TA ATL - 08001333300820230026501-(03-11-2023)

Tribunal Administrativo del Atlantico

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Detalles

Título
TA ATL - 08001333300820230026501-(03-11-2023)
Autor
Tribunal Administrativo del Atlantico
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2023

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D.E.I.P, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PARTES E INTERVINIENTES.

II.- PRONUNCIAMIENTO.

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora, doctor EBRO RAFAEL VERDEZA PACHECO – Defensor Público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico –, actuando como Agente Oficioso de la menor SOFIA NAYLETH MENDOZA GOMEZ, contra el fallo de tutela adiado del 03 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante el cual se denegó el amparo constitucional.

III.- ANTECEDENTES

3.1. Hechos

El agente oficioso de la menor SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ -por solicitud que en dicho sentido realizara la señora JOHANA CARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ en su condición de progenitora, ante la Defensoría del Pueblo del Atlántico, narra los siguientes hechos1:

1 Archivo “01Demanda”

que en dicho sentido realizara la señora JOHANA CARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ en su condición de progenitora, ante la Defensoría del Pueblo del Atlántico, narra los siguientes hechos1:

1 Archivo “01Demanda” Radicado 08-001-33-33-008-2023-00265-01 Acción TUTELA Accionante EBRO RAFAEL VERDEZA PACHECO – Defensor Público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico –, actuando como Agente Oficioso de la menor

SOFIA NAYLETH MENDOZA GOMEZ

Accionado SALUD TOTAL EPS Magistrado Ponente CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZAAcción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 “1.- Que su hija S.N.M.G., …tiene 05 años edad, que tal y como consta en el adjunto, está afiliada al sistema de salud a la EPS SALUD TOTAL EPS-S S.A., en calidad de beneficiaria de su señor padre; que en el SISBEN están clasificados con A 2 POBREZA EXTREMA y que residen en la carrera 15 No. 78B90 reserva de los Almendros en Soledad Atlántico.

en calidad de beneficiaria de su señor padre; que en el SISBEN están clasificados con A 2 POBREZA EXTREMA y que residen en la carrera 15 No. 78B90 reserva de los Almendros en Soledad Atlántico.

SEGUNDO: Que su hija tal y como consta en la historia clínica que se adjunta, está diagnosticada con: “HIPOTONIA MUSCULAR y TRASTORNO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL”, motivo por el cual el día 26 de abril y 09 de agosto de 2023, en cita de control el médico ps iquiatra infantil tratante en su plan para rehabilitarla prescribió que por 04 meses más le realicen las siguientes sesiones

de terapias o procedimientos:

TERAPIAS INTEGRALES FÍSICA, OCUPACIONAL, PSICOLOGÍA, 2 SESIONES

SEMANALES POR 4 MESES

TERCERO: Que las mencionadas sesiones de terapias se las realizan los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado en las IPS NEUROAVANCES que se encuentra ubicada en el CENTRO COMERCIAL CARNAVAL, contiguo al

aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y en TRABA JEMOS JUNTOS, ubicada en la calle 56 No. 44 - 12 del barrio Boston de Barranquilla; ambas prestadoras se encuentran distantes de su residencia ubicada en Reserva de los Almendros de Soledad, a las que en muchas ocasiones la ha dejado de llevar por falta de dinero para el transporte de ella y su acompañante ($24.000 por día, a la IPS ubicada en Soledad y $40.000.oo a la IPS de Barranquilla equivalente a un aproximado de $600.000.oo al mes), situación que es de comprender se convierte

IPS ubicada en Soledad y $40.000.oo a la IPS de Barranquilla equivalente a un aproximado de $600.000.oo al mes), situación que es de comprender se convierte en una barrera de accesib ilidad al plan trazado por el médico tratante para rehabilitarlo.

CUARTO: Que ella, por estar al cuidado de la menor hoy accionante, no trabaja; que los ingresos económicos familiares provienen del padre de su hijo, quien como dependiente en el trabajo de guarda de seguridad gana $1.946.000.oo; ingresos de los cuales pagan mensualmente: (i) en crédito hipotecario $850.000.oo; (ii) en un crédito de libre inversión $563.000.oo; (iii) en servicios públicos un aproximado de $400.000.oo; que literalmente el sal do que les queda de aproximadamente $133.000.oo, no les alcanza para colmar el resto de su mínimo vital familiar, por lo que tiene que acudir a la solidaridad económica familiar.

