TA ATL - 08001333300220160023401-(07-11-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISION ORAL “A”

Barranquilla, siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Reparación Directa Radicado 08-001-33-33-002-2016-00234-01 Demandante Fredy Enrique Ponzón Pérez y Otros Demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Tema Responsabilidad por lesión a recluso. Magistrado Ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico 1 decide los recursos de apelación presentados por las partes demandante y demandada, en contra de la sentencia de diez (10) de octubre de 2019, por medio de la cual el Juzgado Segundo (2º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

III.– ANTECEDENTES

3.1. Posición de la parte demandante.

2. El 8 de julio de 201 62, l os señores Fredy Enrique Ponzón Pérez, Delfina María Meléndez Rodríguez, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Nizel Sharit Ponzón Melendez; Amparo del Socorro Pérez Londoño, Fredy Alfonso Ponzón Reyes, Sandra Sugey Ponzón Pérez presentaron demanda en ejercicio del Medio de

Nizel Sharit Ponzón Melendez; Amparo del Socorro Pérez Londoño, Fredy Alfonso Ponzón Reyes, Sandra Sugey Ponzón Pérez presentaron demanda en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa , contra el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioInpec. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones3:

“1. Declarar que la NACIÓN – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ‘INPEC’ administrativamente responsable por falla presunta por los hechos en los cuales resultó seriamente afectado el señor FREDY ENRIQUE PONZON PÉREZ y por consiguiente de la totalidad de los perjuicios morales y materiales, daño a la salud o daño fisiológico causados al afectado directo y a sus padres, compañera, hija y hermana.

2. Que como consecuencia de lo anterior, la NACION - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ‘INPEC’, debe pagar al actor los perjuicios materiales y morales, daño a la salud o daño fisiológico de acuerdo con el valor del salario mínimo mensual legal vigente, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, más los intereses comerciales que se causen durante este trámite, todo lo anterior a título de Reparación Directa.

(…) …”

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20-11521, expedido el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 “DEMANDA.pdf”. 3 “DEMANDA.pdf” (folios 4-5)Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 “DEMANDA.pdf”. 3 “DEMANDA.pdf” (folios 4-5)Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Radicación No: 08-001-33-33-002-2016-00234-01

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Fredy Enrique Ponzón Perez y Otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

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3. La parte demandante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes4:

4. (1) El día 23 de mayo de 2014, siendo las 5:15 p.m., en las afueras del Patio D, de la Cárcel Centro Penitenciario y Carcelario El Bosque de Barranquilla, donde el recluso Fredy Enrique Ponzón Pérez , se encontraba previo permiso de los guardianes de turno , para cortarse el cabello, y mientras estaba sentado y el peluquero hacia su trabajo, otro interno de nombre Holman Ramírez Marín, alias ‘El Pirata’, le intentó cortar el cuello, reaccionando el señor Ponzón Pérez a tiempo, resultando solo con una herida en la mejilla.

5. (2) El señor Fredy Enrique Ponzón Pérez, fue remitido a la IPS Camino Bosque de María, donde se le brindaron los primeros auxilios.

6. (3) Por esos hechos, se presentó la respectiva denuncia penal en contra del agresor

María, donde se le brindaron los primeros auxilios.

6. (3) Por esos hechos, se presentó la respectiva denuncia penal en contra del agresor Holman Ramírez Marín, po r las conductas punibles de lesiones personales culposas, correspondiente por competencia a la Fiscalía Quinta Local de Barranquilla, bajo el Spoa

0800163003222201400003. En curso de este trámite, el actor fue remitido a Medicina Legal, por primera vez, el 30 de mayo de 2014, otorgándosele una incapacidad provisional de quince (15) días, y por segunda vez el 17 de marzo de 2015, se le expidió un dictamen definitivo de quince (15) días de incapacidad, con secuelas medico legales: deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente.

3.2. Posición de la demandada.

7. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec contestó la demanda 5, oponiéndose a las pretensiones, argumentando, lo siguiente: (1) La ausencia de imputación por hecho exclusivo y determinante de un tercero, toda vez que quien actuó de manera directa en el presunto daño alegado por la parte actora, fue el señor Holman Ramírez Marín. (2) Que, el instituto carece de legitimación en la causa material por pasiva, porque no existe prueba en el proceso que permita inferir el nexo causal entre el hecho y el daño alegad o, es decir, no hay falla o falta en el servicio. El Inpec solo se encuentra legitimada en la causa de hecho, lo cual surge de la relación de protección que la ley consagra en el estatuto penitenciario para el conglomerado social; no acontece igual, en cuanto a la legitimación en

es decir, no hay falla o falta en el servicio. El Inpec solo se encuentra legitimada en la causa de hecho, lo cual surge de la relación de protección que la ley consagra en el estatuto penitenciario para el conglomerado social; no acontece igual, en cuanto a la legitimación en la causa material, pues ésta se predica de la acreditación, en debida forma de la condición o calidad que dio origen al derecho cuya afectación legitima para instaurar la demanda, falencia que resulta suficiente para denegar las pretensiones.

