TA ANT - 05001333303320160055401-(29-11-2023)

PENSIÓN GRACIA - Marco Jurídico / SUSTITUCIÓN PENSIONAL - Hijo en situación de invalidez Pos Mor tem / PRUEBA

DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL –

Síntesis del caso: Le correspondió a la Sala determinar si, al señor J.J.O.V., le asiste el derecho a la sustitución de la pensión gracia, pese a que, la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral fue posterior a la fecha del fallecimiento de la causante de la misma.

Extracto: (...) Por tanto, la pensión gracia regula una situación transitoria, en la medida que su propósito es “colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales”. (...) La pensión de sobrevivientes, según criterio de esta Sala, h ace referencia a la prestación que recibe el familiar del causante que se encontraba inscrito en cualquier régimen pensional, pero que fallece sin acceder al derecho por no haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicios, que la ley le requería, motivo por el que serían los beneficiarios quienes disfrutarían del derecho, siempre y cuando cumplan las condiciones para recibirla. Y la sustitución pensional, en cambio, no es una prestación nueva, sino, la continuidad de la pensión que recibía e l causante, pero que pasa a la titularidad de los beneficiarios, siempre que cumplan con las exigencias que la ley prevé y que tiene como objeto mantener el equilibrio económico en las familias ante la pérdida de quien tenía esa función. (...) Ahora bien, en relación con el momento en que debe presentarse la situación de invalidez, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que la

familias ante la pérdida de quien tenía esa función. (...) Ahora bien, en relación con el momento en que debe presentarse la situación de invalidez, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que la misma debe estar presente al momento de la muerte del causante, sin embargo, la Corte Constitucion al ha aceptado “la posibilidad de que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral no coincida con el momento efectivo en el que una persona pierde su destreza o habilidad para desempeñarse en el ámbito laboral , por ejemplo, en aquellos casos en los cuales se padece de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita. En estos eventos, el momento en el que se consolida los efectos de la invalidez , dependerá de otros factores de análisis como la historia clínica, los dictámenes técnicos que se hayan realizado o la imposibilidad de cotizar al sistema , al verse una persona privada definitivamente de la capacidad para continuar desempeñándose en un trabajo, o incluso, cuando por razón de una enfermedad, desde siempre, ha sido imposible acced er al mismo”. (Se subraya). (...) sin embargo, no se avizora dentro del proceso, fuera de las manifestaciones efectuadas por el interesado, medio de prueba idóneo que respalde dichas afirmaciones, razón por la cual, mal podría esta Sala determinar que los actos administrativos atacados se encuentran viciados de nulidad, cuando ni siquiera en vía administrativa se le aportó a la entidad demandada prueba que contrarié lo dispuesto por las entidades que conforme a la Ley 100 de 1993 debían rendir el dictamen del grado de pérdida de la capacidad laboral y de su fecha de estructuración.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD

pérdida de la capacidad laboral y de su fecha de estructuración.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI

Medellín, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Laboral Radicado N° 05001-33-33-033-2016-00554-01 Instancia Segunda Sentencia 172 de 2023 Demandante Juan José Ordoñez Valencia Demandado Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. Tema Derecho a la Sustitución pensional. Hijo en situación de invalidez POS MORTEM . Debe acreditarse a la fecha del fallecimiento del causante: i) el parentesco, ii) la situación de invalidez y iii) la dependencia económica respecto del causante. Prueba de la pérdida de la capacidad laboral con anterioridad a la fecha de estructuración: Conforme a la jurisprudencia, los dictámenes que emiten las juntas de calificación de la invalidez tienen valor probatorio respecto del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y de la fecha en que se estructura la invalidez, pero no operan como una prueba solemne respecto de ninguno de estos aspectos. Por esa razón, es posible que la administración y la autoridad judicial los contraste con las demás pruebas recaudadas, para determinar si reflejan de forma fidedigna las reales circunstancias en las que el sujeto calificado perdió su capacidad de trabajar Decisión Confirma sentencia de primera instancia

los contraste con las demás pruebas recaudadas, para determinar si reflejan de forma fidedigna las reales circunstancias en las que el sujeto calificado perdió su capacidad de trabajar Decisión Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 27 de septiembre del 2017, emanada del Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la que se resolvió:

“PRIMERO: DECLARASE probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: NIEGUESE las pretensiones de la demanda. (…)”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda y su objeto.

