TA ATL - 08001333300420220000801-(25-08-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SECCIÓN C

SIGCMA-SGC Barranquilla D.E.I.P., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Medio de Control Reparación directa Radicado 08-001-33-33-004-2022-00008-01 Demandante Municipio de Santo Tomás Demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Magistrado Ponente Jorge Eliécer Fandiño Gallo

I. PRONUNCIAMIENTO

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 9 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

- DEMANDA

Pretensiones

El Municipio de Santo Tomás, mediante demanda de reparación directa interpuesta contra la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario, pretende que estos sean declarados extrac ontractual y administrativamente responsables del defectuoso funcionamiento de administración de justicia ocurrido dentro del proceso ejecutivo No. 08-001-33-31-011-2003-0211100, adelantado por el Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla.

A título de indemnización, solicita que la entidad demandada reconozca los perjuicios morales y materiales irrogados, en las modalidades de lucro cesante y

00, adelantado por el Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla.

A título de indemnización, solicita que la entidad demandada reconozca los perjuicios morales y materiales irrogados, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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Finalmente, solicita que la condena sea objeto de corrección monetaria e indexada, que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 187, 189 y 192 del CPACA y la parte demandada sea condenada en costas.

Hechos

El Banco Popular promovió contra el Municipio de Santo Tomás, proceso ejecutivo con radicación No. 08 -001-33-31-011-2003-02111-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Quince Administrativo de l Circuito de Barranquilla, en el que, surtido el trámite de rigor, mediante auto del 23 de agosto de 2016, se declaró la terminación por pago total de la obligaci ón, así como el fr accionamiento del título judicial No. 416010002433056 del 29 de agosto de 2014 por valor de $499.932.710,00, así: $250.000.000,00, pagaderos a favor del demandante y $249.932.710,00 para que se devolvieran como remanente a favor del Municipio de Santo Tomás.

No obstante, el título judicial No. 416010003190226 de fecha 29 de septiembre de

$249.932.710,00 para que se devolvieran como remanente a favor del Municipio de Santo Tomás.

No obstante, el título judicial No. 416010003190226 de fecha 29 de septiembre de 2016, por valor de $249.932.710 fue creado a favor del particular Luis Alberto Escorcia Castro, y no al Municipio de Santo Tomás, como persona jurídica o entidad del orden territorial y fue entregado a la persona natural mencionada mediante acta de fecha 14 de noviembre de 2019 , quien procedió a consignarlo a su cuenta personal y presuntamente se apropió ilícitamente del dinero.

Normas violadas y concepto de violación

La parte actora señala como fundamento de sus pretensiones, lo contemplado en los artículos 90 de la Constitución Política, y 140 del CPACA.

- CONTESTACIÓN

La Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contestó la demanda señalando que la parte actora no señala cual es la equivocación en que incurrió la autoridad judicial, al elaborar la orden de pago del título a favor del Municipio de Santo Tomás; que tampoco probó que agotó todos los medios que la ley procesal le otorga para subsanar el yerro, y evitar llegar a una demanda de reparación directa.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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También alega que el actor tampoco menciona qué acciones realizó , como parte ejecutada, para corregir la equivocación , pues era su deber advertir al juez los

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También alega que el actor tampoco menciona qué acciones realizó , como parte ejecutada, para corregir la equivocación , pues era su deber advertir al juez los errores que se realicen en el desarrollo de la actividad judicial.

También señala que, aunque el actor aduce que por estos hechos existe una denuncia penal y otra administrativa ante la Contraloría, se desconoce en qué términos se encuentran dichas indagaciones, sin embargo, es probable que a través de ellas se reintegre el dinero pagado irregularmente, en cuyo caso, se estaría incurriendo entonces en un recobro indebido por los mismos rubros.

Banco Agrario. Contestó la demanda extemporáneamente.

- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla , mediante sentencia de fecha 9 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

La A quo estableció que el problema jurídico a resolver era determinar si se debía declarar la responsabilidad administrativa de la s entidades accionadas, por los presuntos perjuicios causados al Municipio de Santo Tomás, con el pago del título judicial No. 4 -1601-0003190226 a nombre de Luis Alberto Escorcia Castro, quien fungía como representante legal de dicha entidad estatal en calidad de alcalde municipal, dentro del proceso ejecutivo No. 08001 -33-33-011-2003-02111-00, tramitado por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla.

En solución al problema jurídico, la A quo consideró que la falla en el servicio alegada por la parte demandante no estaba probada, en el entendido que, la entrega

tramitado por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla.

En solución al problema jurídico, la A quo consideró que la falla en el servicio alegada por la parte demandante no estaba probada, en el entendido que, la entrega del depósito judicial se realizó a Luis Alberto Escorcia Castro, bajo la investidura de Alcalde Municipal, quien eje rcía la representación legal del municipio demandado para la época de los hechos.