3.3. Fallo de primera instancia.

8. Mediante Sentencia de 10 de octubre de 20 196, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Barranquilla declaró la responsabilidad administrativa del Estado por el daño causado a los actores y se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , decisión que tuvo entre otros, los siguientes argumentos : (1) El señor Fredy Enrique Ponzón Pérez, se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSC de Barranquilla, para el momento de los hechos ocurridos el 23 de mayo de 2014, cuando resultó lesionado en el rostro con elemento cortante, producto de la agresión de otro interno; lo que le generó una deformidad física que afectó su rostro de carácter permanente. (2) El Inpec, tenía un deber objetivo de cuidado, respecto del reclus o o interno que resultó afectado, por eso el hecho dañoso le es atribuible al ente estatal, dada la posición de garante institucional que asume frente a los internos. (3) Se encontró acreditada la responsabilidad administrativa, patrimonial y extracontract ual del demandado, dado que según prueba documental

dañoso le es atribuible al ente estatal, dada la posición de garante institucional que asume frente a los internos. (3) Se encontró acreditada la responsabilidad administrativa, patrimonial y extracontract ual del demandado, dado que según prueba documental contenida en el oficio 322 EPMSC BA ERE de mayo 23 de 2014, dirigido al director del

4 “DEMANDA.pdf” (folios 1 - 3) 5 “CONTESTACION DEMANDA.pdf”. 6 “SENTENCIA.pdf”.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Demandante: Fredy Enrique Ponzón Perez y Otros

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establecimiento, se le informó sobre las novedades ocurridas el día 23 de mayo de 2014, en el Pabellón C del establecimiento, en las que resultó lesionado el demandante. (4) Los perjuicios ma teriales bajo el concepto de daño emergente fueron negados, dado que consistían en el supuesto pago de una cirugía plástica que no se acreditó. Según informe pericial de medicina legal, el lesionado demandante, tuvo una incapacidad médico legal definitiva de quince (15) días con secuelas medico legales, por la lesión sufrida por el señor Fredy Enrique Ponzón Pérez en el rostro, y se consideró que esa lesión no alteró

definitiva de quince (15) días con secuelas medico legales, por la lesión sufrida por el señor Fredy Enrique Ponzón Pérez en el rostro, y se consideró que esa lesión no alteró gravemente el estado normal de la vida laboral o labores del lesionado , pero si la congoja que se presume al tener una deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, por ello, se reconoció un perjuicio moral a la víctim a directa, equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la hija, padres y compañera permanente, se le reconoció la mitad de lo reconocido a la víctima, es decir, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a la h ermana, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se reconoció el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud al lesionado. (5) No se aplicó la tabla para efectos de i ndemnización que contiene la sentencia de unificación en tanto reconocimiento de perjuicios de orden moral, sino que se impuso una condena según las reglas de la lógica y la presunción de este perjuicio, dado que no se acompañó un dictamen de pérdida de la capacidad laboral, sino el dictamen de Medicina Legal, donde se determinó que la lesión dio lugar a una incapacidad de quince (15) días.

3.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

9. En este asunto ambas partes apelaron la sentencia. La parte demandada en su recurso de apelación7 en contra de la sentencia de primera instancia, donde solicitó se

3.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

9. En este asunto ambas partes apelaron la sentencia. La parte demandada en su recurso de apelación7 en contra de la sentencia de primera instancia, donde solicitó se revoque la decisión y, en su lugar, se mantenga la legalidad del acto administrativo, con fundamento en las siguientes razones: (1) Que, el Inpec a través de sus agentes fue fiel a su misión y a su deber de proteger a las personas bajo su custodia y vigilancia, sin que le fuera posible cumplir efectivamente sus deberes para con todos los 1900 internos, debido a la propia magnitud de la situación; (2) Hay ausencia de imputación por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, toda vez que quien actuó de manera directa en el presunto daño alegado por la parte demandante, fue el señor Holman Ramírez Marín, quien en la investigación disc iplinaria de internos del EPSMCBA, No. 0428 -2015, aceptó haber lesionado al señor Fredy Enrique Ponzón Pérez. (3) El I npec, a pesar de que constitucionalmente se encuentra instituida para salvaguardar la custodia y vigilancia no existe en el proceso prueba que permita inferir el nexo causal entre el hecho y el daño alegado, es decir, no hay falla o falta en el servicio, no existe prueba que acredite esa falla, por lo que, insiste en una falta de legitimación en la causa material por pasiva. (4) Se opone a las condenas de responsabilidad de pagar perjuicios morales junto al concepto de daño a la salud.