El señor JUAN JOSE ORDOÑEZ VALENCIA, presento demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, para que se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos resolución N -RDP 043789 del 23 de octubre del 2015, proferido por la UGPP, por la cual se niega el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

SEGUNDO: Que se declare la Nulidad del acto administrativo resolución RDP 001884

reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

SEGUNDO: Que se declare la Nulidad del acto administrativo resolución RDP 001884 del 22 de enero del 2016 proferido por la UGPP, con el cual se resuelve el recurso de apelación contra la resolución N – RDP 043789 del 23 de octubre de 2015. (…) CUARTO: Declarar que el joven JUAN JOSE ORDOÑEZ VALENCIA tiene derecho a que la U.G.P.P. le reconozca y pague la pensión de sobreviviente (por ser hijo en condición de discapacitado de la causante OLGA LUCIA VALENCIA GARCIA – Q.E.P.D.) LA PENSIÓN GRACIA, O SEA A PARTIR DEL 5 DE ENERO DEL 2004.

QUINTO: Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. en liquidación U.G.P.P. que sobre las sumas de dinero que resulte obligada a pagar, s ele reconozca y pague a favor del joven JUAN JOSE ORDOÑES VALENCIA, las cantidades indexadas…”

2. Los hechos.

Como fundamento fáctico la parte actora expuso lo siguiente:

1.- A la señora OLGA LUCIA VALENCIA GARCIA se le reconoció la pensión de gracia mediante la resolución N° 30743 del 12 de diciembre del 2000.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

2.- La señora OLGA LUCIA VALENCIA GARCIA fallece el 5 de enero del 2004, y en vida, convivi ó con el señor LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ,

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2.- La señora OLGA LUCIA VALENCIA GARCIA fallece el 5 de enero del 2004, y en vida, convivi ó con el señor LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ, procreando de dicha unión a ANGELA MARCELA ORDOÑEZ VALENCIA Y JUAN JOSE ORDOÑEZ VALENCIA, quien actualmente es discapacitado, pues padece de esquizofrenia paranoide.

3.- Mediante resolución N° 42639 del 09 de diciembre del 2005 CAJANAL EICE reconoció una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora VALENCIA GARCIA, a sus hijos; JUAN JOSE ORDOÑEZ VALENCIA, en calidad de hijo menor y, a ANGELA MARCELA ORDOÑEZ VALENCIA, hija mayor, incapacitada para trabajar por estudios.

4.- El señor JUAN JOSE ORDOÑEZ VALENCIA, venía padeciendo de esquizofrenia paranoide grado II desde su infancia, y el día 15 de julio de 2015, radicó ante la UGPP solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como hijo discapacitado, misma que fue negada mediante los actos administrativos demandados

3. La actuación procesal y la sentencia de primera instancia.

La demanda fue repartida el 14 de abril del 2016 y admitida por auto del 09 de agosto de ese mismo año por el Juzgado 33 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, notificándose en debida forma.

Una vez agotado el término de traslado, y tramitado debidamente el

del 09 de agosto de ese mismo año por el Juzgado 33 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, notificándose en debida forma.

Una vez agotado el término de traslado, y tramitado debidamente el proceso, el Juzgado profirió sentencia el 27 de septiembre de 2017, en la cual, decidió negar las pretensiones de la demanda

En su fallo, entre otros, adujo el juzgado que, no son de recibo los argumentos planteados por la parte demandante para accederNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

nuevamente a la sustitución de la pensión de gracia por invalidez debido a que, para efectos de la misma, el procedimiento de calificación de la perdida de la capacidad laboral permite establecer si existía la situación de invalidez al momento del fallecimiento del causante de la pensión, y, por tanto, si es posible acceder al derecho pensional. Situación que no se acreditó en el presente asunto. De igual manera, no se acredita suficientemente la dependencia económica, pues, la única prueba referente a la m isma es una declaración extraproceso rendida por el mismo demandante.

