TA ANT - 05001333301320160043801-(25-08-2025)-1

RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES - Compatibilidad de la pensión de vejez y de jubilaciónSíntesis del caso: R.A.C.C., docente oficial vinculada al Municipio de Bello desde 1995 hasta 2015, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aunque ya recibía una pensión de vejez otorgada por Colpensiones por sus años de servicio en el sector privado, la Secretaría de Educación le negó la pensión de jubilación alegando incompatibilidad conforme al artículo 128 de la Constitución.

Extracto: [...] Los docentes vinculados a la Nación quedaron sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional, contenido en la ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 de 1985, salvo: i) los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que llegaron a tener derecho a la pensión de gracia, y ii) las pensiones del magisterio cuando la vinculación sea posterior al 1º de enero de 1981, recibirán una mesada pensional adicional, pagada a mitad de año y la tasa de retorno será del 75% del salario mensual promedio del último año. [...] El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), es el decreto 3135 de 1968, norma sustituida por la ley 33 de 1985, que exigió como requisitos para adquirir este derecho pensional una edad de 55 años (hombres y mujeres) y un tiempo de servicios de 20 años continuos o

2003), es el decreto 3135 de 1968, norma sustituida por la ley 33 de 1985, que exigió como requisitos para adquirir este derecho pensional una edad de 55 años (hombres y mujeres) y un tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos, con derecho a una pensión del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. [...] Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la ley 224 de 1972 establece que «El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. [...] De lo anterior, queda claro que la excepción permite a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio recibir una pensión de jubilación que le sea reconocida por este fondo y una pensión de vejez reconocida por otro fondo de pensiones. [...] Conforme se acreditó con las pruebas allegadas, es claro que la demandante se hizo acreedora a una pensión de vejez reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones), por haber cotizado a dicha entidad al servicio de una institución educativa del orden privado (Colegio Parroquial Jesús de la Buena Esperanza) , desde el 21 de julio de 1969 hasta el 12 de marzo de 2003. […] Por lo anterior, la Sala no comparte las consideraciones del a quo para negar el derecho a la pensión de jubilación, al aseverar que la demandante no contaría con el tiempo de servicios de 20 años para acceder a su derecho pensional si no se hubiera tenido en cuenta el periodo cotizado en calidad de docente del Municipio de

jubilación, al aseverar que la demandante no contaría con el tiempo de servicios de 20 años para acceder a su derecho pensional si no se hubiera tenido en cuenta el periodo cotizado en calidad de docente del Municipio de Bello entre junio de 1995 y septiembre de 1999, pues como se indicó previamente, no era necesario tener en cuenta ese tiempo de cotización en el sector público para que se le reconociera dicha prestación, toda vez que la demandante para marzo de 2003 ya superada las 1525 semanas de cotización en el sector privado, es decir, que sobrepasaba el requisito de los 20 años de servicio en el sector privado. [...] Conforme a los hechos que resultaron acreditados dentro del proceso y al marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto, se puede concluir que a la demandante le asiste el derecho a devengar las dos pensiones, la de vejez y la de jubilación, sin que ello implique incurrir en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política, toda vez que la pensión por vejez que le reconoció el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones) se originó en los servicios prestados en el sector privado y, por tanto, es una asignación que no proviene del tesoro público; aunado a que se vinculó a la docencia oficial en propiedad antes de la entrada en vigencia del decreto 1278 de 2002, esto es, desde el 15 de mayo de 1995. [...] En ese sentido, la Sala considera que la calidad de la demandante de docente oficial pagada con recursos del municipio de Bello, no la excluye del derecho a la compatibilidad entre la pensión de vejez y de jubilación, toda vez que las normas que rigen el asunto no lo disponen de tal manera, por lo que no le corresponde al juez crear una

