TA - 05001333302720140149401.-(05-12-2014)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE

ANTIOQUIA

SALA PRIMERA DE ORALIDAD MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ Medellín, cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014)

ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05001333302720140149401.

PROCEDENCIA: JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO.

INSTANCIA: SEGUNDA.

SENTENCIA: SPO - 598 -Ap.

Se decide sobre la impugnación interpuesta por el ICBF contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2014, que tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante. ANTECEDENTES La señora CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la Acción de Tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se accediera a las siguientes:

PRETENSIONES.

Que se tutele los derechos fundamentales invocados en la demanda; y se ordene a la entidad accionada la entrega de las ayudas humanitarias.

HECHOS.

Afirmó la accionante ser desplazada por la violencia, debidamente registrada en el RUV, madre cabeza de hogar, con un núcleo familiar

TEMA: DERECHO DE PETICIÓNAlcance y contenido DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA. MODIFICA SENTENCIAACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

TEMA: DERECHO DE PETICIÓNAlcance y contenido DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA. MODIFICA SENTENCIAACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01. 2-8 conformado por mayores y menores de edad, que presentó solicitud de ayuda humanitaria, de la cual recibió respuesta donde la UARIV le asignaba el turno 3A-81982.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A-QUO.

Correspondió por reparto el conocimiento de la presente acción al Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, quien mediante auto del 14 de octubre de 2014 admitió la acción de tutela en contra de la UARIV y vinculó al ICBF, para que en el término de dos (2) días hábiles se pronunciaran sobre los hechos de la demanda.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS.

El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMLIAR, mediante oficio radicado el 17 de octubre de 2014, manifestó que no está demostrada la competencia del ICBF en la atención del hogar, así mismo, no está demostrado que el ICBF vulnere o amenace los derechos fundamentales del hogar del accionante, por lo cual solicita se abstenga el a quo de emitir ordenes en su contra (folios 10 y siguientes).

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 23 de octubre de 2014, consideró, que era procedente el amparo constitucional, y ordenó a la UARIV que en el término de quince (15) días siguientes a la notificación del fallo, respondiera de fondo la petición de ayuda humanitaria elevada por la accionante, informando la fecha cierta y exacta entro de un término oportuno en el cual le harán entrega de la suma correspondiente al turno 3A-81982. También, ordenó al –ICBFque en un término máximo de 15 días contados a partir del recibo de la solicitud de la actora, previa remisión por parte de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, contestara la petición respecto a lo de su competencia.ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01.

3-8

LA IMPUGNACIÓN.

Mediante escrito radicado el 29 de octubre de 2014, el ICBF impugnó el fallo de primera instancia, aduciendo: Que no existe legitimación en la causa por pasiva respecto de ella, dado que no es la competente para brindar el componente de alimentación, pues conforme a los documentos aportados por la UARIV en la presente acción, la señora CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO tiene una clasificación 3A que da cuenta de una vulnerabilidad alta, razón por la cual tanto el componente de alojamiento como el de alimentación deben ser atendidos por la Unidad de Víctimas (folios 30 y siguientes).

CONSIDERACIONES.

que da cuenta de una vulnerabilidad alta, razón por la cual tanto el componente de alojamiento como el de alimentación deben ser atendidos por la Unidad de Víctimas (folios 30 y siguientes).

CONSIDERACIONES.

Se procede a resolver la impugnación interpuesta por el ICBF, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que decidió tutelar el derecho fundamental de petición en favor de la actora. A efectos de resolver la impugnación, la sentencia se referirá a la procedencia de la acción de tutela, la ayuda humanitaria, el Derecho de Petición, y se resolverá el caso concreto. Frente a la procedencia de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela para que toda persona pueda: “... reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Con relación a la Atención Humanitaria de transición, el artículo 65 de la ley 1448 de 2011 establece que ésta se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Población Desplazada que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima,ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01. 4-8 pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.

Ahora bien, frente al tema de la prórroga de atención humanitaria (hoy, ayuda humanitaria de transición) y situación de personas desplazadas, la jurisprudencia constitucional ha previsto una interpretación conforme a la Constitución Política, de las disposiciones que rigen la situación de las personas desplazadas. Esta doctrina constitucional fue desarrollada en la sentencia SU-1150 de 2000, la cual manifestó lo siguiente: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado. La adquisición de un determinado derecho implica siempre que en cabeza de un titular se cumplan ciertas condiciones, lo que acarrea como consecuencia que se configure una situación jurídica concreta. Esto significa que el derecho a recibir por parte del Estado la ayuda humanitaria de emergencia bajo los parámetros establecido en la ley 387 de 1997, es un derecho adquirido para aquellas personas que cumplan los requisitos para recibir la ayuda, como lo es el registro en el RUPD. Así, en el artículo 21 del Decreto 2569 de 2000 se señala:

“Artículo 21. PRORROGA DE LA ATENCION HUMANITARIA DE

EMERGENCIA. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional, se podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por un término de 3 meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad. La prórroga excepcional se aplicará exclusivamente a hogares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada y que cumplan las siguientes condiciones…” En este orden de ideas, se presenta un derecho adquirido cuando: (i) es predicable de un sujeto y (ii) los hechos descritos en las premisas normativas se cumplen (iii) ingresando definitivamente en el patrimonio de una persona”. Sobre el Derecho de petición y su satisfacción plena, ha expresado la Corte Constitucional: “El artículo 23 de la Carta faculta a toda persona a “presentar peticiones respetuosas ante las autoridades” – o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley –, y, principalmente, "a obtener pronta resolución". Consiste no sólo en el derecho de obtenerACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01. 5-8 una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada.

