TA ANT - 05001333302820150044701-(19-09-2023)

REPETICIÓN – Requisitos de procedencia / DEL PAGO - Marco normativo / DE LA CONDUCTA DOLOSA

Y GRAVEMENTE CULPOSA –

Síntesis del caso: Le correspondió a la Sala decidir, si ¿a la luz de la Ley 678 de 2001, están configurados los elementos fáct icos y jurídicos para repetir y declarar l a responsabilidad del señor A.J.R.G., conforme a las pruebas aportadas al proceso?

Extracto: (...) El medio de control de repetición tiene como propósito que el Estado recupere el dinero que ha pagado por los daños antijurídicos causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un parti cular que cumpla funciones administrativas. (...) Con base en los documentos reseñados, considera la Sala que se cumple con el requisito del pago que exige el medio de control de repetición, toda vez que, si bien no se desconoce que jurisprudencialmente, ante de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, se imponía un estándar probatorio más allá de la simple afirmación de la entidad pública o de la certificación expedida por alguna de sus dependencias o funcionarios sobre el pago efectivo, se debe tener en cuent a que el CPACA, en su artículo 142, en forma expresa le otorgó merito probatorio a la certificación del pagador de la entidad por este hecho. Es importante destacar que en estos asuntos tampoco se exige una tarifa legal de la prueba, sino que se permite cu alquier medio probatorio que otorgue certeza al juzgador sobre el pago efectivo de la condena, como medio de extinción de la obligación. (...) Conforme a lo anterior, si bien se ha entendido el certificado expedido por el tesorero de la entidad, como un

sobre el pago efectivo de la condena, como medio de extinción de la obligación. (...) Conforme a lo anterior, si bien se ha entendido el certificado expedido por el tesorero de la entidad, como un requisito previo para iniciar la acción de repetición, no es dable desconocer su valor probatorio para acceder a las pretensiones. Adicionalmente, se puede verificar con la constancia expedida por el Banco Davivienda, que la cuenta de ahorros No. xxxxxxxxx, se encuentra a nombre de la abogada C.P.M.G., a quien se dispuso la Resolución No. 2590 del 18 de abril de 2013, realizarle el pago por la suma de xxxxxxxx, en donde se plasma la misma cuenta de ahorros que fue referenciadas, y conforme a la cual no hay d uda, se insiste pertenece a la apoderada, quien fue la persona autorizada por los demandantes de la reparación directa, para elaborar la cuenta de cobro, representarlos ante la entidad demandada, cobrar y recibir los cheques correspondientes a la indemnización, conforme se observa en el poder allegado en las pags. 41 y 42 del archivo digital. (...) La Alta Corte Constitucional, ha señalado que para efectos de garantizar el debido proceso del demandado, está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclu siones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la Administración, ya que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en elementos de juicio allegados al proceso de repetición, con base en los c uales el demandante tenga la oportunidad de defenderse.REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

demandante tenga la oportunidad de defenderse.REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, diecienueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

MEDIO DE

CONTROL

REPETICIÓN

DEMANDANTE NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO DEMANDADO ABELARDO DE JESUS RIVERA GARCÉS RADICADO 05001-33-33-028-2015-00447-01

INSTANCIA SEGUNDA

PROCEDENCIA JUZGADO VEINTIOCHO DMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE MEDELLÍN

ASUNTO REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPETICIÓN: PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA

POR LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE

UN SERVIDOR O EXSERVIDOR PÚBLICO.