del municipio de Bello, no la excluye del derecho a la compatibilidad entre la pensión de vejez y de jubilación, toda vez que las normas que rigen el asunto no lo disponen de tal manera, por lo que no le corresponde al juez crear una exclusión que no fue expresamente consagrada por el legislador.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de la resolución que negó la pensión. Ordenó al Ministerio de Educación y al Fondo del Magisterio reconocer y pagar la pensión de jubilación, equivalente al 75% del salario del último año de servicio, incluyendo únicamente los factores salariales sobre los que se cotizó conforme a la Ley 62 de 1985. También ordenó la indexación de las sumas adeudadas y aclaró que no hay incompatibilidad entre ambas pensiones, según jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.Temas desarrollados: Régimen pensional de los docentes oficiales. / Compatibilidad de la Pensión de vejez y de jubilación. / Revoca la sentencia de primera instancia. / Concede las pretensiones.

Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Decisión

Magistrado Ponente: Jairo Jiménez Aristizábal

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Ref.: Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Laboral)

Demandante: Rocío de los Ángeles Carvajal Castaño

Demandado: Nación –Ministerio de Educación– Fondo Nacional de

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Laboral)

Demandante: Rocío de los Ángeles Carvajal Castaño Demandado: Nación –Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Bello Sentencia: n.º 133

Resuelve la Sala el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia del 7 de junio de 2019, proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que negó parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES:

1.1. El medio de control:

La señora Rocío de los Ángeles Carvajal Castaño, actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Laboral), formuló una demanda en contra de la Nación –Ministerio de Educación Nacional– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Bello, con el fin de obtener un pronunciamiento respecto de las siguientes

1.2. Pretensiones:

Solicita que se declare la nulidad de la resolución n.° 201600000419 del 8 de febrero de 2016 que le negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a laRadicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Rocío de los Ángeles Carvajal Cataño Demandado: FOMAG y otro

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señora Rocío de los Ángeles Carvajal Cataño, por estar pensionada por Colpensiones

Demandante: Rocío de los Ángeles Carvajal Cataño Demandado: FOMAG y otro

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señora Rocío de los Ángeles Carvajal Cataño, por estar pensionada por Colpensiones mediante la resolución n.° 17402 de 2004, siendo incompatible con la pensión solicitada.

A título de restablecimiento, solicita que se condene a la Nación –Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Bello, a reconocer la pensión de jubilación por cumplir los requisitos y se ordene pagar las mesadas atrasadas causadas y no pagadas, la inclusión en nómina de pensionados, y se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.3. Hechos:

Se indica en la demanda que mediante la resolución n.° 201600000419 del 8 de febrero de 2016 la Nación –Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le negó a la demandante la pensión vitalicia de jubilación con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política, por encontrarse pensionada por Colpensiones.

Señala que, al desconocerse el derecho de la educadora, se le está perjudicando el patrimonio, toda vez que, por pertenecer al régimen de pensiones del magisterio, las dos prestaciones son compatibles.

1.4. La sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia proferida el 7 de junio de 20191, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Mediante sentencia proferida el 7 de junio de 20191, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Lo anterior, al considerar que la pensión solicitada es incompatible con la otorgada por el antiguo Instituto de los Seguros Sociales, dado que guardan relación en cuanto al origen y fuente del servicio prestado por el periodo entre junio de 1995 y septiembre de 1999, toda vez que las cotizaciones sirvieron como base para estructurar su derecho pensional frente al ISS, por lo que ese periodo no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1 Folios 105 a 110 del expediente físico.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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Señaló que no se cumplen los supuestos del Consejo de Estado para otorgar el derecho pensional que se pretende.

1.5. El recurso de apelación2.

El apoderado de la demandante apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual hizo un recuento normativo del régimen prestacional de los docentes y argumentó que, como se observa en el folio 6 del expediente, la demandante tuvo su vinculación como docente desde el 15 de mayo de 1995, por lo que su régimen pensional corresponde al del magisterio y no al general de la seguridad social en pensiones establecido por la Ley 100 de 1993.

el 15 de mayo de 1995, por lo que su régimen pensional corresponde al del magisterio y no al general de la seguridad social en pensiones establecido por la Ley 100 de 1993.