De conformidad con la doctrina constitucional en la materia, esa respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe

5-8 una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada. De conformidad con la doctrina constitucional en la materia, esa respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible 1, pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución. (…) En un fallo reciente 2, la Corte Constitucional resumió las reglas básicas que rigen el derecho de petición, tal y como han sido precisados en su jurisprudencia: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. “b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. “c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. “d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. “e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine”. (…)

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine”. (…) El derecho de petición es, en consecuencia, de rango fundamental y por ello las autoridades públicas en todos los eventos y los particulares, en los casos que el legislador lo determine, están en la obligación perentoria de resolver de fondo las inquietudes que se le planteen por parte de cualquier persona. Caso en Concreto. El A quo decidió tutelar el derecho fundamental de petición de la actora, y en consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas que diera respuesta de fondo a la solicitud de ayuda humanitaria, también, le ordenó que remitiera al ICBF la información respecto de la accionante para que garantice el componente de alimentación si a este hubiere lugar.

1 Corte constitucional, sentencia T481 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein 2 Corte constitucional, sentencia T-1089 de 2001 M.P Manuel José Cepeda EspinosaACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01.

6-8 De otro lado, ordenó al ICBF que en un término máximo de 15 días contados

a partir del recibo de la solicitud de la actora, previa remisión por parte de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, informara a las señora CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO, lo de su competencia. Ahora bien, en lo que atañe a las órdenes impartidas al ICBF y las razones de la impugnación, debe advertirse que, en las solicitudes de ayudas humanitarias, el sujeto pasivo del derecho de petición puede ser plural, ya que si es procedente la ayuda de transición después de la caracterización , tanto la UARIV como el ICBF están obligados a resolver sobre los componentes de alojamiento y alimentación. En este evento, el Instituto está legitimado por pasiva en virtud del traslado de información que debe realizar la Unidad; por tanto, salvo ésta determine que la peticionaria está en la etapa de emergencia, el Instituto no puede ser desvinculado del proceso. Por lo demás, la respuesta dirigida a las instancias judiciales en una acción de tutela que reclama la protección al derecho de petición, no satisface la garantía constitucional del artículo 23 de la Constitución Política, pues, quien reclama dicha omisión es precisamente la parte actora. Por ello, si el ICBF considera que la ayuda es improcedente, debe manifestarle las razones al peticionario, no al juzgado. Al respecto la Corte Constitucional ha fijado su posición estableciendo que: “Lo que la entidad sindicada de violar el derecho de petición informe al juez de

tutela para justificar la mora en la resolución o para suministrar datos sobre el trámite de una solicitud no constituye respuesta al peticionario. El sentido del derecho fundamental en cuestión radica en que sea la persona solicitante la que reciba contestación oportuna. Cuanto se haga luego ante el juez de tutela, puesto que precisamente tal acción tiene por fundamento la violación del derecho, es ya tardío e inútil, a no ser que se trate de probar documentalmente que ya hubo respuesta y que ella se produjo en tiempo, con lo cual se desvirtuaría el cargo formulado”. “Tener por contestación lo que se informa al juez, en especial si -como en este casose está reconociendo por el propio ente obligado que todavía no se ha respondido la solicitud, es contraevidente”3. (Negrillas fuera de texto) Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente atender la solicitud del ICBF de revocar las órdenes en su contra.

3 Corte constitucional. Sentencia T 388 de 1997. MP.ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01.

7-8 Por otro lado, atendiendo a lo deprecado por la accionante en cuanto a que afirma que el turno 3A-81982 fue generado el 5 de junio de 2014, el cual estaría disponible para cobro dentro de los dos (2) meses siguientes; como

dicha afirmación no fue controvertida por la UARIV, se entenderá que es cierta. Por lo tanto, se observa que el término brindado por la entidad para hacer efectiva la entrega de la ayuda humanitaria se encuentra vencido, habida cuenta que la fecha límite era el 5 de agosto de 2014. En consecuencia, pese a que esta Corporación ha dispuesto en pronunciamientos anteriores, la improcedencia de la acción de tutela para ordenar pagos inmediatos, en tanto se constituye como una vulneración al sistema de turnos implementado por la UARIV, y por ende el Derecho a la Igualdad; para el caso concreto es pertinente aclarar, que a la fecha de esta decisión, dicho término se encuentra vencido, y en ningún momento la entidad accionada demostró haber cumplido con el pago de la ayuda humanitaria dentro del término indicado en la asignación del turno. Así las cosas, el fallo de primera instancia será modificado en el sentido de Ordenar a la entidad accionada la entrega inmediata del auxilio al que haya lugar, al encontrarse acreditado el incumplimiento del plazo para llevar a cabo el procedimiento de entrega de las ayudas humanitarias a las que ya tenía Derecho la actora.

Por lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y quedará así:

SEGUNDO: ORDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y

(23) de octubre de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y quedará así: SEGUNDO: ORDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, HAGA ENTREGA INMEDIATA de la ayuda humanitaria a la que tiene Derecho la

señora CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.ACCIÓN: TUTELA.

ASUNTO: IMPUGNACIÓN.

DEMANDANTE: CARMEN YURLEY GAMBOA MARMOLEJO.

DEMANDADO: UARIV.

RADICADO: 05-001-33-33-027-2014-01494-01.

8-8 SEGUNDO. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia impugnada. TERCERO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y comuníquese la decisión al juzgado de origen. CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE Esta providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en

Acta Nro. - 159LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

YOLANDA OBANDO MONTES

ÁLVARO CRUZ RIAÑO