TA ANT - 05001-23-33-000-2019-02433 00-(29-11-2022)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA QUINTA MIXTA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: SUSANA NELLY ACOSTA PRADA

Medellín, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022) ACCIÓN Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral DEMANDANTE Ruth Miriam Atehortua Gómez DEMANDADO Municipio de Medellín RADICADO 05001 23 33 000 2019 02433 00 INSTANCIA Primera TEMAS Nivelación salarial entre docente nacionalizado y docente territorial DECISIÓN Niega las pretensiones de la demanda SENTENCIA N° SPO – 028 DE 2022

La señora Ruth Miriam Atehortua Gómez , por conducto de apoderada judicial, interpuso demanda en contra del Municipio de Medellín , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, con fundamento en las siguientes,

PRETENSIONES

Se declare la nulidad del acto administrativo 201830345312 del 21 de noviembre de 2018, mediante el cual se negó la igualdad salarial entre los docentes y directivos docentes al servicio del Municipio de Medellín.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,

• Se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas por los pagos superiores que se cancelan a los docentes considerados territoriales y que realizan las mismas funciones que el demandante.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

prestacionales causadas por los pagos superiores que se cancelan a los docentes considerados territoriales y que realizan las mismas funciones que el demandante.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

Decisión: Niega pretensiones

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• Se indexen las diferencias salariales mensuales adeudadas como docente al servicio del Municipio de Medellín, hasta la fecha en que se produzca el pago total de la obligación, conforme lo establece el I.P.C. - Condenar al Municipio de Medellín a pagar los valores, que res ultan entre las diferencias de la cantidad efectivamente reconocida conforme a los salarios devengados, con el resultante de la reliquidación por concepto de los ajustes de salarios a que haya lugar, teniendo en cuenta la prescripción trienal. - Condenar al Municipio de Medellín a pagar el mayor valor que resulte de los salarios debidamente liquidados, contado desde el momento de presentación de la reclamación administrativa, hasta el momento en que la entidad efectúe el reconocimiento y pago. - Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al fallo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. - Condenar a la entidad a que, sobre las sumas adeudadas , se incorporen los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. - Se reconozca y pague los intereses moratorios, de conformidad con lo

los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. - Se reconozca y pague los intereses moratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. - Se condene en costas de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011.

HECHOS

La señora Ruth Miriam Atehortua Gómez, manifestó ser uno de los 8.973 docentes que por disposición de la Resolución No. 2823 de l 9 de diciembre de 2002 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, tenían el carácter de nacionales o nacionalizados y fueron trasladados al Municipio de Medellín, por lo que, en virtud de los Decretos Municipales No. 058 de 2003 y 013 de 6 de enero de 2004, pasaron a conformar la planta de cargos del ente territorial.

Expresó que, con ocasión de las normas mencionadas, la planta global de cargos del Municipio de Medellín se conformó por el personal docente, directivo docenteAcción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

Decisión: Niega pretensiones

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y administrativo, que fue trasladado y por el que previamente se había vinculado de forma directa con la entidad territorial.

Afirmó que, u na vez conformada la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos, todos los salarios y prestaciones fueron cubiertos por

de forma directa con la entidad territorial.

Afirmó que, u na vez conformada la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos, todos los salarios y prestaciones fueron cubiertos por el Sistema General de Participaciones, no obstante, a los docentes que se encontraban vinculados directamente con el Municipio de Medellín se les cancelaron salarios más elevados que los que recibieron los docentes trasladados, aunque cumplían las mismas funciones.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Argumentó, que a todos los docentes del Municipio de Medellín se les debe dar un trato igualitario, por cuanto sus salarios y prestaciones sociales son cancelados con los recursos del Sistema General de Participación, sin importar la clase de nombramiento.

Aseveró, que el trato diferenciado entre los docentes que hacen parte de la planta global del Municipio de Medellín, vulnera los principios constitucionales de igualdad, supremacía de la realidad sobre las formas y “a trabajo igual, salario igual”, en la medida que , todos los docentes desempeñan iguales funciones, cumplen idéntico horario y se rigen por el mismo estatuto.

