TA ANT - -5001333301420210008119

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-302-03 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00

Aj. 1/10 F-011 24/1/2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA QUINTA DE DECISIÓN Magistrada ponente: Vannesa Alejandra Pérez Rosales Medellín, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés Procede la sala en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA), por JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMÍREZ con cédula 15.428.993 contra DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL con Nit 890.900.286-0, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1 presentada el 15/10/2014 (001 p.17 ), pretende se declare la

nulidad de las resoluciones (i) No. 9 de 4/02/2013 (ii) r esolución No. 15 de 4/02/2014, mediante las cuales se ordena la liquidación de cesantías correspondientes a los años 2012 y 2013, respectivamente; a título de restablecimiento del derecho, solicita condenar al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, a reliquidar las cesantías y la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las mismas correspondientes a los años 2012 y 2013, incluyendo los factores sala riales (prima de vacaciones, auxilio de

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, a reliquidar las cesantías y la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las mismas correspondientes a los años 2012 y 2013, incluyendo los factores sala riales (prima de vacaciones, auxilio de transporte, y los demás que lo conforman como primas de servicios, bonificación por servicios prestados, etc., corregir el factor de prima de navidad mal liquidado y pagar dichos conceptos de forma indexada.

2. Pretensiones fundadas en los siguientes HECHOS: JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMÍREZ fue elegido como diputado del Departamento de Antioquia para los periodos 2012-2015, tomó posesión el 1/ 1/2012; sostiene que se afilió en cesantías al Fondo de pensiones y cesantías Porvenir y que está cobijado por el régimen anualizado de cesantías, establecido en la ley 50 de 1990, reglamentado por el decreto 1582 de 1998, en concordancia con la Ley 344 de 1996.

3. Durante los años solicitados, el demandante en su condición de diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, devengó los siguientes salarios y prestaciones sociales que se relacionan a continuación:

Años Asignación Mensual Gastos/Transporte Prima de navidad Auxilio Cesantías Intereses Cesantías 2012 $17.001.000 $2.833.500 $17.001.000 $18.417.750 $2.203.997 2013 $17.685.000 $2.947.500 $17.685.000 $19.158.750 $2.299.050

4. Relata que, al liquidarse y consignarse al respectivo fondo, el auxilio de

2013 $17.685.000 $2.947.500 $17.685.000 $19.158.750 $2.299.050

4. Relata que, al liquidarse y consignarse al respectivo fondo, el auxilio de cesantías de 2012 y 2013, no se incluyeron todos los factores salariales que la integran, como gastos de transporte, prima de servicios, prima de vacaciones, etc., siendo la prima de navidad el único factor incluido en la liquidación del auxilio de cesantías, sin embargo, la misma fue mal liquidada ya que sólo se tuvo en cuenta la asignación básica, sin incluir los demás factores salariales.

5. Agrega que las resoluciones objeto de control judicial, no le fueron notificadas personalmente, por lo que fue notificado por conducta concluyente, conforme a los artículos 48 del CCA y 72 del CPACA.

6. NORMAS VIOLADAS Y CON CEPTO DE VIOLACIÓN . Invoca los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53, 123 y 299 de la Constitución Política, 12 y 17 de la ley 6ª de 1945, 4 y 5 de la ley 64 de 1946, 1 y 9 de la ley 65 de 1946, 7 de la ley 48 de 1962, 3 de la ley 77 de 1965, 11 y 12 de la ley 4ª de 1996, 2, 3 y 4 de la ley 5ª, 99, 102 y 104 de la ley 50 de 1990 , 13 de la ley 344 de 1996 , 33-num. 1 y 9 de la ley 734 de 2002 y los

decretos 2567 de 1946, 1160 de 1947, 1723 de 1964, 1045 de 1978, 1222 de 1986, 1582 de 1998 y 1919 de 2002. Considera que, los actos de mandados vulneraron las normas c onstitucionales citadas, por desconocimiento de la

1 El expediente electrónico puede ser consultado a través de este enlace: 000-2014-01929República de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-302-03 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00

Aj. 2/10 F-011 24/1/2023 protección de un derecho laboral cierto e indiscutible, como es el pago de las prestaciones sociales establecidas, como es el auxilio de cesantías.

7. Indica que, de conformidad con el artículo 299 de la Constitución Política, los miembros de las asambleas departamentales tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social en los términos que fije la Ley.

8. Añade que, como no se ha adoptado la ley que fije el régimen de las prestaciones sociales de los diputados, se aplican las normas vigentes a la expedición de la Constituc ión Política; en ese ord en, la ley 6ª de 1945 reguló las relaciones de trabajo tanto de empleados públicos como de trabajadores privados, estableciendo una indemnización a cargo del empleador y a favor de los empleados; Así, al reglamentarse como prestación social el auxilio de c esantías

relaciones de trabajo tanto de empleados públicos como de trabajadores privados, estableciendo una indemnización a cargo del empleador y a favor de los empleados; Así, al reglamentarse como prestación social el auxilio de c esantías mediante el dec reto 2567 de 1947, se estableció que serían liquidadas conforme al último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya sufrido modificaciones en los últimos tres meses.

9. Finalmente, hizo énfasis en jurisprudencia d el Consejo de Estado que ordenó el pago de todos los factores salariales no incluidos en la liquidación de cesantías, y al pago de la sanción moratoria, pronunciamientos realizados dentro de las sentencias (i) 10/2/2011 de la sección segunda, subsección B (1213-2010),

(ii) 1/3/2012 (0996-2011), (iii) 17/4 y 15/8/2013, (iv) 27/2/2014 (1666-2012).

10. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (001 p.73-91), después de pronunciarse sobre los hechos de la demanda asegura que el régimen prestacional de los diputados encontró inicialmente su regulación en la ley 48 de 1962 y los decretos 1723 de 1964 y 1222 de 1986, los cuales disponen que los miembros de las asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones sociales consagradas en la ley 6ª de 1945; posteriormente se expidió la ley 617 de 2000, la cual tuvo como fin fortalecer la descentralización, y la racionalización del gasto público nacional, disponiendo la remuneración de los diputados por mes de sesiones en el año

ley 6ª de 1945; posteriormente se expidió la ley 617 de 2000, la cual tuvo como fin fortalecer la descentralización, y la racionalización del gasto público nacional, disponiendo la remuneración de los diputados por mes de sesiones en el año 2001, de acuerdo a la categoría del Departamento; no obstante, todavía no se ha expedido la normatividad que regule el régimen prestacional de los diputados, por lo que se considera que éste cont inúa siendo el de la ley 6 de 1945 y las disposiciones que la modifiquen o adicionen.

11. Manifestó que, en relación con el auxilio de cesantías, el decret o 2567 de 1946 dispuso que deben liquidarse de acuerdo con el último salario devengado, a menos que haya tenido modificaciones en los últimos meses.

12. Posteriormente, mediante el artículo 11 de la ley 4ª de 1996, se in cluyó a favor los diputados la prima de navidad.

13. Sostiene que, respecto de las vacaciones y la prima de vacaci ones, en reiterados conceptos la administración ha dicho que son improcedentes ante la inexistencia de una norma de carácter legal y constitucion al que las con sagre, como ocurre con el factor de la bonificac ión por servicios y los gastos de transporte.

14. Por tal razón, la liquidación de cesantías por los años 2012 y 2013 realizada por la asamblea departamental, se encuentra conforme a las normas leg ales y constitucionales que regulan la materia, no siendo procedente una reliquidación con la inclusión de los factores reclamados, esto es, prima de vacaciones, auxilio de transporte, prima de servicios y bonificación por servicios prestados.

15. Finalmente, en relación con las providencias del Consejo de Estado que el

con la inclusión de los factores reclamados, esto es, prima de vacaciones, auxilio de transporte, prima de servicios y bonificación por servicios prestados.

15. Finalmente, en relación con las providencias del Consejo de Estado que el actor invocó, señaló que las mismas producen efectos inter partes y no erga omnes, pues de la lectura de las mismas se concluye que se tuvo como soporte la prueba fehaciente de que los demandan tes en cada uno de los casos sí percibían tales emolumentos, no siendo extensibles a otros particulares.República de Colombia

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16. LA PARTE DEMANDANTE no presentó alegatos.

17. EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (016) advirtió que, con la prueba documental recaudada en el proceso no se logr ó desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados y no se acreditó que estuvies en afectados por algún vicio de nulidad o competencia.

