TA ATL - 08001333300120210018901-(07-11-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISION ORAL “A”

Barranquilla, siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Reparación Directa Radicado 08-001-33-33-001-2021-00189-00 Demandante Santiago Zapata Macías Demandado Distrito de Barranquilla – Área Metropolitana de Barranquilla – Nación – Ministerio de Transporte – Superintendencia de Transporte – Superintendencia de Transporte Tema Falla del servicio – Falta de legitimación material en la causa por activa Magistrado Ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico 1 decide la apelación presentada por la parte actora , en contra de la sentencia de treinta (30) de noviembre de 2022, por medio de la cual el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, declaró probada oficiosamente, la falta de legitimación material en la causa por activa y negó las pretensiones de la demanda.

III.– ANTECEDENTES

3.1. Posición de la parte demandante.

2. El 1 de septiembre de 20212, el señor Santiago Zapata Macías presentó demanda en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa, contra el Distrito de Barranquilla –

3.1. Posición de la parte demandante.

2. El 1 de septiembre de 20212, el señor Santiago Zapata Macías presentó demanda en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa, contra el Distrito de Barranquilla – Área Metropolitana de Barranquilla – Nación – Ministerio de Transporte – Superintendencia de Transporte. En la demanda y en la reforma de la demanda, se formularon las siguientes

pretensiones3:

“1. Que, a los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, se les declare a través de sentencia condenatoria, su responsabi lidad patrimonial en los Daños Antijurídicos irrogados sobre el patrimonio del demandante a título de FALLA EN EL SERVICIO, por la no actualización de tarifas para el servicio público de transporte individual de taxis en el Área Metropolitana de Barranquilla

2. Que como consecuencia de la anterior declaratoria judicial, se condene a los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA DISTRITO

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, el ÁREA METROPOLITANA

DE BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y la

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20 -11521, expedido el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 02ActaReparto.pdf 3 01DemandaAnexos.pdf y 20ReformaDemanda.pdfTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 02ActaReparto.pdf 3 01DemandaAnexos.pdf y 20ReformaDemanda.pdfTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Radicación No: 08-001-33-33-001-2021-00189-01

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Santiago Zapata Macías Demandado: Distrito de Barranquilla y otros.

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SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTE, al pago en favor del demandante, por concepto de lucro cesante, en la cuantía de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS/CTE ($26.481.312), que dejó de percibir por los (2) vehículos taxis de mi poderdante, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2019, en razón de la no actualización de las tarifas para el servicio público de transporte individual de taxi en los períodos antes señalados.

3. TERCERO: Que los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DISTRITO ES PECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, se allanen al pago de la indexación económica de las sumas de dinero que se han requerido en el presente medio de control, desde septiembre 01 de 2019,

TRANSPORTE y la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, se allanen al pago de la indexación económica de las sumas de dinero que se han requerido en el presente medio de control, desde septiembre 01 de 2019, hasta el momento en que se verifique el efectivo pago por parte de cualquiera de los demandados.”

3. La parte demandante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes4:

4. (1) El actor manifiesta ser propietario de 2 taxis de placas TZK673 y WGA280, lo que acredita con los certificados de tradición y libertad, así como con la tarjeta de propiedad aportada, vehículos que según indica forman parte del parque automotor del Área

Metropolitana de Barranquilla.

5. (2) También manifiesta que, contrató los servicio del ingeniero vial Orlando Cabeza Sanabria, el administrador de empresas Mauricio Feliz Monsalve y el contador Juan Carlos Fernández Lambis, para que hicieran un estudio de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, a fin de concluir si el Área Metropolitana de Barranquilla debía actualizar las tarifas para el servicio público de transporte individual en esos periodos, y si los demandados estarían o no en la obligación de intervenir en el proceso de actualización tarifaria.

6. (3) Tal estudio concluyó que, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la fecha de presentación de la demanda, el Área Metropolitana de Barranquilla no ha realizado la actualización de tarifas del sistema de transporte público individua l de taxis, generando daños materiales e inmateriales que deben ser reparados ; y que solamente mediante

presentación de la demanda, el Área Metropolitana de Barranquilla no ha realizado la actualización de tarifas del sistema de transporte público individua l de taxis, generando daños materiales e inmateriales que deben ser reparados ; y que solamente mediante Acuerdo 005 de 10 de diciembre de 2019, el Área Metropolitana de Barranquilla estableció el marco tarifario para regular el transporte individual de taxis; en este mismo sentido señaló que no existen en Barranquilla normas que regulen las tarifas de este tipo de transporte público, lo que en su decir promueve la informalidad en el transporte público individual.

