TA ARA-81001-33-33-001-2019-00238-01-(01-09-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

Magistrada: LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO

Arauca, Arauca, primero (1°) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Proceso : 81001-33-33-001-2019-00238-01

Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Laboral)

Demandante : YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR

Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema : Sanción moratoria Decisión : Se confirma

Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Arauca el 5 de septiembre de 2022, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR 1 instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del D erecho contra el acto administrativo ficto negativo, que se originó como consecuencia de la omisión en la respuesta a la petición del 8 de noviembre de 2018, elevada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.2. Pretensiones y condenas2

La demandante las solicitó de la siguiente manera:

“DECLARACIONES:

1. Declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 9 de febrero de 2019,

1.2. Pretensiones y condenas2

La demandante las solicitó de la siguiente manera:

“DECLARACIONES:

1. Declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 9 de febrero de 2019, frente a la petición presentada el día 8 de noviembre de 2018, en cuanto negó el derecho a pagar la SANCION POR MORA a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, le reconozca y pague la SANCION POR

1 En adelante la demandante. 2 Folios 1 a 2 del archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia.Página 2 de 18

Radicación: 81001-33-33-001-2019-00238-01

Demandante: YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

(1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

CONDENAS

1. Condenar a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, a que se le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Que se ordene a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-, dar cumplimiento al fallo que se dicta dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Códi go de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.)

3. Condenar a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el

disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

4. Condenar a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, al reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia.

5. Condenar en costas a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-, de conformidad con lo estipulado en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Ci vil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.”

1.3. Hechos o fundamento del medio de control3

Como fundamento de hecho de las pretensiones, se tienen:

• YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR peticionó el 13 de marzo de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitando el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006.

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la

reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006.

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Resolución No. FPSM-237 del 3 de mayo de 2018, reconoció y ordenó a favor

3 Folios 2 a 4 del archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia.Página 3 de 18

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Demandante: YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

de YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR el pago de las cesantías definitivas.

• YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR manifestó que le fueron canceladas sus cesantías definitivas el 6 de agosto de 2018 , a través de consignación bancaria en la cuenta de ahorros a su nombre del Banco BBVA.

• YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR peticionó el 8 de noviembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas.

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no resolvió la solicitud presentada por YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR , configurándose el acto administrativo demandado.

1.4. Fundamento de derecho y normas violadas

Se citan como normas violadas las siguientes disposiciones:

Ley 244 de 1995: artículos 1y 2.

configurándose el acto administrativo demandado.

1.4. Fundamento de derecho y normas violadas

Se citan como normas violadas las siguientes disposiciones:

Ley 244 de 1995: artículos 1y 2. Ley 91 de 1989: artículos 5 y 15. Ley 1071 de 2006: artículos 4 y 5.

Como sustento de lo anterior la demandante expuso una serie de consideraciones jurídicas sobre las disposiciones citadas como vulneradas e hizo alusión a decisiones jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre el tema objeto de debate judicial que considera respaldan sus pretensiones en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción moratorio por pago tardío de las cesantías parciales.

1.5. Contestación de la demanda4

La entidad demandada contestó la demanda, manifestando que la indexación de la sanción moratoria no resultaba procedente, habida consideración que la misma hacía mucho más gravosa la situación de la administración, ya que dicho emolumento no solo cubría la actualización monetaria, sino que era superior al valor que resultaba de la referida sanción. Además, no se trataba de un derecho laboral, sino por el contrario era un correctivo frente a la negligencia de la administración.

2. SENTENCIA APELADA5

El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, en sentencia del 5 de septiembre de 202 2, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, resolviendo lo siguiente:

4Folios 51 a 59 del archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia.

sentencia del 5 de septiembre de 202 2, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, resolviendo lo siguiente:

4Folios 51 a 59 del archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia. 5Archivo No. 26 del expediente digital de primera instancia.Página 4 de 18

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“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto con efectos negativos, que negó a Yolanda Teresa Rojas Villamizar, el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata la Ley 1071 de 2006.

SEGUNDO: ORDENAR, en consecuencia, a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, reconocer y pagar a título de restablecimiento del derecho, a favor de Yolanda Teresa Rojas Villamizar , la sanción moratoria, correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo, causada desde el 28 de junio de 2018, hasta el 22 de julio de 2018 (24 días) por el pago tardío de las cesantías definitivas.

El monto que se tendrá en cuenta para liquidar la sanción moratoria será la asignación básica que devengaba la docente para la fecha de finalización de la relación laboral o el vínculo contractual.