18. Afirmó que, si bien a partir de 2017 mediante la ley 1871 de 12 de octubre se estableció el régimen de rem uneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales, la postura del Departamento de Antioquia, se cimienta en las normas vigentes para la fecha en que se dio la vinculación del demandante, razón por la que se sostien en en los planteamientos realizados en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

Antioquia, se cimienta en las normas vigentes para la fecha en que se dio la vinculación del demandante, razón por la que se sostien en en los planteamientos realizados en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

19. CONSIDERACIÓN PREVIA. Agotadas las etapas previstas en el proceso ordinario, sin que se observe causal de nulidad y cumplidos los presupuestos procesales, la Sala procede a proferir sentencia, con fundamento en las siguientes

pruebas relevantes para la toma de decisión:

20. DOCUMENTALES.

• Resolución No. 9 de 4/2/2013, por la cual se liquidan las cesantías de JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMÍREZ como diputad o del Departamento de Antioquia, año 2012 (001 p.18-19). - Resolución No. 15 de 4/2/2014, por la cual se liquidan las cesantías de JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMÍREZ como diputado del Departamento de Antioquia, año 2013 (001 p.20-21). - Certificación de la sección financiera de la asamb lea departamental de Antioquia de 20/5/2014 (001 p.22). - Certificación del secretario general de la asamblea de partamental de Antioquia de 21/5/2014 (001 p.23). - Certificación de Porvenir (001 p.24). - Cartilla de administración pública – régimen laboral de l os diputados, concejales y ediles en Colombia” (001 p.92-126). - Comunicado E201300147511 de 7/11/2013 de la gobernación de Antioquia, dirigido a los diputados de la asamblea departamental (001 p.126-140).

concejales y ediles en Colombia” (001 p.92-126). - Comunicado E201300147511 de 7/11/2013 de la gobernación de Antioquia, dirigido a los diputados de la asamblea departamental (001 p.126-140). - Copia de la demanda radicada por el Departamento de Antioquia contra la Asamblea Departamental (001 p.144-195). - Circular No. 02 de 20/1/2014 de la asamblea departamental de Antioquia dirigida a los diputados (001 p.202). - Comunicado externo de 22/7/2015 de la asamblea departamental de Antioquia (001 p.196). - Comunicado de 19/12/2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (001 p.209-214).

21. SOBRE LAS EXCEPCIONES . De conformidad con el artículo 187 -inc. 2 del CPACA, la Sala debe resolver sobre las excepciones propuestas por la parte demandada y las vinculadas bajo el entendido que el fenómeno exceptivo para ser considerado como tal debe implicar un hecho que por sí mismo tenga ese alcance y no puede confundirse con el derecho de oposición gener al que puede ejercer cualquier demandado, como ocurre con las denominadas inexistencia de la obligación demandada, inexistencia del derecho, falta de causa para pedir y cobro de lo no debido (001 p.73-91).

22. PROBLEMÁTICA JURÍDICA PLANTEADA. Tal como se conc luye del estudio de la demanda y las pruebas legalmente aportadas, así como la fijación del litigio, la problemática jurí dica gira en torno a determinar si procede la anulación de los

demanda y las pruebas legalmente aportadas, así como la fijación del litigio, la problemática jurí dica gira en torno a determinar si procede la anulación de los actos administrativos acusados, y la reliquidación de las cesantías reco nocidas, según el régimen de prestaciones sociales y de seguridad social de los servidoresRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-302-03 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00

Aj. 4/10 F-011 24/1/2023 públicos y los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, las cuales consagran que la liquidación del auxilio de cesantías debe realizarse de conformidad con el último salario devengado o el promedio de lo percibido, con inclusión de los factores salariales establecidos en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, aplicable por virtud del decreto 1919 de 2002, con independencia de que estos hubieren sido percibidos o no por el actor.

23. TESIS DE LA SALA. La sala sostiene que los diputados no tenían derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas, puesto que, solamente a partir de la ley 1871 de 2017, l os diputados tienen derecho además de las cesantías e intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de vacaciones y la prima de vacaciones , por lo que tampoco procede la reliquidación de las cesantías ni la sanción moratoria; conforme pasa a exponerse:

cesantías e intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de vacaciones y la prima de vacaciones , por lo que tampoco procede la reliquidación de las cesantías ni la sanción moratoria; conforme pasa a exponerse:

24. CONSIDERACIONES NORMATIVAS. El artículo 7 de la ley 48 de 1962 previó que, los miembros de las asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

25. De igual forma, el artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 19867 señaló que los miembros de las Asambleas Departamentales gozarían de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

26. Luego, la Constitución Política de 1991 en su artículo 299, previó inicialmente, que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones.

27. Con posterioridad, se expidió el Acto L egislativo 01 de 1996, que reformó el artículo 299 de la Constitución Política, a través del cual, es eliminado el pago de honorarios a favor de los diputados e introdujo un régimen laboral a favor de estos, pues de un lado, instituyó una remuneración dura nte las sesiones correspondientes, y de otro, fijó un régimen de seguridad social y de prestaciones en los términos que fijara la ley.