4. El recurso de impugnación.

4.1 Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante, interpuso recurso de apelación1, aduciendo, entre otros, que; tanto la fundación médico-preventiva como la Junta Regional de calificación, no tuvieron en cuenta los antecedentes familiares del señor Ordoñez Valencia, omitiendo incluso que, durante su época escolar, debió hacerlo en instituciones educativas que fueran especiales para personas con una deficiencia.

tuvieron en cuenta los antecedentes familiares del señor Ordoñez Valencia, omitiendo incluso que, durante su época escolar, debió hacerlo en instituciones educativas que fueran especiales para personas con una deficiencia.

Solicita se tenga en cuenta l os pronunciamientos de la Corte Constitucional, referente a que, las personas con disminución física son sujetos de espacial protección, y el hecho de que, durante la época en que se realizó la valoración de la pérdida de capacidad laboral, el demandante se encontraba percibiendo la pensión de sobrevivientes.

5. Asunto previo a la decisión.

El artículo 115 de la Ley 1395 del 2010 faculta a los jueces, tribunales, Altas Cortes y a las salas disciplinarias del Consejo Superior de la

1 Cuaderno principal folios 93-94Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que fallen o decidan casos similares que estén a despacho sin considerar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, cuando exista precedente jurisprudencial conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1986 y el artículo 40 de la Ley 169 de 1896. Como este caso está contemplado en la causal descrita, no se atenderá el turno y se procederá a emitir decisión de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la apelación y competencia del superior, 2) problema jurídico, 3) análisis de los fundamentos de la impugnación, y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la apelación y competencia del superior

Sobre el punto cabe advertir que en el asunto de la referencia únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante, se trata entonces de una situación de apelante único. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por disposición expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y en principio no es posible juzgar o resolver lo que no fue objeto del recurso.

En ese marco la Sala revisará aquellos aspectos que resulten desfavorables a la parte demandante y que constituyan consecuencia directa de la negativa de acceder a las pretensiones enervadas.

2. Problema jurídico.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral

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En el presente asunto la parte demandante apeló la sentencia en la que la a quo decidió negar las pretensiones de la demanda; por lo tanto, el objeto del litigio se limitará a establecer si debe mantenerse tal decisión, o si, por el contrario, la misma deb e revocarse o modificarse frente a los argumentos planteados por la parte recurrente.

tanto, el objeto del litigio se limitará a establecer si debe mantenerse tal decisión, o si, por el contrario, la misma deb e revocarse o modificarse frente a los argumentos planteados por la parte recurrente.

Conforme a ello, corresponde a la Sala determinar si, al señor Juan José Ordoñez Valencia, le asiste el derecho a la sustitución de la pensión de gracia, pese a que, la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral fue posterior a la fecha del fallecimiento de la causante de la misma.

3. Análisis de la impugnación

3.1 Marco Jurídico que regula el conflicto

3.1.1. Regulación de la pensión gracia

La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 como una recompensa para los maestros que prestaban sus servicios docentes en la primaria, época en que la prestación de dicho servicio dependía de las entidades territoriales. En ese tiempo no había una reglamentación sobre un régimen de Seguridad Social, sino que existían algunas normas que concedían pensiones de jubilación para sectores particulares de la población como los militares y para sus viudas, o como en este caso para los maestros.

Es de resal tar que entre los años 1913 y 1918 las pensiones se consideraban como recompensas gratuitas, dado que no existía la noción de aporte o cotizaciones. De hecho, en Colombia por primera vez se establecieron la afiliación y cotización obligatorias a partir delNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

primero de enero de 1967, conforme el reglamento del Instituto de

vez se establecieron la afiliación y cotización obligatorias a partir delNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

primero de enero de 1967, conforme el reglamento del Instituto de Seguros Sociales (Decreto 3041 de 1966). No obstante, en el sector público antes del año 1993, fecha de expedición de la Ley 100, las cajas y fondos públicos llegaron a ser más de 50 de carácter nacional y 1000 de origen territorial, que reconocían pensiones para los afiliados sin cobrar contribuciones para financiarlas.

