TA ANT - 05001-23-33-000-2019-00558-00-(22-11-2022)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

AJ 1/11 F-145 22/11/2022

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN Magistrada ponente: Vannesa Alejandra Pérez Rosales Medellín, veintidós de noviembre de dos mil veintidós Procede el despacho a proferir sentencia de primera instancia en el proceso ordinario promovido en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA), por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con Nit. 890.980.040-8 contra VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 8.302.572, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1 presentada el 22/02/2019 (001 p. 32), pretende se declare la nulidad de la resolución No. 483 de 27/9/2005, que ordenó pagarle al demandado el valor que resulta de la aplicación del IBL que consagra el inci so 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993 a partir de 20/12/2004; a título de restablecimiento del derecho, solicita condenar a VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS a restituir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, las sumas de dinero pagadas en virtud del mencionad o acto administrativo desde el 20/12/2004 hasta el 30/11/2018, según la certificación

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, las sumas de dinero pagadas en virtud del mencionad o acto administrativo desde el 20/12/2004 hasta el 30/11/2018, según la certificación de 11/12/2018, que corresponden a la suma de Doscientos sesenta millones quinientos setenta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos ($260.577.637,oo), más los valores que se generen hasta que la sentencia quede en firme.

2. Pretensiones fundadas en los siguientes HECHOS: VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS laboró como empleado público –docentedesde 6/6/1977; la Universidad de Antioquia reconocía directamente las pensiones de vejez de su personal docente y administrativo, sin descontar aporte alguno, hasta la expedición de la ley 100 de 1993.

3. El ente universitario, sin realizar deducción alguna, reconocía la pensión a sus empleados con base en todo lo devengado, en consecue ncia y conforme al artículo 36 de la ley 100 de 1993, la universidad tenía la convicción de que, todo aquel que se encontrara en el régimen de transición y que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones le faltaren menos de 10 años para adqu irir la pensión de vejez, debía serle reconocida la prestación económica por el ISS, tomando como base de liquidación todo lo devengado y cotizó al ISS teniendo en cuenta todos los factores salariales; sin embargo, el ISS devolvió esas cotizaciones.

4. La universidad solicitó el 21/8/2001, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a quienes se encontraban en transición y les faltaba n menos de 10

cotizaciones.

4. La universidad solicitó el 21/8/2001, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a quienes se encontraban en transición y les faltaba n menos de 10 años para adquirir el derecho, con inclusión de todo lo devengado y que constituía factor salarial; soli citud resuelta desfavorablemente mediante comunicación de 25/2/2002, por considerar taxativos los factores que integraban el IBL; ante la negativa del ISS a incluir las primas de navidad, servicios y vacaciones, en la liquidación de las pensiones, la Unive rsidad de Antioquia expidió la resolución rectoral 12094 de 4/5/1999, sustentada en su interpretación del artículo 36 de la ley 100 de 1993, de manera que los beneficiados no se vieran afectados por la decisión del ISS, subrogándose en la obligación reclam ada al ISS hasta que se agotaran las vías judiciales y en la resolución administrativa 16628 de 1999 estableció los destinatarios del beneficio.

5. El Instituto d e Seguro s Sociales expidió la resolución 10211 de 7/6/2005 que reconoce la pensión de vejez a VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS en cuantía de $3.997.565 a partir de 20/12/2004 y la Universidad reconoció al ISS un bono pensional mediante resolución administrativa 090 de 11/3/2005, por $368.489.000.

1 El expediente electrónico puede ser consultado a través de este enlace: 000-2019-00558República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento

1 El expediente electrónico puede ser consultado a través de este enlace: 000-2019-00558República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

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6. La Universidad mediante la resolución administrativa 483 de 27/9/2005 ordenó pagar al hoy demandad o la diferencia del IBL de conformidad con lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del reconocimiento de la pensión y hasta que el ISS lo reconociera motu proprio o por orden judicial, para lo cual la hoy demandad a presentó ante el ISS solicitud de reliquidación de su pensión de vejez. La suma reconocida temporalmente por la universidad con los respectivos incrementos anuales sobre el IPC, desde el 20/12/2004 hasta 30/11/2018 ascienden a $ 260.577.637, a favor de VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA

VILLEGAS.

7. Varios pensionados han demandado a la universidad con el fin de que les sea reconocido el pago establecido en la resolución rectoral 12094 de 1999, generándose un precedente judicial de acuerdo con el cual el IBL de la pensión de vejez corresponde independientemente del beneficiario, a las cotizaciones efectivamente sufragadas a la AFP y que la Universidad de Antioquia no se encuentra obligada a realizar dicho pago adicional.