Sostuvo, que se transgrede el artículo 7 del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia, en el que se determina que a los trabajadores se les debe garantizar una remuneración que permita su subsistencia y que esté acorde con las actividades desarrolladas, de tal forma que reciban un salario equitativo y no desigual.

Expresó, que la discriminación existente entre los docentes del Municipio de Medellín transgrede el principio de progresividad de los derechos sociales y el

salario equitativo y no desigual.

Expresó, que la discriminación existente entre los docentes del Municipio de Medellín transgrede el principio de progresividad de los derechos sociales y el derecho a la movilidad salarial.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAAcción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

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El Municipio de Medellín , se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que, los hechos en los que se fundamentan no son ciertos y carecen de sustento jurídico para su prosperidad.

Expuso, que en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 715 de 2001, mediante la Resolución 2823 del 09 de diciembre de 2002, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el Municipio de Medellín fue certificado para prestar el servicio de educación.

Sostuvo, que se incorporó al municipio, el personal para prestar el servicio educativo que provino de otros entes territoriales, y sus condiciones laborales y prestacionales no mutaron, por cuanto así lo dispuso la Ley.

Indicó, que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prescribió, los términos en los cuales deben ser reconocidas las prestaciones económicas y sociales, pensiones, cesantías y vacaciones a los docentes territoriales, nacionales y nacionalizados, sin que el cambio de ente administrador del personal dado por la certificación en materia educativa, comporte modificación alguna a la forma de vinculación y pago de emolumentos salariales y prestacionales.

que el cambio de ente administrador del personal dado por la certificación en materia educativa, comporte modificación alguna a la forma de vinculación y pago de emolumentos salariales y prestacionales.

Aseveró, que el Concejo de Medellín mediante el Acuerdo 89 de 1987 estipuló la curva docente para los emple ados oficiales de régimen especial, dirigido sólo para los docentes y directivos docentes territoriales del municipio de Medellín nombrados mediante esta denominación; estos docentes y directivos docentes, en la certificación en materia de educación, a l igual que los demás docentes y directivos docentes mantuvieron su vinculación sin solución de continuidad.

Aseguró, que la sentencia de unificación proferida el 21 de junio de 2018 por el H. Consejo de Estado, no es aplicable al caso concreto, en la med ida que, no se pronunció en forma alguna acerca de la nivelación salarial de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.

Propuso como excepciones: i) Reserva legal y falta de competencia para acceder a lo solicitado; ii) Improcedencia de nivelación salarial y prestacional; iii)Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

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Inexistencia del derecho reclamado; iv) Inexistencia de la obligación; v) Compensación; vi) Prescripción; vii) Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; viii) Caducidad del medio de control; ix) Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Compensación; vi) Prescripción; vii) Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; viii) Caducidad del medio de control; ix) Falta de legitimación en la causa por pasiva.

TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el 23 de agosto de 2019 (Expediente digital - Archivo 001, fl. 17 ), admitida el 7 de noviembre de 2019 (Expediente digital archivo No. 004, fl, 85) y notificada en debida forma, posteriormente, el 20 de abril de 2021 se resolvieron excepciones, decretaron pruebas y se corrió traslado para alegar mediante auto, conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante, y el Municipio de Medell ín, reiteraron los argumentos expuestos en sus anteriores intervenciones.

El Ministerio Público, se abstuvo de conceptuar.

CONSIDERACIONES

Competencia y ausencia de vicios de nulidad: De conformidad con el numeral 2º de artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 157 ibídem, esta Sala es competente para conocer el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que, la cuantía se estimó en $60.003.653 M.L (Expediente digital – Archivo 001, fl. 16).

No se advierten vicios ocurridos durante el presente trámite que puedan invalidar lo actuado hasta el momento.

Problema jurídico. Corresponde determinar si debe existir igualdad salarial y prestacional entre los docentes vinculados directamente con el Municipio de Medellín y los docentes que fueron incorporados en cumplimiento de la Ley 715

lo actuado hasta el momento.