Este contexto histórico se resalta para evidenciar las particulares características de la pensión gracia que a más de 100 años de haberse creado continúa vigente y que deben irradiar la labor de interpretación de esta prestación en el marco de la Constitución Política y de la Ley 100 de 1993, donde las nociones centrales son los aportes al sistema y la solidaridad entre los afiliados.

En este orden de ideas, se precisa que tal como se expuso en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, “la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias”. Su propósito fue “comp ensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados a la Nación”. (Resaltado fuera de texto).

Esta pensión fue creada por el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en

respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados a la Nación”. (Resaltado fuera de texto).

Esta pensión fue creada por el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El numeral 6 del artículo 4 idem exige el requisito de edad de 50 años, “o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”. Para mejor ilustración se transcriben las referidas normas:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

“ARTÍCULO 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992”.

“ARTÍCULO 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: 1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931). 3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento 4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de

consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento 4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931). 6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los docentes de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el artículo 6, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio de la pensión gracia de jubi lación se extendió a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

A su turno, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó el derecho al reco nocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “que tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, siempre que reunieranNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

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la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ord inaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. (…)”

La Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó que “dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados. (…) Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

A lo anterior debe agregarse que “constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago” sin que el docente haya prestado sus servicios a la Nación, pues es una pensión destinada a los docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron

A lo anterior debe agregarse que “constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago” sin que el docente haya prestado sus servicios a la Nación, pues es una pensión destinada a los docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalizaci ón de la educación dispuesto por la Ley 43 de 1975. Otra característica importante descrita en el fallo de la Sala de Sección del 25 de enero de 2007, consiste en que la pensión gracia “a pesar de estar a cargo del Tesoro Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social ni hacer aportes para el efecto”.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

A su vez, la Corte Constitucional, en la sentencia C-084 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, determinó que la pensión gracia solo se puede conceder a los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 que cumplan los requisitos para su reconocimiento, así:

“Queda claro, entonces, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 15, numeral 2º, literal b), de la Ley 91 de 1989, la pensión de gracia a que se ha hecho mención, sólo subsiste para los docentes que se vincularon al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, puesto que “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquéllos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se

que “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquéllos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación e quivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”.

Por tanto, la pensión gracia regula una situación transitoria, en la medida que su propósito es “colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucr ados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales”

3.1.2. Sustitución pensional y pensión gracia

Para determinar cuál es el precepto aplicable para definir los requisitos que deben demostrar los beneficiarios es pertinente precisar que, por tratarse de una prestación especial, la sustitución se ha gobernado por las normas generales.

A este propósito, se considera relevante tener en cuenta que en el año 1913 cuando el legislador se ocupó de regular la pensión gracia, dentro de la normativa nacional no estaba desarrollada de forma uniforme laNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

sustitución pensional y tampoco se encontraba prevista para el grupo familiar del docente. Para esa época no existía un sistema de prestaciones por riesgos, sino que la protección del grupo familiar del trabajador fallecido operaba como la concesión de una recompensa para las viudas y los huérfanos.

La sustitución pensional fue evolucionando normativamente, pues inicialmente solo estaba prevista para ciertos sectores como los

trabajador fallecido operaba como la concesión de una recompensa para las viudas y los huérfanos.

La sustitución pensional fue evolucionando normativamente, pues inicialmente solo estaba prevista para ciertos sectores como los militares y posteriormente se extendió ante el fallecimiento de todos los empleados públicos (retirados con pensión de jubilación), como una protección para los padres, el cónyuge y los hijos menores (art. 10 Ley 22 de 1945). La prestación se reconoció inicialmente por un año, en 1961 se limitó a dos años (Ley 171 de 1961), y en el año 1973 se prorrogaron de forma vitalicia las pensiones de las viudas (Ley 33 de 1973). Para el año 1988 la Ley 71 en el artículo 11 dispuso que las normas sobre sustituciones pensionales cobijarían a todos los afiliados a Cajas de cualquier naturaleza del s ector público o privado y a todas las personas naturales o jurídicas que reconocieran y pagaran pensiones.