Arguye que en el reconocimiento de la pensión de vejez reconocida a la demandante por Colpensiones se tuvieron en cuenta los aportes que como trabajadora del sector privado se efectuaron por más de 20 años, como se observa en la historia laboral que reposa en el expediente:

• Del 01/01/1967 al 31/12/1994: 1.326 semanas, teniendo en cuenta 8 semanas de licencia. • Del 01/01/1995 al 30/11/2003: 444 semanas. • Total de semanas cotizadas al ISS del sector privado: 1.770 semanas.

Indica que es evidente que la demandante efectuó aportes al ISS (hoy Colpensiones) durante 34 años de parte de sus empleadores del sector privado, por lo que no comparte los argumentos del juez de primera instancia, pues cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez ,y a su vez, laboró como docente del magisterio por más de 20 años, como se observa en el folio 6 del expediente, donde se indica claramente que la actora laboró como docente pública en el Municipio de Bello desde el 15 de mayo de 1995 hasta el 30 de junio de 2015.

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia y se concedan las pretensiones de la demanda.

2 Folios 114 a 133 del expediente físico.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

demanda.

2 Folios 114 a 133 del expediente físico.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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1.6. Alegatos en la segunda instancia:

Una vez admitido el recurso3 y surtido el traslado para alegar4 dispuesto en el artículo 247 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011, las partes no se pronunciaron.

1.7. Concepto del Ministerio Público:

El Procurador 113 Judicial Administrativo delegado ante esta Corporación no emitió concepto.

1.8. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

Mediante memorial el 9 de diciembre de 2021 5, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de su director, intervino en el proceso solicitando que no se accediera a las pretensiones de la demanda, en el sentido de no acceder a la inclusión de los factores salariales sobre los cuales no se realizó el respectivo aporte o cotización, teniendo en cuenta la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

Asimismo, solicitó abstenerse de suspender el proceso por dicha intervención.

Concluido el trámite de la segunda instancia, se hace necesario entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en este proceso, habida cuenta de que no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado en este proceso, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes

de apelación interpuesto por la parte demandante en este proceso, habida cuenta de que no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado en este proceso, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes

II. CONSIDERACIONES:

2.1. Competencia

El artículo 153º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:

3 Folio 137 del expediente. 4 Folio 134 del expediente. 5 Folios 145 a 162 del expediente.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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“Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este modo de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”.

En consecuencia, es competente este Tribunal Administrativo para desatar, conforme a Derecho, el recurso propuesto por la parte demandante en contra del fallo de primer grado que finiquitó de fondo el asunto.

2.2. Problema jurídico:

De conformidad con el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala establecer si a la demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, aunque esté percibiendo una pensión de vejez por

instancia, le corresponde a la Sala establecer si a la demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, aunque esté percibiendo una pensión de vejez por parte de Colpensiones.

2.3. Marco normativo:

El decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente», estableció el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro del personal docente en los distintos niveles y modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, no reguló en materia pensional.

Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender, entre otras, las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados y los del orden territorial.

En la ley citada, se estableció en el artículo 15 que los docentes nacionalizados que se hayan vinculado antes del 1º de enero de 1990 mantendrían el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Así mismo, se estableció que los docentes nacionales y los que se vincularon a partir del 1º de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirían porRadicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, con las

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las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, con las excepciones consagradas en la ley.

Para efectos pensionales, la misma norma dispuso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuvieron derecho o llegaron a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocería, siempre y cuando cumplieran la totalidad de los requisitos para acceder a ella, la cual es compatible con la pensión ordinaria de jubilación.

Por otro lado, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos nombrados a partir del 1º de enero de 1990, que cumplieran los requisitos legales, sólo se les reconocería una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año, de modo que gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público y recibirían una prima, a mitad de año, equivalente a una mesada pensional.

