforme a los principios de economía procesal y la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, en aplicación de lo previsto en el numeral 3º del artículo 278 del Código General del Proceso, que dispone que: “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos (…) 3. Cuando se encuentra probada (…) la prescripción extintiva” (destacado fuera del texto original), se procede a proferir la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL La señora GLORIA AMPARO VARELA ROJAS, obrando en nombre propio, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., entidad vigilada de la Superintendencia Financiera de Colombia, con la cual pretende que se obligue a la aseguradora demandada al pago de la cobertura de incapacidad total y permanente correspondiente a un Seguro de

Vida Grupo Vital Hall Bancario. Admitida la demanda, se notificó a BBVA SEGUROS DE VIDA S.A. quien en oportunidad contestó la misma, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones con la formulación de sendas excepciones de mérito (derivado 011), dentro de las que se encuentra las rotuladas como “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR”, y “PRESCRIPCIÓN”, las cuales se proceden a su estudio, toda vez que en caso de prosperar, afectan los presupuestos procesales. De las excepciones propuestas se corrió traslado al demandante (derivado 012), quien no se pronunció sobre estas (derivado 013). Vencido el término el expediente ingresó al Despacho como consta en el Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

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www.superfinanciera.gov.co derivado 013, por lo que esta Delegatura se estará al contenido de las pruebas documentales que obran en el plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate alguno entre los opuestos procesales.

II. CONSIDERACIONES Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la

Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva “las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público” (se resalta), en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, ha denominado Acción de Protección al Consumidor. Bajo el marco de competencia jurisdiccional asignado a esta Superintendencia, de cara a los medios exceptivos referidos en los antecedentes de esta decisión, es necesario señalar que la ley define la prescripción como “un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción”, conforme lo dispone el artículo 2512 del Código Civil. Así las cosas, se tiene que la institución de la prescripción es un mecanismo implementado por el legislador para dotar con certeza jurídica las relaciones contractuales de los asociados, evitando dejar situaciones jurídicas sin resolver de manera indefinida en el tiempo, generando incertidumbre e inconformismo. Precisado lo anterior, y visto que la excepción rotulada como caducidad tiene como sustento que la acción de protección al consumidor financiero no fue instaurada dentro del término legal previsto para estos

efectos, debe tenerse en cuenta que el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, señaló que tratándose de controversias netamente contractuales, la referida acción deberá presentarse “a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato”, estableciendo de esta manera un límite temporal para su ejercicio, el cual se definió por el numeral 6º del citado artículo como un fenómeno de prescripción. En este orden, es claro que los supuestos fácticos que soportan el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 58 de la citada Ley, hacen relación al término para el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cumpliendo con la exigencia de que el mismo corresponde a un término prescriptivo que debe ser invocado como medio de defensa para proceder a su análisis, como en efecto ocurrió en el presente proceso. Al respecto, debe tenerse en consideración, entonces, que la citada norma dispone “Las demandas para efectividad de garantía, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso deberá aportarse prueba de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía” (Subrayado fuera del texto original). Descendiendo al caso en concreto, se tiene que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente del contrato de Seguro de Vida Grupo Vital Hall Bancario certificado No 00130323-69-4000084517, donde figura como tomador BANCO BBVA, como asegurada la señora

GLORIA AMPARO VARELA ROJAS y como aseguradora BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., conforme se desprende de las documentales aportadas con la demanda (derivado 000) y la contestación Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

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www.superfinanciera.gov.co de la demanda (derivado 011) del expediente digital, las cuales no fueron tachadas o desconocidas por las partes, situación que tampoco fue controvertida por los extremos procesales. La demandada argumenta que el contrato de seguro estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 2016, toda vez que operó la terminación por mora en el pago de la prima de contrato de seguro contratado, soportándose en la documental aportada con la contestación de la demanda, en la cual se expone certificado actual del producto contratado (derivado 011 en documento denominado Certificación Seguro VitalGloria Ampara Varela Rojas. pdf). Sin embargo, de la referida documental no es posible establecer la mora en los pagos de la póliza certificado No 00130323-69-4000084517 por parte de la demandante, puesto que con aquella (certificado de estado de la póliza expedido por la misma aseguradora), no se tiene certeza de la mora alegada y ante tal situación no advierte la Delegatura la terminación del seguro, razón por la cual la excepción de “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR” no está llamada a prosperar. Ahora bien, se procede a analizar la excepción denominada “PRESCRIPCIÓN”. Para el efecto, dado que la controversia tiene por fuente un contrato de seguro, cuya existencia aceptan las partes, como se

evidencia de los escritos de demanda y su contestación, es preciso resaltar que el mismo resulta ser un contrato regulado, entre otras disposiciones, por el Código de Comercio en especial los artículos 1036 a 1082. En este sentido, es de resaltar de las citadas disposiciones, que en el artículo 1081 Ibídem se consagra el régimen especial de prescripción en materia de seguros, en donde no solo se relaciona lo referente al tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Disposición cuyo tenor literal es el siguiente: “La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria (…) La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (…) La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho… Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. Sobre la citada figura, la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción civil, en sentencia del 4 de abril del año 2013, se pronunció en el siguiente sentido: “La Corte en anteriores pronunciamientos, precisó que “una y otra clase de prescripción ostentan diferente naturaleza, pues en tanto la ordinaria se estructura como subjetiva, la extraordinaria, por el contrario, se muestra netamente objetiva, como quiera que, in toto, se torna refractaria a cualquier consideración de otro tipo. Ello es así, en la medida en que la

comentada disposición hizo depender, la primera, del ‘conocimiento’ ‘que el interesado haya tenido o debido tener del hecho que da base a la acción’ y la segunda, del ‘momento en que nace el respectivo derecho’. En tal virtud, la operancia de aquélla implica el ‘conocimiento’ real o presunto por parte del titular de la respectiva acción, en concreto, de la ocurrencia del hecho que la genera, cuestión que dependerá, por tanto, no del acaecimiento del mismo, desde una perspectiva ontológica y, por ende, material, sino del instante en que el interesado se informó de dicho acontecer o debió saber de su realización, vale decir desde que se volvió cognoscible, o por lo menos pudo volverse (enteramiento efectivo o presuntivo, respectivamente)” (CSJ , Sala de Casación Civil, Mag. Ponente FERNANDO GIRLADO GUTIÉRREZ, abril 4 de 2013). En este orden, se debe resaltar que al señalar la norma transcrita los parámetros para determinar el momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, en el mismo se distingue entre el momento en que el interesado, quien deriva un derecho del contrato de seguro, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, para la prescripción ordinaria, y el momento del nacimiento del derecho con independencia de cualquier circunstancia para la extraordinaria; aspecto que resulta relevante al momento de evaluar el término que resultaría aplicable al particular. Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

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www.superfinanciera.gov.co Cabe recordar que como se mencionó anteriormente, el presente litigio tiene como fuente un contrato de

Seguro Vida Grupo Vital Hall en el cual se busca la afectación del amparo de Incapacidad Total y Permanente. Bajo este contexto, encontrando que la presente Litis está dirigida al reconocimiento de una indemnización por ocurrencia de un siniestro, siendo este la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio y, con el fin de proceder al estudio correspondiente, observa esta Delegatura que la aseguradora demandada soporta la excepción objeto de estudio en que la acción con que contaba el asegurado para reclamar se encuentra prescrita al haber transcurrido dos años desde la fecha en la cual se determinó una pérdida de capacidad laboral dictaminada por parte de la IPS de La Fundación Médico Preventiva, la cual sirvió de hecho al reclamo judicial elevado, esto es desde el 22 de agosto de 2016. Al respecto, como se mencionó en precedencia y se refiere en la demanda (derivado 000 hecho cuarto) la reclamación deviene de la calificación que hizo IPS La Fundación Médico Preventiva respecto del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la demandante equivalente al 56.37%, la cual fijó como fecha de estructuración de invalidez el 22 de agosto de 2016. Conforme a lo expuesto, para la debida contabilización del término prescriptivo derivado del contrato de seguro, no es posible asumir que a la fecha 22 de agosto 2016, la señora GLORIA AMPARO VARELA ROJAS conocía o debía conocer sobre la existencia del hecho generador de la indemnización, puesto que conforme a material probatorio allegado al expediente, no hay ningún elemento probatorio donde

conste que el dictamen fue notificado a la demandante en una fecha en particular, por lo no se podría establecer como fecha de partida para contar el plazo prescriptivo aquella correspondiente a la fecha de estructuración de la invalidez. Con base en ello, se tomará como fecha de inicio para el conteo de la prescripción contenida en el art 1081 del Código General del proceso, aquella en la que se encuentre probada que la señora VARELA ROJAS conocía del hecho que da base a la acción. Basándonos en los documentos remitidos como pruebas, se logra evidenciar que la primera manifestación de conocimiento del hecho que da lugar a la indemnización, se da en la reclamación ejercida por la demandante a la aseguradora el 10 de enero de 2017 (derivado 000-prueba denominada “reclamación póliza seguro vital 050.pdf), por lo que podemos establecer que a esa fecha la señora GLORIA AMPARO VARELA ROJAS tenía pleno conocimiento de la calificación de invalidez emitida la IPS La Fundación Médico Preventiva, lo que conllevaría a tener por acreditado el elemento subjetivo requerido por la prescripción ordinaria. Por lo anterior, si se toma como fecha de partida para contar el plazo prescriptivo alegado la precitada fecha, se llegaría a la inexorable conclusión que el término máximo que le asistía a la demandante, para reclamar el pago de la indemnización pretendida, no podría superar, en principio el 12 de enero 2019, siendo esta fecha anterior a la radicación del libelo introductorio que data del 2 de agosto del año 2021. Ahora bien, visto que el citado término prescriptivo puede ser interrumpido por las causales consignadas

en los artículo 2539 del Código Civil y el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, siendo estas el reconocimiento de la obligación por el deudor, expresa o tácitamente (interrupción natural), la demanda judicial (interrupción civil), o el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, la cual solo tendría lugar por una sola vez; encuentra la Delegatura que en el presente caso no se encuentra un reconocimiento de la obligación por la aseguradora o que la demanda fuera presentada con anterioridad a los dos años desde la notificación de la calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante, como se enunciara en precedencia, y que obedecen a los primeros dos eventos. Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

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www.superfinanciera.gov.co Por su parte, en relación con la causal de interrupción contenida en el Código General del Proceso, la misma dispone que “…[e]l término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez”, y por ende, debe tenerse en cuenta que de acreditarse esta situación daría como resultado el reinicio del conteo del término prescriptivo de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2536 del Código Civil “…comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”. Frente a lo anterior, dentro del plenario se observa reclamación efectuada por parte del demandante ante la aseguradora con fecha del 12 de enero 2017 (derivado 000), pero esta fue la misma que se tomó para contabilizar el momento que la demandante tuvo conocimiento con respecto al siniestro requerido, por lo

que la reclamación presentada no surtiría efecto como figura interruptiva de la prescripción, tomando en consideración que la figura mencionada solo surte efecto en la primera reclamación ejercida por el demandante el demandado. En este orden de ideas, dado que el libelo introductorio fue radicado hasta el 2 de agosto de 2021 (derivado 000) se encuentra que para la citada fecha había transcurrido el término de dos años contemplado en el artículo 1081 del Código de Comercio correspondiente al contrato de seguros, por lo que operó la prescripción ordinaria, lo que da lugar a la prosperidad a la excepción en estudio y que fuese titulada como “PRESCRIPCIÓN”, lo que conlleva a que no sea posible analizar de fondo las pretensiones de la demanda respecto al contrato de seguro reclamado, llevando así al traste con las pretensiones de la demanda, relevando a la Delegatura del análisis de otros medios exceptivos propuestos por la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta Delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Por lo expuesto, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR”, propuesta por la parte pasiva, en consideración con el expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de “PRESCRIPCIÓN” propuesta por la parte pasiva, por

las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NEGAR en consecuencia las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

EDUARD JAVIER MORA TELLEZ

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80010-COORDINADOR DEL GRUPO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES UNO

GRUPO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES UNO

Copia a: Elaboró:

ANDRES FELIPE GUERRERO MEDINA

Revisó y aprobó:

EDUARD JAVIER MORA TELLEZ

Superintendencia Financiera de Colombia DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES Notificación por Estado La providencia anterior se notificó por anotación en estado fijado 26 de octubre de 2021 Hoy

JEISSON RENÉ CAMARGO ARIZA

Secretario Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

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