TA ATL - 08001333300820230035501-(12-01-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

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Barranquilla-Atlántico. Colombia

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SECCIÓN “C”

Barranquilla, doce (12) de enero dos mil veinticuatro (2024)

RADICACIÓN 08001-33-33-008-2023-00355-01

MEDIO DE CONTROL TUTELA - IMPUGNACIÓN

ACCIONANTE ANGIE CAROLINA MANCILLA POLO

ACCIONADA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

MAGISTRADO PONENTE JORGE HERNÁN SÁNCHEZ FELIZZOLA

I.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la demandante ANGIE CAROLINA MANCILLA POLO, en contra de la sentencia del catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Octavo (8º ) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que declaró improcedente, la acción de tutela impetrada.

II.- ANTECEDENTES

La ac cioante ANGIE CAROLINA MANCI LLA POLO , actuando en nombre propio, presentó acción de tutela, contra LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS , por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales

La ac cioante ANGIE CAROLINA MANCI LLA POLO , actuando en nombre propio, presentó acción de tutela, contra LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS , por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, petición, debido proceso, salud, igualdad, dignidad humana, y mínimo vital, solicitando, lo siguiente:

“1. ORDENE a PREVISORA (sic) SEGUROS S.A.: que, dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, emita la cita de calificación de pérdida de capacidad laboral por las secuelas causadas al suscrito (sic) a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 10 de septiembre de 2023.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

Accionante: Angie Carolina Mancilla Polo Accionada: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Medio de control: Acción de Tutela

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2. En la eventualidad de que dicha calificación de pérdida de capacidad laboral sea apelada por el suscrito (sic) o de que la aseguradora no cuente un equipo interdisciplinario de calificación de invalidez, PREVISORA (sic) SEGUROS S.A. deberá asumir el pago de los honorarios que le corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico para

calificación de invalidez, PREVISORA (sic) SEGUROS S.A. deberá asumir el pago de los honorarios que le corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico para lo de su competencia y también hará lo respectivo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la eventualidad de que el (sic) tutelante apele la decisión de la Junta Regional”.

La parte actora, como fundamento de sus pretensiones, expuso, los siguientes supuestos fácticos:

Narró, que el 10 de septiembre de 2023, sufrió un accidente de tránsito, con ocasión del cual , se le generó una “FRACTURA DE ASTRÁGALO

DERECHO, LUXACIÓN SUBASTRAGALINA, CONMOCIÓN CEREBRAL,

RUPTURA DEL LIGAMENTO ASTRÁGALO PERONEO ANTERIOR”.

Indicó, que la atención médica, se le brindó, en la Clínica de Fracturas de Barranquilla y los gastos por los servicios asistenciales que se le brindaron , fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual es administrado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Afirmó, que es independiente y madre cabeza de hogar, que siempre se ha sostenido, mediante la venta de productos de casa en casa , sin embargo, actualmente, se encuentra imposibilitada para realizar dicha actividad, debido a los constantes dolores y dificultades para el movimiento, que se derivaron del accidente de tránsito, ocurrido el 10 de septiembre de 2023, motivo por el cual, se ha visto

actualmente, se encuentra imposibilitada para realizar dicha actividad, debido a los constantes dolores y dificultades para el movimiento, que se derivaron del accidente de tránsito, ocurrido el 10 de septiembre de 2023, motivo por el cual, se ha visto significativamente afectada la capacidad para laborar, perjudicándose gravemente, el sustento diario de la actora y el de su hijo.

Señaló, que el 2 de noviembre de 2023 , presentó petición ante la entidad demandada, por medio de la cual, solicitó la calificación de pérdida de capacidad laboral , como consecuencia del accidente, para lo cual , anexó la respectiva historia médica , e mpero, LA PREVISORA S.A. CO MPAÑÍA DE SEGUROS, pese al tiempo transcurrido, no ha emitido ningún pronunciamiento.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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CONTESTACIÓN

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, actuando a través de apoderado judicial , rindió el informe solicitado, manifestando, que la solicitud formulada por la tutelante, ANGIE CAROLINA MANCILLA POLO , el 2 de

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, actuando a través de apoderado judicial , rindió el informe solicitado, manifestando, que la solicitud formulada por la tutelante, ANGIE CAROLINA MANCILLA POLO , el 2 de noviembre de 2023, “[…] se encuentra en la etapa de verificación y en la brevedad posible se le estará notificando la resulta (sic) del mismo”.

Informó, que “[…] ante las reclamaciones que se prese ntan ante las aseguradoras, es necesario surtir un procedimiento de verificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que originaron el presunto accidente, así como las consecuencias de los mismos (sic), para así de ser procedente dar lugar al pago de la indemnización que corresponda”.

Aseveró, que “[…] no se le esta (sic) negando el derecho a la parte accionante para obtener el dictamen de pedida (sic) de la capacidad laboral requerido para tramitar al pago de indemnización SOAT, en el entendido que se le informo (sic) que se accedería a realizarlo luego de cumplir con el lleno de documentos requeridos por la legislación”.