Los docentes vinculados a la Nación quedaron sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional, contenido en la ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 de 1985, salvo: i) los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que llegaron a tener derecho a la pensión de gracia, y ii) las pensiones

1985, modificada por la ley 62 de 1985, salvo: i) los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que llegaron a tener derecho a la pensión de gracia, y ii) las pensiones del magisterio cuando la vinculación sea posterior al 1º de enero de 1981, recibirán una mesada pensional adicional, pagada a mitad de año y la tasa de retorno será del 75% del salario mensual promedio del último año.

Posteriormente se expidió la ley 812 de 2003, donde se dispuso en el artículo 81 lo siguiente:

Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 yRadicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]

De lo anterior, se infiere que los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de

797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]

De lo anterior, se infiere que los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de esta norma, se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. A los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplican las normas anteriores a esta normatividad.

2.3.1. Régimen Pensional de los docentes públicos:

La ley 100 de 1993 mantuvo los derechos adquiridos y expectativas legítimas creadas con base en los regímenes pensionales que regían con anterioridad a dicha ley, en cumplimiento de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política.

El artículo 279 de dicha ley, excluyó de la aplicación del nuevo Sistema Integral de Seguridad Social, entre otros, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la ley 91 de 1989, cuyas prestaciones se siguieron regulando con base en las normas que, hasta el momento, les eran aplicables.

El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), es el decreto 3135 de 1968, norma sustituida por la ley 33 de 1985, que exigió como requisitos para adquirir este derecho pensional una edad de 55 años (hombres y mujeres) y un tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos,

de 1985, que exigió como requisitos para adquirir este derecho pensional una edad de 55 años (hombres y mujeres) y un tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos, con derecho a una pensión del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

El artículo 1º de la ley 62 de 1985, que modificó el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, estableció como factores salariales que constituyen la base de liquidación para la pensión: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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Así mismo, dispuso que las pensiones de los empleados oficiales, de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

Se resalta que los factores salariales que configuran la mesada pensional están consagrados en la ley y no podrán incluirse en el promedio de lo devengado en el último año de servicio los factores constituidos en forma extralegal o por normas de carácter territorial, como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Para las prestaciones económicas de los docentes, son aplicables los artículos 3º de la ley

los factores constituidos en forma extralegal o por normas de carácter territorial, como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Para las prestaciones económicas de los docentes, son aplicables los artículos 3º de la ley 33 de 1985 y 1º de la Ley 62 del mismo año, por remisión de la ley 91 de 1989, lo que deja por fuera los factores salariales dispuestos en el Decreto 1045 de 1978.

Por expresa disposición de la ley 62 de 1985, sólo será factor salarial a tener en cuenta, en el cálculo de la pensión, aquel que haya servido para el cálculo de los aportes.

Lo anterior fue unificado por el Consejo de Estado en sentencia SUJ -014-CE-S2-2019, en la que se ordenó lo siguiente:

Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada

docente, así: a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los

la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”

2.3.2. De la compatibilidad de las pensiones:

La Constitución Política establece en el artículo 128 que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, con excepción de los casos expresamente determinados por la ley. Esta misma disposición estableció que por tesoro público debe entenderse el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

El artículo 19 de la ley 4ª de 1992, desarrolló el artículo 128 de la Constitución Política así:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa; [...]

g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

La Corte Constitucional en sentencia C -133 de 1 de abril de 1993, declaró exequible el artículo 19 de la ley 4ª de 1992, al considerar:

docentes pensionados.

La Corte Constitucional en sentencia C -133 de 1 de abril de 1993, declaró exequible el artículo 19 de la ley 4ª de 1992, al considerar:

Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.

[…]

Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: ‘Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público,Radicado: 05001-33-33-013-2016-00438-01

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salvo lo que para casos especiales determinen las leyes’ (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos. […]

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de

su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas.

Por su parte, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece la a excepción a esta regla así:

ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social