7. (4) Sostuvo que el Distrito de Barranquilla no ha vigilado ni promovido a que el Área Metropolitana de Barranquilla realizara la actualización tarifaria, pese a que es coadministrador de quien tiene esa competencia regulatoria de tarifas; asimismo, adujo que el Ministerio de Transporte pese a ser la mayor autoridad en materia de transporte en el país, no se ha percatado que en Barranquilla y su Área Metropolitana, ha permitido que no se hayan actualizado las tarifas en los meses de septiembre, octubre noviembre y los 10 primeros días del mes de diciembre de 2019.

8. (5) Indicó que, la Superintendencia de Transportes no ha llamado la atención de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla por la no actualización tarifaria del servicio público de transporte individual, y q ue como propietario de taxis debe incurrir en costos como combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y prestaciones, servicios de estación, garaje, administración y rodamiento, impuestos y seguros,

servicio público de transporte individual, y q ue como propietario de taxis debe incurrir en costos como combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y prestaciones, servicios de estación, garaje, administración y rodamiento, impuestos y seguros,

4 01DemandaAnexos.pdf y 20ReformaDemanda.pdfTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Demandante: Santiago Zapata Macías Demandado: Distrito de Barranquilla y otros.

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recuperación de capital, rentabilidad, factores que se impactan anualmente, y que no han sido tenidos en cuenta para la realización de reajustes tarifarios.

9. (6) Señaló que las tarifas cobradas en el periodo de tiempo discutido no representan el valor verídico de las mismas. Que conforme el estudio realizado, por día, un taxi dejó de percibir $150.462 pesos, por lo que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre cada taxi dejó de percibir $13.240.656, por lo que siendo 2 los taxis de propiedad del demandante, la no actualización tarifaria hizo que no percibiera $26.481.312.

3.2. Posición de las partes demandadas.

10. El Distrito de Barranquilla , c ompareció al trámite a través de apoderado, y contestó la demanda5, proponiendo como excepciones las de falta de legitimación en la

3.2. Posición de las partes demandadas.

10. El Distrito de Barranquilla , c ompareció al trámite a través de apoderado, y contestó la demanda5, proponiendo como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de elementos para edificar responsabilidad del Estado y la carga de la prueba le corresponde al demandante. Manifestó que no se demostró que la omisión que se le atribuye al Distrito de Barranquilla, hubiere ocasionado una pérdida al demandante; y que, respecto al nexo causal, adujo que no se demostró el presunto daño causado a la demandante, ni que el Distrito hubiere intervenido mediante acción u omisión en su producción.

11. La Nación – Ministerio de Transporte contestó la demanda6, proponiendo como excepciones Falta de legitimación en la causa por pasiva y la de Inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del Ministerio de Transporte para responder por las pretensiones de la demanda, oponiéndose a las pretensiones, argumentando, que a la parte actora, le corresponde demostrar los hechos narrados en la demanda, y que no se estructuran los elementos de responsabilidad del Ministerio de Transporte, y qu e, para el caso particular, la autoridad única de transporte es el Área Metropolitana de Barranquilla, y que no es posible imputarle responsabilidad al Ministerio de Transporte, pues carece de nexo de causal respecto del daño invocado y los perjuicios reclamados.

12. Por su parte, la Nación – Superintendencia de Transporte , contestó la demanda7, proponiendo como excepciones Falta de legitimación en la causa por pasiva,

nexo de causal respecto del daño invocado y los perjuicios reclamados.

12. Por su parte, la Nación – Superintendencia de Transporte , contestó la demanda7, proponiendo como excepciones Falta de legitimación en la causa por pasiva, Inexistencia del daño antijurídico y la de Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; para responder por las pretensiones de la demanda, oponiéndose a las pretensiones, argumentando, que la Superintendencia de Transportes no participa en la definición de tarifas en ninguno de los modos de transporte, ni es autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte individual modo taxi en el Área Metropolitana de Barranquilla, por lo que no le asiste responsabilidad respecto de las pretensiones del demandan.