Problema jurídico. Corresponde determinar si debe existir igualdad salarial y prestacional entre los docentes vinculados directamente con el Municipio de Medellín y los docentes que fueron incorporados en cumplimiento de la Ley 715 de 2001.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

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Marco jurídico.

En el año 1975 se expidió la Ley 43, la cual nacionalizó la educación primaria y secundaria que prestaban los entes territoriales, proceso que se ejecut ó durante los años 1976 a 1980.

La Ley 91 de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, clasificó a los docentes en personal nacional, nacionalizado y territorial1, teniendo en cuenta la entidad que lo nombró y el cumplimiento o no de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, y en su artículo 15 reguló el pago de las prestaciones económicas y sociales de los docentes.

Este artículo prescribió que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 conservarían el régimen que venían gozando anteriormente en cada entidad territorial, de acuerdo con las normas vigentes.

Con la promulgación de la Constitución de 1991, se dispuso en el artículo 67 que la Nación y las entidades territoriales, debían participar en la dirección, financiación y administración de la educación estatal.

Con la promulgación de la Constitución de 1991, se dispuso en el artículo 67 que la Nación y las entidades territoriales, debían participar en la dirección, financiación y administración de la educación estatal.

Los artículos 356 y 357 de la Carta Política, establecieron los parámetros para distribuir la competencia y los recu rsos del sector educativo, y para desarrollar estos preceptos se profirió la Ley 60 de 1993, la cual fue el primer paso hacia la descentralización de la educación y otorgó competencia a los Departamentos y Distritos para prestar servicios educativos estatales, los cuales se financiarían con los recursos del Situado Fiscal (porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación destinado a las entidades territoriales).

Lo anterior, implicó el traslado de personal, bienes y establecimientos educativos por parte de la Nación a los Departamentos y Distritos.

1 ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

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En cuanto al régimen prestacional, ordenó que los docentes que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad, sería el reconocido en la Ley 91 de 1989.

En similares términos, la Ley 115 de 1994 dispuso en su artículo 115, que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y en la misma Ley 115, y en el artículo 175, parágrafo, precisó que el régimen del personal de los órdenes departamental, distrital o municipal se regiría por el Decreto Ley 2277 de 1979 y la Ley 4.ª de 1992.

Mediante la Ley 715 de 2001, se otorgó la competencia a los Municipios certificados para prestar el servicio educativo, incluyendo al personal administrativo que había sido ignorado en la Ley 60 de 1993.

Esta norma, supuso la segunda etapa de descentralización de la educación, denominada municipalización, por cuanto se trasladó el personal docente, directivo doc ente y administrativo, de los Departamentos y la Nación a los Municipios, tal situación se reguló en los artículos 34 y 38 de este cuerpo normativo.

denominada municipalización, por cuanto se trasladó el personal docente, directivo doc ente y administrativo, de los Departamentos y la Nación a los Municipios, tal situación se reguló en los artículos 34 y 38 de este cuerpo normativo.

El artículo 34 ibídem, dispuso que los docentes que fueron nombrados con el lleno de requisitos mantendrían su vinculación sin solución de continuidad, y el artículo 38, prescribió que a los docentes, directivos docentes y personal administrativo que se financien con el Sistema General de Participaciones, solo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido en la Ley.

De conformidad con las normas expuestas, los docentes que se incorporaron a los Municipios que fueron certificados para prestar los servicios educativos, no variaron su tipo de vinculación, ni el régimen salarial y prestacio nal que venían percibiendo antes de ser trasladados.

Es pertinente aclarar, que las normas que reglamentan el régimen salarial de los docentes nacionales o nacionalizados, son distintas a las que rigen a los territoriales, por cuanto la competencia para regular a los primeros, está asignadaAcción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

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al Gobierno Nacional 2, por su parte la competencia frente a los segundos, se encuentra radicada en las Asambleas Departamentales y Gobernadores, o en los Concejos Municipales y Alcaldes3.

Ahora bien, existe una prohi bición expresa en el artículo 356 de la Constitución,

encuentra radicada en las Asambleas Departamentales y Gobernadores, o en los Concejos Municipales y Alcaldes3.

