TA ANT - 05001-33-33-017-2018-00470-01

SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS – Son beneficiarios de la sanción por el no pago oportuno de cesantías todos los servidores públicos del Estado, incluyendo los docentes, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro / TÉRMINO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS - Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente si la solicitud reúne todos los requisitos determinados en la ley – Si la solicitud está incompleta, deberá informarse al peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud / PAGO OPORTUNO DE LAS CESANTÍAS - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social / MORA EN EL PAGO DE LAS CESANTÍAS – A los docentes se aplica la indemnización o sanción por mora contemplada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 - En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto.

FUENTE FORMAL: Ley 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006.

retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto.

FUENTE FORMAL: Ley 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006.

NOTA DE RELATORÍA: En el presente caso, la señora Ruth del Socorro García Robledo solicitó la declaratoria de nulidad del acto ficto negativo derivado de la no respuesta a la petición de fecha 9 de mayo de 2018, elevada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de las cesantías. En el presente caso puesto a consideración de la Sala, se dispone aplicar la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, relativa a la expedición del acto administrativo por fuera del término, es decir, que la sanción por mora corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento (15 días para expedir la resolución, 10 días de ejecutoria del acto y 45 días para efectuar el pago) porque la solicitud se hizo en vigencia de la Ley 1437 de 2011. La mora se causó desde el 16 deRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 2 septiembre de 2016 y hasta el 19 de febrero de 2017, día anterior al pago de las

DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 2 septiembre de 2016 y hasta el 19 de febrero de 2017, día anterior al pago de las cesantías.RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE

JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ

Medellín,

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL

DEMANDANTE: RUTH DEL SOCORRO GARCÍA

ROBLEDO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

PROCEDENCIA: JUZGADO DIECISIETE (17)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN SENTENCIA Nº AP Tema: Sanción por mora en virtud del no pago oportuno de las cesantías/ Sentencia de Unificación del Consejo de Estado / Revoca Costas / Confirma en lo demás.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 23 de enero de 2020, en el cual se accedió a las pretensiones contenidas en la demanda.

ANTECEDENTESRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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4 La señora Ruth del Socorro García Robledo, a través de apoderada judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pretendiendo que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo originado en la petición presentada el día 9 de mayo de 2018, en cuanto no accedió al reconocimiento y pago a l a demandante de la sanción por mora contemplada en la Ley 1071 de 2006. HECHOS Manifiesta la apoderada de la parte demandante que el 3 de junio de 2016, le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías a que consideraba tener derecho, razón por la cual, a través de la

Resolución No. 007967 del 14 de julio de 2016, dicha entidad le reconoció a la señora Ruth del Socorro García Robledo las mencionadas cesantías, las cuales fueron canceladas el día 20 de febrero de 2017. Asevera la apoderada de la parte demandante que ante la demora en el pago de las cesantías, se le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, solicitud que fue resuelta de manera negativa en forma ficta o presunta.

PRETENSIONES

1. Se pidió declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 9 de agosto de 2018, frente a la petición presentada el día 9 de mayo de 2018, en cuanto negó el derecho a pagar la sanción por mora a la demandante, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se solicitó que la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague al demandante la sanción por mora establecida en las Leyes 244 de 1995 yRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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5 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

3. Solicitó igualmente reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción por mora reconocida y la condena en costas de la parte demandada.

4. Pidió que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN La parte demandante invoca como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006. En el concepto de violación aduce que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desconoció lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 91 de 1989 y en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, mediante las cuales se reguló el pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas, de los 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder a reconocer el pago luego de expedido el acto administrativo de reconocimiento. Finalmente, hizo referencia a Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en donde se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al tema de la sanción por mora en virtud de la no cancelación oportuna de las cesantías.

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

pronunciado en múltiples ocasiones frente al tema de la sanción por mora en virtud de la no cancelación oportuna de las cesantías. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de apoderada judicial, contestó oportunamente la demanda y fijóRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 6 su postura oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones; adicional a ello propuso las excepciones de litisconsorcio necesario por pasiva, inepta demanda, legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, improcedencia de la indexación de la condena, prescripción, compensación, sostenibilidad financiera y la genérica. Argumenta que el Decreto 2831 de 2005 consagró el procedimiento exclusivo para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Soci ales del Magisterio, quedando entonces las cesantías sujetas a aquel. Conforme a lo anterior, el pago de las cesantías se realiza una vez exista la disponibilidad presupuestal y en estricto orden cronológico de aprobación y expedición

