TA - 05-001-33-33-025-2014-01248-01.-(12-12-2014)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE

ANTIOQUIA

SALA PRIMERA DE ORALIDAD MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ Medellín, doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014)

ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

PROCEDENCIA: JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO.

INSTANCIA: SEGUNDA.

SENTENCIA: SPO -612-Ap.

TEMA: DERECHO DE PETICIÓN- -Alcance y contenido DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA. CORFIRMA SENTENCIA Se decide sobre la impugnación interpuesta por el ICBF contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2014, que tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante.

ANTECEDENTES La señora EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la Acción de Tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se accediera a las siguientes:

PRETENSIONES.

Que se tutele los derechos fundamentales invocados en la demanda; y se ordene a la entidad accionada la entrega permanente e inmediata de las

ayudas humanitarias, sin atender a la asignación de turnos.ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

2-8

HECHOS.

Afirmó la accionante que es desplazada por la violencia y convive con su núcleo familiar. Manifiesta que solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria a la UARIV y, con fundamento visible a folio 4, explica que la UARIV le asignó el turno 3C-119575, sin indicar fecha cierta para la entrega del beneficio.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A-QUO.

Correspondió por reparto el conocimiento de la presente acción al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín, quien mediante auto del 16 de octubre de 2014 admitió la acción de tutela en contra de la UARIV y vinculó al ICBF, para que en el término de 2 días hábiles se pronunciaran sobre los hechos de la demanda.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS.

En escrito del 21 de octubre del presente, la UARIV solicita negar las peticiones de la demanda, pues en la respuesta ofrecida a la accionante, asignó el turno 3C-119575 para ser cobrado dentro de aproximadamente 5 meses. Sin embargo, esta Sala no encuentra que el plazo de la entrega se haya comunicado efectivamente a la parte intersada.

Por su parte, en escrito de la misma fecha, el ICFB solicita su desvinculación del trámite, al considerar que la accionante debe ser atendida exclusivamente por la UARIV en la etapa de emergencia y que, además, conforme al inc. 2° del art. 112 del Decreto 4800 de 2011, la señora EDITH DEL SOCORRO LLORENTE no se encuentra en la etapa de transición, pues fue desplazada más de 10 años antes de la solicitud.

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, mediante la Sentencia impugnada, decidió tutelar el derecho fundamental de petición del actora, yACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01. 3-8 en consecuencia ordenó a la UARIV que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, diera respuesta de fondo a la solicitud de ayuda humanitaria de la señora EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES, comunicando una fecha cierta y razonable de entrega . Así mismo, de proceder la ayuda humanitaria de transición, el despacho ordenó a la UARIV remitir la información al ICBF para que ésta conteste la solicitud respecto del componente de su competencia.

LA IMPUGNACIÓN.

En escrito del 29 de octubre de 2014, el ICBF impugnó el fallo de primera

instancia y solicitó su revocación, pues reiterando los argumentos de la contestación, considera que la accionante debe ser atendida exclusivamente por la UARIV en la etapa de emergencia y que, además, conforme al inc. 2° del art. 112 del Decreto 4800 de 2011, la señora EDITH DEL SOCORRO LLORENTE no se encuentra en la etapa de transición, pues fue desplazada más de 10 años antes de la solicitud.

CONSIDERACIONES.

Se procede a resolver la impugnación interpuesta por el ICBF, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco de Medellín, que decidió tutelar el derecho fundamental de petición en favor de la actora. A efectos de resolver la impugnación, la sentencia se referirá a la procedencia de la acción de tutela, la ayuda humanitaria, el Derecho de Petición, y se resolverá el caso concreto. Frente a la procedencia de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela para que toda persona pueda: “... reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados oACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

4-8 amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Con relación a la Atención Humanitaria de transición, el artículo 65 de la ley 1448 de 2011 establece que ésta se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Población Desplazada que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia. Ahora bien, frente al tema de la prórroga de atención humanitaria (hoy, ayuda humanitaria de transición) y situación de personas desplazadas, la jurisprudencia constitucional ha previsto una interpretación conforme a la Constitución Política, de las disposiciones que rigen la situación de las personas desplazadas. Esta doctrina constitucional fue desarrollada en la sentencia SU-1150 de 2000, la cual manifestó lo siguiente: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado. La adquisición de un determinado derecho implica siempre que en cabeza de un titular se cumplan ciertas condiciones, lo que acarrea como consecuencia que se configure una situación jurídica concreta. Esto significa que el derecho a recibir por parte del Estado la ayuda humanitaria de emergencia bajo los parámetros establecido en la ley 387 de 1997, es un derecho adquirido para aquellas personas que cumplan los requisitos para recibir la ayuda, como lo es el registro en el RUPD. Así, en el artículo 21 del Decreto 2569 de 2000 se señala:

387 de 1997, es un derecho adquirido para aquellas personas que cumplan los requisitos para recibir la ayuda, como lo es el registro en el RUPD. Así, en el artículo 21 del Decreto 2569 de 2000 se señala: “Artículo 21. PRORROGA DE LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional, se podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por un término de 3 meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad. La prórroga excepcional se aplicará exclusivamente a hogares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada y que cumplan las siguientes condiciones…” En este orden de ideas, se presenta un derecho adquirido cuando: (i) es predicable de un sujeto y (ii) los hechos descritos en las premisasACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01. 5-8 normativas se cumplen (iii) ingresando definitivamente en el patrimonio de una persona”.