Sostuvo, que las pretensiones formuladas por la parte actora, serían procedentes, a través de la acción de tutela, siempre y cuando, la interesada , hubiese probado, que se encuentra en una situación de manifiesta de vulnerabilidad, que le impide cumplir los requisitos legales, referentes a las reclamaciones de seguros; circunstancia que no surge en el presen te asunto, toda vez, que no se aportó ning una prueba, para acreditar la imposibilidad de cancelar los honorarios establecidos, para la realización de las Juntas Regionales de

reclamaciones de seguros; circunstancia que no surge en el presen te asunto, toda vez, que no se aportó ning una prueba, para acreditar la imposibilidad de cancelar los honorarios establecidos, para la realización de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de l catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el Juzgado Octavo (8º) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, declaró improcedente la acción de tutela, argumentando, lo siguiente:Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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“Teniendo en cuanta (sic) lo anterior, entiende el despacho que, por medio del informe de tutela presentado por la entidad accionada, se dio respuesta de fondo a la petición presentada por la señora ANGIE CAROLINA MANCILLA POLO, toda vez que se le explicó:

‘(...) efectivamente la obligación de la compañía es garantizar la realización del dictamen, por lo cual, se le indico (sic) a la parte accionante que la cita para valoración y calificación de la perdida de la capacidad laboral en primera oportunidad, la realizará la

‘(...) efectivamente la obligación de la compañía es garantizar la realización del dictamen, por lo cual, se le indico (sic) a la parte accionante que la cita para valoración y calificación de la perdida de la capacidad laboral en primera oportunidad, la realizará la compañía una vez se cumplan los requisitos exigidos por la norma, indicando que en el presente asunto se encuentr a en la etapa de verificación y en la brevedad posible se le estará notificando la resulta (sic) del mismo’.

En este sentido y con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, es posible establecer que si bien existió una vulneración al derecho fundamental de petición reclamado por la parte actora; ésta (sic) cesó en el momento en que la entidad accionada dio respuesta a la solicitud del (sic) accionante.

A este punto se advierte que el objeto jurídico de la acción de tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hallan (sic) vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece. De tal suerte que existiendo una respuesta que atendió de fondo lo solicitado por la parte actora, corr esponde arribar a la conclusión que en el caso sub examine se está frente a un hecho superado y en esta medida existe carencia actual de objeto para pronunciarse de fondo sobre el caso, razón por la cual el Despacho declarara (sic) la improcedencia de la presente acción constitucional”.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, dentro de la oportunidad legal, la

pronunciarse de fondo sobre el caso, razón por la cual el Despacho declarara (sic) la improcedencia de la presente acción constitucional”.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, dentro de la oportunidad legal, la accionante, la impugnó, argumentando, que el A - quo, se equivocó en su decisión, puesto que, “[…] Si bien dentro de la tutela se solicitaba la respuesta ante el derecho de petición (sic) presentado, ya que se habían extralimitado e (sic) el tiempo de respuesta este (sic) también pretendía la calificación y cobertura de los honorarios a la JRCI del Atlàntico (sic) en caso de apelación”.

Aseguró, que la entidad demandada, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS , no atendió de fondo la solicitud formulada por la demandante, puesto que nuevamente, requirió la documentación que le fueRadicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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aportada, desde la petición inicial y tampoco ha realizado la entrega del dictamen de pérdida de capacidad laboral.

III.- CONTROL DE LEGALIDAD

Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el

aportada, desde la petición inicial y tampoco ha realizado la entrega del dictamen de pérdida de capacidad laboral.

III.- CONTROL DE LEGALIDAD

Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el mismo, no se advierte, la existencia de irregularidades constitutivas de nulidad o que ameriten saneamiento, razón por la cual, se continúa con el trámite.

IV.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación, es competente para conocer la impugnación de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido, en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021, referente a las reglas de reparto, de la mencionada acción.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar, si debe confirmarse la sentencia proferida en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela formulada, toda vez , que la entidad demandada , dio respuesta a la petición presentada por la accionante, o si por el contrario, como lo sostiene la parte actora, debe revocarse y en su lugar, acceder al amparo solicitado.

TESIS

La Sala modificará la sentencia impugnada, para negar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, petición, debido proceso, salud, igualdad, dignidad humana y mínimo vital, toda vez que la accionante, no aportó la totalidad de la documentación necesaria, para que la entidad demandada, procediera a realizar, el trámite de calificación de la pérdida de

proceso, salud, igualdad, dignidad humana y mínimo vital, toda vez que la accionante, no aportó la totalidad de la documentación necesaria, para que la entidad demandada, procediera a realizar, el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La acción de tutela

Existe unanimidad en la Doctrina constitucional comparada, en reconocer que la transformación más importante del constitucionalismo, en la segunda mitad del Siglo XX, fue reconocer el carácter normativo de la constitución, y consagrar un mecanismo breve y eficaz, en defensa de los derechos fundamentales constitucionales.

Es así como, en todos los sistemas constitucionales con perfil democrático, ha existido la preocupación , de establecer un mecanismo ágil y sencillo, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, tal y como se plasmó en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991.

La tutela se concibe , como una acción residual y subsidiaria, cuyo propósito, es proteger de manera inmediata, el derecho o derechos fundamentales

se plasmó en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991.