Este breve recuento constata que la sustitución pensional no estaba regulada para los maestros en 1913, ni para todos los empleados públicos, lo que condujo a que mediante normas ulteriores se creara la prestación por muerte del pensionado o del trabajador, sin hacer exclusiones.

En esta perspectiva, el Consejo de Estado, en un ejercicio de interpretación armónico del sistema normativo, acudió a los criterios generales de sustitución de las pensiones en la pensión gracia, adoptando una posición dirigida a proteger el núcleo familia r del docente. Sobre el particular en la sentencia del 4 de marzo de 2010,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral

generales de sustitución de las pensiones en la pensión gracia, adoptando una posición dirigida a proteger el núcleo familia r del docente. Sobre el particular en la sentencia del 4 de marzo de 2010,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

se consideró que la gratuidad de la pensión gracia no impide “su aptitud para ser sustituida en caso de muerte del beneficiario”, así:

“ Ahora, si bien la normatividad especial que regula la pensión gracia no contempló específicamente la sustitución de la misma a favor de los beneficiarios del docente luego de su deceso, lo cierto es que tampoco la prohibió, ni señaló -para quienes lograron obtenerla o gozan de una expectativa válida frente a la misma por virtud del régimen de transición de la Ley 91 de 1989 - causal alguna de extinción del derecho, mucho menos su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del pensionado o docente con derecho. Bajo la motivación precedente se concluye la vocación de sustituibilidad que asiste a la pensión gracia bajo los mismos parámetros legales y criterios aplicables a las pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es diferente, estas comparten por voluntad del Legislador la misma naturaleza, y en materia de sustitución, la misma finalidad de amparo a la familia más próxima de quien antes de fallecer adquirió el derecho, de manera pues, que resultan aplicables en tal sentido las n ormas generales que regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente”

La Corte Suprema de Justicia también ha acudido a la aplicación de las normas generales en materia de sustitución pensional, al determinar

regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente”

La Corte Suprema de Justicia también ha acudido a la aplicación de las normas generales en materia de sustitución pensional, al determinar que sí procede la sustitución de las pensiones convencionales, cuando la convención colectiva no lo prohíbe. Para ello ha aplicado los artículos 12 y 13 de Ley 797 de 2003, bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad, así:

“Desde ya hay que advertir que, frente a la materia del reparo, esta Corporación en forma reiterada ha adoctrinado que la pensión de jubilación convencional es transmisible por causa de muerte a sus familiares cercanos, salvo que convencionalmente se pacte lo contrario”. En este providencia se consideró igualmente que “esNulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral 05001333303320160055401

evidente que el Juez plural siguió la línea jurisprudencial que ha establecido esta Sala en cuanto a la aplicación de normas, como las denunciadas, es decir, los artícul os 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, ante casos que por convención no se prohibió la sustitución de una prestación de esta naturaleza, lo que habilita, en consecuencia, que se sigan los parámetros legales de transmisibilidad de dichas acreencias periódicas bajo las luces de los principios de complementariedad y subsidiaridad” Así pues, visto que la pensión gracia, como pensión especial no contiene una regulación propia sobre la sustitución pensional, por tanto, la jurisprudencia ha aplicado las normas generales.

3.1.3. Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional.

contiene una regulación propia sobre la sustitución pensional, por tanto, la jurisprudencia ha aplicado las normas generales.

3.1.3. Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional.

La expedición de la Ley 100 de 1993, tuvo como objeto la materialización del precepto constitucional contemplado en el Art. 488, orientando su prestación bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad, siempre bajo la dirección, control y vigilancia del Estado.

Así, la Seguridad Social como derecho fundamental tiene la característica de s er irrenunciable y de