Ahora bien, existe una prohi bición expresa en el artículo 356 de la Constitución, que consagra que no podrán descentralizarse competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas, razón por la cual, las leyes que descentralizaron la educación no determinaron que las entidades territoriales a las cuales se incorporaban los docentes, debían asumir costos mayores que no se pudiesen sufragar con el Situado Fiscal o con el Sistema General de Participaciones.

De otra parte, es preciso indicar que la Co nstitución Política en su artículo 25 protege el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; de la condición de justicia, la Corte Constitucional ha desarrollado un principio denominado “a trabajo igual, salario igual”, el cual obliga al empleador a conceder a sus trabajadores una remuneración que esté de acuerdo con las condiciones reales de la labor, sin que puedan interferir condiciones subjetivas o arbitrarias para determinarlo.

De este modo, quienes desempeñan un cargo, con las mismas funciones y lo desarrollan bajo idénticas competencias y habilidades, deben recibir igual remuneración, comoquiera que, en principio no hay justificación para que exista un trato diferente.

No obstante, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de causas objetivas y razonablemente fundamentadas en criterios constitucionalmente válidos, que permiten por ello, un trato desigual: i) criterios objetivos de evaluación y desempeño; ii) diferencias de la estructura institucional de las dependencias

y razonablemente fundamentadas en criterios constitucionalmente válidos, que permiten por ello, un trato desigual: i) criterios objetivos de evaluación y desempeño; ii) diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y iii) distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para acceder a dichos empleos4.

2 Conforme el artículo 150, numeral 19, literal e, Constitucional. 3 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 300 numeral 7, 313 numeral 6 y 315 numeral 7 de la Constitución Política. 4 Sentencia T 369 de 2016.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

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Sobre este tema la Máxima Corporación en materia constitucional5 ha precisado: “El principio a trabajo igual salario igual traduce una realización específica y práctica del principio de igualdad en el ámbito laboral. Dicho principio constitucionalmente se deduce, ha dicho la jurisprudencia, i) del ideal del orden justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en las relaciones de trabajo (preámbulo, arts. 1º, 2º y 25 C.P.), ii) del principio del reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de vida

reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de vida decoroso (arts. 1º, 25 y 53, inciso final C.P.). iii) del principio de igualdad pues la naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en la equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes, el sumini stro de la fuerza de trabajo a través de la prestación del servicio, y la remuneración o retribución mediante el salario, se construye bajo una relación material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de que el valor del trabajo debe corresp onder al valor del salario que se paga por este (art.13 C.P.) , iv) de los principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no sólo la correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del trabajo y el valor del salario, si no con respecto a los trabajadores que desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y eficiencia iguales; el establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil “proporcional a la calidad y cantidad de trabajo”, e incluso, la “irrenunciabilida d de los beneficios mínimos” establecidos en las normas laborales, pues el trabajo realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea equivalente a dicho valor (art. 53 C.P.)”. (…) La Corte ha precisado sin embargo que dicho principio no es absoluto, del mismo modo que no puede aplicarse formalmente frente a regulaciones normativas diversas, al tiempo que, si se demuestra la existencia de razones objetivas que pueden justificar que no se dé un mismo tratamiento en un caso específico, “no se

modo que no puede aplicarse formalmente frente a regulaciones normativas diversas, al tiempo que, si se demuestra la existencia de razones objetivas que pueden justificar que no se dé un mismo tratamiento en un caso específico, “no se estará en presencia de un trato discriminatorio sino diferente, que no rompe ningún principio fundamental del Estado”. Sobre el particular ha dicho la Corte: “Como la Corte lo ha manifestado, no se trata de instituir una equiparación o igualación matemática y ciega, que disponga exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre las situaciones jurídicas objeto de consideración. Estas, por el contrario, según su magnitud y características, ameritan distinciones y grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las circunstancias específicas, sin que por el sólo hecho de tal diversidad se vulnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos constitucionales”. (…) Al respecto, cabe reiterar que dicho mandato debe entenderse predicable únicamente entre personas que se encuentren en las mismas circunstancias de

5 Sentencia C-313 de 2003Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

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hecho y de derecho, pues el tratamiento igual solamente puede in vocarse entre iguales.”