10. En su recurso de apelación, la parte demandante afirmó8: En lo referente al numeral

a las condenas de responsabilidad de pagar perjuicios morales junto al concepto de daño a la salud.

10. En su recurso de apelación, la parte demandante afirmó8: En lo referente al numeral tercero, está demostrado el hecho dañoso con la historia clínica y el dictamen definitivo de medicina legal de fecha 17 de marzo de 2015, donde se le determinaron las secuelas d e tipo médico legal, así, deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente al señor Fredy Enrique Ponzón Pérez, en hechos ocurridos el 23 de mayo de 2014, en las instalaciones de la cárcel o penitenciaria El Bosque de Barranquilla, y teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el grado de afectación de cada uno de los demandantes, es evidente que el lesionado estaba privado de la libertad, lo cual resultaba ms traumático para él y su núcleo familiar ya que no pudo evadi r el peligro, dado que el Estado era quien ejercía supremacía sobre quienes están privados de la libertad, y el día de los hechos sus familiares pensaron que lo habían asesinado, así quedó demostrado con las pruebas testimoniales que fueron aportadas, por lo que, deben aumentarse las indemnizaciones por concepto de daños morales para cada uno de los demandantes.

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11. Esta Corporación admitió los recursos de apelación9, donde se indicó que las partes podrían pronunciarse en el término que dispone la norma en su numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 en su versión modificada por la Ley 2080 de 2021.

12. El señor Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardó silencio en el presente asunto.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

13. Agotadas las etapas procesales propias de esta instancia, sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Síntesis de la controversia y problema jurídico de instancia; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Metodología y estructura de la decisión; 5.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicables; 5.6. Caso concreto: análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo; y 5.7. Costas

5.1. Competencia

normativo y jurisprudencial aplicables; 5.6. Caso concreto: análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo; y 5.7. Costas

5.1. Competencia

14. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, por disposición del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de apelaciones de Sentencias dictadas por jueces administrativos.

5.2. Problema jurídico de instancia.

15. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la entidad apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar ¿si le asiste responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, por las lesiones sufridas por el interno Fredy Enrique Ponzón Pérez, el día 23 de mayo de 2014, a manos de otro reo, dentro de l establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad El Bosque de esta ciudad?.

16. Definido lo anterior, y como problema jurídico accesorio, habrá de determinarse, si hay lugar a l incremento de alguno de los valores reconocidos en primera instancia como perjuicios morales, tal como lo solicita la parte actora en su recurso.

17. Y si procede la negación de la condena impuesta por daño a la salud para el señor Fredy Enrique Ponzón Pérez, como lo pretende el recurso de apelación del Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.

18. Para resolver el problema jurídico se determinará si el régimen de imputación elegido

Fredy Enrique Ponzón Pérez, como lo pretende el recurso de apelación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.

18. Para resolver el problema jurídico se determinará si el régimen de imputación elegido por el A quo para resolver el asunto, era el aplicable; y en el evento de encontrarse ajustada a derecho la decisión de primera instancia, determinarse si la cuantificación de los perjuicios ocasionados a los demandantes, corresponden a las que plantea el recurrente, en tanto operación aritméticas propuestas.

5.3. Tesis de la Sala.

19. La Sala confirmará la sentencia apelada , dado que el Instituto Nacional

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Penitenciario y Carcelario Inpec, tiene la posición de garante dada la especial relación de sujeción que emerge de la situación de vulnerabilidad de los reos, por lo que, es su deber garantizar la integridad de las personas que se encuentr an recluidas en los establecimientos que lo conforman, y en este caso se acreditó su responsabilidad patrimonialmente por las lesiones sufridas por el interno Fredy Enrique Ponzón Pérez,

garantizar la integridad de las personas que se encuentr an recluidas en los establecimientos que lo conforman, y en este caso se acreditó su responsabilidad patrimonialmente por las lesiones sufridas por el interno Fredy Enrique Ponzón Pérez, causadas por otro interno con un arma corto punzante en las instalaciones del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad El Bosque, en hechos que ocurrieron el 23 de mayo de 2014.