de las resoluciones de reconocimiento y esta sujeción es precisamente la que influye en el pago tardío de las cesantías, así como la falta de cumplimiento del ente territorial en las fechas estipuladas para proferir los actos administrativos de reconocimiento de la cesantía. Manifiesta además que la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, en lo que respecta a la indexación de la sanción por mora fue categórica en afirmar que existe una incompatibilidad entre estas. LA SENTENCIA IMPUGNADA El Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en sentencia del 23 de enero de 2020, accedió a las súplicas de la demanda argumentando que la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, le es aplicable al personal docente. Condenó a la entidad demandada, y a favor de la actora, a la mora comprendida entre el 16 de septiembre de 2016 y el 19 de febrero de 2017, sanción que se ordenó calcular con el salario devengado por la demandante al momento de causación de la mora. Por último, negó la indexacion de la condena y condenó en costas a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por resultar vencida.RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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7 LA IMPUGNACIÓN La apoderada de la parte demandada interpuso el recurso de apelación contra la

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7 LA IMPUGNACIÓN La apoderada de la parte demandada interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que las solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo deben sujetarse a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y en el Decreto 2831 de 2005, en los cuales se establece un régimen especial que contempla términos específicos para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales de los docentes, que implica una participación de las entidades territoriales, al igual que a la Fiduprevisora. De igual forma adujo que no puede atribuírsele responsabilidad al fondo por la extemporaneidad del ente territorial de expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación, toda vez que dicha entidad sólo autoriza el pago una vez el ente profiere el acto administrativo de reconocimiento de la cesantía, por lo que considera que el ente territorial debe ser llamado a responder en el presente caso por su negligencia. Por otra parte, afirmó que el a quo debió validar la fecha exacta en la que estuvo a disposición de la parte el dinero de las cesantías y que en el presente caso, de conformidad con el certificado que se aporta con el escrito de apelación , las mismas estuvieron a disposición de la parte para que las retirara desde el 28 de septiembre de 2016 y al no ser cobradas dentro del mes siguiente se devolvieron, y cuatro meses después, fueron cobradas y pagadas, lo que se traduce en que, la entidad demandada no puede ser responsable por la demora en el retiro del dinero. Finalmente, en el mismo recurso de apelación solicita que la condena en costas de

después, fueron cobradas y pagadas, lo que se traduce en que, la entidad demandada no puede ser responsable por la demora en el retiro del dinero. Finalmente, en el mismo recurso de apelación solicita que la condena en costas de primera instancia sea revocada por cuanto el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite al 365 del Código General del Proceso, el cual consagra que solo habrá lugar a la condena en costas, cuando se acredite que se causaron y en la medida de su comprobación. Conforme a lo anterior, concluye que la condena en costas no debe ser analizada desde el criterio objetivo, sino partiendo de la conducta y buena fe de la entidad.RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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8 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La apoderada de la parte demandada en sus alegatos de conclusión reiteró lo expuesto en el escrito de apelación y solicitó que la sentencia de primera instancia se revocara. La parte actora en sus alegatos de conclusión reitera lo expuesto en el escrito de demanda y aduce que entre el momento de presentación de la solicitud de las cesantías y el momento del pago transcurrieron más de 65 días hábiles, por lo que la sanción

solicitada es procedente reconocerla con tan solo acreditar la no cancelación dentro del anterior término, razón por la cual, solicita se accedan a las pretensiones de la demanda. La Procuraduría en lo Judicial no conceptuó en esta instancia.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia del Tribunal De conformidad con el artículo 153 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de enero de 2020, proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del Circuito Medellín, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por la señora Ruth del Socorro García Robledo contra la Nación – Ministerio de Educación –

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2. Problema jurídico El problema jurídico que debe resolver la Sala se concreta en determinar si la señora Ruth del Socorro García Robledo, tiene derecho a que le sea reconocida y pagada la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de las cesantías.RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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9 De igual forma, se deberá determinar si se debe mantener la condena en costas en primera instancia a la entidad demandada.

3. Las pruebas del proceso Los supuestos fácticos de la demanda, se encuentran soportados en las siguientes

pruebas:

9 De igual forma, se deberá determinar si se debe mantener la condena en costas en primera instancia a la entidad demandada.

3. Las pruebas del proceso Los supuestos fácticos de la demanda, se encuentran soportados en las siguientes pruebas: - Derecho de petición presentado el 9 de mayo de 2018, por medio del cual la señora Ruth del Socorro García Robledo le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el no pago oportuno de las cesantías (fls. 18-20). - Resolución No. 007967 del 14 de julio de 2016 “Por la cual se reconoce y ordena el pago una Cesantía Parcial para Reparaciones locativas de vivienda” (fls. 21-22). - Recibo del banco BBVA en el que consta el pago de cesantías parciales a la actora

(fl. 23). También obra constancia del trámite de conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 32 Judicial II para Asuntos Administrativos de fecha 2de octubre de 2018 (fls. 15).