8. El contenido del artículo 1° de la resolución rectoral 12094 de 1999 fue demandado, bajo el radicado 050012333 -000-2009-01178, el Tribunal

encuentra obligada a realizar dicho pago adicional.

8. El contenido del artículo 1° de la resolución rectoral 12094 de 1999 fue demandado, bajo el radicado 050012333 -000-2009-01178, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 10/10/2013 indicó que el acto no generaba ninguna discriminación y que era entendible la interpretació n hecha en su momento por la entidad.

9. Mediante resolución rectoral 35823 de 17/10/2012, la universidad derogó la resolución rectoral 12094 de 4/5/1999 y ordenó resolver las situaciones de carácter individual derivadas; la Asociación de Profesores de la Uni versidad de Antioquia demandó el acto administrativo y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo radicado 050012333 -000-2012-00945, negó las pretensiones, ambas decisiones con fundamento en que la universidad actuó con mera liberalidad sin estar obligada a mantener en el tiempo el acto administrativo.

10. NORMAS VIOLADAS Y CON CEPTO DE VIOLACIÓN . Invoca los artículos 48 de la Constitución Política, 10 de la ley 4 de 1992, 77 de la ley 30 de 1992, 1 del decreto 1158 de 1994, 18, i nciso 3, 151, 131 y 228 de la ley 100 de 1993. Considera que, si bien al momento de expedir la resolución rectoral 12094 de 4/5/1999 y su reglamentaria resolución administrativa No. 16628 de 25/6/1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 200 5, por medio del cual se adicionó el artículo

reglamentaria resolución administrativa No. 16628 de 25/6/1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 200 5, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, el contenido de la resolución 12094 de 4/5/1999 incurre en inconstitucionalidad sobreviniente.

11. Indica que, aunque la interpretación que en su momento la Universidad hizo del inci so 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993, diferenció los conceptos “devengado” y “cotizado”, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones han de liquidarse única y exclusivamente teniendo en cuenta lo cotizado y resulta cuestionable la posibilidad de liquidar las pensiones con base en todo lo devengado. Invoca varias providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Medellín que analizan los factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión de jubilación de un beneficiario del régimen de transición.

12. Añade que, la ley 100 de 1993 estableció la obligación de los empleadores de los sectores público y privado de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones, por tanto, al expedir el decreto 2337 de 24 /12/1996, todo aquel que contara con vínculo laboral había sido afiliado al sistema desde el 1/7/1995, de tal modo que a cargo del ente universitario sólo se encontraban aquellos que al 31/12/1996, hubieran cumplido tanto la edad como el tiempo de servicio s, o que a dicha fecha, estuviesen retirados de la entidad con el tiempo de servicios cumplido y estuvieran a la espera de llegar a la edad exigida para gozar de la pensión de vejez.República de Colombia

dicha fecha, estuviesen retirados de la entidad con el tiempo de servicios cumplido y estuvieran a la espera de llegar a la edad exigida para gozar de la pensión de vejez.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

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13. El demandado en este caso no se encontraba bajo los supuestos del artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, para considerar que la universidad tenía alguna obligación pensional, pues a 31/12/1996 contaba con 47 años de edad.

14. VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS (001 p.96-111), después de pronunciarse sobre los hechos de la demanda asegur a que la parte demandante no argumentó la violación o las causales de nulidad y que el acto administrativo cuestionado no incurrió en causal de nulidad porque fue expedido por una autoridad competente y conforme al artículo 36 de la ley 100 de 1993, fundam ento jurídico de la motivación del acto, el profesor VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS es beneficiario del régimen de transición en materia pensional. Aseguró que la conducta omisiva que viola e incumple un deber legal es del ISS, al no liquidar las pensione s de vejez de los empleados de la Universidad de Antioquia, como lo expresa la resolución 483 de 27/9/2005; pues la universidad tiene el deber legal de proteger a sus empleados beneficiaros del régimen de transición, mediante la resolución

vejez de los empleados de la Universidad de Antioquia, como lo expresa la resolución 483 de 27/9/2005; pues la universidad tiene el deber legal de proteger a sus empleados beneficiaros del régimen de transición, mediante la resolución rectoral 12094 de 4/5/1999.