DECISIÓN CONFIRMA SENTENCIA EXPEDIENTE 028 2015 00447 01

SENTENCIA 88

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora en contra de la sentencia proferida el día 31 de mayo de 2021 por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Medio de control

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL acudió en ejercicio del medio de control de repetición, con el fin de que se declare responsable

1. ANTECEDENTES

1.1. Medio de control

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL acudió en ejercicio del medio de control de repetición, con el fin de que se declare responsable al señor ABERLARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS, de los perjuicios ocasionados a la entidad demandante, por el cumplimiento del fallo del 29 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1.2. Pretensiones

• La parte demandante solicita que se declare responsable al señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés, por el pago que debió realizar la entidad al señor Ramiro de Jesús Osorio Patiño y otros, en cumplimiento de la decisión judicial contenida en laMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPETICIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA ABELARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS 05001 33 33 028 2015 00447 01

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Sentencia del 29 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrati vo de Descongestión, la cual modifica el fallo proferido por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, el 28 de octubre de 2009, con ocasión del fallecimiento del señor José Aldemar Osorio Gómez, ocurrida el 2 de enero de 2003, como consecuencia del proyectil de arma de fuego propinado por el señor SLP Abelardo de Jesús Rivera Garcés, quien en su momento era orgánico del Batallón de Ingeniero No. 4 “General Pedro Nel Ospina”, decisión que quedó ejecutoriada el

como consecuencia del proyectil de arma de fuego propinado por el señor SLP Abelardo de Jesús Rivera Garcés, quien en su momento era orgánico del Batallón de Ingeniero No. 4 “General Pedro Nel Ospina”, decisión que quedó ejecutoriada el día 28 de julio de 2012.

Pide que se condene al señor Rivera Garcés, a cancelar la suma de $173.529.693.51, a favor del Ministerio de Defensa Nacional, suma que fue reconocida mediante Resolución No. 2590 del 18 de abril de 2012, en cumplimiento de la mencionada sentencia.

1.3. Supuestos fácticos

1. Señala la parte actora que el señor José Aldemar Osorio Gómez, el día 2 de enero de 2003, se encontraba con unos amigos en el sector de Villa Laura del barrio Belencito Corazón.

2. Ese día un soldado se arrimó y les pidió que les prestara una motocicleta para dar una vuelta, pero como la misma no era de su propiedad, el señor José Aldemar lo acompañó y se fue de parrillero, cargando el fusil para que pudiera manejar. Señala que pasar on por un retén del Ejército, en donde le llamaron la atención y le ordenaron detenerse, como no hicieron el pare ordenado, dispararon en contra de José Aldemar que iba como parrillero, causándole la muerte.

3. Como consecuencia de lo anterior, los padres, hijos, hermanos y abuelos del señor José Aldemar, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional, siendo condenada la entidad por medio de la sentencia del 29 de octubre de

3. Como consecuencia de lo anterior, los padres, hijos, hermanos y abuelos del señor José Aldemar, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional, siendo condenada la entidad por medio de la sentencia del 29 de octubre de 2008, por parte del Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la Sentencia del 29 de abril de 2012, ordenando el pago de la suma de $173.529.693,51, que fue ordenada a través de la Resolución No. 2590 del 28 de abril de 2013.

4. Señala que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional, autorizó repetir contra el señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés, por cuanto, del material probatorio se concluye la configuración deMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

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MINISTERIO DE DEFENSA ABELARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS 05001 33 33 028 2015 00447 01

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los elementos necesarios para determinar que su comportamiento encuadra en los presupuestos de culpa grave.

1.4. Fundamentos de derecho

Los fundamentos de derecho se basan en el inciso 2° del artículo 90, artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001.

Señala que como se puede inferir del material probatorio, que fue allegado al proceso adelantado por el señor Ramiro de Jesús Osorio Patiño y otros, en contra de la entidad, se encuentra que la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, está directamente relacionada con los hechos

proceso adelantado por el señor Ramiro de Jesús Osorio Patiño y otros, en contra de la entidad, se encuentra que la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, está directamente relacionada con los hechos ocurridos el día 2 de enero de 2003, fecha en la que perdió la vida el señor José Aldemar Osorio Gómez, como consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego propinado por el señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés.

Indica que el comportamiento del señor SLP Rivera Garcés Abelardo de Jesús, claramente se encuadra en los presupuestos legales para ser considerados como conducta gravemente culposa, por cuanto está plenamente demostrado que el fallecimiento del señor José Aldemar Osorio, se debió al actuar del demandado dada su calidad de soldado profesional y portador de un arma de fuego, quien recibió una instrucción sobre las normas mínimas de seguridad que se debe tener, su custodia y su dominio.