Destaca que las posibles conductas fraudulentas o delictivas que hubiesen ocurrido con posterioridad a la entrega del dinero, le son ajenas a la gestión de las demandadas, puesto que, como se vio, tales entidades actuaron dentro del marco de sus competencias, de acuerdo al protocolo para el manejo de los depósitosMedio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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judiciales, a través de los medios electrónicos, cuestión que es autorizada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Es decir, tanto el operador judicial como el banco obraron en la confianza legítima que la entrega del dinero se hizo a quien correspondía, dentro del marco de la legalidad y lo que sucedió con el manejo de los dineros reclamados con posterioridad a ello, constituye el hecho de un tercero el cual no era previsible por parte ellos como autoridad estatal, cuya conducta, está siendo objeto de las investigaciones, penales, disciplinarias y fiscales pertinentes.

- RECURSO DE APELACIÓN

parte ellos como autoridad estatal, cuya conducta, está siendo objeto de las investigaciones, penales, disciplinarias y fiscales pertinentes.

- RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte actora recurrió la sentencia, con los siguientes argumentos:

Manifiesta que el A quo pasó por alto que el error no deviene de una providencia judicial, como fue explicado en los alegatos conclusivos. Que el error recae e n la creación del título judicial por parte del Juzgado Quince Administrativo de l Circuito de Barranquilla, porque se dispuso la entrega de recursos públicos a un particular que no es el beneficiario del título judicial o su apoderado. En su sentir, el tít ulo debía determinar que el beneficiario era el Municipio de Santo Tomás, como ente territorial, y no Luis Alberto Escorcia C astro, desconociéndose el manual integral para la elaboración de depósitos judiciales.

Señala que el manual integral para la elabo ración de depósitos judiciales – Resolución N o. 6133 de octubre 22 de 2019, establece que, “Los depósitos judiciales solo se podrían pagar al beneficiario o a su apoderado mediante providencia judicial, para ello el despacho diligencia el formato DJ04 Comunicación de la Orden de Pago, que hace parte de este procedimiento”

Agrega que el proceso de cobro y pago del título judicial adelantado por el Banco Agrario también fue errado , porque quien figura como beneficiario es Luis Alberto Escorcia Castro y no el Municipio de Santo Tomás, además, el giro no debió parar a las arcas de un particular, sino que debió hacerse a las cuentas del ente territorial.

Explica que los dineros hurtados no se han recuperado, o han sido devueltos al ente

a las arcas de un particular, sino que debió hacerse a las cuentas del ente territorial.

Explica que los dineros hurtados no se han recuperado, o han sido devueltos al ente territorial, por lo que la entidad demandada debe responder penal yMedio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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administrativamente por su conducta negligente, teniendo en cuenta que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, fungía como garante y tenía el control del título.

- TRÁMITE PROCESAL IMPARTIDO

La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 2022, negando las pretensiones de la demanda, de allí que la parte actora presentara recurso de apelación, que fue concedido por auto del 7 de marzo de 2023.

Mediante acta individual de reparto de fecha 24 de marzo de 2023, el conocimiento de este r ecurso fue asignado al Despacho del Tribunal que h oy presenta la ponencia, el que dispuso su admisión a través de proveído de fecha 13 de abril de 2023.

- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, se prescindió de traslado para alegar, como lo dispone el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 57 de la Ley 2080 de 2021.

Tampoco hubo pronunciamiento adicional por los demás sujetos procesales en relación con el recurso de apelación.

• Concepto del Ministerio Público.

Ley 2080 de 2021.

Tampoco hubo pronunciamiento adicional por los demás sujetos procesales en relación con el recurso de apelación.

• Concepto del Ministerio Público.

El Procurador 118 Judicial II para asuntos Administrativos no emitió concepto de fondo dentro del asunto de la referencia.

III. CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el eje rcicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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IV. CONSIDERACIONES

- COMPETENCIA

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, según lo señalado en los artículos 153 del CPACA.

- PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar, si hay lugar a confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, por lo que, se establecerá si la Nación -Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -, es responsable del daño alegado por la demandan te, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado del pago de un título judiciales emitido en favor de Luis Alberto Escorcia Castro.

- TESIS

por la demandan te, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado del pago de un título judiciales emitido en favor de Luis Alberto Escorcia Castro.

- TESIS

En consideración de la Sala, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada, teniendo en cuenta que las actuaciones surtidas en torno a la entre ga y pago del título judicial No. 4160100003190226 por valor de $249.932.710, no son constitutivas de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues figuraba como beneficiario del mismo Luis Alberto Escorcia Castro, quien para la época de los hechos fungía como alcalde del Municipio de Santo Tomás, calidad que se probó válidamente dentro del proceso ejecutivo y lo habilitaba para determinar la destinación del rubro reclamado.

- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90, al disponer que “El Estado responderá patrimonialmente por los d años antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, a su vez, es el fundamento del artículo 140 del CPACA, que consagra que el medio de control de reparación directa está instituido para q ue toda persona demande directamente la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión,Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Sobre el primero de los elementos – el daño antijurídico – es menester precisar que no existe una disposición normativa que consagre una definición, no obstante, lo anterior, “puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio”.1

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto2.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de administración de justicia

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

“Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

“Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

De acuerdo a lo anterior, el defectuoso funcionamiento de la ad ministración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administr ación de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.3

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de octubre de 2018, Rad.: 25000-23-26-000-2006-01724-01, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 68001-23-31-000-1994-09953-01, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 25000-23-36-000-2014-01097-01, C.P.: Ramiro Pazos GuerreroMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Municipio de Santo Tomás

de 2017. Rad: 25000-23-36-000-2014-01097-01, C.P.: Ramiro Pazos GuerreroMedio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los siguientes aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales 4; (ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable5, cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora;” 6 (iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de e rror jurisdiccional o privación injusta de la libertad7.

(iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de e rror jurisdiccional o privación injusta de la libertad7.

De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias.

Por su parte, la demandada, para lograr eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

Del procedimiento para la constitución y entrega de depósitos y títulos judiciales

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001. Rad: 13164. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad.: 25000-23-36-000-2014-01097-01, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero 6 Ibídem. 7Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre

6 Ibídem. 7Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2021, Rad.: 41001-23-31-000-2002-01455-01, C.P.: Nicolás Yepes CorralesMedio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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La jurisprudencia ha dicho que “ los títulos de depósito judicial son documentos representativos de sumas de dinero que se constituyen, en este caso, a favor de la jurisdicción, por las entidades bancarias o financieras donde reposan recursos de propiedad de los deudores, en cumplimiento de órdenes de embargo expedidas c omo medida preventiva dentro del trámite de un proceso. (…) Así, conforme al artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, los títulos de depósitos judiciales se libran únicamente al beneficiario o a su apoderado, cuando ha habido una orden judicial de po r medio . Sin embargo, los depósitos judiciales no tienen, para los depositantes o sus beneficiarios una finalidad de lucro, pues su objeto reside en el servicio como medio para el cumplimiento de una obligación legal determinante para el desarrollo y culminación de los procesos judiciales.

Por esta razón, los depositantes o quien tenga el derecho a reclamar el depósito judicial, por una parte, no adquiere derecho alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, y por otra, solo tienen derecho a cobrar los títulos de depósito judicial cuando el juez ha dado la orden de entrega. Ellos solo tienen derecho a que se les entregue el valor

por una parte, no adquiere derecho alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, y por otra, solo tienen derecho a cobrar los títulos de depósito judicial cuando el juez ha dado la orden de entrega. Ellos solo tienen derecho a que se les entregue el valor del dinero que se depositó, y ese derecho solo se materializa en el momento en que la autoridad, en este caso judicial, da la orden de entrega conforme al procedimiento establecido en razón a las características propias de cada juicio” 8.

De otra parte, se tiene que los numerales 3 del artículo 257 de la Constitución Política y 13 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, establecen que, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, y la regulación de los trámites administrativos que se adelanten en los despachos ju diciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

A su turno, e l artículo 7 de la Ley 66 de 1993 dispone: “ Consejo Superior de la Judicatura ejercerá el debido control sobre las autoridades judiciales con el fin de que se constituyan y decreten e n debida forma los depósitos judiciales, multas y demás recursos a que se refiere la presente Ley, y, asimismo, para que se realicen las consignaciones correspondientes”.

De igual manera el artículo 203 de la Ley 270 de 1996 determina, que los depósitos judiciales se constituirán en el Banco Agrario de Colombia.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de

judiciales se constituirán en el Banco Agrario de Colombia.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, Rad.: 08001-23-31-000-2001-02377-01, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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El Acuerdo PSAA15-10319 de marzo 25 de 2015, reglamentario del manejo de los depósitos judiciales por medios electrónicos a través del portal web Transaccional del Banco Agrario para el tiempo de los hechos materia de demanda, señala:

“ARTÍCULO 1°. - A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los despachos judiciales y las dependencias administrativas que hagan parte de la Rama Judicial, que cuenten con la infraest ructura tecnológica requerida, manejarán, administrarán y transarán los depósitos judiciales a su cargo, a través del portal web que para dicho efecto ha desarrollado el Banco Agrario.