15. Manifestó que, el acto administrativo demandado y las resoluciones 12094 y 16628 de 1999 tampoco violaron las normas constitucionales y legales como lo afirma la demandante, porque en su momento no eran contrarias al texto constitucional. Añadió que el ente universitario no ha agotado como lo ordena la resolución 12094 de 4/5/1999, las diligencias pertinentes para que un juez ordene al ISS que haga efectiva la obligación de hacer, entendida como cumplir en inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993, para que liquide y pague la pensión a las personas que les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, con todo lo devengado en el tiempo que les hiciere falta; como tampoco ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que en cump limiento de sus funciones, actúe en este caso.

16. Señaló que el acto administrativo demandado no consagra un régimen salarial y prestacional en la Universidad de Antioquia, simplemente aplica el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993.

17. Concluye que, l a jurisprudencia en que se apoya la parte demandante no constituye precedente judicial y los pronunciamientos del Tribunal Superior de Medellín solamente tienen efectos inter partes. En cambio, resultan aplicables al caso son las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 13/3/2003 y

4/8/2010.

constituye precedente judicial y los pronunciamientos del Tribunal Superior de Medellín solamente tienen efectos inter partes. En cambio, resultan aplicables al caso son las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 13/3/2003 y 4/8/2010.

18. LOS ALEGATOS DE LA PA RTE DEMANDANTE . La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (007) reiteró los argumentos presentados en los hechos de la demanda. Asimismo, señaló que en el marco de la demanda presentada por la Asociació n de Profesores de la Universidad de Antioquia, en contra de la Resolución 35823 de 2012, la magistrada ponente de la sentencia, señaló que el ente universitario actuó con mera liberalidad y que por ello, no estaba obligada a mantener en el tiempo aquel reconocimiento, por lo que en cumplimiento a lo estipulado en dicho acto, se han adelantado a dar soluciones de carácter individual y concreto, y demandar en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sus propios actos.

19. LOS A LEGATOS DEL DEMANDADO. VÍCTOR VLADIMIR ZAPATA VILLEGAS (011) advirtió que las actuaciones de la Universidad de Antioquia como empleador se han ceñido a los postulados constitucionales y legales, orientadas a cumplir sus deberes y garantizar el goce de los derechos de quienes han sido sus empleados, por lo que no tiene sentido que solicite, con el cumplimiento de los requisitos del artículo 231 del CPACA, la nulidad de la resolución administrativa 483 de 27/9/2005. Agregó que, dicha institución no ha podido equivocarse en materia tan grave como respetar, hacer respetar y cumplir los derechos fundamentales del

artículo 231 del CPACA, la nulidad de la resolución administrativa 483 de 27/9/2005. Agregó que, dicha institución no ha podido equivocarse en materia tan grave como respetar, hacer respetar y cumplir los derechos fundamentales del trabajador para que se auto-acuse de violar flagrantemente el ordenamiento.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

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20. Afirmó que, si la Universidad de Antioquia acatara las normas citadas y el contrato interadministrativo de concurrencia, ya estaría resuelta la situación de los profesores jubilados que tienen la subrogación. Reitera además que la resolución demandada correspondió a una decisión libre del ente universitario, enmarcada dentro del á mbito de la autonomía universitaria, sin ser una imposición de un tercero, ni tampoco el ejercicio de una competencia inexistente, ni mucho menos abuso del derecho.

21. Señaló que es inadmisible la afirmación que hace la Universidad, en el sentido de que, fren te al pago de la subrogación, ha actuado con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le correspondía, por lo que no está obligada en el tiempo a mantener el acto administrativo. Finalmente cita a la Corte Constitucional “ Los conflictos entre las entidades o personas encargadas de prestar los servicios inherentes a la seguridad social, no pueden afectar el derecho de los usuarios a recibirlos”.

II. CONSIDERACIONES

Constitucional “ Los conflictos entre las entidades o personas encargadas de prestar los servicios inherentes a la seguridad social, no pueden afectar el derecho de los usuarios a recibirlos”.

II. CONSIDERACIONES

22. CONSIDERACIÓN PREVIA. Agotadas las etapas previstas en el proceso ordinario, sin que se o bserve causal de nulidad y cumplidos los presupuestos procesales, el Despacho procede a proferir sentencia, con fundamento en las siguientes pruebas relevantes para la toma de decisión:

23. DOCUMENTALES. - Resolución No. 483 de 27/9/2005 por la cual se ordena un pago (001 p.4345). - Constancia de notificación personal de la Resolución 483 de 27/9/2005 (001 p. 42) - Certificación de pago de subrogación (001 p.46).