1.5. Contestación a la demanda – Curadora ad litem

La curadora ad litem del señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés, dio contestación a la demanda, señalando que no deben prosperar las pretensiones de la demanda, ya que no existe responsabilidad del demandado, al no demostrarse los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de repetición.

Indica que de acuerdo a la demanda y sus anexos, no se desprende que el demandado haya actuado con dolo o culpa grave, situación que lo excluye de responsabilidad, al no configurarse las causales de los artículos 5 y 6 de la Ley 678

de 2001.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

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RADICADO:

REPETICIÓN

responsabilidad, al no configurarse las causales de los artículos 5 y 6 de la Ley 678

de 2001.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

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Hace referencia a que se debe tener en cuenta como hecho notorio, que para el año 2003 existió en la Comuna 13 de Medellín, un estado de cosas inconstitucionales, en el cual como consecuencia del conflicto, existió una confluencia presencial de diferentes actores armados. Indica que la reacción del demandado es apenas natural, más aún cuando existió de por medio una amenaza en contra de su vida, la cual es predicada del fusil que portaba la víctima, quien no solo la portaba, sino que desobedeció la señal de pare.

1.6. Sentencia apelada

El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín, a través de Sentencia del 31 de mayo de 2021, decidió negar las pretensiones de la demanda, señalando que el primer requisito de la acción de repetición se encuentra cumplido, pues tal circunstancia no solo consta en las sentencias que dieron origen a la responsabilidad que se dirime, sino que también se desprende de la copia del informe sobre los hechos ocurrido el día 2 de enero de 2003, en donde consta además el relato escrito del demandado, quien se identifica en dicho documento con la calidad de soldado profesional.

Con respecto al segundo elemento de procedencia, relacionado con demostrar la condena en contra para resarcir el daño antijurídico, se allegó la sentencia proferida

con la calidad de soldado profesional.

Con respecto al segundo elemento de procedencia, relacionado con demostrar la condena en contra para resarcir el daño antijurídico, se allegó la sentencia proferida el 29 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Descongestión y el fallo proferido por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín el 28 de octubre de 2008, ambas sentencias correspondientes al proceso con radicado No. 05001 23 31 000 2004 6361 01 y junto con éstas se aportó además el certificado suscrito por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual consta la ejecutoria de dichas providencias judiciales.

Conforme a lo anterior, afirma que se evidencia de tales fallos, que se encuen tra acreditada la condena a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por los hechos en los que se encontró involucrado el hoy demandado RIVERA GARCÉS ABELARDO DE JESÚS, y, en consecuencia, ordenan el pago de una indemnización por los daños mat eriales e inmateriales causados a los familiares del occiso JOSÉ ALDEMAR OSORIO GÓMEZ.

Con referencia al tercer requisito, en el que se debe demostrar el pago de la indemnización a la que fue condenada la entidad, señala el Juzgado que con losMEDIO DE CONTROL:

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documentos que se aportan relacionados con la cuenta de cobro 008-2012, suscrita

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documentos que se aportan relacionados con la cuenta de cobro 008-2012, suscrita por la apoderada CLAUDIA PATRICIA MARÍN GÓMEZ, la copia de la Resolución No. 2590 proferida el 18 de abril de 2013 en la que se resuelve reconocer, ordenar y autorizar el pago de $173.529.693,51 M/CTE a los señores RAMIRO DE JESÚS OSORIO PATIÑO Y OTROS, a través de su apoderada judicial la Dra. CLAUDIA PATRICIA MARÍN GÓMEZ y por último, un certificado suscrito por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa Nacional en el que hace constar, que mediante Resolución No. 2590 de 18 de abril de 2013 se canceló la suma de $173.529.693,51 a la señora CLAUDIA PATRICIA MARÍN GÓMEZ con los comprobantes de egreso Nos.1500003641 Y 1500003642 del 26 de abril de 2013 a través de la dirección del Tesoro Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 036400313908 del Banco Davivienda S.A el 26 de abril de 2013, no considera cumplido este requisito.