(…) ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que en desarrollo de la salvaguarda que sobre los recursos de la Rama Judicial debe ejercer y garantizando los más altos índices de seguridad, transparencia, eficacia, economía, celeridad y tecnología, suscriba con el Banco Agrario un convenio en el que se establezcan las responsabilidades, protocolos e

debe ejercer y garantizando los más altos índices de seguridad, transparencia, eficacia, economía, celeridad y tecnología, suscriba con el Banco Agrario un convenio en el que se establezcan las responsabilidades, protocolos e instrucciones que deben seguirse para el manejo de los depósitos judiciales a través del portal web.”

La Rama Judicial celebró con el Banco Agrario de Colombia el convenio operativo 121 del 16 de agosto de 2019, mediante el cual se establecen las responsabilidades, protocolos e instrucciones para el manejo de los depósitos judiciales a través del Portal Web Transaccional de depósitos judiciales.

El Manual Administración Integral Depósitos Ju diciales, el cual fue adoptado mediante resolución No. 8133-22 oct-2019, establece como procedimiento para el pago de depósito judicial:

“Únicamente podrá disponerse de los depósitos judiciales en virtud de providencia judicial o acto administrativo, comu nicada al Banco Agrario vía electrónica a través del Portal o por medio de oficio, en original y dos copias.

Paras la orden de pago se requiere la impresión del formato DJ-04 y la entrega del original firmado e impresión de la huella dactilar al benefici ario para que pueda efectuar el cobro en el Banco Agrario. Antes de ordenar la orden de pago, el despacho judicial o dependencia administrativa, determinará la existencia del depósito o depósitos en el Portal web - Banco Agrario o en los registros del despacho, con la identificación del número del proceso al que pertenece y consignará los datos a través del ingreso y autorización de la orden de pago o en los oficios y formatos respectivos según el caso.

La orden de pago emitida a través del Portal deberá contar con la autorización

consignará los datos a través del ingreso y autorización de la orden de pago o en los oficios y formatos respectivos según el caso.

La orden de pago emitida a través del Portal deberá contar con la autorización electrónica del magistrado o juez y del secretario o Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial y Coordinador de depósitos o quien haga sus veces, para poder ser válida para el pago en el Banco Agrario a su beneficiario. (…)

11.2.3 TRAMITE PARA PAGO DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES.

En la providencia que ordene el pago, deberá precisarse la persona a la que se le efectuará el pago y no se ordenará el pago a persona diferente a la indicada en la providencia.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Municipio de Santo Tomás Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario Radicación: 08-001-33-33-004-2022-00008-01

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El pago se hará, en la ofic ina del Banco Agrario de la ciudad que administra la cuenta judicial o en las oficinas informadas por el Banco Agrario de acuerdo a los desarrollos que adelante el Banco Agrario en medios de pago presenciales o de canales electrónicos, previa presentación de los documentos requeridos por el Banco Agrario para acreditar la validez del beneficiario del pago.”

Del mismo modo, el Manual de administración integral de los depósitos judiciales establece que “Los depósitos judiciales solo se podrán pagar al beneficiario o su apoderado mediante providencia judicial, para ello el despacho diligencia el formato DJ04 Comunicación de la Orden de Pago, que hace parte de este procedimiento”.

- CASO CONCRETO

apoderado mediante providencia judicial, para ello el despacho diligencia el formato DJ04 Comunicación de la Orden de Pago, que hace parte de este procedimiento”.

- CASO CONCRETO

El Municipio de Santo Tomás, mediante el medio de control de la referencia, pretende que la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Banco Agrario, sean declarados extracontractual y administrativamente responsables del defectuoso funcionamiento de administración de justicia ocurr ido dentro del proceso ejecutivo No. 08 -001-33-31-011-2003-02111-00, en torno a la entrega del título judicial No. 4160100003190226 por valor de $249.932.710.

La juez de primera instancia negó las súplicas de la demanda, al considerar que no se incurrió en falla del servicio alguna, porque el título judicial fue entregado a Luis Alberto Escorcia Castro, quien para la época de los hechos fungía como alcalde del Municipio de Santo Tomás, calidad que se probó válidamente dentro del proceso ejecutivo.

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte actora apeló la sentencia planteando que sí está comprometida la responsabilidad de las accionadas, porque la forma en como fue constituido el título judicial, determinando que el beneficiario era Luis Alberto Escorcia Castro, como particular, conllevó a que este pudiera apropiarse del dinero público, facilitando la consignación del mismo en una cuenta personal y no las del ente territorial.

Hechos probados

 El 20 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo del Atlántico, libró mandamiento de pago a favor de Banco Popular contra el Municipio de SantoMedio de control: Reparación Directa

Demandante: Municipio de Santo Tomás

Hechos probados

 El 20 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo del Atlántico, libró mandamiento de pago a favor de Banco Popular contra el Municipio de SantoMedio de co