28. Acorde con lo anterior, se tiene que el acto legislativo 01 de 1996 consagró una nueva condición para los diputados desde la órbita de sus derechos salariales

en los términos que fijara la ley.

28. Acorde con lo anterior, se tiene que el acto legislativo 01 de 1996 consagró una nueva condición para los diputados desde la órbita de sus derechos salariales y prestacionales, en tanto que a partir de la entrada en vigencia de este tendrían derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarían amparados por el régimen prestacional y de seguridad social que determinara la ley y trasladó al legislador la fijación de la remuneración respectiva.

29. Por su parte, la ley 617 del 6 de octubre de 2000 señaló la remuneración de los diputados de conformidad con una tabla estandarizada según la categoría de los departamentos; sin embargo, no se refirió al régimen prestacional de aquellos.

30. Finalmente, el citado artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación a través del acto legislativo 01 de 2007, en la cual no hubo modificación alguna al régimen salarial y prestacional de los diputados.

31. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional al señalar que, si bien a partir de la reforma constitucional de 1996, la competencia para fijar el régimen prestacional de los miembros de las asambleas de partamentales era exclusiva del legislador, se debía tener en cuenta que mientras el Congreso de la República no profiriera una nueva ley en la materia, debía entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el recogido en la ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de

1997.

32. Ahora bien, a través de la ley 1871 de 2017 se fijó el régimen de

modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

32. Ahora bien, a través de la ley 1871 de 2017 se fijó el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales, en la c ual se dispuso a favor del diputado un seguro de vida,República de Colombia

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Aj. 5/10 F-011 24/1/2023 auxilio de cesantía e intereses sobre las mismas, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones.

33. Conforme a ello es dable concluir que sólo , a partir del momento en que entró a regi r la ley 1871 de 2017, los diputados tienen derecho además de las cesantías e intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de las vacaciones y la prima de vacaciones, por tal motivo, el régimen salarial prestacional al que se encontraba sometido el señor Echeverri Ramírez para los años correspondientes 2012 y 2013, era el establecido en la Ley 6ª de 1945.

34. Al analizar con detenimiento el citado régimen, se evidencia q ue se reconocen los emolumentos auxilio de cesantía, pensión vitalicia de jubilación, pensión de i nvalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria y gastos de entierro; por

pensión de i nvalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria y gastos de entierro; por tal motivo , se puede concluir que ni la ley 6ª de 1945 ni las expedidas con posterioridad hicieron referencia alguna a los conceptos que pretende el señor Echeverri Ramírez , tales como, vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicios, lo cual impide su reconocimiento.

35. Posteriormente el artículo 28 de la ley 617 de 2000 dispuso la remuneración de los di putados por mes de sesiones y en consideración a la categorización del

Departamento.

36. Lo cierto es que, dicha Ley no reguló el régimen de prestaciones sociales de los diputados, por lo que éste continúa siendo el contenido en la Ley 6ª de 1945 y las disposiciones que le hayan modificado o adicionado.

37. SOBRE LA RELIQUIDACIÓ N DE CESANTÍAS Y LA SANCIÓN MORATORIA. El auxilio de cesantías es una de las prestaciones a las que tienen derecho los diputados su liquidación se realiza anualmente conforme lo disponen lo s artículos 3º y 4º d e la ley 5ª de 1969 y 13 de la ley 344 de 1996, correspondiente a un sueldo por c ada año calendario de sesiones; para su cálculo, debe entenderse como si se hubiera sesionado los doce meses del respectivo año y percibido las asignacion es mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones. En caso de que el diputado no asista a todas las sesiones, bien sean ordinarias o extraordinarias, el cómputo se hará en proporción al tiempo de servicio2.

mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones. En caso de que el diputado no asista a todas las sesiones, bien sean ordinarias o extraordinarias, el cómputo se hará en proporción al tiempo de servicio2.

38. En efecto, la ley 344 de 1996 3, de terminó que el sistema de liquidación definitiva de las cesantías, se hará por anualidades o por la fracción respectiva a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado ( ramas legislativa y ejecutiva), a partir de su entrada en rig or, esto es, el 31 de diciembre de 1996, según lo previsto en su artículo 13.