Expresa, que los mencionados documentos no tienen mérito suficiente para demostrar que la entidad efectivamente pagó la indemnización a la cual fue condenada y de la que se pretende repetir, ya que la cuenta de cobro solo demuestra que la apoderada cobró los dineros y solicitó le fueran consignados a su cuenta bancaria, y los demás documentos fueron expedidos por la propia entidad demandante, lo cual no puede tomarse como prueba objetiva del pago.

demuestra que la apoderada cobró los dineros y solicitó le fueran consignados a su cuenta bancaria, y los demás documentos fueron expedidos por la propia entidad demandante, lo cual no puede tomarse como prueba objetiva del pago.

Hace referencia a que el artículo 142 del CPACA, dispone que el certificado del tesorero será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición, pero dicha circunstancia solo corresponde a un requisito procesal, como presupuesto de la acción, más no como presupuesto para la prosperidad de las pretensiones. Señala que mínimamente se debe demostrar el cumplimiento de este requisito con documentos que demuestren que los dineros fueron desembolsados de las cuentas de la entidad pública demandante y a su vez fueron recibidos en las cuentas de los acreedores.

Ahora, frente al elemento de la re petición, relacionado con la conducta dolosa o gravemente culposa ejecutada en su calidad de servidor público, afirma el Juzgado de primera instancia que la entidad demandante omite su carga probatorio, ya que solo se limita a afirmar que el señor Abelardo de Jesús Rivera Sánchez, desconoció las medidas de seguridad y las instrucciones de protocolo del uso de armamento oficial, y que además existe fallo penal condenatorio en su contra, sin embargo, no presenta prueba documental, testimonial o pericial alguna, que demuestre talesMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

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afirmaciones, pues de los informes aportados al proceso, se desprenden las

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afirmaciones, pues de los informes aportados al proceso, se desprenden las circunstancias sospechosas en las cuales se acercaron los pasajeros de la motocicleta al joven Abelardo de Jesús Rivera Sánchez.

Hace referencia a las decisiones que fueron proferidas por la Justicia Penal Militar y por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia condenatoria, en las cuales se señala que hubo un error invencible por parte demandado como causal de ausencia de responsabilidad.

1.7. Apelación sentencia

La entidad demandante apela la decisión, señalando que se encuentra comprobada la existencia de una condena judicial, como primer requisito de la acción de repetición.

Por otro lado, frente al pago de la indemnización por parte de la entidad pública, indica que con la demanda se allegó la Resolución No. 2590 del 18 de abril de 2013, con la cual se reconoció, ordenó y autorizó el pago de la suma de $173.529.693,51, por los perjuicios causados a los familiares del señor José Aldemar Osorio Gómez, frente a su deceso, ocurrido el 2 de enero de 2003.

Señala que se allegó certificación expedida por la Tesorería del Ministerio de Defensa, en la que se indica que por medio de la Resolución No. 2590 de 2013 se canceló el valor de $173.529.693. Pruebas con las que afirma se deriva la convicción de que la entidad demandada efectuó el pago ordenado por la

Defensa, en la que se indica que por medio de la Resolución No. 2590 de 2013 se canceló el valor de $173.529.693. Pruebas con las que afirma se deriva la convicción de que la entidad demandada efectuó el pago ordenado por la jurisdicción contenciosa administrativo a los beneficiarios de la sentencia, pues se certifica dicho pago por la dependencia competente que giró el dinero referido para solucionar la obligación causada con el mencionado reconocimiento.