5.4. Metodología y estructura de la decisión.

20. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará las normas y jurisprudencia aplicables (5.5) y, posteriormente, a partir de pruebas aportadas al proceso, examinará el caso concreto (5.6.)

5.5. Marco normativo y jurisprudencial.

5.5.1. Régimen de responsabilidad del Estado. Cláusula general de responsabilidad.

21. La responsabilidad patrimonial por la acción u omisión de las entidades del Estado, la Constitución Política la establece en su artículo 90: “ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

22. Para que se pueda configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, se hace necesaria la concurrencia de dos elementos que la constituyen, esto es, el daño y la

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

22. Para que se pueda configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, se hace necesaria la concurrencia de dos elementos que la constituyen, esto es, el daño y la imputación. En el primero de ellos se tiene que analizar su existencia para luego determinar si puede considerarse como un daño antijurídico, es decir, que la víctima no estaba en la obligación o condición de soportarlo; y posteriormente, se debe evaluar, la imputación, la cual supone “el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución

Política (...)10”

23. En relación al daño antijurídico, como elemento de la responsabilidad del Estado, la Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1996 precisó:

“(…) El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo . La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad d el poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de

la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad d el poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se

10 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993. Expediente 7622.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patri monial de los particulares. Por ello , el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico s ino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una

por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico s ino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. (...)". (Resalta el Tribunal)

24. En relación a los requisitos que debe reunir el daño para que se pueda configurar la responsabilidad del Estado en materia indemnizatoria, se han establecido los siguientes:

“(…) Para que un daño sea indemnizable, es indispensable verificar ex ante la configuración de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto, actual, real, determinado o determinable y protegido jurídicamente. En síntesis, estos elementos parten de la premisa según la cual, la antijuridicidad del daño no se concreta solo con la verificación de la afectación o vulneración de un derecho o de un interés legítimo, sino con los efectos antijurídicos desatados por la lesión que inciden en el ámbito patrimonial o extra patrimonial (…)11”. (Destaca la Sala).

25. Ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia del órgano de cierre de esta Jurisdicción12, cuando se discute la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a la integridad sicofísica de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en virtud de las relaciones especiales de sujeción existentes entre la administración y los reclusos, para el Estado surge una obligación de protección y seguridad frente a estos 13 , la cual implica el adelantamiento de actuaciones positivas para salvaguardar la vida y la integridad de los internos frente a las posibles agresiones durante su reclusión, así como la abstención de llevar a cabo comportamientos que puedan atentar o poner en riesgo los

la cual implica el adelantamiento de actuaciones positivas para salvaguardar la vida y la integridad de los internos frente a las posibles agresiones durante su reclusión, así como la abstención de llevar a cabo comportamientos que puedan atentar o poner en riesgo los derechos de las personas que no hayan sido limitados con la medida cautelar impuesta14 , razón por la cual, si el Estado no devuelve a los ciudadanos en las mismas condiciones en que los retuvo, siempre y cuando se acredite un daño a su integridad sicofísica 15, a pesar

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera Subsección B Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001 -23-31-000-2000-4596-01 (29882) 12 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico Bogotá, D.C. , diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 73001-23-31-000-2007-00027-01(40257) Actor: María Del Carmen López Ospina Y Otros Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Referencia: Apelación Sentencia - Acción De Reparación Directa.

13 De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Esta do, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de

el Estado implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Esta do, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan. “En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado ” (subrayas fuera del original). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 20125. MP Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterada en la sentencia del 20 de febrero de 2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp.

16996. MP Enrique Gil Botero, entre muchas otras.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp.

36192. MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp.

36192. MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 24325. MP Mauricio Fajardo Gómez.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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de que este no haya sido consecuencia de una falla del servicio16, surge el deber de reparar en cabeza suya —bajo un régimen de responsabilidad objetivo por daño especial—, “salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”17.

5.5.2. Responsabilidad Estatal por falta de protección a recluso.

26. De acuerdo con el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos18, “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Sobre el particular, la Observación General N° 21 emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es enfática en

debido a la dignidad inherente al ser humano”. Sobre el particular, la Observación General N° 21 emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es enfática en sostener que en virtud del Pacto, el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas privadas de la libertad no sean sometidas a “mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente”19. En el mismo sentido, el artículo 5º de la Ley 63 de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelari o” señala que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”.

27. Al respect o, ha precisado el Consejo de Estado que las personas recluidas en establecimientos carcelarios o de detención se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta