TA ATL - 08001333300220230029401-(19-12-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico SIGCMA-SGC Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral “A”

Barranquilla, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES

INTERVINIENTES.

Radicado 08-001-33-33-002-2023-00294-00-01 Acción Tutela Accionante Sandra Victoria Dueñas Mejía Accionado Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla Vinculado Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, doctor Jesús Alonso Castro Camargo Tema Concesión de vacaciones individuales. Empleados de juzgados penales. Magistrada Ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

II. PRONUNCIAMIENTO.

1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra el fallo de tutela proferido el veintinueve (29) de noviembre de 2023, por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante el cual se ampararon los derechos del actor.

III. ANTECEDENTES.

3.1. Posición de la parte accionante.

2. La señora Sandra Victoria Dueñas Mejía, instauró acción de tutela con el fin que se le proteja n sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas, al descanso

3.1. Posición de la parte accionante.

2. La señora Sandra Victoria Dueñas Mejía, instauró acción de tutela con el fin que se le proteja n sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas, al descanso remunerado, igualdad, salud, vida digna, dignidad humana. Para tal efecto, solicitó se:

“(…)En consecuencia, se ORDENE al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial del Atlántico, o quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, que se requiere para que el Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla, proceda a concederme las vacaciones remuneradas a que por Ley tengo derecho y las cuales deseo disfrutar entre el 02 de enero de 2024 al 23 de enero de 2024, ambas fechas inclusive, las cuales me fueron negadas por necesidad del servicio al no poderse realizar el nombramiento de un reemplazo durante dicho lapso.

3. Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ATLANTICO, omita tener como fundamento para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Radicación No: 08-001-33-33-002-2023-00294-01

Accionante: Sandra Victoria Dueñas Mejia Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

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de 2011 para futuras ocasiones en situaciones correspondientes a las vacaciones de los empleados adscritos a este Despacho”

3. Narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes:

4. (1) Ocupa el cargo de Secretaría en el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, al cumplir con los requisitos, solicitó a su nominador, el disfrute de sus vacaciones a partir del 02 de enero de 2024 hasta el 23 de enero de 2024. El nominador, solicitó a la Oficina de Presupuesto de la Dirección Seccional de la Administración de Judicial Barranquilla, el día 21 de julio de 2023, certificado de disponibilidad presupuestal para poder nombrar el respectivo reemplazo.

5. (2) Ante el silencio de la dirección a la solicitud de expedición de CDT, el titular del Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla expidió la Resolución No. 57 de 11 de octubre de 2023 por la cual se niega el disfrute de las vacaciones solicitadas por Sandra Victoria Dueñas Mejía.

3.2. Trámite desarrollado en primera instancia.

Garantías de Barranquilla expidió la Resolución No. 57 de 11 de octubre de 2023 por la cual se niega el disfrute de las vacaciones solicitadas por Sandra Victoria Dueñas Mejía.

3.2. Trámite desarrollado en primera instancia.

6. Luego de haber sido presentada, la acción de tutela de la referencia, por reparto, le correspondió al Juzgado Segundo (2º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla; en auto de 17 de octubre de 2023 se admitió1. La accionada compareció al trámite. Se profirió sentencia el 29 de noviembre de 2023 2, y luego de la respectiva notificación, la parte accionada impugnó3 la decisión siendo concedida en auto de 30 de noviembre de 20234.

3.3. Posición de la parte accionada.

7. La Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Barranquilla5, compareció al trámite a través de apoderado, solicitando que, se declare la improcedencia de la acción, porque no ha habido vulneración de derechos, argumentó en su defensa, que, (1) No es la encargada de reconocer las vacaciones del accionante, tampoco puede negar o conceder vacaciones por la necesidad del servicio o concederlas imponiendo un requisito de expedir un CDP de reemplazo, eso es deber del juez nominador. (2) Reconocidas las vacaciones a los empleados de propiedad o en provisionalidad, la dirección procede a través de la Oficina de Recursos Humanos a liquidar la respectiva acreencia laboral de sus vacaciones individuales, para el disfrute de las mismas. (3) Indicó que la acción resultaba improcedente, ya que no exi ste ningún medio

la respectiva acreencia laboral de sus vacaciones individuales, para el disfrute de las mismas. (3) Indicó que la acción resultaba improcedente, ya que no exi ste ningún medio de prueba que acredite el nexo causal directo o ate a la dirección a la viol ación de los derechos fundamentales de la actora, ya que quien solicitó el CDP, fue su jefe inmediato, y aun no hay pronunciamiento sobre la solicitud, quien debe expedir un CDP es financiera, sin embargo, no hay todavía una respuesta, por tanto, a la accionante de manera directa, no se la ha violado derecho de petición alguno, ni otro de derecho fundamental, como la Igualdad, Trabajo En Condiciones Dignas, Descanso y Salud.