Manifiesta, que de conformidad con el artículo 142 del CPACA, el certificado del pagador es prueba suficiente para iniciar la pretensión de repetición, asimismo, indica que se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 264 del CPC (sic), los documentos públicos, provenientes de funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, como certificaciones o actuaciones judiciales o administrativa, gozan de valor probatorio con fuerza suficiente para dar certeza en cuanto al hecho de haber sido otorgados, su fecha, su contenido y las declaracione s que haga el funcionario que los autoriza.MEDIO DE CONTROL:

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Indica que de conformidad con lo señalado en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001, que habla sobre la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, se evidencia que el actuar del demandado quien para la época de los hechos se desempeñaba como soldado del Ejército Nacional, resultó ser poco diligentes,

que habla sobre la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, se evidencia que el actuar del demandado quien para la época de los hechos se desempeñaba como soldado del Ejército Nacional, resultó ser poco diligentes, descuidado e imperito al accionar su arma de dotación en contra de la humanidad de sus compañeros.

Hace referencia que de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso de repetición y al de reparación directa que dio origen a esta acción, como las documentales, al someterlas a la valoración y apreciación pertinente, se evidencia la responsabilidad de la entidad demandante, en virtud de la acción desplegada por el demandado, quien accionó su arma de dotación oficial en contra del joven José Aldemar Osorio Gómez, ocasionándole la muerte.

Afirma, que se debe considerar la existencia de un proceso penal con fallo condenatorio frente al demandado, con ocasión de la comisión del punible de homicidio, con lo que asegura que es clara la conducta gravemente culposa del señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés, que fue el hecho que tuvo como consecuencia la responsabilidad de la entidad.

1.8. . Pronunciamiento en segunda instancia

La entidad demandante, el particular demandado y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.9. Pruebas relevantes

• Cuenta de cobro presentada por la abogada C laudia Patricia Marín Gómez, ante la entidad demandante. (Págs. 33 a 37 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)1.

• Sentencia del 28 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Veintitrés

la entidad demandante. (Págs. 33 a 37 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)1.

• Sentencia del 28 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, por medio de la cual se declara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de los perjuicios morales ocasionados a los demandantes, Ramiro deMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

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RADICADO:

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Jesús Osorio Patiño, María Magdalena Gómez de Osorio, en calidad de padres del fallecido y a la señora Maria Hermelina Giraldo de Gómez, por hechos ocurridos el 2 de enero de 2003, en donde resultó muerto el señor José Aldemar Osorio Gómez. En dicha providencia se condenó al pago de perjuicios morales y daño emergente. (Págs. 45 a 81 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)2.

• Sentencia del 29 de abril de 2012, proferida por la Sala de Descongestión – Subsección de reparación directa del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual se confirma parcialmente la sentencia de primera instancia y se modifica la misma en cuanto al pago de perjuicios. (Págs. 84 a 118 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)3.

• Constancia expedida por el banco Davivienda, en donde se certifica que la señora

misma en cuanto al pago de perjuicios. (Págs. 84 a 118 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)3.

• Constancia expedida por el banco Davivienda, en donde se certifica que la señora Claudia Patricia Marín Gómez, posee la cuenta de ahorros No. 036400313908.

(Pág. 124 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)4.

• Correo enviado a la abogada Marín Gómez, el día 24 de septiembre de 2012, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, en donde se le indica que fue recibida la cuenta de cobro, la cual se encuentra pendiente para asignar turno de pago. (Pág. 127 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)5.

• Resolución No. 2590 del 18 de abril de 2013, a través de la cual se reconoce, ordena y autoriza el pago de la suma de $173.529.693, a favor del señor Ramiro de Jesús Osorio Patiño y otros, a través de su apoderada Claudia Patricia Marín Gómez. (Págs. 142 a 145 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)6.

• Informes realizados por diferentes miembros del Ejército, frente a los hechos ocurrido el día 2 de enero de 2003, fecha en la que se dio el fallecimiento del señor José Aldemar. (Págs. 151 a 162 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)7.