QUINTO: Que ante su incapacidad económica para llevar sin falta a su hija menor con acompañante en un medio de transporte no especializado hasta las IPS en donde le realizan las mencionadas terapias, elevó ante la entidad derecho de petición solicitándole dicha prestación redonda del servicio y en respuesta de fecha 31 de mayo de 2023, la EPS, se lo negó. Se adjunta respuesta.

SEXTO: Que no posee los recursos dinerarios para pagar a un abogado particular honorarios profesionales, por lo que solicita los servicios de Agente Oficioso de la

Defensoría del Pueblo”

3.2. Pretensiones2 En el ejercicio de la presente acción, la parte accionante eleva las siguientes pretensiones:

honorarios profesionales, por lo que solicita los servicios de Agente Oficioso de la Defensoría del Pueblo”

3.2. Pretensiones2 En el ejercicio de la presente acción, la parte accionante eleva las siguientes pretensiones: “1. Su señoría por ser la accionante S.N.M.G., una menor de edad de 05 años y

2 Archivo “01Demanda”Acción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 por lo tanto un sujeto de especial protección constitucional reforzada, solicito se tutelen los derechos fundamentales a la salud y a una vida digna señalados en la Constitución Política a fin de evitar un perjuicio irremediable.

2. En consecuencia de lo anterior, mientras el médico tratante le prescriba las mencionadas terapias y la entidad accionada se las autorice, se ordene a SALUD TOTAL EPS, prestar el servicio de transporte con acompañante de ida a las IPS NEUROAVANCES y a TRAB AJEMOS JUNTOS, ubicadas en su orden en el

Centro comercial carnaval contiguo al aeropuerto Ernesto Cortissoz y en la calle 56 No. 4412 del barrio Boston de Barranquilla y su respectivo retorno a su sitio

Centro comercial carnaval contiguo al aeropuerto Ernesto Cortissoz y en la calle 56 No. 4412 del barrio Boston de Barranquilla y su respectivo retorno a su sitio de residencia ubicada en la carrera 15 No. 78B -90 reserva de los Almendros en Soledad Atlántico, a fin de que sin falta pueda asistir a las sesiones de terapias integrales.

3. Ordenar que por su condición de pobreza extrema en atención al Decreto 1652 del 06 de agosto de 2022, “Por el cual se adiciona el Título 4 a la parte 10 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a la determinación del régimen aplicable para el cobro de pagos compartidos o copagos y cuotas moderadoras a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud” artículos 2.10. 4.6, 2.10.4.8 y 2.10.4.9, numerales 1.5, 1.9 y 2, para el servicio de transporte se aplique la excepción del cobro de copagos.

3.3. Derechos presuntamente vulnerados.

La accionante señala como transgredidos sus derechos fundamentales de acceso a la salud y vida digna.

3.4. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA - SALUD TOTAL EPS3

Se opone a todas y cada una de las pretensiones presentadas en el escrito de tutela, manifestando que lo solicitado corresponde ser solventado, -en razón del Principio de Solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud - a los representantes (Padres) de la menor; principio que no es más que los afiliados asuman con su peculio los servicios excluidos del Plan de Beneficios en Salud, lo anterior, máxime si se tiene

Solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud - a los representantes (Padres) de la menor; principio que no es más que los afiliados asuman con su peculio los servicios excluidos del Plan de Beneficios en Salud, lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que los representantes de la menor cuentan con los recursos para asumir el transporte solicitado.

Además, señalan que en el expediente digital no se evidencia orden médica que prescriba y/o fundamente lo solicitado por el actor, considerando que tal solicitud solo es un capricho familiar que no goza de sustento fáctico y científico para proceder con su autorización. Por lo anterior, la entidad indica que ésta solo puede autorizar lo que prescriba el médico tratante adscrito a la red prestadora mediante la plataforma

3 Archivo” 10InformeTutela”Acción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 MIPRES; señalando que, en este caso, al corresponder a un servicio que no es médico y no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud, entonces no se puede cubrir. La entidad indicó evidenciar que la protegida SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ, ha venido siendo atendida por parte de la EPS-S y su red prestadora de servicios para

