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SFC - UVR. Crédito de Vivienda. Modificación unilateral del contrato CC. Sala Tercera de Revisión. M. P. Manuel José Cepeda Esp idT-1113195

Superintendencia Financiera

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Título
SFC - UVR. Crédito de Vivienda. Modificación unilateral del contrato CC. Sala Tercera de Revisión. M. P. Manuel José Cepeda Esp idT-1113195
Autor
Superintendencia Financiera
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Financiero
Año
—

Uvr-CrédVivienda040 Jurisprudencia Financiera y de Valores 2005 UVR. Crédito de Vivienda. Modificación Unilateral del Contrato Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-652 del 23 de junio de 2005. Expediente T-1113195.

Síntesis: Acción de tutela en razón a que la entidad demandada cambió unilateralmente las condiciones iniciales de un crédito pactado en pesos a UVR. Se ordena restablecer el crédito en pesos y en el plazo pactado inicialmente constatando que la obligación cumpla la prohibición de capitalización de intereses. | [§ 040] «(…)

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

(…)

2. Problema jurídico Debe la Corte determinar si la decisión del Fondo Nacional de Ahorro al modificar las condiciones de un crédito otorgado inicialmente en pesos y a un plazo de diecisiete años, vulneró el derecho al debido proceso de una deudora, en tanto, sin su consentimiento, esa entidad, con el objeto de adecuar su obligación a la Ley 546 de 1999, y a las circulares de la Superintendencia Bancaria, modificó unilateralmente las condiciones de su crédito de la siguiente manera : cambió de pesos a Unidades de Valor Real "U.V.R." y amplió el tiempo en el cual debía ser cancelado.

3. Principio de buena fe y respeto a los actos propios. Deber del Fondo Nacional de Ahorro de contar con la aprobación de los deudores para modificar las condiciones de los créditos que ha otorgado La Corte ya se ha referido en repetidas ocasiones1 a los cambios que el Fondo Nacional de Ahorro ha

realizado a los créditos otorgados, sosteniendo que el principio de buena fe y el respeto de los actos propios son dictados de los que no escapa el Fondo Nacional de Ahorro, pues como entidad que financia a largo plazo la adquisición de vivienda, cuando otorga un crédito, crea unas condiciones que se adaptan a la situación de cada uno de sus deudores, condiciones que ellos confían legítimamente se mantendrán a lo largo de toda la obligación; por ende, si éstas son modificadas por la entidad acreedora de manera unilateral y sin la aprobación del deudor, se configura una situación que efectivamente vulnera el derecho fundamental al debido proceso2. En la Jurisprudencia existente alrededor de este tema se presenta la misma situación que ahora se analiza, consistente en el cambio unilateral de las condiciones del contrato de mutuo para la adquisición de vivienda por parte del Fondo Nacional de Ahorro aduciendo que estos deben ser adecuados a la Ley 546 de 1999. En efecto, la Sentencia T-822 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se refirió a esta situación en los siguientes términos: "(...) la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional considera que debe concederse la tutela porque se violó el debido proceso en los cinco casos, en razón de no existir información suficiente al reliquidarse y redenominarse los créditos por parte del Fondo Nacional de Ahorro; y, en consecuencia, deben revocarse todas las decisiones de instancia que no aceptaron el amparo. La Corte ordenará que en la información que se debe dar a los deudores, el Fondo Nacional de Ahorro debe tener en cuenta lo estipulado en la Ley 546 de 1999 y lo ordenado en la Circular Externa 085 de 2000 de la

Superintendencia Bancaria que establece algunas de las condiciones que se deben llenar en la información para que se estime suficiente: • 'Información al Deudor. En cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 546 del 23 de diciembre de ...[31/12/23, 1:19:46 p. m.] Uvr-CrédVivienda040 1999, las entidades destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda vigentes y para los nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el usuario conozca suficientemente la operación del sistema, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias de su incumplimiento'. (Resaltado fuera de texto). Para lograr esa información precisa y completa, la citada Circular 098 de 2000 también recuerda que 'en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, norma cuya exequibilidad fue condicionada por la Sentencia C-955 de 2000 proferida por la H. Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo, deberá verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración: (...) a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del 30% de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000 (...)'. Además, se dará cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la Sentencia C-955 de 2000,

numerales 13 y 19, transcritos en la parte motiva del presente fallo. Solamente cuando se llenen las condiciones antes indicadas se puede dar por efectuada la información, sin violación al debido proceso"3. Posteriormente, la Sentencia T-793 de 20044 (M. P. Jaime Araújo Rentería) abordó nuevamente el tema, reiterando la T-822 de 2003. Esta vez no sólo ordenando que se informaran los cambios que iban a ser realizados en las condiciones del contrato de mutuo, sino ordenando adicionalmente el restablecimiento de los créditos a las condiciones que inicialmente fueron pactadas5. En la Sentencia T-212 de 2005, M. P. Alvaro Tafur Galvis6, se reiteró la jurisprudencia anotando que: "(...) los usuarios de créditos a largo plazo les asiste el derecho de contar con la oportunidad de discutir con su acreedor el mantenimiento de las condiciones pactadas, al punto que las modificaciones inconsultas, por el solo hecho de la imposición, además de constituir manifestaciones abusivas, contrarias a la buena fe y al respeto por el acto propio, infunden desconfianza a las actividades financieras y quebrantan, no sólo los derechos patrimoniales de sus deudores, sino particular y principalmente sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad". De la doctrina vigente sobre este tema se concluye que el Fondo Nacional de Ahorro, al modificar de manera unilateral e inconsulta las condiciones de los créditos de vivienda otorgados a sus deudores: (i) afecta de manera flagrante el derecho al debido proceso de sus asociados y (ii) abusa de su posición dominante pues la modificación de las condiciones de los créditos que ha otorgado deben ser consultados con el deudor

dentro del marco arriba descrito, más aún cuando existen diversas opciones que permiten mantener los créditos en pesos7.

4. Caso concreto (...) accedió a un crédito de vivienda a través del Fondo Nacional de Ahorro, obligación que fue pactada en pesos, a una tasa fija y a un término de diecisiete años8. No obstante, esa entidad de manera unilateral e inconsulta modificó las condiciones de su obligación, cambiándola a Unidades de Valor Real "UVR" y ampliando el plazo para su pago.

El Fondo Nacional de Ahorro en la respuesta que dirigió al Juez de primera instancia, informó que en cumplimiento de la Ley 546 de 1999, y las directrices de la Superintendencia Bancaria modificó las condiciones del crédito de la demandante, pues el sistema de amortización que esa entidad venía manejando permitía la capitalización de intereses. Agregó, que en tanto el incremento de las cuotas mensuales quedó sujeto al IPC, éstas se disminuyen en su valor y, por consiguiente, el tiempo requerido para pagar la obligación debía ampliarse. El asunto así planteado, se enmarca dentro de los casos ya estudiados por la Corte y por ello es menester reiterar lo dicho por la jurisprudencia ya reseñada. En orden a lo anterior, es evidente que a la demandante le asistía el legítimo derecho de confiar en que la transacción tal como fue planeada desde su firma debía continuar su curso hasta concluir tal como se había iniciado. No obstante, en claro abuso de la posición dominante, el Fondo Nacional de Ahorro, amparado en el cumplimiento de una ley y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria, modificó las condiciones inicialmente pactadas, y, aunado a lo

anterior, no consultó la voluntad de la demandante, vulnerando así su derecho al debido proceso, en tanto su decisión no tuvo la publicidad necesaria ni otorgó la información que los demandante pudo necesitar para ...[31/12/23, 1:19:46 p. m.] Uvr-CrédVivienda040 conocer cuáles eran sus derechos frente a la modificación de sus créditos9. En este orden de ideas, esta Sala considera que la conducta del Fondo Nacional de Ahorro en efecto vulneró los derechos fundamentales de (...)10, por lo que concederá la protección solicitada en la presente acción.

V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero. REVOCAR la sentencia proferidas por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá el 11 de abril de 2005, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora (...) contra el Fondo Nacional de Ahorro.

Segundo. En consecuencia CONCEDER el amparo solicitado por la actora y ORDENAR que se proceda de conformidad con éstas etapas: (a) Que en el término de cinco (5) días el Fondo Nacional de Ahorro restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo pactado inicialmente con la demandante; (b) Una vez cumplido lo anterior, ORDENAR a la entidad demandada que, en el término de quince (15) días, verifique si dicho crédito cumple o no con la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que se constate que el crédito de la demandante resulta contrarios a lo que se ha establecido por la Corte

Constitucional en dicho sentido y con las normas legales vigentes, el Fondo Nacional de Ahorro deberá dar, dentro del mismo plazo, a la señora (...)información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de dicha condición, de manera tal que ella conozca suficientemente cómo opera el crédito, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y cuál va a ser el procedimiento a seguir por parte del Fondo Nacional de Ahorro para ajustar su crédito a la prohibición de capitalización de intereses; (c) En el evento en que sea necesario modificar las condiciones inicialmente pactadas del créditos en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos adquirió la demandante y que debe continuar en pesos, será necesario contar con su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional de Ahorro pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia contractual. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que se reitera en este fallo y la normatividad vigente sobre la materia. (…).» 1 Sentencias T-822 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-357 de 2004, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-793 de 2004, M. P. Jaime Araujo Rentaría; T-212 de 2005, M .P Álvaro Tafur Galvis y T-611 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Sentencia T-611 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 3 Este precedente fue reiterado en la sentencia T-357 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), al tratar un asunto igual al que ahora se

estudia. 4 Reiterada en la Sentencia T-611 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 5 En la sentencia T-822 de 2003 la Corte consideró que: "Ahora bien, sin profundizar en el tema, no resultaba necesario para el Fondo Nacional de Ahorro abusar de su posición dominante y desmotar el crédito sin que el beneficiario de éste pudiese participar de ninguna manera en el proceso, sino que incluso le era dable a la entidad, si percibía que existía una indebida forma de amortización, conservar para su afiliado el sistema de pesos, pero ajustando la forma de liquidación de intereses a los parámetros legales. Además debe tenerse en cuenta que, según lo transcribe la misma entidad demandada, la orden proveniente de la Superintendencia Bancaria en virtud de la cual tomó la decisión de modificar el crédito del autor, instaba al Fondo a ajustar los sistemas de amortización, mas no a variar los créditos obtenidos en moneda legal al sistema de unidades de valor real, UVR. En resumen, esta Sala considera que la conducta del Fondo Nacional de Ahorro es violatoria de los derechos fundamentales del actor. En consecuencia ordenará a esta entidad restablecer el crédito en pesos según lo pactado inicialmente con el actor. Una vez cumplido aquello, la entidad demandada deberá verificar si dicho crédito cumple o no con lo que esta misma Corporación y la Ley han establecido en relación con la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que se verifique que el crédito del actor resulta contrario a lo que se ha establecido en dicho sentido, el Fondo Nacional de Ahorro deberá dar al señor (...) información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de dicha condición, de manera tal que éste conozca suficientemente cómo opera el

crédito, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y cual va a ser el procedimiento a seguir por parte del Fondo Nacional de Ahorro para ajustar el crédito a la prohibición de capitalización de intereses, conservando el pacto inicial en el sentido de que aquel se denominaría en pesos. En el evento en que sea necesario, para ajustar a la jurisprudencia de ésta Corporación, modificar las condiciones inicialmente pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos adquirió el señor (...) y que debe continuar en pesos, será necesario contar con el consentimiento o aquiescencia del señor (...)y en caso de que éste no lo dé, se mantendrán las condiciones inicialmente pactadas, pero el Fondo Nacional de Ahorro podrá acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia contractual." 6 Esta acción de tutela fue instaurada por el cónyuge de una persona que es titular de un crédito hipotecario otorgado por el Fondo Nacional de Ahorro y que es actualmente víctima del delito de secuestro. En este caso las condiciones del crédito hipotecario fueron cambiadas de manera unilateral por esa entidad. 7 Sentencia T-611 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. ...[31/12/23, 1:19:46 p. m.] Uvr-CrédVivienda040 8 A folios 68 al 70 del expediente de tutela obra un memorando suscrito por el Coordinador Grupo Análisis y Recaudos en el que se lee que el crédito de la demandante efectivamente fue pactada inicialmente a 204 cuotas, es decir diecisiete años con un incremento anual de cuota del 20% efectivo anual. 9 Ver T-822 de 2003 en el sentido de la violación al debido proceso por falta de publicidad de los actos y T-611 de 2005, M. P. Marco

Gerardo Monroy Cabra. 10 Es claro que la modificación de las condiciones del contrato de mutuo para la adquisición de vivienda, suscrito por la demandante con el Fondo Nacional de Ahorro fue modificado de manera unilateral por esa entidad, pues en su intervención, se refirió a una comunicación de fecha 15 de agosto de 2002 en la que "(...) se le explicaron las circunstancias por las cuales de decidió cambiar el sistema de amortización que venía aplicando a los créditos hipotecarios otorgados antes del 31 de diciembre de 1999". Esta afirmación, y la fecha de la comunicación dejan en claro que las modificaciones reprochadas por la demandante se realizaron sin su consentimiento, y la información suministrada sobre las modificaciones realizadas fue suministrada de manera tardía, afectado de esta manera los derechos que aquí reclama. z ...[31/12/23, 1:19:46 p. m.]

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