La tutela se concibe , como una acción residual y subsidiaria, cuyo propósito, es proteger de manera inmediata, el derecho o derechos fundamentales de la persona, vulnerados o amenazados con la acción u omisión de una autoridad, que finaliza con una orden, para que en un término prudencial, dicha autoridad, actúe o deje de actuar en determinada forma.

Vistas, así las cosas, es claro, que esta acción, se enmarca dentro del movimiento mucho más amplio, de la lucha por el acceso a la administración de justicia, del que hablara el Doctrinante Mauro Cappelletti y que se considera, como la respuesta del Estado Social d e Derecho, frente a los excesos de las economías de mercado y las economías planificadas.

Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela

El órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, ha reiterado, en múltiples ocasiones, que la acción de tutela, es un mecanismo de carácter residual y subsidiario, dirigido a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o violados por las actuaciones u omisiones de las autoridades o por particulares en los casos previstos en la Ley.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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Medio de control: Acción de Tutela

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De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela, solo procederá, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice, como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable.

A su turno, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al establecer las causales de improcedencia de la acción de tutela, señaló:

“Artículo 6°. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. - Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. (…)”

La Corte Constitucional, en sentencia C -132 de 2 018, al estudiar la constitucionalidad de la norma antes transcrita, sostuvo:

“4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Reiteración.

El artículo 86 de la Constitución Política establece:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento

“4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Reiteración.

El artículo 86 de la Constitución Política establece:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, q ue será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial , salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente elRadicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. (Destaca la Sala).

El inciso tercero de este artículo consagra el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se trata de una condición de procedibilidad del mecanismo concebido para la adecuada y eficaz protección de los derechos fundamentales. En desarrollo del artículo 86 superior, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

4.1. Desde sus primeros pronunciamientos, refiriéndose al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Corte explicó:

“… la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a men os que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).

Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha - la acción ordinaria.” 1 (Subraya la Sala)2.

4.2. Más recientemente, en la sentencia T -1008 de 2012, esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un

1 Sentencia C-543 de 1992

Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un

1 Sentencia C-543 de 1992

2 En este mismo sentido dijo la Corte en la sentencia SU -712 de 2013: “La acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario diseñado para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, ‘sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’.

La naturaleza subsidiaria de la tutela pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir debates concluidos.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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medio alternativo o facultativo que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del

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medio alternativo o facultativo que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni vaciar de competencia a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines.

Las sentencias T-373 de 2015 y T-630 de 2015 sirvieron luego para que la Corte reiterara que ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, el afectado debe emplearlos de forma principal y no utilizar directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la administración de justicia.

4.3. La jurisprudencia unánime, pacífica y reiterada de la Corte ha precisado que en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6º d el Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, se presentan algunas excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela.

mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, se presentan algunas excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela.

La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”3.

En el primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado4.

4.4. En cuanto a la idoneidad del recurso ordinario, esta Corporación en la sentencia SU-961 de 1999 indicó que, en cada caso, el juez de tutela debe evaluar y determinar si el mecanismo judicial al alcance del afe ctado puede otorgar una protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos el operador judicial puede conceder el amparo de

3 Sentencia T5-705 de 2012

4 Cfr., entre otras, sentencias T-441 de 1993, T-594 de 2006 y T-373 de 2015.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

3 Sentencia T5-705 de 2012

4 Cfr., entre otras, sentencias T-441 de 1993, T-594 de 2006 y T-373 de 2015.Radicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

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forma definitiva o transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen.

Igualmente, la sen tencia T-230 de 2013 indicó que una de las formas para determinar que el mecanismo judicial ordinario no es idóneo, se presenta cuando éste no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto en toda su dimensión. En consecuencia, la aptitud del medio debe analizarse en cada caso concreto y en su estudio se considerarán: (i) las características del procedimiento; (ii) las circunstancias del peticionario; y (iii) el derecho fundamental involucrado.

4.5. En suma, la acción judicial ordinaria es considerada idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es eficaz cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Así, la idoneidad del mecanismo judicial ordinario implica que éste brinda un remedio integral para

de los derechos fundamentales, y es eficaz cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Así, la idoneidad del mecanismo judicial ordinario implica que éste brinda un remedio integral para la protección de los derechos amenazados o vulnerados, mientras que su eficacia supone que es lo suficientemente expedita para atender dicha situación”.

La regla general, entonces, es que la acción de tutela, solo procede, cuando el afectado, no disponga de otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos, incluidos los fundamentales, excepto, que, i) Existiendo otro mecanismo de defensa, idóneo y eficaz, se requiera para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual procede como mecanismo transitorio y ii) Que existiendo ese otro mecanismo, no sea idóneo ni eficaz, caso en el cual, procede, como mecanismo definitivo.

Con relación a l perjuicio irremediable , para la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio, la Corte Constitucional, ha señalado:

“De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobr e el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren ,

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren , tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinaciónRadicación: 08001-33-33-008-2023-00355-01

Accionante: Angie Carolina Mancilla Polo

Accionada: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Medio de contr