13. El Área Metropolitana de Barranquilla , a través de apoderado, contestó la demanda8, y compareció al proceso, afirmando que, como autoridad metropolitana de transporte público individual de pasajeros en vehículos tipo taxi “…desde septiembre de 2017, conforme Acuerdo 002 de 6 de septiembre de 2016. ” De igual manera señala que , mediante Acuerdo 05 de 10 de diciembre de 2019 fijó tarifas para el servicio de transporte individual de pasajeros en vehículos tipo taxi. En este mismo sentido señaló que para los años 2017, 2018 y 2019 los prestadores del mencionado servicio de transpor te no se sujetaron a las tarifas establecidas en el Decreto 086 de 2008, sino que cobraban lo acordado libremente con el pasajero. Propuso las excepciones de Inexistencia de daño antijurídico, Inexistencia de daño antijurídico. Inexistencia de imputación, Inexistencia de

acordado libremente con el pasajero. Propuso las excepciones de Inexistencia de daño antijurídico, Inexistencia de daño antijurídico. Inexistencia de imputación, Inexistencia de perjuicio indemnizable y la de Falta de legitimación en la causa por activa, respecto de la que sostiene que el demandante: “…concurre al proceso como persona natural que dice

5 10ContestacionDistriroBarranquilla.pdf y 14ContestacionDistriroBarranquilla.pdf 6 15ContestacionMintrasnporte.pdf 7 16ContestacionSupertrasnporte.pdf; 36ContestacionReformaSupertrasnporte.pdf; y 37ContestacionReformaDemandaSupertrasnporte.pdf 8 22ContestacionAreaMetropolitana.pdf, 33ContestacionReformaAreaMetropolitanaporplanillaTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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ser propietaria de unos vehículos tipo taxi, más no acredita se r un prestador habilitado del servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros en la jurisdicción del Área Metropolitana de Barranquilla, ni el conductor de los vehículos, por lo que no es titular del interés jurídico que se debate en proceso…”

3.3. Fallo de primera instancia.

Metropolitana de Barranquilla, ni el conductor de los vehículos, por lo que no es titular del interés jurídico que se debate en proceso…”

3.3. Fallo de primera instancia.

14. Mediante Sentencia de 30 de noviembre de 202 29, el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla declaró probada de oficio la falta de legitimación material por activa del demandante y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que , (1) El demandante acreditó ser propietario de dos automóviles de servicio público, empero, la propiedad de tales vehículos, y que los mismos sean de servicio público, no implica por sí mismo, q ue tales vehículos se encuentren habilitados para prestar servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, ni tampoco que dicho servicio lo preste en la ciudad de Barranquilla y/o el Área Metropolitana de Barranquilla. (2) En este tipo de asuntos debe demostrarse que el demandante es titular del interés jurídico objeto de debate, le correspondía demostrar que tales vehículos se encuentran vinculados a una empresa habilitada para la prestación de dicho servicio público de transporte individual. (3) Según lo previsto en el Decreto 1079 de 2015, y de forma específica lo previsto en los Arts. 2.2.1.3.3 y 2.2.1.3.6.2, para que el demandante demostrara que los automóviles de servicio público que son de su propiedad y forman parte del parque automotor de una empresa habilitada para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros (taxi) en jurisdicción de Barranquilla y/o el Área Metropolitana de Barranquilla, debía acreditar la

servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros (taxi) en jurisdicción de Barranquilla y/o el Área Metropolitana de Barranquilla, debía acreditar la vinculación de tales automotores a una empresa de transporte habilitada, aportando la tarjeta de operación expedida por dicha empresa. (4) El señor Santiago Zapata Macías no demostró, mediante la aportación de tarjetas de operación, que los automóviles de servicio público que son de su propiedad, hubieran formado parte del parque automotor de empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros habilitadas en Barranquilla y/o el Área Metropolitana de Barranquilla, por lo que no demostró que le asista la titularidad del interés jurídico objeto de la Litis, cual es, la existencia de un daño antijurídico por la no actualización en las tarifas para esta clase de servicio público de transporte en el Área Metropolitana de Barranquilla, pues para ello debe demostrar que tendría la posibilidad de resultar afectado por la omisión invocada, la cual carecería de tener posibilidad de afectarle si se llegare a encontrar vinculado a una empresa habilitada para en una jurisdicción territorial diferente, o que, en un hipotético evento, ejerciera esta actividad sin contar con la habilitación para ello.