Sobre el Derecho de petición y su satisfacción plena, ha expresado la Corte Constitucional: “El artículo 23 de la Carta faculta a toda persona a “presentar peticiones respetuosas ante las autoridades” – o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley –, y, principalmente, "a

Constitucional: “El artículo 23 de la Carta faculta a toda persona a “presentar peticiones respetuosas ante las autoridades” – o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley –, y, principalmente, "a obtener pronta resolución". Consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada.

De conformidad con la doctrina constitucional en la materia, esa respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible 1, pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución. (…) En un fallo reciente 2, la Corte Constitucional resumió las reglas básicas que rigen el derecho de petición, tal y como han sido precisados en su jurisprudencia: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. “b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. “c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente

con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. “d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. “e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine”. (…) El derecho de petición es, en consecuencia, de rango fundamental y por ello las autoridades públicas en todos los eventos y los particulares, en los casos que el legislador lo determine, están en la obligación perentoria de resolver de fondo las inquietudes que se le planteen por parte de cualquier persona.

1 Corte constitucional, sentencia T481 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein 2 Corte constitucional, sentencia T-1089 de 2001 M.P Manuel José Cepeda EspinosaACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

6-8 Caso en Concreto. El A quo decidió tutelar el derecho fundamental de petición de la actora, y en consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas que diera respuesta de fondo a la solicitud de ayuda humanitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la pretensión invocada el tutelante, relacionada con la protección del derecho de petición, no se encuentra plenamente satisfecha, pues, como se desprende del acervo

la solicitud de ayuda humanitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la pretensión invocada el tutelante, relacionada con la protección del derecho de petición, no se encuentra plenamente satisfecha, pues, como se desprende del acervo probatorio, a pesar de que entidad asignó un turno de respuesta, no comunicó fecha cierta para la entrega del beneficio deprecado. Por ello, la Sala considera que ésta no es una respuesta clara ni de fondo, y no resuelve lo solicitado por la parte actora; ya que debe explicitarse una fecha cierta en la que recibirá la ayuda humanitaria; más aun entendiendo que se trata de una persona que cuenta con especial protección del Estado por ser desplazado en razón del conflicto armado en Colombia. En este sentido: “[L]a Corte Constitucional ha reiterado que la entrega de la ayuda humanitaria tiene que respetar el orden cronológico de los turnos asignados de acuerdo con el derecho a la igualdad de la población desplazada. Por esta razón ha establecido que, en principio, la acción de tutela no puede ser el mecanismo para ordenar la entrega inmediata de la ayuda de emergencia salvo cuando se trate de casos excepcionales o de extrema urgencia, razón por la cual, la Corte Constitucional se ha limitado en varios pronunciamientos a ordenar que se informe a la población beneficiaria acerca de una fecha razonable en la que se entregará la ayuda. En esa medida, la Corte Constitucional ha considerado que el respeto por el sistema de turnos no

significa que las autoridades se eximan de la obligación de informar acerca de una fecha razonable y demás circunstancias en las que la entrega se materializará ”3. (Negrillas fuera de texto) En consideración a lo anterior, la sentencia habrá de ser CONFIRMADA en lo que respecta a la competencia de la UARIV para resolver la solicitud de la actora.

3 Auto 099 de enero 25 de 2013ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

7-8 Ahora bien, en lo que atañe a las órdenes impartidas al ICBF y las razones de la impugnación, debe advertirse que, en las solicitudes de ayudas humanitarias, el sujeto pasivo del derecho de petición puede ser plural, ya que si es procedente la ayuda de transición después de la caracterización, tanto la UARIV como el ICBF están obligados a resolver sobre los componentes de alojamiento y alimentación. En este evento, el Instituto está legitimado por pasiva en virtud del traslado de información que debe realizar la Unidad; por tanto, salvo ésta determine que la peticionaria está en la etapa de emergencia, el Instituto no puede ser desvinculado del proceso. Por lo demás, debe advertirse que la respuesta dirigida a las instancias judiciales en una acción de tutela que reclama la protección al derecho de

petición, no satisface la garantía constitucional del artículo 23 de la Constitución Política, pues, quien reclama dicha omisión es precisamente la parte actora. Al respecto la Corte Constitucional ha fijado su posición estableciendo que: “Lo que la entidad sindicada de violar el derecho de petición informe al juez de tutela para justificar la mora en la resolución o para suministrar datos sobre el trámite de una solicitud no constituye respuesta al peticionario. El sentido del derecho fundamental en cuestión radica en que sea la persona solicitante la que reciba contestación oportuna. Cuanto se haga luego ante el juez de tutela, puesto que precisamente tal acción tiene por fundamento la violación del derecho, es ya tardío e inútil, a no ser que se trate de probar documentalmente que ya hubo respuesta y que ella se produjo en tiempo, con lo cual se desvirtuaría el cargo formulado”. “Tener por contestación lo que se informa al juez, en especial si -como en este casose está reconociendo por el propio ente obligado que todavía no se ha respondido la solicitud, es contraevidente”4. (Negrillas fuera de texto) Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión deberá CONFIRMARSE, pues si después de la caracterización se encuentra la procedencia de las ayudas humanitarias de transición, el ICBF está obligado a resolver fondo sobre la procedencia o no del componente alimentario y a notificar la respuesta a la peticionaria para que, en caso que la resolución sea desfavorable, ésta pueda impugnarla a través de los recursos procedentes.

4 Corte constitucional. Sentencia T 388 de 1997. MP.ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: EDITH DEL SOCORRO LLORENTE TORRES.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-025-2014-01248-01.

8-8 Por lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: CORFIRMAR la sentencia 23 de octubre de 2014 del Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín. SEGUNDO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y comuníquese la decisión al juzgado de origen. CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE Esta providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en

Acta Nro. -164LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

YOLANDA OBANDO MONTES

ÁLVARO CRUZ RIAÑO