2 01Expediente digitalizado.pdf 3 01Expediente digitalizado.pdf 4 01Expediente digitalizado.pdf 5 01Expediente digitalizado.pdf 6 01Expediente digitalizado.pdfMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

2 01Expediente digitalizado.pdf 3 01Expediente digitalizado.pdf 4 01Expediente digitalizado.pdf 5 01Expediente digitalizado.pdf 6 01Expediente digitalizado.pdfMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPETICIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA ABELARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS 05001 33 33 028 2015 00447 01 8 01Expediente digitalizado.pdf 9 01Expediente digitalizado.pdf 9

• Certificado expedido por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual se indica que conforme a la Resolución No. 2590 del 18 de abril de 2013, se canceló a la señora Claudia Patricia Marín Gómez con cédula de ciudadanía No. 43.743.545, el valor de $173.529.693,51, con comprobante de egreso No. 1500003641 y 1500003642 del 26 de abril de 2013, a través de la Dirección del Tesorero Nacional, mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 036400313908 del Banco Davivienda S.A, el 26 de abril de 2013. (Pág. 243 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)8.

• Respuesta al exhorto decretado con referencia No. 0214/2019, frente a la solicitud sobre información y documentación sobre la situación de orden público en la ciudad de Medellín en los años 2002-2003. (Págs. 308 a 346 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)9.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

de Medellín en los años 2002-2003. (Págs. 308 a 346 del archivo digital denominado “01ExpedienteDigitalizado”)9.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de repetición, de conformidad con lo establecido en artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir, si ¿a la luz de la Ley 678 de 2001, están configurados los elementos fácticos y jurídicos para repetir y declarar la responsabilidad del señor ABELARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS, conforme a las pruebas aportadas al proceso?

2.3. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la cual ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas. En este caso esa razón se hace consistir básicamente en la diferente valoración probatoria que le dan las partes y el a quo a lo aportado al proceso, toda vez que el Juzgado de primera instanciaMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

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considera que el elemento de pago de la condena de la sentencia por parte de la entidad no fue probado, ya que solo se expidieron certificaciones proferidas por ella misma, sin aportarse un recibo a satisfacción del beneficiario, mientras la parte

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considera que el elemento de pago de la condena de la sentencia por parte de la entidad no fue probado, ya que solo se expidieron certificaciones proferidas por ella misma, sin aportarse un recibo a satisfacción del beneficiario, mientras la parte actora, considera que se allegaron todos los medios probatorios para demostrar la acreditación del pago y los demás requisitos necesarios para acceder a las pretensiones de repetición en contra del señor Abelardo de Jesús Rivera Garcés.

Por otro lado, considera el A quo, que tampoco se logró demostrarse por la entidad demandante la conducta dolosa o gravemente culposa del señor Rivera Garcés como servidor público, toda vez que solo parte de afirmaciones, más no se aportan pruebas documentales, testimoniales o periciales que logren acreditar este requisito. Por su parte la entidad demandante, considera que al actuar el demandado con poca diligencia, descuido y accionar su arma de dotación en contra de sus compañeros, así como la existencia de un proceso penal con fallo condenatorio frente al delito de homicidio, se configura una conducta gravemente culposa, que hace procedente la acción de repetición.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Elementos de procedencia de la acción en ejercicio del medio de control de repetición

El medio de control de repetición tiene como propósito que el Estado recupere el dinero que ha pagado por los daños antijurídicos causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un particular que cumpla funciones administrativas.

El Consejo de Estado en decisión de 25 de octubre de dos mil diecinueve (2019), recordó los presupuestos que deben acreditarse para que proceda la acción de

un particular que cumpla funciones administrativas.

El Consejo de Estado en decisión de 25 de octubre de dos mil diecinueve (2019), recordó los presupuestos que deben acreditarse para que proceda la acción de repetición, así:

“La acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico”10

10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERAMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPETICIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA ABELARDO DE JESÚS RIVERA GARCÉS 05001 33 33 028 2015 00447 01

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De manera que, en el presente caso, verificará la Sala si efectivamente se cumplió con los requisitos del pago de la indemnización por parte de la entidad pública y el dolo y la culpa grave, y la relación entre esta y el pago que tuvo que hacer el Estado, los cuales considera la Juez de primera instancia no se lograron probar, procediendo a negar las pretensiones de la demanda.

3. CASO CONCRETO

3.1. La entidad demandante presenta recurso de apelación en primer lugar frente al

los cuales considera la Juez de primera instancia no se lograron prob