TA ATL - 08001333300820190008101-(16-06-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla DEIP, dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Medio de Control REPARACIÓN DIRECTA Radicado 08-001-33-33-008-2019-00081-01

Demandante DAGOBERTO ÁLVAREZ VALENCIA Y OTROS

Demandado NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA

JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Magistrado Ponente CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

I. ASUNTO

Procede esta Sala a pronunciarse en torno el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla de fecha 13 de marzo del 2022, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES1:

Solicita la parte demandante lo siguiente:

“… Primera.- Que la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial son responsables patrimonialmente, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, por los

Solicita la parte demandante lo siguiente:

“… Primera.- Que la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial son responsables patrimonialmente, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, por los danos antijurídicos que le son imputables como consecuencia de la detención in justa del señor DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA desde el día tres (3) de noviembre de 2015 hasta el día 27 de septiembre de 2016 (10 meses, 24 días), privación de libertad de que fue objeto con ocasión de solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación en audiencia de preclusión desarrollada el día 23 de septiembre de 20I6 ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla en el proceso radicado bajo el SPOA No. 08001 -61-04398-20,14-00057, el cual concluyo con preclusión de fecha 20 de enero de 2017,debidamente notificada y ejecutoriada en esa misma fecha, dictada por el mismo Juzgado anterior con fundamento en las causales inexistencia del hecho y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, previstas por los numera les 2 y 5 del artículo 332 de la ley 906 de 2004, daños que él ni los demás demandantes están obligados a soportar si se tiene en cuenta que, los mismos, acaecieron por causas y razones determinantes de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial al imponer una medida de aseguramiento sin los requisitos de ley, desproporcionada e irrazonable, y por no poder cumplir con su carga constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia, manteniendo al actor por largos meses privado de la libertad.

irrazonable, y por no poder cumplir con su carga constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia, manteniendo al actor por largos meses privado de la libertad.

Segunda.- Que, como consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Fiscalía General de la Nación, y la Nación - Rama Judicial, debe pagar a los actores:

1 Folios 2 a 4 del archivo “01. DemandaAnexos” Expediente Digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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SC5780-4-2 (…) Tercera.- Que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial debe dar cumplimiento a la sentencia que se dicte a instancias de esta demanda en el término señalado por el artículo 192 del CPACA (Ley 1437711),

Cuarta.- Que las condenas al pago de sumas líquidas de dinero se efectúen ajustándolas y/o actualizándolas conforme lo previsto por el inciso final del artículo 187, idem.

Quinta.- Que se condene en costas a la entidad demandada, ya pagar las respectivas agencia s en derecho, según lo estipulado por el artículo 188, ibidem.”

2.2. Hechos2

La parte demandante relata los siguientes supuestos fácticos:

en derecho, según lo estipulado por el artículo 188, ibidem.”

2.2. Hechos2

La parte demandante relata los siguientes supuestos fácticos:

“…1°) El señor DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, fue privado de su libertad el día tres (3) de noviembre de 2015 en la ciudad de Barranquilla con ocasión de orden de captura librada en su contra por un juez penal municipal con Función de Control de Garantías previa petición de la Fiscalía General de la Nación, sindicado de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

2°) Las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida dé aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación se realizaron los días 4 y 5 de noviembre de 2015, y fueron solicitadas por la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado; correspondió realizarlas al Juzgado Penal Municipal de Barranquilla con Función de Control de Garantías AMBULANTEBACRIM, despacho que, con fundamento en l a petición que le hizo el señalado Fiscal, previa legalización de la captura y formulación de la imputación, le impuso detención preventiva sin derecho a libertad provisional por los tres (3) delitos antes mencionados, siendo recluido en la Cárcel de Montería.

3°) Por sendos escritos radicados los días cuatro (4) y 15 de marzo de 2016, la Fiscal Primera Especializada ante el GAULA radica el escrito de acusación contra el actor y otros procesados. En el primero de los escritos -el de marzo 4/2016-, destaca hechos relevantes que no Involucran

Especializada ante el GAULA radica el escrito de acusación contra el actor y otros procesados. En el primero de los escritos -el de marzo 4/2016-, destaca hechos relevantes que no Involucran al señor DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, a quien ni siquiera menciona. En el escrito de acusación complementario, de 15 de marzo de 2016, la Fiscalía narra hechos relacionados con la existencia de una banda criminal dedicada a la extorsión, sin que describa hechos que comprometan la responsabilidad penal del actor ALVAREZ VALENCIA. El 1° de julio de 2016, es decir, dos meses, la misma fiscal que acusa al actor decide solicitar al señor Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla PRECLUSION a favor del señor ALVAREZ VALENCIA por la existencia de una causal que excluye la responsabilidad, razón por la cual, dicho Juzgado, ordenó la realización de la audiencia respectiva. El día 23 de septiembre de 2016, se dio inicio a la audiencia de preclusión, donde la fiscal primera especializada ante el GAULA fundamenta su solicitud de preclusión a favor del actor por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada y utilización ilícita de redes de comunicación con base en la causal 5ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal: AUSENCIA DE INTERVENCION DEL IMPUTADO EN EL HECHO INVESTIGADO. El juzgado tomó la decisión anticipada de dejar en libertad únicamente al señor ALVAREZ VALENCIA, la cual se hizo efectiva e l día 27 de ese mismo mes y año. Finalmente, por auto de fecha enero 20 de 2017, el Juzgado tánico Penal del Circuito

al señor ALVAREZ VALENCIA, la cual se hizo efectiva e l día 27 de ese mismo mes y año. Finalmente, por auto de fecha enero 20 de 2017, el Juzgado tánico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla dicta preclusión a favor del actor por los tres nombrados delitos. La Fiscalía motivó su petición de preclus ión, afirmando que el señor ALVAREZ VALENCIA "es ajeno a toda la actividad delincuencial ejecutada por la organización La Oficina y que atendiendo su condición de conductor de vehículo de servicio público éste le hacía carreras a REYNALD O JUNIOR MANOTAS DE MOYA, transportándolo, de allí que los investigadores dedujeron en primera instancia que éste igualmente se encontraba involucrado en los asuntos ilegales a los que se dedicaba MANOTAS DE MOYA". El Juzgado Especializado, consideró viable la solicitud de p reclusión de la Fiscalía en relación con el delito de Utilización Ilícita de redes de

2 Folios 4 al 6 del archivo “01. DemandaAnexos” Expediente Digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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SC5780-4-2 comunicación, artículo 197 del Código Penal, POR INEXISTENCIA DEL HECHO

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SC5780-4-2 comunicación, artículo 197 del Código Penal, POR INEXISTENCIA DEL HECHO INVESTIGADO; y respecto a los otros dos delitos de concierto y extorsión porque la Fiscalía logró "verificar que DAGOBERTO ALVAREZ sólo se dedicaba a la labor de taxista sin que tuviese conocimiento de las actividades delictivas por parte de la persona que transportaba, lo cual logró el ente fiscal comprobar a través de medio suasorio como lo fue la de claración rendida por el señor GEORGE LASPRILLA, de gran pertinencia, ya que fue la persona que colaboró con la fiscalía informando acerca de la estructura de la organización y las funciones de cada uno "conocimiento obtenido porque formaba parte de la mis ma-, sin que señalara a ALVAREZ VELENCÍA (sic) como conocedor de las actividades ilícitas, solicitando su libertad inmediata teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que presentó lo exoneraban de toda responsabilidad, por lo que este despacho dispuso la libertad inmediata de DAGOBERTO ALVAREZ para que no se siguiera vulnerando el derecho a la libertad. Así pues considera este judicatura que es procedente decretar la preclusión de la investigación por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO y EXTORSION AGRAVADA a DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, al configurarse la causal consagrada en el numeral 5 - del Art. 332 del C.P.P.".

4°) Obviamente, el sorpresivo encarcelamiento del señor ALVAREZ VALENCIA produjo dolor y

ALVAREZ VALENCIA, al configurarse la causal consagrada en el numeral 5 - del Art. 332 del C.P.P.".

4°) Obviamente, el sorpresivo encarcelamiento del señor ALVAREZ VALENCIA produjo dolor y aflicción para él, su comp añera permanente y su parentela consanguínea cercana (hijo, padres y hermanos), razón por la cual, los actores, arriba mencionados, me han dado poder para demandar a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judi cial, con el fin de redamar daños y perjuicios materiales, morales y de otro orden.

5°) El señor ALVAREZ VALENCIA, en el curso del proceso penal, se vio obligado a contratar al abogado JOSE DEL CARMEN OTERO NOVOA para que lo defendiera desde el momento de su captura hasta la fecha de la prec lusión, a quien le pagó por sus servicios profesionales la suma de veinticinco millones de pesos moneda legal ($25.000.000.oo). Dicha suma, fue cancelada en distintos abonos en el curso del procesó, el último de los cuales fue realizado el día 20 de enero de 2017.

6°) La situación vivida por el señor ALVAREZ VALENCIA, obviamente lo estigmatizó, puso en él una marca imborrable, una mala fama, una deshonra social, aspectos negativos que lo afectaron en su buen nombre, fama, desarrollo y vida social, como hubiese podido afectar a cualquier otro ser humano puesto en las mismas circunstancias. Su buen nombre y honra resultaron lesionados. En fin, una afectación importante en su vida de relación.

7°) El señor ALVAREZ VALENCIA, es una persona capacitada para trabajar; durante su encierro

ser humano puesto en las mismas circunstancias. Su buen nombre y honra resultaron lesionados. En fin, una afectación importante en su vida de relación.

7°) El señor ALVAREZ VALENCIA, es una persona capacitada para trabajar; durante su encierro físico, no pudo hacerlo, quedando privado de obtener los salarios e ingresos que hubiese podido recaudar estando en libertad. Antes de ser privado de la libertad, laboraba en la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, relación laboral que se interrumpió con su apresamiento.

2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.2.1. Nación - Fiscalía General de la Nación3.

Por conducto de apoderado judicial presentó contestación a la demanda el 14 de enero del 2020 indicando que los hechos constitutivos de la presente acción, no le constan, por lo que se atendrá a lo que resulte probado en presente juicio; proponiendo como a rgumentos de la defensa los siguientes:

“… La actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos,

3 Ver archivo “06.Contestacion” del expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01

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SC5780-4-2 actuación de la cua l no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos privación injusta de la libertad de la señora DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, Teniendo en cuenta que el hoy demandante fue absuelto por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR EXTORCIÓN Y UTILIZACION ILÍCITA DE REDES DE COMUNICACIONES, por el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla, le precluyera la investigación a favor del hoy demandante. (…) Señor Juez, es conveniente señalar que de acuerdo a las normas antes citadas, le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal, solicitar, como medida preventiva la detención del indiciado, correspondiéndole al Juez de garantías estudiar dicha solicitud, analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, y decretar las que estime procedentes, para luego si establecer la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento, es decir, que en últimas, si todo se ajusta a derecho, es el juez de garantías quien decide y decreta la medida de aseguramiento a imponer.

En el presente caso, tal y como ya se indicó, el Juez consideró que se daban los requisitos

quien decide y decreta la medida de aseguramiento a imponer.

En el presente caso, tal y como ya se indicó, el Juez consideró que se daban los requisitos exigidos por la norma procedimental y conforme al caudal de elementos probatorios allegados a la investigación, legalizó la captura del aquí demandante y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

De otra parte, el apoderado del aquí demandante, en el Acápite 'Fundamentos de Derecho' de la demanda, hace referencia, entre otros, al Artículo 90 de la Constitución Política, al respecto, fuerza precisar y aclarar que en los casos en los cuales la ley presume que se presenta la detención injusta de la libertad, cuando se pretende lograr indemnización de perjuicios por esta causa, los actores deben demostrar que la detención preventiva surtida fue injusta e injustificada, lo que en este proceso no se ha demostrado ni mucho menos se ha probado, porque en estos casos la responsabilidad estatal no es automáti ca por el hecho que la detención preventiva sea revocada. (…) LA FISCALÍA OBRÓ EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO NORMATIVO Y FINALIDAD LA LEY 906 DE 2004 Y EN CONSECUENCIA NO

PUEDE PREDICARSE FALLA EN EL SERVICIO ATRIBUIBLE A ESTA ENTIDAD.

El fallo que decretó la preclusión de la investigación a favor del señor DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, proferido por el juzgado único penal del circuito especializado de Barranquilla, significa el cumplimiento por parte de cada uno de los f uncionarios que participó dentro del proceso de sus funciones contempladas en la Ley 906 de 2004. Se hace claridad sobre los roles

significa el cumplimiento por parte de cada uno de los f uncionarios que participó dentro del proceso de sus funciones contempladas en la Ley 906 de 2004. Se hace claridad sobre los roles que cumple la policía judicial, los fiscales y los jueces, así: 1. Se comienza el proceso con el conocimiento de la probable ocurrencia de una conducta delictiva y a la policía judicial le corresponde realizar "actos de indagación o investigación" (artículo 205 de la Ley 906 de 2004).

2. El resultado debe ponerse en conocimiento del fiscal que dirige la investigación, quien debe adelantar el plan metodológico, en el cual se deben establecer los objetivos de la investigación teniendo en cuenta la naturaleza de la "hipótesis delictiva". 3. Recolectadas las pruebas, se presenta formulación de imputación (artículo 286 de la Ley 906). En esta etapa es que se puede afirmar que inicia la investigación, en la cual, tanto la defensa como el fiscal recopilan pruebas.

4. Luego se presenta la acusación, etapa en la cual la defensa puede conocer las pruebas con las que cuenta la Fiscalía (artículos 339 y ss. de la Ley 906). 5. Se realizan los actos preparatorios del juicio oral con la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria (artículos 356 y ss. de la Ley 906). 6. Juicio Oral. Tal como se reconoce en esta sentencia, en la fase investigativa no puede hablarse propiamente de "pruebas", porque adquieren esta connotación sólo en el debate público. Por lo tanto, el juicio oral se constituye "en el centro de gravedad del proceso penal". (…) Por lo tanto, no puede pretenderse q ue el fiscal desde el comienzo del proceso pueda definir a ciencia cierta sobre la responsabilidad del investigado, porque existe un debate probatorio para

proceso penal". (…) Por lo tanto, no puede pretenderse q ue el fiscal desde el comienzo del proceso pueda definir a ciencia cierta sobre la responsabilidad del investigado, porque existe un debate probatorio para tratar de establecer la verdad de los hechos y es al juez a quien le corresponde integrar todo el material probatorio y decidir según los principios de hermenéutica jurídica en materia penal, pues tanto es así que hasta en el juicio oral puede solicitar la absolución del investigado, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa sin llegar a incurrir en fa lla alguna, toda vez que como se haMedio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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SC5780-4-2 venido mencionado todos los procedimientos se hacen bajo la dirección, orientación y visto bueno del juez de garantías o de conocimiento según sea la etapa del proceso. ”

2.3.1. Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En su contestación presentada el día 10 de marzo de 2020, el apoderado judicial de la Rama Judicial en ejercicio del derecho de defensa descorrió el escrito de demanda, indicando que los hechos constitutivos de la presente acción, no le constan, por lo que se atendrá a lo que resulte probado en presente juicio; proponiendo como argumentos de la defensa los

Judicial en ejercicio del derecho de defensa descorrió el escrito de demanda, indicando que los hechos constitutivos de la presente acción, no le constan, por lo que se atendrá a lo que resulte probado en presente juicio; proponiendo como argumentos de la defensa los siguientes4:

“… En el caso particular y analizando las pruebas aportadas por la defensa en el traslado de la demanda se concluye que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, fue dictada por una resolución que emitió el ente acusador y fue gracias a la Rama Judicial que el actor recobró su libertad.

Ahora bien, hasta esta instancia procesal está demostrado que efectivamente el demandante estuvo privado de su libertad a causa de un proceso penal pero no está comprobado que la imposición de la medida de aseguramiento fuere contraria a derecho y que el togado no haya contado con los suficientes Elementos Materiales Probatorios que respaldaran su decisión judicial.

Es importante destacar que al procesado DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, el ente acusador le imputó tres (3) delitos los cuales son delitos de utilización ilícita de red es de comunicación, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada , dichas conductas punibles tienen una pena superior a los dieciséis (16) años tal como lo señalan los artículos 198, 186 y 197 del Código Penal.

Por esa sola circunstancia, se torn a procedente la detención preventiva, tal como lo indica el código de procedimiento penal artículo 313 numeral 3 que señala: "En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.".

código de procedimiento penal artículo 313 numeral 3 que señala: "En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.".

Igualmente le era aplicable el requisito subjetivo del CPP artículo 310 numeral 2 el cual señala: "El número de delitos que se le imputa v la naturaleza de los mismos".

Todo lo anterior significa que era deber del togado imponer la medida de aseguramiento porque se cumplían con los requisitos señalados en el CPP artículo 308 el cual establece: (…) Con ello se demuestra que el Juez Promiscuo Municipal que cumplía funciones de control de Garantías actuó dentro del marco legal consagrado en el código de procedimien to penal debido a que la impuso la medida de aseguramiento previa solicitud del ente acusador, tal como lo ordena la norma y verificó que se cumplirán con los requisitos legales para su procedencia tal como se indicó en los párrafos que anteceden.

Ahora bien, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 306 señala: "El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión (...)"

4 Ver folios 31 y siguientes del archivo “06.Contestacion” del expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial

4 Ver folios 31 y siguientes del archivo “06.Contestacion” del expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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SC5780-4-2 De la anterior nor ma se Infiere que antes de que el Juez Penal Con Funciones de Control de Garantías entre a decidir sobre la procedencia de la medida de aseguramiento tiene que escuchar los argumentos de las partes, - Fiscalía y Defensa-, y la mejor argumentación que esté debidamente respaldada con los Elementos Materiales Probatorios del caso, es por la cual se va inclinar el togado.”

2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 13 de marzo del 2022, negó las pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos5:

“… De conformidad con la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado , en los casos en los que se discuta la configuración de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sea cual fuere la causa de la orden de libertad, deberá hacerse el respectivo análisis identificando la antijuridicidad del daño, a partir de los supuestos de hecho de sí, quien fue

libertad, sea cual fuere la causa de la orden de libertad, deberá hacerse el respectivo análisis identificando la antijuridicidad del daño, a partir de los supuestos de hecho de sí, quien fue privado de la libertad actuó, desde la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si efectivamente ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Considera el despacho, conforme a las pruebas allegadas, que en el presente evento se está frente a una culpa exclusiva de la víctima, regulación está contenida en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que sobre esta causal exonera de responsabilidad expresa: (…) En estos casos, la causal exonerativa de responsabilidad consiste en que el comportamiento gravemente culposo o doloso de la víctima lo ha expuesto al daño, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de su actuar, es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

Además de lo anterior, la culpa exclusiva de la víctima debe ser imprevisible e irresistible para el demandado para evitar la imputación del daño. (…) Como se expresó en precedencia, considera el despacho que en el caso concreto existen elementos de prueba que permiten acreditar que el señor DAGOBERTO ÁLVAREZ VALENCIA de forma intencional o gravemente culposa se expuso al daño, de tal manera que deba asumir las consecuencias del mismo.

Tal como se desprende de la medida de aseguramiento CONSISTENTE EN DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, porque de los elementos materiales

las consecuencias del mismo.

Tal como se desprende de la medida de aseguramiento CONSISTENTE EN DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, porque de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía se infiere razonablemente que los imputados pueden ser autores o participes de la conducta punible imputada teniendo en cuenta la modalidad y gravedad, constituyendo portento los Imputados un peligro para la seguridad de la comunidad, y la misma resulta, necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales, y para los fines de la medida de aseguramiento, amén de que el delito por el que se prosigue comporta esta clase de medida de aseguramiento.

En lo que respecta a la procedencia de la medida de aseguramiento, ello debe armonizarse con los requisitos que sobre el particular contempla el estatuto procesal penal. (…)

Considera el Despacho que, al momento de imponerse la medida de aseguramiento, el Juez de Control de Garantías acreditó correctamente los requisitos necesarios para la misma.

5 Folio 77 al 100 del archivo “2019-00018-03” del Expediente Digital.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Dagoberto Álvarez Valencia y Otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00081-01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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SC5780-4-2 De esta manera, como se desp rende de la noticia criminal, es claro que tanto para la Fiscalía como órgano investigador, como para el Juez de Control de Garantías, existían indicios suficientes para considerar al señor DAGOBERTO ÁLVAREZ VALENCIA, como partícipe del delito de por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso con el delito de extorsión, por actos que él desplegó y que dieron lugar a la investigación penal en su contra.

Por otra parte, en el sustento de la demanda no se referencia argumento adicional en que se soporte la presunta injusticia de la privación de la libertad, diferente al haberse proferido en su favor sentencia absolutoria, frente a lo cual, como se vio, se configura un eximente de responsabilidad.

Es de resaltar que, si bien es cierto que nunca se logró derrotar la presunción de inocencia del señor DAGOBERTO ALVAREZ VALENCIA, no es menos cierto que existen circunstancias que rodearon al asunto que permiten inferir que su conducta si participó en los hechos que motivaron el inicio del proceso penal, así como la privación de la libertad.

Concluye el despacho de conformidad con las normas, la nueva sentencia de unificación y las pruebas obrantes, que en el presente asunto operó el eximente de responsabilidad administrativa de culpa exclusiva de la víctima y en consecuencia habrá que negarse las pretensiones de la demanda.”

2.5. RECURSO DE APELACIÓN6

pruebas obrantes, que en el presente asunto operó el eximente de responsabilidad administrativa de culpa exclusiva de la víctima y en consecuencia habrá que negarse las pretensiones de la demanda.”

2.5. RECURSO DE APELACIÓN6

La apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación el 22 de marzo de 2022, en contra de la sentencia del 13 de marzo de 2022 emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, solicitando que se revoque la decisión y se concedan las pretensiones de la demanda, para tal efecto argumentó:

“… El fundamento de la negativa del juzgado a quo, lo circunsc