TA ANT - Sentencia 05001-33-33-030-2014-01124-01 (21-02-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por acción u omisión de los agentes judicialesSintesis del caso: La acción de reparación directa fue promovida por J. F. V. R. y sus familiares, con ocasión de la privación de la libertad sufrida entre el 22 de febrero y el 12 de octubre de 2012, dentro de una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y extorsión. La investigación tuvo su origen en denuncias de comerciantes del barrio Antioquia de Medellín, quienes afirmaron ser víctimas de una estructura delincuencial conocida como “La Veinticuatro”. En desarrollo de las labores in vestigativas, miembros del Gaula realizaron una redada masiva en el sector, durante la cual se obtuvieron datos personales, fotografías y reconocimientos fotográficos de varias personas, entre ellas el demandante, sin cumplir las formalidades legales. Con fundamento principal en dichos reconocimientos fotográficos y en informes de policía judicial, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra el señor Vélez Ramírez. Sin embargo, al calificar el mérito del sumario, la propia Fiscalía precluyó la investigación, al concluir que la prueba que sustentaba la imputación era absolutamente ilícita, pues provenía de aprehensiones sin causa legal y de diligencias contaminadas dolosamente, lo que viciaba todo el acervo probatorio. En primera instancia, el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Extracto: […] Particularmente, la responsabilidad extracontractual del Estado, vista de manera general, debe interpretarse

responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Extracto: […] Particularmente, la responsabilidad extracontractual del Estado, vista de manera general, debe interpretarse en concordancia con el artículo 2 Superior, el cual consagra los deberes estatales de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes, y de ga rantizar un orden social justo, así como el deber de todo servidor público de obrar conforme a la Constitución y a las leyes; no obstante, tal mandato, en función de la responsabilidad extracontractual, no puede entenderse como una cláusula abierta, sino que “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera .” […] La estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado gira en torno a la causación del daño antijurídico y a la imputabilidad del mismo a una autoridad pública, entendido por daño antijurídico aquel que el administrado no está en la obligación de soportar, de modo que la antijuridicidad del daño no está en función de la ilicitud o la licitud de la conducta desplegada por la autoridad públ ica que lo genera, sino de la “soportabilidad” del daño por parte de la víctima, al margen de cualquier consideración en torno a la legalidad de la actuación. […] En ese sentido, la jurisprudencia ha exigido la concurrencia de tres elementos para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado: 1) la existencia del daño, entendido este

consideración en torno a la legalidad de la actuación. […] En ese sentido, la jurisprudencia ha exigido la concurrencia de tres elementos para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado: 1) la existencia del daño, entendido este (como fenómeno físico) como la lesión, aminoración o menoscabo de un bien jurídico o interés legítimo, el cual debe tener connotación de antijurídico dentro de la acepción antes expuesta, esto es, que el administrado no esté en la obligación de soportarlo. Para est ablecer la antijuridicidad del daño es menester acreditar: 2) la existencia de un hecho generador del daño imputable al Estado ( imputatio facti) a título de falla en la prestación del servicio o de alguno de los títulos de imputación que han sido desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina (por ejemplo, riesgo excepcional o daño especial) (imputatio iure) y 3) la relación de causalidad entre el hecho imputable y el daño. […] El defectuoso funcionamiento transmite la idea de que el servicio de administ ración de justicia funcionó mal, no funcionó o funcionó de manera tardía, de forma análoga a como sucede en los supuestos de falla en la prestación del servicio, por eso, en muchos escenarios se utiliza el término falla en el servicio de la administración de justicia para referirse al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de donde se desprende que ese título de imputación es subjetivo. […] No sobra anotar que la demandada se podrá librar de la responsabilidad cuando acredita que no existió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, probando que el servicio funcionó como debía esperarse o con la prueba de una causa