3.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

15. La parte demandante presentó recurso de apelación10 en contra de la sentencia de primera instancia, donde solicitó se revoque la decisión y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones: (1) Los vehículos que son habilitados para prestar el servicio individual de transporte a todos los ciudadanos

de primera instancia, donde solicitó se revoque la decisión y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones: (1) Los vehículos que son habilitados para prestar el servicio individual de transporte a todos los ciudadanos del área metropolitana, y lo que origina la presentación de la demanda, son de propiedad del actor, quien dispuso de su patrimonio para adquirirlos y colocarlos a disposición del servicio que prestan, bajo un esquema de negocio en donde los vehículos son administrados por terceros, y cuya administración jamás cercenan el indefectible interés económico que tuvo, tiene y sigue teniendo en esa actividad comercial licita . (2) El propietario del vehículo taxi, paga un cuota de administración a la empresa que está habilitada para agrupar los vehículos taxis que prestan el servicio de transporte individual de personas, este adicional costo de la actividad comercial realizada por el demandante, a través de sus vehículos taxis es soportado con cargo a su patrimonio, no son los conductores los que disponen de su peculio para pagar la cuota de administración, n i los

9 64Sentencia.pdf 10 66RecursoApelacionParteActora.pdfTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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que soportan el mantenimiento del vehículo automotor y obviamente, no son los conductores y menos las empresa s administradoras las que sufren la no actualización de las tarifas, por el contrario, esa cuota de administración así como los honorarios y salarios que reciben los conductores nunca se ven afectados por la no actualización tarifaria, tanto la administración, como los conductores son elementos de costo en la actividad comercial que realiza el señor Zapata Macías, a través de la utilización de sus vehículos taxis. (3) Siendo propietario de ese elemento transcendental sin el cual no existiría la actividad de transporte individual de personas en el Área Metropolitana de Barranquilla, consecuentemente indica que solo el propietario de los taxis es el único sujeto victima que soporta el injustificado daño que han irrogado los demandados con su notoria y manifiesta omisión administrativa, fuente no solamente de imputación de responsabilidad en contra de los demandados sino también la causa directa de la indemnización de los daños materiales pretendida por la demanda . (4) Resulta arbitrario por parte del juez, establecer hechos y argumentos que no fueron contemplados en la excepción propuesta por el demandado, el operador de justicia ha debido concentrar su juicio y valoración jurídica sobre los taxativos sustentos del demandado, y no por el contrario, traer al plenario judicial hechos y sustentos ajenos al petitum de la defensa, lo cual esta proscrito en la jurisdicción contenciosa, dado

sustentos del demandado, y no por el contrario, traer al plenario judicial hechos y sustentos ajenos al petitum de la defensa, lo cual esta proscrito en la jurisdicción contenciosa, dado que, de ser así, el ad quo rompe el equilibrio procesal en el marco del derecho de defensa, toda vez que inserta en la defensa supuestos de hechos y jurídicos que jamás fueron argüidos por el demandado, lo que posiblemente construiría en contra de l señor Santiago Zapata Macías, una vía de hecho judicia l. (5) El juez fallando sobre cuestiones que no fueron materia de la controversia y que no podían contemplarse de oficio (extra petita), y cuando esto ocurre, y el fallo excede los límites que fijaron las partes, tanto en su demanda como en su defensa, en aspectos centrados que integran el debate litigioso, excediendo los límites que fijaron las partes o la ley (ultra petita), en otras palabras, el juzgador desconoce los linderos trazados por las partes en la demanda y en la contestación de la demanda al dictar semejante sentencia en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual está vedado en esta clase de procesos, pues si el juez falla en favor del demandado por lo no solicitado por este, tendría que hacer lo mismo con cargo a la pretensiones del demandante

16. Esta Corporación admitió la apelación11 interpuesta por la parte demandante, donde se indicó que las partes podrían pronunciarse en el término que dispone la norma en su numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 en su versión modificada por la Ley 2080 de 2021. Las partes guardaron silencio, y el señor Agente del Ministerio Público delegado

numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 en su versión modificada por la Ley 2080 de 2021. Las partes guardaron silencio, y el señor Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación, no emitió concepto de fondo.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

17. Agotadas las etapas procesales propias de esta instancia, sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Síntesis de la controversia y problema jurídico de instancia; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Metodología y estructura de la decisión; 5.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicables; 5.6. Caso concreto: análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo; y 5.7. Costas.