24. SOBRE LAS EXCEPCIONES . De conformidad con el artículo 187 -inc. 2 del CPACA, el Despacho debe resolver sobre las excepciones propuestas por la parte demandada y las vinculadas bajo el entendido que el fenómeno exceptivo para ser considerado como tal debe implicar un hecho que por sí mismo tenga ese alcance y no puede confundirse con el derecho de oposición g eneral que puede ejercer cualquier demandado, como ocurre con las denominadas legalidad del acto impugnado, falta de causa para pedir, falta de tipificación de la causal de nulidad, inexistencia de la causa invocada, falta de interés, buena fe del demandad o, mala fe del demandante, violación al principio de progresividad en materia laboral, violación al derecho fundamental a la seguridad social (001 p. 107-108). En relación con la prescripción, la Sala resolverá en caso de que prosperen las pretensiones.

fe del demandante, violación al principio de progresividad en materia laboral, violación al derecho fundamental a la seguridad social (001 p. 107-108). En relación con la prescripción, la Sala resolverá en caso de que prosperen las pretensiones.

25. PROBLEMÁTICA JURÍDICA P LANTEADA. Tal como se concluye del estudio de la demanda y las pruebas legalmente aportadas, así como la fijación del l itigio, la problemática jurídico gira en torno a determinar: (i) si la resolución No. 483 de 27/9/2005, que reconoció la diferencia resultante de la aplicación del IBL del inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993, debe ser anulada con base en la hipótesis planteada en la demanda, esto es, (i) porque desconoció el artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 , la l ey 4 de 1992 y el decreto 1158 de 1994 e incurrió en violación del régimen de transición y

(ii) por falta de competencia; en consecuencia, (iii) si hay lugar o no a la devolución de las sumas pagadas con ocasión de l a expedición del referido acto administrativo.

26. TESIS DEL DESPACHO. La tesis que sostiene el Despacho, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado responde que:

(ii) conforme al artículo 150 -19-e) y f) de la Const itución Política y la Ley 4ª de 1992, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, le compete al Gobierno Nacional y los entes universitarios autónomos no puedenRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1

1992, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, le compete al Gobierno Nacional y los entes universitarios autónomos no puedenRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

AJ 5/11 F-145 22/11/2022 reconocer pensiones de sus servidores con factores salariales o prestacionales no previstos por el legislador; (i) tras la entrada en vigencia de los regímenes establecidos en la ley 100 de 1993, los entes universitarios autónomos perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de sus servidores; (iii) no es procedentes ordenar el reintegro de los dineros recibidos de buena fe por el demandante, como consecuencia de la subrogació n en virtud de la resolución 483 de 27/9/2005; conforme pasa a exponerse:

27. CONSIDERACIONES NORMATIVAS. La ley 100 de 1993 consagra el Sistema General de Seguridad Social y como parte del mismo, un sistema general de pensiones en vigencia desde el 1° de abril de 1994 (y en el ámbito territorial conforme al artículo 2º del decreto 691 de 1994).

28. Del sistema quedan exceptuados algunos grupos de servidores (art. 279), así como quienes hubiesen consolidado su derecho a la pensión antes de la entrada en vigencia de la ley 100 (art. 11 y 146); los demás se incorporan al Sistema con todas sus previsiones normativas, salvo, los beneficiarios del ré gimen

así como quienes hubiesen consolidado su derecho a la pensión antes de la entrada en vigencia de la ley 100 (art. 11 y 146); los demás se incorporan al Sistema con todas sus previsiones normativas, salvo, los beneficiarios del ré gimen de transición (art. 36), quienes conservan el derecho a pensionarse conforme al régimen legal anterior que los cobijaba en las condiciones previstas en la misma Ley 100.

29. SOBRE EL RÉGIMEN DE T RANSICIÓN. Las condiciones se encuentran en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, según el cual, el régimen de transición se concreta en: (i) la edad para acceder a la pensión de vejez, (ii) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y (iii) el monto de la pensión de vejez, serán los establecidos en el régimen anterior al cual estaban afiliados.

30. Ahora bien, bajo la potestad reglamentaria, el gobierno nacional profirió el decreto 691 de 1994, por medio del cual incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993 a los funcionarios d e la rama ejecutiva nacional, departamental, municipal o distrital, a los de sus entidades descentralizadas, a los servidores públicos del Congreso, de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la Contraloría y a los de la Organización Electoral. Asimismo, tal y como lo había prescrito el artículo 151 de la ley 100 de 1993, advirtió que para los servidores del orden nacional la vigencia del sistema general de pensiones comenzaría a regir el 1° de abril de 1994, y para los demás órdenes territoriales a partir del treinta 30 de junio de 1995.