39. Luego, el decreto 1582 de 1998 extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembr e de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, en los siguientes términos: «Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes

normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes

2 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de 21/1/2021 (3899-17). 3 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materiaRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público 16-302-03 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00

Aj. 6/10 F-011 24/1/2023 al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998 (…)”.

40. En efecto, los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto Reglamentario 1582 de 1998, previeron la liquidación del auxilio anual (31 de dici embre) de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salari o por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación.

41. En este sentido, se observa que, entre otros, las vacaciones y la prima de

empleado y la sanción por mora a razón de un día de salari o por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación.

41. En este sentido, se observa que, entre otros, las vacaciones y la prima de vacaciones son factores salariales para liquidar las cesantías. No obstante, lo anterior, es importante precisar, que estos emolumentos serán incluidos en la liquidación, siempre y cuando el empleado tenga derecho a ellos en razón de su régimen laboral y prestacional.

42. Se reitera, que los diputados no tienen derecho a las vacaciones, ni a las primas de vacaciones ni de servicios, como factor salarial, y así lo confirmó el legislador, luego de un largo período de omisión legislativa respecto del desarrollo del artículo 299 constitucional, al determinar en el artículo 3º de la Ley 1871 de 2017, que las prestaciones sociales de dichos funcionarios son solo el auxilio de las cesantías, los intereses de la misma y la prima de navidad.

43. SOBRE LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR EL R ÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. Según el artículo 150 -19-e) y f) de la Const itución Política, corresponde al Congreso dela República dictar las normas generales –ley marco o cuadro-y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

44. En acatamiento de la disposición constitucional, se expide la ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los

44. En acatamiento de la disposición constitucional, se expide la ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

45. El régimen salarial corresponde entonces al conjunto normativo que regula la remuneración o retribución de un empleo público, contemplado en la planta de personal y cuyos emolumentos se encuentran previstos en el p resupuesto correspondiente (art. 122 CP) y está integrado por: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que deba desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada empleo o categoría de empleos (art. 3 Ley 4ª de 1992).

46. De confor midad con las normas constitucionales y legales citadas, la responsabilidad de la política salarial se encuentra en cabeza del ejecutivo, por las implicaciones en la política económica y el presupuesto.

47. Mientras que, a las corporaciones territoriales les c ompete únicamente la determinación de la escala salarial y sus emolumentos dentro de la competencia concurrente que tienen con el gobierno nacional y el Congreso de la República

(arts. 300 y 305 CP).

48. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: "La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su

(arts. 300 y 305 CP).

48. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: "La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las a utoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático,República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público 16-302-03 Distrito Judicial Administrativo de Antioquia Nulidad y Restablecimiento Tribunal Administrativo de Antioquia -Despacho 016 Exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00

Aj. 7/10 F-011 24/1/2023 constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos4”. "La determinación de la remuneración de los servidores del Estado tiene hondas implicaciones en la política económica. En efecto, de los niveles de los salarios depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y, como es sabido, la situación de las finanzas públicas afecta fundamentalmente el estado de la economía en general. De ahí que sea congruente que al Presidente, que, como se ha visto, tiene una responsabilidad destacada en materia de política económica, se le asigne también la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros

Presidente, que, como se ha visto, tiene una responsabilidad destacada en materia de política económica, se le asigne también la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, y la de determinar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales (C.P., art. 150, num.19, literales e) y f)5.”

49. Así pues, dada la naturaleza reglada del vínculo, deben estar previstos en la ley y el reglamento como tales, puesto que su determinación y alcances deben obedecer responsablemente a las decisiones de política pública económica para garantizar tanto las partidas presupuestales necesarias para su atención, como el equilibrio fiscal que permita atender las demás obligaciones del Estado.

50. Así las cosas, el régimen aplicable para la liquidación de las cesantías de los empleados territoriales, entre ellos, los diputados, es el comprendido en los artículos 3º y 4º de l a Ley 5ª de 1969 y el 13 de la ley 344 de 1996, así como las demás que lo modifiquen o adicionen. Además, para la fecha en que el demandante se desempeñó como diputado desde el año 2012 , las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997 ya habían entrado en vigencia, razón por la cual, no se pued e considerar un régimen diferente.

51. En suma, tanto la reciente ley 1871 de 2017, como antes las leyes 6ª de 1945 (artículo 17), 344 de 1996 y 362 de 1997 aplicables hasta tanto se expidiera la ley que desarrollara el artículo 299 Superior, determinan que l os diputados solo

1945 (artículo 17), 344 de 1996 y 362 de 1997 aplicables