5.1. Competencia.

18. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, por disposición del artículo 153 del CPACA, el cual dispone

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que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de apelaciones de Sentencias dictadas por jueces administrativos.

5.2. Problema jurídico de instancia.

19. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la entidad apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar si, ¿Está legitimado el señor Santiago Zapata Macías, como propietario de dos vehículos tipo taxi con licencias de tránsito 10014067310 placa TZK673 y 10018016985 placa WGA280, para pretender a través del medio de control de reparación directa, la declaratoria de responsabilidad extrapatrimonial de los demandados por la presunta omisión en la actualización de las tarifas de cobro del servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros?

20. Para resolver el problema jurídico se determinará de qué manera puede acreditarse la legitimidad de quien afirma dedicarse a la prestación de un servicio de transporte publico individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, para reclamar un perjuicio resarcitorio de un presunto daño por omisión.

5.3. Tesis de la Sala.

21. La Sala confirmará la sentencia apelada, dado que la prestación del servicio d e transporte publico individual de pasajeros en vehículos tipo taxi está reglada y debe

presunto daño por omisión.

5.3. Tesis de la Sala.

21. La Sala confirmará la sentencia apelada, dado que la prestación del servicio d e transporte publico individual de pasajeros en vehículos tipo taxi está reglada y debe someterse a los tramites y habilitaciones prescritas en la ley, lo que no esté acorde a la normativa respecto a la expedición de licencias y autorizaciones se entiende ilegal, y siendo ilegal, no puede reclamarse perjuicio alguno, siendo acertada la decisión del A quo, porque el actor no acreditó haber cumplido con las exigencias legales ante las autoridades territoriales, en punto a la habilitación de los vehículos con licencias de tránsito 10014067310 placa TZK673 y 10018016985 placa WGA280 de servicio público, para la prestación del servicio de transporte publico individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.

5.4. Metodología y estructura de la decisión.

22. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará las normas y jurisprudencia aplicables (5.5) y, posteriormente, a partir de pruebas aportadas al proceso, examinará el caso concreto (5.6.)

5.5. Marco normativo y jurisprudencial.

5.5.1. Régimen de responsabilidad del Estado. Cláusula general de responsabilidad.

23. La responsabilidad patrimonial por la acción u omisión de las entidades del Estado, la Constitución Política la establece en su artículo 90: “ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

la Constitución Política la establece en su artículo 90: “ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

24. Para que se pueda configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, se hace necesaria la concurrencia de dos elementos que la constituyen, esto es, el daño y laTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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imputación. En el primero de ellos se tiene que analizar su existencia para luego determinar si puede considerarse como un daño antijurídico, es decir, que la víctima no estaba en la obligación o condición de soportarlo; y posteriormente, se debe evaluar, la imputación, la cual supone “el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad

cual supone “el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política (...)12”, para proceder a determinar si hay nexo de causalidad , entre uno y otro elemento, para declarar responsabilidad.

5.5.2. De la legitimación en la causa material por activa.

25. La legitimación en la causa tiene que ver con la relación jurídica sustancial objeto del proceso, de manera que es propia del debate procesal, como quiera que se relaciona con el derecho que se pretende, se relaciona con la calidad de las personas que por activa o pasiva figuran como sujetos procesales, bien porque formulan las pretensiones (activa) o porque se oponen a ellas (pasiva).

26. El Consejo de Estado en otrora13, ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, así: En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que, existen dos clases: la de hecho y el material. La primera hace referencia a la circuns tancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o víncu lo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso -, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda.

27. Esta h a sido la p osición pacifica del Tribunal, que, en otros pronunciamientos, ha

sostenido:

acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda.

27. Esta h a sido la p osición pacifica del Tribunal, que, en otros pronunciamientos, ha

sostenido:

“[L]a legitimación en la causa: ‘(…) alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa - y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva’. Así, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por