4. Sanción por mora en el pago de cesantías a los servidores públicos 4.1. Normatividad que rige la sanción por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos La indemnización por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos, es una figura sancionatoria que fue establecida inicialmente mediante la Ley 244 de 1995 y que

tiene su razón de ser en la mora del empleador en la liquidación de esta prestación social. Tiene la naturaleza de una “sanción” cuyo fin es resarcir los daños que se causan alRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 10 trabajador ante el incumplimiento en el pago de la liquidación del auxilio de cesantía dentro de los términos previstos en la ley. La Ley 244 de 1995 fue modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, ley que en el artículo 2º señaló su ámbito de aplicación, así: “Artículo 2. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro”. Conforme a la norma acabada de citar, son beneficiarios de la sanción por el no pago oportuno de cesantías todos los servidores públicos del Estado, con la excepción contemplada en el artículo 5 en relación con el Fondo Nacional del Ahorro.

La Ley 1071 de 2006 distinguió entre el término para el reconocimiento de la cesantía (art. 4º) y el término para el pago oportuno de la misma (art. 5º), así: “Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y

cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario porRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 11 cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” Se puede advertir que la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de la prestación, cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento y la entidad pagadora, dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para cancelar la prestación social. Se destaca en el artículo 4° de la ley que se hizo extensiva la sanción a los casos de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, toda vez que en la Ley 244 de 1995, únicamente se previó para las definitivas. 4.2. Aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a los docentes. Sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Hasta el 18 de julio de 2018, se había discutido la posibilidad de aplicar la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a los docentes, pues el pago de prestaciones para estos está consagrado en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y en el Decreto 2831 de 2005, normas especiales que no consagraron la sanción por mora en el pago de cesantías para los educadores oficiales, pues las leyes que la consagran son generales y están dirigidas a todos los servidores públicos. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, respecto de la calidad de los docentes y la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a estos, expuso: “…para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales1, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de

1 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 12 carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 12 carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 2 y 1071 de 2006 3, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.

(…)

122. Por consiguiente, se tiene que dado que la Ley 1071 de 2006 4 fue expedida por el Congreso de la República, órgano al que por mandato constitucional le corresponde hacer las leyes 5, y de otro lado, el Decreto 2831 de 2005 por el presidente en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, quien ejerce las funciones de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa 6, dicha ley prevalece sobre el decreto reglamentario y en tal virtud, deberá aplicarse tal disposición legal en lo concerniente a los términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas de docentes, dada su naturaleza jurídica de servidores públicos, así como la sanción moratoria.

(…)

tal disposición legal en lo concerniente a los términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas de docentes, dada su naturaleza jurídica de servidores públicos, así como la sanción moratoria. (…)

128. Así las cosas, la Sala de Sección considera que no hay lugar a la aplicación conjunta del Decreto 2831 de 2005 7 en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, y de la Ley 1071 de 2006 8 para la sanción moratoria en el evento en que la entidad

2 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 3 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.» 4 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.» 5 Artículo 150 de la Constitución Política. 6 Artículo 189 ibidem. 7 «Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»

8 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.».RADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 13 pagadora incumpla el plazo, pues ello desconocería la jerarquía normativa de la ley sobre el reglamento.

129. Para esta Sala de Sección es muy importante recalcar esa jerarquía normativa en cuya virtud debe prevalecer el mandato contenido en la Ley 1071 de 2006 en el trámite de las solicitudes de cesantías que promuevan los docentes oficiales; por lo que tanto entes territoriales como el Fomag procurarán su cumplimiento para tales propósitos. Así mismo, el Gobierno Nacional la tendrá en cuenta para si es del caso disponga de una reglamentación acorde con la ley.

130. En consecuencia, estima la Sala que el Decreto Reglamentario 2831 de 2005 desconoce la jerarquía normativa de la ley, al establecer trámites y términos diferentes a los previstos en ella para el reconocimiento y pago de la cesantía, que como hemos visto, resultan aplicables al sector docente

oficial. Por ende, y a pesar de no ser objeto de este proceso, en desarrollo de la llamada «excepción de ilegalidad», consagrada en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, la Sala inaplicará para los efectos de la unificación jurisprudencial contenida en esta providencia, la mencionada norma reglamentaria, e instará al Gobierno Nacional a que en futuras reglamentaciones tenga en cuenta los términos y límites prescritos en la ley para la causación de la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías.” Además, en la misma providencia, la Sala Plena de la Sección Segunda de la Corporación decidió unificar jurisprudencia en materia de sanción moratoria por no pago de las cesantías a los dicentes del sector oficial de la siguiente manera: “3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial , al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías. 3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para

efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo correRADICADO: 05001-33-33-017-2018-00470-01

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 14 la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley9 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al p