TERCERO: DISPONER que el monto generado por concepto de sanción mora, se ajustará conforme a la actualización establecida en la parte considerativa de esta providencia.

relación laboral o el vínculo contractual.

TERCERO: DISPONER que el monto generado por concepto de sanción mora, se ajustará conforme a la actualización establecida en la parte considerativa de esta providencia.

La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá descontar debidamente indexados los valores que por concepto de sanción moratoria haya pagado eventualmente a la demandante, correspondiente al periodo reclamado.

CUARTO: CONDENAR a la parte demandada a pagar a la demandante intereses moratorios por el valor a reconocer, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a dar cumplimiento a este fallo en la forma prevista en el CPACA.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: EXONERAR de condena en costas a la parte vencida por lo expuesto en el Proveído.

OCTAVO: NOTIFICAR la presente sentencia, conforme lo consagra el artículo 203 del CPACA.

NOVENO: EJECUTORIADA esta providencia, liquidar los gastos del proceso, devolver el remanent e si los hubiere y archivar las diligencias, previas las anotaciones de rigor.”

Como sustento de su decisión, el A quo en primer lugar, señaló que los docentes eran beneficiarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de

2006. Que teniendo en cue nta ello, se tenía que la demandante había acreditado su calidad de docente oficial según se demostraba con la resolución

docentes eran beneficiarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de

2006. Que teniendo en cue nta ello, se tenía que la demandante había acreditado su calidad de docente oficial según se demostraba con la resolución de reconocimiento de cesantías definitivas. Por su parte, que era claro que la entidad demandada había incurrido en una mora para pagar lo reclamado, concluyendo entonces, que la actora tenía derecho a recibir el pago de dicha sanción.

En vista de ello, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en razón a un día de salario por cada día de retardo hasta el momento en que la entidad demandada cumplió con la obligación, es decir, que el período de mora comprendió entre el 28 de junio al 22 de julio de 2018, para un total de 24 días.Página 5 de 18

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Así mismo, dispu so que la sanción se liquidaría con base en el salario devengado por la ac tora para la fecha finalización de la relación laboral o el vínculo contractual.

No hubo lugar a decretar prescripción de ningún valor, en atención a que la petición de pago de la sanción moratoria se hizo dentro del término de los 3 años.

Precisó que como en el caso concreto se otorgaba la sanción moratoria, no era jurídico ordenar indexación. A pesar de lo anterior, ordenó la actualización del

años.

Precisó que como en el caso concreto se otorgaba la sanción moratoria, no era jurídico ordenar indexación. A pesar de lo anterior, ordenó la actualización del valor de la condena en los términos del artículo 187 del CPACA.

A su vez indicó, que en el evento de haberse suministrado pago alguno en sede administrativa por los conceptos que aquí se ordenaban, el extremo pasivo debería deducirlos debidamente indexados, para efectos de evitar un doble pago por la misma obligación.

Por último, no hubo condena en costas, atendiendo lo dispuesto por el Consejo de Estado, al no haberse evidenciado una conducta temeraria o de mala fe de la parte vencida.

2.1. RECURSO DE APELACIÓN6

La demandante interpuso y sustentó dentro de la oportunidad legal, el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Alegó que el fallador de primera instancia determinó que el período de mora comprendió entre el 28 de junio al 22 de julio de 2018, fecha esta última en la que consta se le giró el dinero a YOLANDA TERESA ROJAS VILLAMIZAR ; sin embargo, la fecha efectiva en que se realizó el pago fue el 6 de agosto de ese mismo año.

Bajo esa premisa, la mora debía contabilizarse hasta el 5 de agosto de 2018, con su respectiva indexación.

3. ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El Trib unal Administrativo de Arauca admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 5 de septiembre de 2022

con su respectiva indexación.

3. ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El Trib unal Administrativo de Arauca admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 5 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Arauca.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

Según el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, al Tribunal se le asignó el conocimiento en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera por los Jueces Administrativos.

6Archivo No. 29 del expediente digital de primera instancia.Página 6 de 18

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4.2. Cuestión previa

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que se han venido tramitando haya pasado al despacho para tal efecto, sin que pueda alterarse tal mandato,

y acceso a la justicia”, impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que se han venido tramitando haya pasado al despacho para tal efecto, sin que pueda alterarse tal mandato, así se observa en la citada norma que dispone lo siguiente:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las s entencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la juris dicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…).”

En el presente caso, el objeto de debate se circunscribe al reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, asunto respecto del cual tanto esta Corporación como el órgan o de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo han tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, esta Sala se encuentra habilitada para resolver el presente caso de manera anticipada.