1993, advirtió que para los servidores del orden nacional la vigencia del sistema general de pensiones comenzaría a regir el 1° de abril de 1994, y para los demás órdenes territoriales a partir del treinta 30 de junio de 1995.

31. Por su parte, el decreto 692 de 1994 al reglamentar los temas relacionados con las afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones, entre otros del Sistema General de Pensiones, diferenció en s u artículo 9 las afiliaciones al Sistema General de pensiones de carácter voluntario y las de carácter obligatorio, incluyendo en este último, a los servidores públicos incorporados al Sistema

General de Pensiones.

32. Asimismo, el artículo 14 del citado decre to es claro al definir cuál sería la entidad competente para el pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere lugar; al indicar que es la administradora de pensiones a la que estuviera afiliado el pensionado la encargada de recibir las cotizacio nes del período en el cual ocurriere el hecho que diere lugar al pago de la prestación correspondiente, quien debe efectuar el reconocimiento respectivo.

33. En lo que respecta a la forma como operaría el traslado al sistema general fue regulado por diversos d ecretos reglamentarios de la ley 100 de 1993, es del caso recordar que el decreto 1068 de 1995 estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen pensional al cual querían afiliarse y, el artículo 2 ibídem, señaló que en el régimen territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes debía hacerse a más tardar el 30/6/1995.República de Colombia

el régimen pensional al cual querían afiliarse y, el artículo 2 ibídem, señaló que en el régimen territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes debía hacerse a más tardar el 30/6/1995.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

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34. Conforme a lo señalado en el artículo 4 del decreto No. 2337 de 1996, a partir de 30 de junio d e 1995 , quedaban a cargo de los entes universitarios oficiales, como obligaciones de reconocimiento pensional: (i) el pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo con el régimen pensional vigente, antes de 23 de diciembre de 1993 ; (ii) el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 ; y, (iii) el reconocimiento y

y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 ; y, (iii) el reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las Administradoras del Sistema General de Pensiones.

35. SOBRE LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR EL R ÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. Según el artículo 150 -19-e) y f) de la Constitución Política, corresponde al Congreso dela República dictar las normas generales –ley marco o cuadro-y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

36. En acatamiento de la disposición constitucional, se expide la ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

37. El régimen salarial corresponde entonce s al conjunto normativo que regula

y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

37. El régimen salarial corresponde entonce s al conjunto normativo que regula la remuneración o retribución de un empleo público, contemplado en la planta de personal y cuyos emolumentos se encuentran previstos en el presupuesto correspondiente (art. 122 CP) y está integrado por: la estructura de l os empleos, de conformidad con las funciones que deba desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada empleo o categoría de empleos (art. 3 Ley 4ª de 1992).

38. De conformidad con las normas constitucionales y legales citadas, la responsabilidad de la política salarial se encuentra en cabeza del ejecutivo, por las implicaciones en la política económica y el presupuesto.

39. Mientras que, a las corporaciones territoriales, les compete únicamente la determinación de la escala salarial y sus emolumentos dentr o de la competencia concurrente que tienen con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República

(arts. 300 y 305 CP).

40. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: "La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del

adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional yRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-303-1 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2019-00558-00

AJ 7/11 F-145 22/11/2022 de las ent idades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos2”. "La determinación de la remuneración de los servidores del Estado tiene hondas implicaciones en la política económica. En efecto, de los niveles de los sala rios depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y, como es sabido, la situación de las finanzas públicas afecta fundamentalmente el estado de la economía en general. De ahí que sea congruente que al Presidente, que, como se ha visto, tiene una responsab ilidad destacada en materia de política económica, se le asigne también la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, y la de determinar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales (C.P., art. 150, num.19, literales e) y f)3.”

41. Así pues, la naturaleza reglada del vínculo, deben estar previstos en la ley y el reglamento como tales, puesto que su determinación y alcances deben

num.19, literales e) y f)3.”

41. Así pues, la naturaleza reglada del vínculo, deben estar previstos en la ley y el reglamento como tales, puesto que su determinación y alcances deben obedecer responsablemente a las decisiones de política pública económica para garantizar tanto las partidas presupuestales necesarias para su atención, como el equilibrio fiscal que permita atender las demás obligaciones del Estado.

42. Ahora, los entes universitarios no e stán facultados para reglamentar el régimen p