TA ATL - 08001333300120220014901-(16-02-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SECCIÓN C

SIGCMA-SGC

Barranquilla D.E.I.P., dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Medio de Control Reparación directa Radicado 08-001-33-33-001-2022-00149-01 Demandante Carlos Mario Pereira Pereira y otros Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Magistrado Ponente Jorge Eliécer Fandiño Gallo

I. PRONUNCIAMIENTO

La Sala procede a decidir el recurso de apel ación in terpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, el 29 de junio de 2023, que negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

- DEMANDA

Pretensiones

El señor Carlos Mario Pereira Pereira y otros, a través de apoderado judicial, promovieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que sea declarada extracontractual y administrativamente responsable de los perjuicios causado s, por las le siones sufridas, durante operativo policial, realizado el 31 de mayo de 2020.

A título de indemnización, solicita que la entidad demandada reconozca los perjuicios morales y materiales irrogados, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, así como el daño a la salud.

A título de indemnización, solicita que la entidad demandada reconozca los perjuicios morales y materiales irrogados, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, así como el daño a la salud.

Finalmente, peticionan que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 187, 189 y 192 del CPACA y la parte demandada sea condenada en costas.Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Mario Pereira Pereira y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 08-001-33-33-001-2022-00149-01

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Hechos

El 31 de mayo de 2020, el señor Carlos Mario Pereira Pereira transitaba por la calle 78 del barrio Los Robles de Soledad, cuando fue interceptado por los patrulleros John Paba Gómez y Remy Vílchez Ortega, quienes le solicitaron su documento de identificación y, de manera abrupta, violenta, con exceso de fuerza y abu so de autoridad, procedieron a golpearlo tirándolo al piso, esposándolo, y le sustrajeron sus pertenencias del bolsillo del pantalón.

Los policiales solicitaron apoyo de otras unidades, por lo que, llegaron al lugar, dos patrullas motorizadas y un vehículo tipo panel de siglas 57 -2849 al que fue subido a la fuerza el demandante, luego, el patrullero Jhon Paba Gómez entregó su arma de dotación al Patrullero Remy Vílchez Ortega e ingresó a ese vehículo, y agredió al demandante con la tonfa de dotación oficial, pese a encontrarse esposado y en estado de indefensión.

de dotación al Patrullero Remy Vílchez Ortega e ingresó a ese vehículo, y agredió al demandante con la tonfa de dotación oficial, pese a encontrarse esposado y en estado de indefensión.

Posteriormente, el demandante fue obligado a ingresar por la puerta trasera a las instalaciones de la Estación de Policía Los Almendros, donde continuó la agresión, le rociaron gas lacrimógeno en su rostro, lo golpearon en la cabeza y extremidades.

No obstante lo anterior, fue obligado a firmar la minuta de población de esa estación de policía, seguidamente fue arrojado a la calle en estado inconsciente, sien do auxiliado por familiares y desconocidos que lo trasladaron a la Clínica Los Almendros de Soledad, en el que recibió atención médica y posteriormente fue remitido a la Clínica La Misericordia, siendo dado de alta el 4 de junio de 2020.

Por los hechos de scritos, se instauró radicó denuncia denuncias penal y disciplinaria, que se encuentran en trámite.

Normas violadas y concepto de violación

La parte actora señala como fundamento de sus pretensiones, lo contemplado en los artículos 2, 11, 90, 91 y 124 de la Constitución Política, artículos 1614, 2356 y 2341 del Código Civil y artículo 140 del CPACA.

Se indica que la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada, está comprometida porque sus agentes hicieron uso excesivo yMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Mario Pereira Pereira y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

demandada, está comprometida porque sus agentes hicieron uso excesivo yMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Mario Pereira Pereira y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 08-001-33-33-001-2022-00149-01

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desproporcionado de la fuerza pública durante operativo policial, al margen de los procedimientos o protocolos instituidos para el efecto, y que conllevó a que el señor Carlos Mario Pereira Pereira, resultara lesionado injustificadamente.

- CONTESTACIÓN

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Se opone a las pretensiones de la demanda , por considerar que esta carece de soporte fáctico y probatorio, es decir, no está demostrado que las lesiones sufridas por el demandante fueron causadas por miembros de la Policía Nacional, o resultado de un uso excesivo de la fuerza, y que se constituyan como falla en el servicio.

Agrega que, por el contrario, los documentos allegados al proceso, demuestran que el demandante fue renuente y agresivo durante el operativo policial, siendo necesaria su conducción a las instalaciones policiales, además que aceptó voluntariamente firmar el libro de minutas , donde se dejó constancia que no fue maltratado.

- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla, negó las súplicas de la demanda. Para el efecto, consideró que el problema jurídico, era determinar si la entidad demandada era administrativa y patrimonialmente responsable , por los perjuicios ocasionados a lo s demandantes, en razón de las lesiones sufridas por

la demanda. Para el efecto, consideró que el problema jurídico, era determinar si la entidad demandada era administrativa y patrimonialmente responsable , por los perjuicios ocasionados a lo s demandantes, en razón de las lesiones sufridas por Carlos Mario Pereira Pereira, el día 31 de mayo de 2020, y si en virtud de ello, había lugar o no, a indemnizar a los demandantes.

En solución a lo anterior, consideró que el daño antijurídico , esto es, las lesiones sufridas por el señor Carlos Mario Pereira Pereira, estaba probado con el informe Pericial de clínica forense No. UBBARBA-DSAT-05511-2022 de 25 de junio de 2022 y el Dictamen No. 1143153846-38429 de 28 de noviembre de 2022 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, el cual determinó que el actor tiene incapacidad permanente parcial, con pérdida de capacidad laboral del 29.50%.

Sobre la imputación, el A quo concluyó, luego de valorar los elementos de prueba recaudados, que la afectación física del demandante no se produjo con laMedio de control: Reparación Directa

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participación o intervención de miembros de la Policía Nacional, pues, entre la hora que se registra la salida del demandante en el libro de p oblación de la Estación de Policía Los Almendros - 6: 30 p.pm – y el ingreso a la Clínica Los Almendros – 8:30

que se registra la salida del demandante en el libro de p oblación de la Estación de Policía Los Almendros - 6: 30 p.pm – y el ingreso a la Clínica Los Almendros – 8:30 p.m., ubicada en el mismo barrio, pasó una hora y media, lo cual, no guarda coherencia con el relato de la demanda, que da por sentado que el reg reso de la víctima a su casa, fue a las 7:00 pm. Ello para concluir que las lesiones sucedieron en un lapso diferente a la permanencia en la estación.

Que, si bien, el registro fílmico que obra como prueba en el plenario, a dvierte que, en el proceso policivo, uno de los agentes propinó un golpe en el abdomen por parte de uno de los agentes, este no tiene la entidad de causar la gravedad de las lesiones alegadas en este proceso, además que fue una reacción a las patadas que propinaba el sujeto que repelía la requisa y detención.

En este punto, también destaca que la declaración de la señora Janeth Pereira Blanco, madre de la víctima, no puede ser tomado como plena prueba porque no fue testigo presencial de los hechos, es decir, se trata de conjeturas y apreciaciones subjetivas.

- RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la parte actora apeló la sentencia, aduciendo que el juez de primera instancia hace un desafortunado análisis del materia probatorio, para concluir que las lesiones ocasionadas al señor Pereira Pereira no fueron producidas por miembros de la Policía Nacional, cuando existe un video que evidencia como los patrulleros a cargo del proceso policivo, golpean , con manos y pies, y en

concluir que las lesiones ocasionadas al señor Pereira Pereira no fueron producidas por miembros de la Policía Nacional, cuando existe un video que evidencia como los patrulleros a cargo del proceso policivo, golpean , con manos y pies, y en repetidas ocasiones a la v íctima, lo esposan lo conducen al vehículo oficial, para finalmente ser trasladado a la Estación de Policía Los Almendros.

También destaca que el daño fue probado con la historia clínica del demandante y el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, además que los informes periciales realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecen que el señor Pereira Pereira fue víctima de agresión física durante procedimiento policial, resultando con traumas en tejidos blandos por un mecanismo traumático contundente.Medio de control: Reparación Directa

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Seguidamente refiere que la investigación disciplinaria, si bien está aún en trámite, se reprocha la inercia con que ha actuado la entidad demandada para garantizar los derechos del quejoso.

Pone de presente que los patrulleros niegan en sus declaraciones haber causado heridas contundentes al señor Pereira Pereira, cuando está demostrado, con los demás elementos de convicción que la causa idónea y determinante del daño fue la desproporcionada, ilegítima e injustificada de fuerza policial.

- TRÁMITE PROCESAL IMPARTIDO

demás elementos de convicción que la causa idónea y determinante del daño fue la desproporcionada, ilegítima e injustificada de fuerza policial.

- TRÁMITE PROCESAL IMPARTIDO

La sentencia fue dictada el 29 de junio de 2023, negando las pretensiones de la demanda, de allí que la parte ac tora presentara recurso de apelación, el cual fue concedido por auto del 25 de julio de 2023.

Mediante acta individual de reparto de fecha 4 de agosto de 2023, el conocimiento del recurso de apelación fue asignado al Despacho del Tribunal que hoy presenta la ponencia, el que dispuso su admisión a través de proveído de fecha 11 de agosto de 2023.

- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, se prescindió de traslado para alegar, como lo dispone el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Tampoco hubo pronunciamiento adicional por los demás sujetos procesales en relación con el recurso de apelación.

- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador 118 Judicial II para asuntos Administrativos no emitió concepto de fondo dentro del asunto de la referencia.

III. CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreenMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Mario Pereira Pereira y otros

de lo Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreenMedio de control: Reparación Directa

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nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

IV. CONSIDERACIONES

- COMPETENCIA

El Tribunal es competente para conocer en segunda instanci a del proceso de la referencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

- PROBLEMA JURÍDICO

Le corresponde a la Sala determinar si procede confirmar o revocar la sentencia recurrida, para lo cual, se deberá establecer , si se encuentran acreditados los elementos estructurales de responsabilidad contra la entidad demandada, por las lesiones sufridas por el señor Carlos Mario Pereira Pereira, dentro del procedimiento policivo desarrollado el 31 de mayo de 2020.

- TESIS

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, denegatoria de las pretensiones, porque los elementos de convicci ón obrantes en el plenario no son demostrativos que el daño antijurídico alegado por la víctima directa , hubiese sido causado por miembros de la Policía Nacional, con armas de dotación oficial o por uso excesivo de la fuerza pública.

- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución

causado por miembros de la Policía Nacional, con armas de dotación oficial o por uso excesivo de la fuerza pública.

- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90, del cual se desprende que el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, siendo la fuente del daño la actividad de la administración o la omisión en el ejercicio de sus funciones; norma que a su vez, es el fundamento del artículo 140 del CPACA, que consagra que el medio de control de reparación directa.Medio de control: Reparación Directa

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Sobre el daño antijurídico es menest er precisar que, no existe una disposición normativa que consagre una definición, no obstante, lo anterior, puede ser entendido como “la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita l a reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio”.1

En cuanto al segundo de los elementos, es decir la imputación, “ supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico” con la advertencia de que en atención del principio iura novit curia, “corresponde al juez

establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico” con la advertencia de que en atención del principio iura novit curia, “corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”2.

Por lo tanto, una vez definidos y acreditados los elementos de la responsabilidad, el juzgador procede a la tasación económica del daño, en la materialización de perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño emergente -Lucro cesante) o inmaterial (Daño moral; Daño a la Salud y, la afectación grave a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos), teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

• De la responsabilidad del Estado por lesiones causadas con armas de dotación oficial.

La Constitución Política, en su artículo 2º, señala que las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…” , mandato que, como lo ha dicho la jurisprudencia, debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención, de acuerdo con las circunstancias, tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, entre otros, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera3.

actuación o intervención, de acuerdo con las circunstancias, tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, entre otros, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera3.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de octubre de 2018, Rad.: 25000-23-26-000-2006-01724-01, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2007. Expediente con radicación interna 22655. C.P.: Dra. Ruth Stella Correa Palacios. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2020, Rad.: 05001-23-31-000-2010-02008-01(54148), C.P.: Marta Nubia Velásquez RicoMedio de control: Reparación Directa

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En ese orden, al Estado le resulta exigible la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, en principio, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, en principio, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Así pues, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, deben analizarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

Igualmente, conviene destacar que el artículo 3 de la Resolución 34/1 69 de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se adoptó el Código de Conductas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dispone que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, y como consecuencia de ello, se establece que el uso de la fuerza debe ser excepcional; el uso de armas de fuego debe ser autorizado en la leg islación nacional “de conformidad con un principio de proporcionalidad” y debe ser una medida extrema.

Este mismo entendimiento, de que el uso de la fuerza debe ser excepcional, se dio con la aprobación de los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento

con la aprobación de los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en agosto y septiembre de 1990, que dispone: “4. Los fun cionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cua ndo otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (...). “9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y opongaMedio de control: Reparación Directa

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resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. A su turno, en el ordenamiento jurídico colombiano, la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 1992, por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional aprobó el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural, fijó las normas, criterios y procedimientos para asegurar el cabal cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Policía Nacional, en su artículo 127 estableció:

"Solo cuando sea estrictamente necesario, la Policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo". (Art. 29 C.N.P.). El medio de policía debe ser adecuado al fin de policía que se trata de alcanzar, y a la naturaleza del derecho a proteger lo que quiere decir que la medida impuesta no debe ser la más rigurosa y que si una medida menos rigurosa basta, esta es la que debe ser empleada. Los funcionarios de policía pueden autorizar el uso de la fuerza en los siguientes casos, para:

1. Hacer cumplir las decisiones de los jueces y demás autoridades.

2. Impedir la comisión actual o inminente de un hecho punible.

3. Asegurar la captura de quien debe ser conducido ante la autoridad.

4. Vencer la resistencia del que se oponga a una orden judicial de cumplimiento inmediato.

5. Evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública.

6. Defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta, contra la persona, su honor y sus bienes.

7. Proteger a las personas contra peligros inminentes y graves”.

6. Defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta, contra la persona, su honor y sus bienes.

7. Proteger a las personas contra peligros inminentes y graves”.

En consonancia con la jurisprudencia traída a colación, el Consejo de Estado ha dado especial atención al uso de las armas por parte de los integrantes de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones, advirtiendo que tal potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de agotar todos los medios a su alcance que representen un menor daño, dado que lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas4.

- CASO CONCRETO

La demanda de reparación directa de la referencia, pretende que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, sea declarada responsable de las lesiones sufridas por el señor Pereira Pereira, durante un operativo policial realizado el 31 de mayo de 2020.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, Rad.: 05001-23-31-000-1991-06078-01, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.Medio de control: Reparación Directa

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El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , porque, en su criterio, las pruebas recaudadas no demostraron con certeza que las lesiones padecidas por el demandante fueran causadas por agentes de la entidad.

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El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , porque, en su criterio, las pruebas recaudadas no demostraron con certeza que las lesiones padecidas por el demandante fueran causadas por agentes de la entidad.

La parte actora disiente de la decisión, al considerar que las pruebas recaudadas sí demuestran que la causa idónea y determinante de las lesiones padecidas por el demandante, fue la desproporcionada, ilegítima e injustificada fuerza policial.

Aspecto preliminar

El Tribunal considera imperioso advertir, previo a resolver los reparos hechos contra la sentencia , que en el expediente obra en calidad de prueba trasladada los expedientes correspondientes a los procesos penal y disciplinario, adelanto por la justicia penal militar, en relación a los hechos que fundamentan el presente proceso.

Sobre el particular, el artículo 174 del Código General del Proceso establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho que en los eventos en los cuales el traslado de pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes, ellas podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso

en los cuales el traslado de pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes, ellas podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que aquéllas hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión5.

Pues bien, como quiera que, en las oportunidades debidas, ambas partes solicitaron el decreto de dichas probanzas, la Sala valorará íntegramente las mismas para desatar el recurso de apelación interpuesto.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de agosto de 2018, Rad.: 05001-23-31-000-2008-00077-01(44459), C.P.: Carlos Alberto Zambrano BarreraMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Mario Pereira Pereira y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 08-001-33-33-001-2022-00149-01

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Hechos probados  Libro de población de la Estación de Policía Los Almendros, en el que se observa anotación de fecha 31 de mayo de 2020, a las 18:30 horas, que da cuenta de lo siguiente: “A la hora y fecha se realiza la constancia donde se realiza registro a persona donde se registra la huida del señor Carlos Mario Pereira Pereira CC 1143153846

siguiente: “A la hora y fecha se realiza la constancia donde se realiza registro a persona donde se registra la huida del señor Carlos Mario Pereira Pereira CC 1143153846 de 29 el cual al ser interceptado se le haya 04 cigarrillos de marihuana 02 pastillas rivotril. Se opone al procedimiento policial intenta agredirnos con piedras en vía pública de inmediato se hace uzo (sic) de la fuerza para esposarlo, pero se niega a cooperar (sic) por lo cual se solicita apoyo de las otras patrullas cercanas (sic) y el vehículo de la estación para trasladarlo y realizar orden de comparendo e identificarlo. Se Deja constancia que el infractor no es objeto de maltrato físico ni psicológico. Se le trata con todo respeto se le respetan todos sus derechos y se retira de la estación de policía los Almendros sin novedad patrulla que atendió caso B-12-1 PT Jhon Paba Gomes PT Remy Vílchez Ortega firma el infractor para su constancia que se le entrega su documento de identidad, celular color anaranjado, 51000 pesos (ilegible moneda, 03 billetes de 2000 mil pesos 02 de 5000 pesos, su billetera roja 01 cadena y pulsera”. (Firma de Carlos Pereira con número de cédula).  Historia clínica emitida por la Clínica Los Almendros, respecto del señor Carlos Mario Pereira, y que da cuenta de atención médica para el día 31 de mayo de 2020, anotándose como hora de ingreso las 20:13 y como motivo de consulta “RECIBIO GOLPES EN EL CUERPO”. Se describe en la historia clínica que el paciente refiere cuadro de 1 hora de evolución caracterizado por trauma en

2020, anotándose como hora de ingreso las 20:13 y como motivo de consulta “RECIBIO GOLPES EN EL CUERPO”. Se describe en la historia clínica que el paciente refiere cuadro de 1 hora de evolución caracterizado por trauma en cabeza rodilla derecha “ POR GOLPES PROPICIADOS CON ARMA

CONTUNDENTE APRENTEMENTE POR CIRCUNSTANCIAS

DESCONOCIDAS ACTUALMENTE”.

Como diagnósticos de ingreso se registró traumatismos de la cabeza y contusión de la rodilla. Se registró evolución el 31 de mayo de 2020 a las 21:00 horas