4.3. Problema jurídico

La controversia c onsiste en dilucidar , si hay lugar a modificar la sentencia proferida el 5 de septiembre de 202 2, por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, que accedió parcialmente a las

La controversia c onsiste en dilucidar , si hay lugar a modificar la sentencia proferida el 5 de septiembre de 202 2, por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, la Sala deberá esclarecer para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria, cuál fue la fecha exacta en que se realizó el pago efectivo de las cesantías definitivas reconocidas a través de la Resolución No. FPSM237 del 3 de mayo de 2018.

Lo anterior, a fin de determinar si debe entenderse como fecha del cumplimiento de la obligación de las cesantías el día en que el giro estuvo a disposición de la actora, o aquel en que recibió el dinero.

Para resolver el cuestionamiento jurídico planteado, la Sala inicialmente analizará el marco normativo y jurisprudencial para luego de conformidad con el material probatorio descender al caso concreto.Página 7 de 18

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4.3.1. Marco normativo y jurisprudencial

4.3.1.1. Régimen de cesantías de los docentes

La Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, reguló la prestación social de las cesantías para los docentes, estableciendo un procedimiento único para su liquidación conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y las entidades

Sociales del Magisterio”, reguló la prestación social de las cesantías para los docentes, estableciendo un procedimiento único para su liquidación conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales. Entre otras disposiciones, contempló:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al

Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

Entonces, esta ley crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, con el objeto, entre otros, de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, contemplando además, un sistema sin retroactividad para la liquidación del auxilio de la cesantía para los docentes que se hubieren vinculado a partir del 1º de enero de 1990, en virtud del cual, la liquidación se realiza anualmente y se reconoce un interés cada año.

En este punto, resulta necesario recordar que, para el caso de docentes, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, determinó el r égimen de acuerdo con su vinculación. La norma es del siguiente tenor:

“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.Página 8 de 18

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Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.”

4.3.1.2. Sanción por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos

La indemnización por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos fue establecida mediante la Ley 244 de 1995 “Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”, como una sanción a cargo del empleador moroso y en favor del trabajador.

Posteriormente la mencionada normatividad, fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, que en sus artículos 2º, 4° y 5º precisó lo siguiente:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los

y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro”.

Artículo 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.”

“Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las ces antías parciales o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías parciales o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus

de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías parciales o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

De manera que es al vencimiento de los 45 días hábiles siguientes a la fechaPágina 9 de 18

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en la cual queda en firme el acto administrativo -La ejecutoria se cumple cinco días después de la expedición en vigencia del C.C.A. y 10 del CPACA - por el cual se reconocen las cesantías definitivas o parciales y no la de reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación sin que las haya pagado, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo que correrá hasta cuando se haga efectivo el giro.

4.3.1.3. Criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 a los docentes oficiales

salario por cada día de retardo que correrá hasta cuando se haga efectivo el giro.

4.3.1.3. Criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 a los docentes oficiales

Respecto de la aplicación de lo establecido en la Ley 244 de 1995 adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, a los docentes vinculados con el Estado, en específico en relación al reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, el Honorable Consejo de Estado ha tenido criterios disimiles. En efecto, en algunas ocasiones se ha señalado que el régimen especial de los docentes no consagró el reconocimiento de la sanción moratoria y por lo tanto no era procedente acceder a ese derecho en el caso de tales servidores 7. En otras oportunidades, el Órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, optó por reconocer la sanción moratoria en el caso de los docentes, como lo hizo en sentencia del 14 de diciembre de 20158.

Por su parte, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU-336 de 20179, se pronunció acerca de los diferentes criterios que al respecto había planteado el órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo para negar o conceder el reconocimiento de esa sanción, indicando que debía haber uniformidad de las decisiones adoptadas por los Jueces para que los ciudadanos tuvieran certeza sobre el ejercicio de sus derechos, y se debía garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en las actuaciones judiciales. En dicha sentencia, esa Corporación en relación con el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las

sobre el ejercicio de sus derechos, y se debía garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en las actuaciones judiciales. En dicha sentencia, esa Corporación en relación con el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías de los docentes oficiales dijo que:

“Es preciso recordar que esta Corporación ha señalado en sede de control abstracto que existen importantes semejanzas, incluso identidades, entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales. Sobre el particular, ha reconocido que según se desprende de su propia naturaleza y del régimen legal que les es aplicable, podrían considerarse como notas características del trabajo de los docentes oficiales: (i) el hecho de pertenecer a la rama ejecutiva y cumplir dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las Secretarías de Educación de las entidade