SS - Oficio 220-23030

220-23030, 19 de mayo de 2004

Ref: Liquidación de sociedades – Actuaciones ante la Superintendencia de Sociedades – Aprobación del inventario Me refiero a su escrito remitido vía correo electrónico, y que fuera radicado en esta Entidad con el número 2004-01061984, a través del cual consulta sobre los documentos necesarios que se deben aportar para la liquidación de una sociedad que se encuentra disuelta desde el año 2001.

Sobre el particular, partiendo de la base que se trata de una liquidación privada, me permito manifestarle que en relación con una sociedad por acciones que este adelantando o pretenda adelantar un proceso liquidatorio, entre las cuales encontramos la anónima, esta Superintendencia solo imparte la aprobación del inventario del patrimonio social de las mencionadas compañías, cuando se encuentren incursas en alguna de las causales de vigilancia establecidas en el Decreto 3100 del 30 de diciembre de1997 (Ley 222 de 1995, en concordancia con lo consagrado en el artículo 233 del Código de Comercio. Igualmente, en el caso objeto de su consulta, se le informa que dicha aprobación se imparte también sobre las sociedades de responsabilidad limitada, sometidas a su vigilancia, siempre y cuando medie solicitud expresa al respecto (artículo 234 del citado código). No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que esta Superintendencia, cuando lo considere pertinente, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control que le fueron expresamente otorgadas por la mencionada ley, puede solicitar a cualquier sociedad, que se encuentre adelantando un proceso liquidatorio, acreditar el cumplimiento de una etapa o de todo el procedimiento consagrado en el artículo 225 y siguientes del

Estatuto Mercantil. En este orden de ideas debe determinarse si la compañía en cuestión se encuentra incursa en alguna de las causales de vigilancia y de acuerdo a ello, proceder de conformidad. En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.