CASO CONCRETO

La señora Ruth Miriam Atehortua Gómez, expone que, el acto administrativo No. 201830345312 del 21 de noviembre de 2018, vulnera el derecho a la igualdad y al

iguales.”

CASO CONCRETO

La señora Ruth Miriam Atehortua Gómez, expone que, el acto administrativo No. 201830345312 del 21 de noviembre de 2018, vulnera el derecho a la igualdad y al principio que dispone “a igual trabajo, igual salario”, en la medida que , cuando la entidad demandada aplicó la Ley 715 de 2001, debió homologar los salarios y prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporaron a la planta de cargos del municipio de Medellín, con los territoriales que ya estaban vinculados a tal entidad.

De acuerdo con lo analizado en precedencia , el proceso de descentralización de la educación realizado en un primer momento conforme a la Ley 60 de 1993 y posteriormente la Ley 715 de 2001, implicó que, los docentes que se encontraban vinculados a la Nación o a las entidades territoriales, fueran trasladados a las plantas de cargos de otras entidades territoriales.

No obstante, lo anterior no significó, que los docentes incorporados perdieran el régimen salarial y prestacional mediante el cual habían sido vinculados, comoquiera que su traslado se realizó sin solución de continuidad.

En este sentido , al existir diverso s regímenes normativos que regulan tanto la actividad docente, como los salarios y prestaciones de los empleados públicos del orden nacional y territorial, amparados por la Constitución Política, no se configura una vulneración al artículo 13 superior, ni al principio “a igual trabajo, igual salario”, en la medida que, uno de los requisitos para determinar si hay violación del derecho a la igualdad, es precisamente que se traten de supuestos fácticos comparables, y como se observa, ambos grupos de docentes, tienen una regulación diferente.

en la medida que, uno de los requisitos para determinar si hay violación del derecho a la igualdad, es precisamente que se traten de supuestos fácticos comparables, y como se observa, ambos grupos de docentes, tienen una regulación diferente.

Adicionalmente, el artículo 356 de la Constitución Nacional, prohíbe descentralizar competencias sin previa asignación de recursos suficiente s para atenderlas, por lo que, no es posible ordenarle al Municipio de Medellín que asuma por los docentes incorporados, mayores costos con recursos propios que no es posible cubrir con los recursos del Sistema General de Participaciones.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

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Ahora bien, la Ley 715 de 2001 sí dispuso un proceso de homologación y nivelación para los cargos administrativos que fueron incorporados, comoquiera que, ellos hacen parte de la generalidad de los empleos de la administración y no tienen una regulación especial, como sí la tiene la profesión doc ente. Bajo estos parámetros, las normas que regulan estas situaciones no son ap licables al caso bajo análisis.

En virtud de las consideraciones expuestas, por encontrarse que, el acto administrativo demandado, se encuentra ajustado a derecho , corresponder á negar las pretensiones de la demanda.

COSTAS

En aplicación de los artículos 188 del C.P.A.C.A., 365 y 366 del C.G.P. y el Acuerdo No. PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016, proferido por la Sala

COSTAS

En aplicación de los artículos 188 del C.P.A.C.A., 365 y 366 del C.G.P. y el Acuerdo No. PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá imponerse la condena en costas y agencias en derecho a la parte vencida.

Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar la competencia, Expediente digital – Archivo 001, fl.16) de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA MIXTA , administrando justicia e n nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte vencida, por las razones expuestas en la parte motiva.Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Demandante: Ruth Miriam Atehortua Gómez Demandado: Municipio de Medellín Radicado: 05001-23-33-000-2019-02433 00

Decisión: Niega pretensiones

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TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia procédase con el archivo del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, y CÚMPLASE

Decisión: Niega pretensiones

12

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia procédase con el archivo del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, y CÚMPLASE

Esta providencia se estudió y fue aprobada en Sala de la fecha, como consta en el acta de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

SUSANA NELLY ACOSTA PRADA

Ponente

JORGE LEÓN ARANGO FRANCO