La entidad indicó evidenciar que la protegida SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ, ha venido siendo atendida por parte de la EPS-S y su red prestadora de servicios para el tratamiento de sus patologías de manera adecuada, oportuna y pertinente, de conformidad a lo que indican las normas y guías de atención; y de acuerdo a lo manifestado, constató si lo solicitado por la accionante está o no fundamentado, razón por la cual mencionó que, SALUD TOTAL EPS-S S.A., le ha venido generando todas las autorizaciones que ha requerido, demostrando que no existen barreras de acceso a la prestación de servicios de salud. Que una vez validado en el sistema integral de información, lo requerido no es considerado servicio de salud, además que no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios en Salud, por tanto, no está financiado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación, razón por lo cual, no se encuentran obligados a suministrarlos. Con respecto a la solicitud de exoneración de los COPAGOS expuso que en su Sistema Integral de Información se constata que la paciente Sofía Nayleth Mendoza Gómez, cuenta con políticas de exoneración de acuerdo a su diagnóstico. Así las cosas, la parte accionada solicitó denegar la presente acción de tutela dado que no se ha dado la autorización de lo requerido por no estar contemplado dentro del Plan de Beneficios en Sal ud y no contar con orden médica que los prescriba, correspondiéndoles a los padres de la menor solventar lo pretendido.

3.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en fecha tres (03) de octubre de dos mil veintitrés (2023) profirió dictar sentencia dentro de la acción de

3.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en fecha tres (03) de octubre de dos mil veintitrés (2023) profirió dictar sentencia dentro de la acción de tutela en el que resolvió denegar la acción incoada por el señor Ebro Rafael Verd eza Pacheco – Defensor Público actuando como Agente Oficioso de la menor Sofía Nayleth Mendoza Gómez.

4 Archivo “11 Fallo tutela salud total”Acción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 Aduciendo que, una vez revisados los elementos de prueba aportados en el curso de la acción de tutela, se estableció que la menor SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ, de 5 años de edad, reside en la “CARRERA 15 No. 78B-90” reserva de los Almendros en Soledad Atlántico, estando en estado ACTIVO en SALUD TOTAL EPS, en calidad de beneficiaria bajo el régimen contributivo y contando con el diagnóstico de autismo atípico.

Que, en su favor se ha expedido orden médica calendada 9 de agosto de 2023,

de beneficiaria bajo el régimen contributivo y contando con el diagnóstico de autismo atípico.

Que, en su favor se ha expedido orden médica calendada 9 de agosto de 2023, emitida por el médico tratante HAROLD ENRIQUE MARTÍNEZ PEDRAZA, para recibir tratamiento que incluye sesiones de “TERAPIAS - INTEGRALES FÍSICA, OCUPACIONAL, PSICOLOGÍA” debido a su diagnóstico de AUTISMO ATÍPICO e HIPOTONÍA CONGÉNITA. Remisión médica de servicios que es expedida desde la “TRABAJEMOS JUNTOS IPS S.A.S.” y en la que consta que la menor es atendida y/o pertenece a la E.P.S. SALUD TOTAL; no obstante, advirtieron que, no obra en el expediente orden médica que prescriba que dicho servicio sería suministrado a través de la IPS NEUROAVANCES ubicada en el Centro COMERCIAL CARNAVAL y TRABAJEMOS JUNTOS ubicada en Barranquilla.

Agregando así, que no se cumplía con la carga d e la prueba por parte del extremo actor; y que la condición de sujeto de especial protección constitucional que ostenta la menor de edad SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ y su evidente estado de indefensión a razón de su discapacidad, no invierten la carga de la prueba, en tanto no dan lugar a una imposibilidad fáctica de probar que en efecto se le ha asignado la IPS NEUROAVANCES, ubicada en el Centro Comercial Carnaval y la IPS TRABAJEMOS JUNTOS, ubicada en la Calle 56 No. 44 -12 del barrio Boston de Barranquilla - Atlántico, para recibir las terapias prescritas en la orden del 9 de agosto

TRABAJEMOS JUNTOS, ubicada en la Calle 56 No. 44 -12 del barrio Boston de Barranquilla - Atlántico, para recibir las terapias prescritas en la orden del 9 de agosto de 2023; aunado, a que los documentos aportados con la acción, referente a las facturas de los servicios públicos, de crédito y de servicios contratados, permiten inferir que no se encuentre en “A 2 POBREZA EXTREMA”, tal como lo indica en los hechos del escrito de tutela.

Así las cosas, consideraron negar el amparo deprecado.

3.6. IMPUGNACIÓN DE LA PARTE ACTORA5

5 Archivo “13 ImpugnacionTutela”Acción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 La parte accionante Ebro Rafael Verdeza Pacheco, Defensor en calidad de Agente Oficioso de la menor de edad S.N.M.G., formuló impugnación en contra de la decisión de primera instancia, razonando que la accionante es una menor de edad, tiene 05 años y, por lo tanto, es un sujeto de especial protección constitucional y legal, además la denotada condición de “POBREZA EXTREMA” está ratificada por los reportes del

años y, por lo tanto, es un sujeto de especial protección constitucional y legal, además la denotada condición de “POBREZA EXTREMA” está ratificada por los reportes del SISBEN, en consecuencia, se encuentra en situación de vulnerabilidad lo cual no le permite costear los gasto de transporte para trasladarse hacia las IPS donde se llevan a cabo sus tratamientos porque una de esas IPS se encuentra en otro municipio o ciudad diferente de donde reside la menor. Que al dejar a un lado estos medios probatorios, el Juez de Instancia, no obstante haberlos sopesado, consideran que se cae en el denominado defecto fáctico, más cuando se reitera, no fueron desvirtuados por la entidad accionada, solicitando en consecuencia revocar la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Barranquil la y en su defecto amparar cada uno de los derechos violados por la parte accionada.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el mismo, no se advierte la existencia de irregularidades constitutivas de nulidad o que ameriten saneamiento, razón por la cual se continúa con el trámite del proceso de la referencia.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico es competente en segunda instancia para resolver las impugnaciones de tutela, de conformidad con el contenido normativo del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5.2. PROBLEMA JURÍDICOAcción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS

5.2. PROBLEMA JURÍDICOAcción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 Corresponde a la Sala estudiar de manera previa, si teniendo en cuenta que el Juez de instancia decidió negar la solicitud de amparo constitucional; Salud Total EPS de acuerdo con el marco jurisprudencial sobre la materia, se encuentra vulnerando los derechos alegados -a la salud y vida dignade la menor SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ diagnosticada con Autismo, al no prestarle el servicio de transporte para asistir a sus terapias para el tratamiento de dicha patología en tanto no fue incluido como prescripción médica junto con las sesiones de terapias ordenadas, y aun, cuando su familia no se encuentra en capacidad económica de sufragar dichos gastos de movilización para la atención que requiere la niña; o sí, por el contrario, está llamada a confirmarse dicha decisión en atención a no haber sido prescrito por el médico tratante de la paciente, el servicio de transporte, como ordenación para que el tratamiento de terapias se desarrolle en las IPS NEUROAVANCES y TRABAJEMOS JUNTOS, además de no acreditarse la situación de pobreza extrema del núcleo familiar de la menor.

5.3. TESIS

terapias se desarrolle en las IPS NEUROAVANCES y TRABAJEMOS JUNTOS, además de no acreditarse la situación de pobreza extrema del núcleo familiar de la menor.

5.3. TESIS La Sala se adelanta en señalar que revocará el fallo de tutela de primera instancia debido a que, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, los niños con déficit cognitiv o requieren de una protección constitucional reforzada; siendo el transporte un medio para acceder al servicio de salud, que en casos como el de marras, por motivos administrativos o económicos, puede constituirse como una limitante para materializar la pr estación del servicio médico ordenado por el médico tratante; estando acreditado en el proceso constitucional, que el núcleo familiar de la niña SOFÍA NAYLETH MENDOZA GÓMEZ carece de los recursos económicos suficientes para asumir los costos de desplazamiento intermunicipal e intraurbano para asistir a las terapias que como tratamiento le fueron ordenadas y que son necesarias para su desarrollo integral con ocasión a su diagnóstico por Autismo.

5.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIALAcción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 5.4.1. Reglas jurisprudenciales para el acceso al transporte intramunicipaldentro del municipio de residencia - como medio para la garantía del derecho fundamental a la salud6

“…Sentencia SU-508 de 2020 no fijó ninguna regla de unificación respecto de los análisis que deben realizar las autoridades judiciales de cara a una solicitud de transporte intraurbano o intramunicipal y, además, debe tenerse presente que este tipo de transporte no sigue la directriz aplicable al transporte intermunicipal, ya que no se encuentra incluido expresamente dentro del PBS. Por ello, por regla general, este debe ser sufragado por el paciente y/o su núcleo familiar o red de apoyo.[79] Sin embargo, esta situación no ha sido impedimento para que la jurisprudencia constitucional haya reconocido el acceso a esta prestación, pese a que no haga parte de los mecanismos de protección colectiva. En estos casos, la Corte ha establecido que las EPS deben brindar dicho servicio cuando se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del tra slado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”[80] Una vez verificados estos requisitos jurisprudenciales, el transporte intraurbano debe reconocerse y cubrirse por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero sin cargo a la UPC.

usuario.”[80] Una vez verificados estos requisitos jurisprudenciales, el transporte intraurbano debe reconocerse y cubrirse por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero sin cargo a la UPC. La aplicación de las reglas relacionadas en el párrafo precedente se ha realizado a la luz de las particularidades de cada caso en donde se han tenido en cuenta variables como la distancia al lugar de residencia, la existencia de un concepto médico, las condiciones económicas del usuario y la dificultad física del paciente en realizar los desplazamientos al centro de salud en un servicio de transporte público (colectivo o masivo). Por ello, con el propósito de identificar las razones de la decisión decantadas por esta Corte para determinar la procedencia del transporte intraurbano y definir algunas reglas aplicables al caso concreto, se considera necesario detallar los argumentos y el estudio llevado a cabo en diferentes decisiones sobre el acceso al transporte intraurbano emitidas por esta Corporación. Las decisiones objeto de estudio son las siguientes trece (13) sentencias: T -557 de 2016, [81] T-674 de 2016,[82] T-260 de 2017, [83] T-706 de 2017, [84] T-032 de 2018, [85] T329 de 2018,[86] T-491 de 2018, [87] T-464 de 2018, [88] T-259 de 2019, [89] T-409 de 2019,[90] T-266 de 2020, [91] T-513 de 2020 [92] y T-277 de 2022 [93] que recogen en total 14 casos, pues en la Sentencia T-491 de 2018 se estudiaron dos expedientes con esta pretensión. Con base en ello, se decantarán las reglas generales y aquellas específicas aplicadas cuando los accionantes han sido niños.

total 14 casos, pues en la Sentencia T-491 de 2018 se estudiaron dos expedientes con esta pretensión. Con base en ello, se decantarán las reglas generales y aquellas específicas aplicadas cuando los accionantes han sido niños. … Con base en la jurisprudencia expuesta sobre el reconocimiento del transporte intraurbano, se tiene que, en todos los casos, se ha partido de la premisa que este es un servicio que no está e xpresamente incluido en el PBS; por lo que, para su reconocimiento se requeriría una prescripción del médico tratante vía MIPRES o la concesión del mismo a través de la acción de tutela al cumplir los estándares jurisprudenciales. Adicionalmente, es posible extraer las siguientes conclusiones relevantes para el caso concreto:

  1. En la mayoría de las decisiones se ha reconocido esta prestación a sujetos de especial protección constitucional en razón a su edad, ya sea porque se trata de niños o de personas de la tercera edad. Lo cual no anula el hecho que

6 Sentencia T-459/22Acción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

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SC5780-4-2 la Corte también haya cobijado a pacientes que, pese a no ser niños o adultos mayores, se encuentran en una evidente situación de indefensión dada la

Barranquilla-Atlántico. Colombia 9 SC5780-4-2 la Corte también haya cobijado a pacientes que, pese a no ser niños o adultos mayores, se encuentran en una evidente situación de indefensión dada la patología que les fue diagnosticada, como suced ió en tres de las sentencias analizadas (T706 de 2017, T - 259 de 2019 y T - 266 de 2020), en donde los usuarios padecían enfermedades crónicas como insuficiencia renal o afectaciones psiquiátricas como esquizofrenia paranoide. ii. Es posible ag rupar en 3 tipos las patologías diagnosticadas a los pacientes a los que la Corte les ha reconocido el transporte intraurbano, a saber: i) insuficiencia renal crónica como sucedió en 7 de los 12 casos estudiados (T706 de 2017, T032 de 2018, T329 de 2018, T491 de 2018, T266 de 2020 y T277 de 2022); ii) afectaciones neurológicas como el autismo (T - 557 de 2016, T674 de 2016 y T-409 de 2019) o psiquiátricas como la esquizofrenia (T-259 de 2019) y, iii) concurrencia de graves patologías neurológic as y físicas o motoras (Sentencia T464 de 2018). iii. La existencia de concepto médico que autorice el servicio de transporte intraurbano o intramunicipal solo se acreditó en 3 de los 14 casos estudiados. iv. El análisis sobre la distancia entre el lugar de domicilio del paciente y la institución en la que se le prestarán los servicios fue realizado en 5 de los 14 casos

intraurbano o intramunicipal solo se acreditó en 3 de los 14 casos estudiados. iv. El análisis sobre la distancia entre el lugar de domicilio del paciente y la institución en la que se le prestarán los servicios fue realizado en 5 de los 14 casos estudiados, lo que da cuenta de que, aunque bien puede ser usado como un criterio de análisis, no resulta determina nte. En consecuencia, este criterio debe estudiarse de manera integral y de cara a la patología diagnosticada al paciente. Por ejemplo, en la Sentencia T - 329 de 2018 la distancia desde el lugar de residencia del usuario a la IPS en la que le realizaban el tratamiento de hemodiálisis que le había ordenado su médico tratante era de 4 kilómetros, pero el paciente sufría de insuficiencia renal crónica, obesidad y dedos de garra que le impedían la movilidad; por lo que, aunque en principio podría estimarse como una distancia reducida, a la luz de las enfermedades del accionante, se tornaba en un trayecto que difícilmente podría realizar por su propia cuenta o mediante medios de transporte masivos.

  1. El régimen de afiliación (subsidiado o contributivo ) en el que se encuentre el paciente, es indiferente de cara al análisis de la capacidad económica, requerido como un presupuesto para analizar si la solicitud es o no procedente. Muestra de ello es como en la mitad de los doce casos estudiados, se estaba frente a pacientes del régimen contributivo, pero se argumentó que la pertenencia a estos regímenes no permitía, de manera automática, suponer una suficiencia económica, ya sea porque se trataba de afiliados que cotizaban en calidad de pensionados (T -032 de 2018), tenían un ingreso base de liquidación

pertenencia a estos regímenes no permitía, de manera automática, suponer una suficiencia económica, ya sea porque se trataba de afiliados que cotizaban en calidad de pensionados (T -032 de 2018), tenían un ingreso base de liquidación cercano o equivalente a 1 SMLMV (T -032 de 2018, T -409 de 2019), expusieron situaciones personales adicionales que daban cuenta que los ingresos percibidos eran insuficientes para sufragar los gastos de transporte (T557 de 2016, T674 de 2016 y T -266 de 2020) o allegaban evidencias sobre el hecho que, como consecuencia de la precariedad económica, habían faltado a citas médicas.

Por otra parte, los remedios judiciales no son idénticos en todos los casos, pues se evidencia que, la Corte ha tomado decisiones que pueden ser pasibles de graduarse en niveles de protección que, responden a los hechos particulares del caso, el contenido de las prestaciones del PBS que regía en el respectivo momento e incluso las condiciones económicas de los accionantes. En esa línea, es posible identificar un primer nivel de i) protección inmediata y un segundo nivel ii) de protección diferida y supeditada al ulterior análisis de autoridades judiciales o médicas.[94] Sin embargo, teniendo en cuenta las características particulares del caso concreto, se hará referencia, exclusivamente, a los remedios judiciales adoptados en casos en los que el accionante era un niño (Sentencias T - 557 de 2016, T-674 de 2016, T464 de 2018, T409 de 2019 y T-513 de 2020).

adoptados en casos en los que el accionante era un niño (Sentencias T - 557 de 2016, T-674 de 2016, T464 de 2018, T409 de 2019 y T-513 de 2020). En cuatro de estas decisiones (T557 de 2016, T-674 de 2016, T409 de 2019 y T-513 de 2020) se brindó una protección inmediata al derecho fundamental a laAcción: Tutela Accionante: Ebro Rafael Verdeza Pacheco, como agente oficioso de Sofia Nayleth Mendoza Gómez

Accionado: Salud Total EPS Radicación: 08-001-33-33-008-2023-00265-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50 Email

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