SS - Oficio 220-037838 de 2010

OFICIO 220-037838 DEL 22 DE JUNIO DE 2010

REF.: LEGALIDAD DE DECISIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS

SOCIALES.

Me refiero a su comunicación radicada bajo el No. 2010-01-122940, mediante la cual formula una serie de interrogantes relacionados con la validez y las consecuencias de orden jurídico que pudieran surgir respecto de las decisiones adoptadas por la junta de socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que no cumplieran eventualmente las reglas previstas en los estatutos de la compañía. Sobre el particular es necesario advertir que este Despacho con fundamento en el artículo 25 del C.C.A. profiere los conceptos de carácter general y abstracto a que haya lugar, con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, mas no le es dable mediante esta instancia emitir pronunciamientos de ninguna índole sobre situaciones particulares y concretas, ni menos sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones de los órganos sociales o los actos realizados al interior de sociedades cuya identidad y antecedentes no se precisan. Ello como es obvio supone entre otros, contar con los elementos de juicio suficientes para examinar en cada caso las circunstancias de la sociedad y las condiciones en que hayan sido adoptadas las determinaciones, o celebrado los actos en particular, pues las actuaciones de la administración no pueden obedecer a la mera evaluación de hechos que describan terceros, lo que resulta igualmente predicable de cualquier irregularidad que comprometa a los administradores, los socios o cualquiera otro órgano. Para ese fin y siempre que se trate de sociedades no sometidas a la vigilancia de

otros organismos a quienes les competa conocer de esos asuntos, uno o más de los asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital social o alguno de sus administradores, podrán por sí o por medio de apoderado, solicitar la adopción de cualquiera de las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, entre ellas la práctica de investigaciones administrativas, a las que habrá lugar cuando quiera que se pretenda verificar la ocurrencia de hechos lesivos de los estatutos o de la ley, en cuyo caso esta Entidad decretará las medidas pertinentes, según las facultades asignadas en la misma ley. Ahora, si el propósito es verificar la legalidad de las decisiones emanadas de los órganos sociales, se tendrá en cuenta que al tenor del artículo 191 del Código de Comercio, los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar sus decisiones cuando exista mérito para considerar que no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos, en cuyo caso la acción correspondiente se habrá de intentar ante los jueces según los términos del artículo 421 del C.P,C. o, ante esta Superintendencia, tratándose de sociedades sujetas a su vigilancia, conforme al artículo 137 de la Ley 446 de 1998, la que puede también reconocer la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia previstos en el libro Segundo del Código de Comercio, bien en ejercido de la facultad jurisdiccional que le confiere el artículo 133 de esta última ley o, de la facultad administrativa consagrada en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

A ese respecto es pertinente indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Comercio “las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previsto en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes.” En los anteriores términos y con los alcances previstos en el citado artículo 25 del C.C.A. se ha dado trámite a su solicitud, esperando que la información proporcionada le sea de utilidad; para ese fin podrá consultar la P. WEB de la Entidad donde encontrará entre otros los conceptos jurídicos que la misma emite sobre las materias de su competencia.