3.4. Sentencia de primera instancia.

8. El Juzgado Segundo (2º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, profirió fallo amparando los derechos al trabajo en condiciones justas y descanso remunerado del

1 11AdmiteTutelaVincula08001333300520230025800.pdf 2 49FalloTutelaVacacionesConcede08001333300520230025800.pdf 3 52 IMPUGNAR FALLO.pdf 4 59 Concede Impugnacion08001333300520230025800.pdf 5 05. Informe del Distrito de Barranquilla.pdfTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Accionante: Sandra Victoria Dueñas Mejia

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Accionante: Sandra Victoria Dueñas Mejia Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

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actor6, considerando, que: (1) Si bien es cierto, el nominador del juzgado al que se encuentra vinculada la demandante , fue quien negó mediante resolución, las vacaciones de la accionante, no se debe desconocer que , la razón puntual para la toma de dicha decisión se encuentra basada en que, al no expedirse el certificado presupuestal no habrá quien reemplace las funciones desempeñadas por el accionante durante sus vacaciones, esto conllevaría a un menoscabo en el desarrollo eficiente del despacho y una sobrecarga en las funciones de los demás empleados del mismo; amén de que muy seguramente se acumularía una carga de labores para el demandante al momento de su regreso de vacaciones. (2) La negativa implícita de expedir la respectiva certificación de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de la actora, por parte de la accionada Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, atenta directamente contra los derechos al Trabajo en condiciones justas, al descanso remunerado e igualdad de aquel, habida cuenta que, imposibilita el disfrute del periodo de descanso remunerado, pues, ello implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones. Resultando procedente conceder el amparo deprecado.

3.5. Impugnación.

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquill a,

implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones. Resultando procedente conceder el amparo deprecado.

3.5. Impugnación.

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquill a, impugnó7 la decisión del A quo, en memorial en el que arguye , que, (1) Esta entidad no está llamada a resolver la Litis planteada por el actor debido a que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, no es el nominador de la accionante, (2) La obligación de conceder las vacaciones a la actora, es de la Juez titular del despacho donde labora, para lo cual deberá observar únicamente la necesidad del servicio, indistintamente, que cuente o no con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual no es un requisito exigido por la norma. (3) Como quiera que, existe un acto administrativo revestido de una presunción de legalidad de acuerdo al artículo 88 de la ley 1437 de 2011, que funda su decisión de negar la solicitud de vacaciones del actor, sustentada en la necesidad del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996, la presente acción de tutela devendría improcedente, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia constitucional que enseña, que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

3.6. Control de legalidad.

10. Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el mismo, no se advierte la existencia de irregularidades constitutivas de nulidad o que ameriten

3.6. Control de legalidad.

10. Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el mismo, no se advierte la existencia de irregularidades constitutivas de nulidad o que ameriten saneamiento, razón por la cual se continúa con el trámite del proceso de la referencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Competencia.

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 8 (modificado por el Decreto 333 de 6 de abril de 202198 ), la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico, es competente para resolver la impugnación presentada por la entidad accionada contra la sentencia de primer grado que decidió ampar ar los derechos, al trabajo en condiciones justas, al descanso remunerado, a la igualdad, la salud, la vida digna y dignidad humana invocados por la parte accionante.

6 26FalloTutelaVacacionesConcede08001333300520230025800.pdf 728 IMPUGNAR FALLO.pdf 8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho 9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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4.2. Problema jurídico.

12. Corresponde a la Sala estab lecer ¿si la parte accionada, vulneró los derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas, al descanso remunerado, la salud, la vida digna y dignidad humana, respecto de la negación implícita por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla a la expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal solicitado a efectos de nombrar una persona en reemplazo de la actora para el disfrute de sus vacaciones, lo que conllevó a que se negaran las mismas por parte de la titular del Juzgado donde presta sus servicios como secretaria.

4.3. Tesis.

13. La Sala confirmará la sentencia apelada, por cumplirse los requisitos exigidos jurisprudencialmente que le permiten a la actora obtener protección vía tutela en su condición de trabajador con derechos a gozar de vacaciones de ley. Para lo anterior, se seguirá el precedente jurisprudencial, según el cual, para la concesión del derecho en cuestión, no se deben anteponer gestiones administrativas, ni asignaciones presupuestales que limiten derechos de los trabajadores, indistintamente de tratarse de un empleado o un

seguirá el precedente jurisprudencial, según el cual, para la concesión del derecho en cuestión, no se deben anteponer gestiones administrativas, ni asignaciones presupuestales que limiten derechos de los trabajadores, indistintamente de tratarse de un empleado o un funcionario, siendo deber del empleador, representado en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, garantizar el disfrute de vacaciones de su servidor, sin que su ausencia temporal suponga traumatismos en el despacho judicial donde presta sus servicios. 4.4. Metodología y estructura de la decisión.

14. Para resolver el problema jurídico plante ado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico: analizará las normas y jurisprudencia aplicables (4.6.) y luego, examinará el caso concreto (4.7.). 4.5. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela.

15. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) esta se orientó a obtener la protección de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas, al descanso remunerado, a la igualdad, salud, vida digna y dignidad humana ; (2) la accionante es l a titular de los derechos presuntamente violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa. De igual manera; (3) la demandada tiene legitimación pasiva en la causa, porque de estos se predicó la vulneración en el presente asunto; (4) frente al requisito de subsidiariedad, la Sala lo tendrá por superado, pues se requiere una protección inmediata de los derechos presuntamente conculcados, la cual no puede ser proporcionada a través

estos se predicó la vulneración en el presente asunto; (4) frente al requisito de subsidiariedad, la Sala lo tendrá por superado, pues se requiere una protección inmediata de los derechos presuntamente conculcados, la cual no puede ser proporcionada a través de otro mecanismo que haga prolongar en el tiempo la situación del actor de no poder disfrutar de sus vacaciones. Al respecto, se advierte que , no se está cuestionando la legalidad del acto por el cual le fueron negadas las vacaciones a la actora, pues tal y como se sustenta por éste mismo, existe necesidad en la prestación del servicio; pero afirma, que ello no debe ser óbice para que se le impida su derecho al descanso. Así, el objeto de la acción de tutela es lograr la prot ección inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los trabajadores, donde el eventual medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, resultando la acción de tutela el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados, tal y como ha sido ratificado por el Consejo de Estado en asuntos similares, donde las circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios, resultando imperiosa la intervención del juez co nstitucional como garante de la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano (5) finalmente, se advierte que, el requisito de inmediatez se cumplió.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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16. Verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala delimitará el marco normativo y jurisprudencial aplicables y, posteriormente, pasará a considerar el fondo del asunto.

4.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicables.

4.6.1. Acerca del derecho al descanso remunerado.

17. El órgano de cierre constitucional, en Sentencia C-019 de 2004, respecto al derecho

al trabajo y el consecuencial descanso, dijo:

“El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

(…) El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono

Estado Social de Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubil ación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.”

“…uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga…. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la r elación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo”.10

18. Tal concepto ha trascendido a la órbita del der echo internacional, como se aprecia en tratados ratificados por Colombia, en los cuales se protege el derecho al descanso. A manera de ejemplo encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguren “el descanso, el

manera de ejemplo encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguren “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la rem uneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el Protocolo de San Salvador11 .

10 Corte Constitucional, Sentencia T-076 de 2018 11 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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19. El Consejo de Estado también se ha mostrado pacifico en esta postura respecto al derecho al descanso del trabajador, y ha recientemente se ha pronunciado , bajo los

siguientes argumentos:

“En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda el servidor público, en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

….Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho, así lo ha dicho la Corte: “¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a través de la tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o el contencioso administrativo, por lo que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado.

…la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su salud física y mental, y fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades. Es así como, el disfrute de las vacaciones cons tituye un derecho constitucional cuya protección puede solicitarse mediante la acción de amparo”.12

fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades. Es así como, el disfrute de las vacaciones cons tituye un derecho constitucional cuya protección puede solicitarse mediante la acción de amparo”.12

4.6.2. Vacaciones de los servidores de la Rama Judicial.

20. La Ley 270 de 1996, en su artículo 146 prevé:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencias de tutela de 2 de febrero de 2023, radicación No. 11001-03-15-000-2022-05083-01, fj 69 a 72 y Sentencia de 16 de marzo de 2023, radicación No. 11001-03-15-000-2023-00389-00, fj 39 a 42 y fj 59Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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“Artículo 146. Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientr as existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de

las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientr as existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”.

21. Por su parte, los numerales 3°, 8° y 9° del artículo 3° del Acuerdo PSAA09-6203 de

2 de septiembre de 2009, prevén:

“Son funciones del Director Seccional de Administración Judicial, además de sus funciones como Secretario General del Consejo Seccional de la Judicatura y de Secretario Ejecutivo de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, conforme a la ley y a los Acuerdos de la Sala Administrativa sobre el particular, las siguientes atribuciones:

…3. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial en los distritos de su competencia, y responder por su correcta aplicación o utilización (…)

…8. Servir como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

9. Asumir la ordenación del gasto para la ejecución del presupuesto en el ámbito territorial de su respectiva competencia”.

22. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en la que estableció el procedimiento para el nombramiento de

ámbito territorial de su respectiva competencia”.

22. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en la que estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales, con la misma se buscó eliminar condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho.

Ciertamente, la citada circular (misma a la que alude la Dirección Ejecutiva Seccional en su informe) utiliza la expresión “funcionarios”; sin embargo, este ha sido el alcance dado a dicha normativa por parte del Consejo de Estado 13, al momento de decidir tutelas presentados por empleados de la Rama Judicial con similares supuestos fácticos que los aquí planteados, dijo:

“La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación del desarrollo de las funciones jurisdiccionales del Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, pues todas las labores de ese Despach o deberán ser asumidas solamente por dos personas, lo que indudablemente repercute en la calidad del servicio de administración de justicia.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 26 de febrero de 2020, radicación

No. 11001-03-15-000-2020-00143-00, fj 4.4. a 4.6.; criterio recordado recientemente por la Sección Segunda en Sentencia de tutela de 28 de febrero de 2023, Radicado: 11001-03-15-000-2022-06181-00, páginas 15 a 17Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Accionante: Sandra Victoria Dueñas Mejia Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

8

Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el argumento de que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial, tampoco puede desconocerse que la no asignación de recursos impactará notablemente en la administración del servicio judicial de un J