anotar que la demandada se podrá librar de la responsabilidad cuando acredita que no existió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, probando que el servicio funcionó como debía esperarse o con la prueba de una causa extraña que rompa la relación causal entre el hecho atribuido y el daño. […] En consecuencia, era materialmente imposible que el fiscal sustentara la necesidad de la medida basados en una prueba ilegalmente obtenida; además, no se constituían por lo menos los dos indicios que exige la ley 600 de 2000 que permitiera inferir la participación del señor Vélez Ramírez en las conductas punibles atribuidas. […] En suma, basados en prueba ilícita acopiada por la Fiscalía y ante la falta de indicios, no había sustento bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para la imposición de la medida de aseguramiento. […] En cuanto a la afirmación de la entidad demandada de que el daño ocurrió por culpa de la víctima y el hecho de un tercero, se aclara que las dos causas extrañas enervantes de la relación de causalidad no se presentan de manera concomitante; además, como se explicó en líneas anteriores la fiscalía tenía la obligación de investigar y no lo hizo, por el contrario, se basó en los elementos probatorios recaudados, que como viene dicho se tornaban en ilícitos.Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 2

Decisión: La Sala confirmó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, al concluir que la medida de aseguramiento fue irrazonable, desproporcionada e ilegal, al estar sustentada en pruebas obtenidas con violación grave del debido proceso. Precisó que el daño no se originó en un error jurisdiccional, sino en el

concluir que la medida de aseguramiento fue irrazonable, desproporcionada e ilegal, al estar sustentada en pruebas obtenidas con violación grave del debido proceso. Precisó que el daño no se originó en un error jurisdiccional, sino en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, atribuible a la Fiscalía General de la Nación, por haber basado la investigación y la re stricción de la libertad en pruebas ilícitas y por omitir su deber de verificar la legalidad del material probatorio. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia para actualizar la condena por perjuicios materiales, fijando el lucro cesante en la suma de $30.589.764, y confirmó las demás condenas por perjuicios morales y costas procesales.Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

MAGISTRADO PONENTE: DANIEL MONTERO BETANCUR

Medellín, D.E., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 030 2014 01124 01 Demandante John Fredy Vélez Ramírez Demandados Nación, Rama Judicial , Consejo Superior de la Judicatura y Nación - Fiscalía General de la Nación Naturaleza Reparación directa Instancia Segunda Providencia Sentencia 33 de 2025 Temas Privación injusta de la libertad Decisión Modifica sentencia Acta de Sala 16 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo

Providencia Sentencia 33 de 2025 Temas Privación injusta de la libertad Decisión Modifica sentencia Acta de Sala 16 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín, en cuya parte resolutiva dispuso1 (se transcribe textualmente, incluso con errores , como aparece en la sentencia):

“PRIMERO: DECLARA R LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA NACIÓN RAMA

JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, denominadas INEXISTENCIA DE

LOS PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION Y FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

“SEGUNDO: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2012 y el 12 de octubre de 2012.

“TERCERO: COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, se CONDENA a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES, a favor de los demandantes, las siguientes sumas dinero expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia:

NOMBRE PARENTESCO PERJUICIO

a favor de los demandantes, las siguientes sumas dinero expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia:

NOMBRE PARENTESCO PERJUICIO

JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ Víctima directa 70 SMLMV

1 Cuaderno 1, folios 144 a 157.Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 4

DORALBA DE JESÚS ARANGO

PULGARÍN

Compañera 70 SMLMV

KELLY DANIELA VÉLEZ PELÁEZ Hija 70 SMLMV

MANUELA ARANGO PULGARÍN Hija de crianza 70 SMLMV

LISETH JOHANA ARANGO PULGARÍN Hija de crianza 70 SMLMV

KATHERINE ARANGO PULGARÍN Hija de crianza 70 SMLMV

ROCÍO DEL SOCORRO VÉLEZ

RAMÍREZ

Hermana 35 SMLMV

RODRIGO DE JESÚS VÉLEZ RAMÍREZ Hermana 35 SMLMV

“Las sumas de dinero acá reconocidas, se ajustarán con base en el Índice de Precios al Consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 187 CPACA.

“CUARTO: SE CONDENA a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ.

POR DAÑO EMERGENTE: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($15.713.374) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

POR DAÑO EMERGENTE: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($15.713.374) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

La suma de dinero acá reconocida, se ajustará con base en el índice de Precios al Consumidor, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 187 CPACA.

“QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

“SEXTO: Condenar en costas a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 CPACA, las cuales se liquidarán por Secretaría según las normas del CGP, y en la medida de su comprobación. La s agencias en derechos se fijan en la suma de $3.771.947 de conformidad con lo establecida en el Acuerdo N°1887 de 2003.

“SÉPTIMO: Désele cumplimientos a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

“OCTAVO: NOTIFÍQUESE por Secretaría la presente sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“NOVENO: De no ser apelada la presente providencia, procédase al archivo del expediente. “…”.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito radicado el 31 de julio de 20142, John Fredy Vélez Ramírez, Doralba de Jesús Arango Pulgarín, Manuela Arango Pulgarín, Liseth Johana Arango Pulgarín,

1.- La demanda

Mediante escrito radicado el 31 de julio de 20142, John Fredy Vélez Ramírez, Doralba de Jesús Arango Pulgarín, Manuela Arango Pulgarín, Liseth Johana Arango Pulgarín, Rocío del Socorro Vélez Ramírez, Rodrigo de Jesús Vélez Ramírez, quienes obran en nombre propio y la menor Kelly Daniela Vélez Peláez, quien actúa representada por su padre John Fredy Vélez Ramírez, por conducto de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011 contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener

2 Folio 16Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 5 pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones:

1.- Se declare que la Nación - Rama JudicialFiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura son patrimonialmente responsables por los daños ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad sufrida por Jhon Fredy Vélez Ramírez.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar a favor de los demandantes los siguientes perjuicios 3: i) Morales: El equivalente de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes y para cada uno de los demandantes que acuden en calidad de hermanos la suma de 50 SMLMV, ii) Daño a la vida de relación : El equivalente a 100 SMLMV para quienes

Morales: El equivalente de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes y para cada uno de los demandantes que acuden en calidad de hermanos la suma de 50

SMLMV, ii) Daño a la vida de relación : El equivalente a 100 SMLMV para quienes acuden en calidad de víctima directa, compañera, hija e hijos de crianza (fl. 6), iii) Materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Jhon Fredy Vélez Ramírez el valor de $6 ’916.969,02, que corresponde a la totalidad de las rentas de trabajo que dejó de percibir como producto de su privación de la libertad.

2.- Los hechos

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes4:

2.1.- El 20 de febrero de 2012, John Fredy Vélez Ramírez fue capturado, acusado del delito de concierto para delinquir agravado y extorsión , en concurso homogéneo, dentro de la investigación 489.802 adelantada por la Fiscalía 24 Especializada de Medellín.

2.2.- Se dijo que “como pruebas en su contra se encontraban el reconocimiento en fila de un álbum fotográfico que fue ilícitamente montado el día que hubo una redada en el barrio Antioquia, y allí quedaron registradas varias personas del barrio; con estas le preguntaban a los denunciantes si esas personas eran del barrio Antioquia a lo que estos contestaron afirmativamente, posteriormente las personas detenidas quedaron en libertad, excep to el señor JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ ” (fl. 2).

2.3.- El señor Vélez Ramírez puso de presente esta situación al Fiscal que retomó la

detenidas quedaron en libertad, excep to el señor JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ ” (fl. 2).

2.3.- El señor Vélez Ramírez puso de presente esta situación al Fiscal que retomó la investigación y, luego , el 12 de octubre de 2012, el fiscal resolvió precluir la

3 Cuaderno 1, folios 4 a 8 4 Cuaderno 1, folios 1 a 3Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 6 investigación, canceló la totalidad de las órdenes de captura y orden ó la libertad inmediata del demandante.

2.4.- John Fredy Vélez Ramírez recuperó su libertad luego de 8 meses de injusta privación de la libertad, durante los cuales su vida cambi ó, perdió su trabajo y su familia y él sufrieron por su separación y por la falta de los ingresos que este aportaba a su hogar. El afectado reside en el Barrio Antioquia, junto con su compañera e hijas; además, en el mismo sector habitan sus hermanos, con quienes tiene una excelente relación de colaboración y ayuda mutua.

2.5.- El demandante, previo a la privación de su libertad, se desempeñaba como conductor de taxis y de busetas de transporte escolar y con sus ingresos velaba por el sustento de su compañera permanente y de sus hijas.

3.- La actuación procesal

La demanda , por reparto, fue asignado al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín 5, quien en providencia de 25 de agosto de 2014 la admitió, ordenó la notificación personal de la citada providencia al Ministerio Público y a la

La demanda , por reparto, fue asignado al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín 5, quien en providencia de 25 de agosto de 2014 la admitió, ordenó la notificación personal de la citada providencia al Ministerio Público y a la entidad demandada y reconoció personería a la apoderada de la parte demandante6.

El 14 de marzo de 2016 se celebró la audiencia inicial en la que se ordenó resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, al momento de proferir sentencia, se fijó el litigio, se decretaron y negaron unas pruebas solicitadas por las partes y se aceptó el desistimiento de una prueba7.

El 6 de abril de 2017 se celebró la audiencia de pruebas en la que se escucharon los testimonios de Ceneila del Socorro Restrepo Hernández, Marleny Serna Tamayo y Beatriz Aide Varelas Santamaría8.

3.1.- La Nación – Fiscalía General de la Nación 9 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no puede ser declarada patrimonialmente responsable de los hechos propiciados por un tercero que nada tiene que ver con

5 Cuaderno 1, folio 43 6 Cuaderno 1, folios 44 y 45 7 Cuaderno 1, folios 101 a 106 8 Cuaderno 1, folios 114 a 116 9 Cuaderno 1, folios 57 a 62Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 7 la entidad y, con relación a los hechos de la demanda , manifestó que no le

9 Cuaderno 1, folios 57 a 62Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 7 la entidad y, con relación a los hechos de la demanda , manifestó que no le constaba y, por lo tanto, se sometía a lo que se lograra probar en el proceso.

Afirmó que la Fiscalía General de la Nación actuó en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales , no se extralimitó y estuvo sometida a las decisiones del juez penal de control de garantías y del juez penal del conocimiento.

Añadió que la actuación de la entidad no fue de naturaleza desproporcionada o violatoria de los procedimientos legales, por lo que no se puede reputar arbitraria, por cuanto tenía soporte probatorio , y la absolución se dio por la falta de certeza necesaria para emitir sentencia condenatoria y, en segunda instancia, se confirmó en aplicación del principio constitucional in dubio pro reo, lo que , dice, excluye la noción de detención injusta

Por último, propuso las excepciones que denominó: i) “ausencia de responsabilidad” y ii) “hecho exclusivo de un tercero”.

3.2.- La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura10solicitó rechazar las pretensiones de la demanda, porque se precluyó la investigación adelantada en contra del demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación, situación que evitó que pasara a la etapa de juicio.

Indicó que la etapa de investigación le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y su objetivo y fin es constituir, con un mínimo grado de certeza , si el hecho investigado efectivamente aconteció, si se encuentra tipificado en la ley penal y

Indicó que la etapa de investigación le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y su objetivo y fin es constituir, con un mínimo grado de certeza , si el hecho investigado efectivamente aconteció, si se encuentra tipificado en la ley penal y quiénes son los autores o partícipes del mismo, porque es la fiscalía quien debe iniciar la acción penal; además, es una entidad con autonomía administrativa y financiera.

Añadió que es responsabilidad del demandante aportar las pruebas que pretenda hacer valer y en el plenario no obra alguna, aportada por la parte demandante, que demuestre que la Rama Judicial incurrió en un error judicial que determinara la privación injusta de la libertad ; por el contrario, se aportó una resolución de 12 de octubre de 2012 que precluyó la investigación.

Sostuvo que el Consejo de Estado pasó de un régimen subjetivo a una responsabilidad objetiva, cuando se presenta una absolución o exoneración de responsabilidad a favor del procesado, en aplicación del principio in dubio pro reo.

10 Cuaderno 1, folios 76 a 80Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 8 Por último, propuso las excepciones que denominó: i) “inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad de la administración” y ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

4.- La sentencia recurrida

El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín, mediante fallo de 20 de noviembre de 2017, luego de citar la jurisprudencia aplicable y las pruebas allegadas, accedió a las súplicas de la demanda. Para lo anterior, sostuvo que se

noviembre de 2017, luego de citar la jurisprudencia aplicable y las pruebas allegadas, accedió a las súplicas de la demanda. Para lo anterior, sostuvo que se acreditó plenamente que a Jhon Freddy Vélez Ramírez se le inició una investigación penal por la presunta comisión de las conductas ilícitas de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y extorsión, razón por la cual fue privado de su libertad.

Señaló que la captura, la privación de la libertad y el enjuiciamiento del demandante se realizó bajo la ley 600 de 2000 y la decisión judicial que lo exoneró de responsabilidad penal fue la preclusión de la investigación, pues se concluyó que el demandante fue involucrado a la investigación , en virtud de una prueba “absolutamente ilícita” lo que daría lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, conforme a la jurisprudencia.

Para lo anterior, e stimó que el régimen de responsabilidad aplicable era de carácter subjetivo, dada la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre el proceder de la Fiscalía General de La Nación, porque la captura se ordenó pese a que la prueba era absolutamente ilícita y habían pasado más de 10 años desde la expedición de la orden de captura.

Dijo que revisada la copia del expediente radicado 489.802 allegado al proceso, observó que entre el 4 de diciembre de 2008 (FI 1220 cuaderno 5) y el 20 de febrero de 2012 “(fecha en la que John Fredy Vélez Ramírez se presentó de forma voluntaria)” (sic), la Fiscalía General de la Nación no adelantó ninguna actuación

de 2012 “(fecha en la que John Fredy Vélez Ramírez se presentó de forma voluntaria)” (sic), la Fiscalía General de la Nación no adelantó ninguna actuación tendiente a continuar con la investigación, absteniéndose de calificar el sumario y proferir, según el caso , resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción, razón por la cual consideró que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó pruebas adicionales para establecer la relación de Vélez Ramírez con la banda denominada "LA 24", de modo que la acción no fue oportuna.Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 9 Así mismo, indicó (se transcribe textualmente, incluso con errores, como aparece a folios 153 de cuaderno 1):

“En suma, se encuentra probado que la detención preventiva del JOHN FREDY VÉLEZ RAMÍREZ, dada la ilicitud de elementos materiales probatorios que lo incriminaran, se presentó como consecuencia de un error jurisdiccional imputable a la providencia por medio de la cual la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN definió su situación jurídica y le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva.

“De otro lado, se encuentra que las excepciones propuestas por la NACIONRAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, denominadas INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION Y FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, están llamadas a prosperar debido a que dentro del proceso del asunto no se logró

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION Y FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, están llamadas a prosperar debido a que dentro del proceso del asunto no se logró probar ninguna actuación u omisión por parte de los funcionarios de la NACIÓNRAMA JUDICIAL, máxime que la investigación iniciada por la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, no pasó a etapa de juicio. Además, durante la etapa probatoria no se aportó ninguna prueba que permitiera ni siquiera inferir la responsabilidad de esta entidad”.

Con fundamento en lo anterior, declaró probadas las excepciones propuestas por la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura y, en cambio, declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación y la condenó al pago de perjuicios morales y materiales que encontró acreditado con ocasión de la privación injusta de la libertad de John Fredy Vélez Ramírez , en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2012 y el 12 de octubre de 2012.

5.- El recurso de apelación

La Nación –Fiscalía General de la Nación11 manifestó que se encuentra acreditado que a Jhon Freddy Vélez Ramírez se le inició una investigación penal por la presunta comisión de las conductas punibles de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y extorsión, razón por la cual fue privado de su libertad.

Indicó que en el fallo se dijo que la prueba fue obtenida ilegalmente; no obstante, la práctica de esta no estuvo afectada por su formalidad ; por ende, la entidad actuó con el convencimiento de que la misma era solemne y con base en ella tomó la decisión pertinente.

la práctica de esta no estuvo afectada por su formalidad ; por ende, la entidad actuó con el convencimiento de que la misma era solemne y con base en ella tomó la decisión pertinente.

Explicó que el hecho de que se indicara que la prueba se torn ara ilegal devino de una actuación ajena a la entidad, porque en la preclusión se afirmó que fue la policía quien la manipuló.

Adujo que la ilegalidad de la prueba favoreció a los intereses del hoy demandante frente al proceso penal, porque la preclusión de la investigación se generó por la violación al debido proceso.

11 Cuaderno 1, folios 161 a 178Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 10

Dijo que la investigación surgió por denuncias formuladas por los comerciantes de la zona, de modo que luego de realizar labores investigativas y lograr el reconocimiento del demandante como presunto integrante de una banda que cometía actividades delictivas en el sector, se libró orden de captura en su contra en 2002.

Indicó que el proceso se reactivó en el 2012 y , como las pruebas fueron obtenidas conforme a la ley, se detuvo al demandante.

Consideró que la Fiscalía fue diligente en cada etapa procesal y el hecho de que precluyera la investigación no significa que se cuestionara n las razones de la captura y la medida de aseguramiento y, menos, su legalidad, porque en la investigación penal también obra un informe policial del que se advierte que se hicieron labores de inteligencia electrónica y de policía judicial a los integrantes de la banda, lo cual abrió la posibilidad de allanar y capturar a las personas individualizadas, entre ellas, al demandante.

hicieron labores de inteligencia electrónica y de policía judicial a los integrantes de la banda, lo cual abrió la posibilidad de allanar y capturar a las personas individualizadas, entre ellas, al demandante.

Aclaró que otra de las causas para precluir la investigación a favor de señor Vélez Ramírez fue la declaración de una persona que lo reconoció como integrante de la banda y que, posteriormente, se retractó.

Anunció que el daño ocurrió por culpa de la víctima y el hecho de un tercero, porque: i) si la ilegalidad de la prueba es la que constituye el error judicial, dicha acción no la realizó la entidad, ii) existieron más pruebas que no fueron tenidas en cuenta, iiI) “la ilegalidad de la prueba no fue la causa de la absolución, que, si bien con ella se favoreció para obtener su libertad, lo cierto es que la duda permeo el proceso, porque los testimonios también sufrieron mengua (1 de dos) y en ese orden la teoría de la causa se resquebrajo para poder llevar a juicio al hoy demandante y ahí tampoco se edifica la falla en el servicio, pues una circunstancia ajena a su buen obrar”12 y iii) aún cuando un testigo se retractó , tal situación no desvirtuó toda la investigación.

Afirmó que dada la duda insalvable, la detención preventiva que debió soportar no resultó injusta, por que existieron indicios que hacían parecer q ue se estaba n desplegando actividades ilícitas.

Sostuvo que puede ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver

12 Cuaderno 1, folio 165Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 11

desplegando actividades ilícitas.

Sostuvo que puede ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver

12 Cuaderno 1, folio 165Reparación directa 05001 33 33 030 2014 01124 01 11 la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva y, en ese caso , debe prevalecer la presunción de inocencia y sujetarse al principio de in dubio pro reo; pero, dicha circunstancia no implica que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, des