TA ATL - 08001333300920150027501-(07-02-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISION ORAL “A”

Barranquilla, siete (07) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 08-001-33-33-009-2015-00275-00 Demandante Renier José Mercado Soto Demandado Universidad del Atlántico Tema Contrato realidad Magistrado Ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico decide la apelación presentada por la parte demandante, en contra de la sentencia de 16 de diciembre de 2021 por medio de la cual , el Juzgado Noveno (9°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda.

III.– ANTECEDENTES

Contenido: 3.1. Posición de la parte demandante; 3.2. Posición de la parte demandada; 3.3. Sentencia de primera instancia; 3.4. Apelación y trámite de segunda instancia; y 3.5. Control de legalidad.

3.1. Posición de la parte demandante

2. El señor Renier José Mercado Soto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Universidad del Atlántico. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones1:

2. El señor Renier José Mercado Soto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Universidad del Atlántico. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones1:

“Que se declare la nulidad del oficio sin número de fecha 21 de abril de 2015, emitida por el Jefe de Recursos humanos de la Universidad del Atlántico. - Que, como consecuencia de la nulidad anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se reconozca que, entre la Universidad del Atlántico y el de mandante, existió una relación laboral sin solución de continuidad en el per iodo comprendido entre el 18 de enero de 2010 hasta el 11 de noviembre de 2013. - Que se condene a la Universidad del Atlántico, a pagar al actor todas las prestaciones sociales dejadas de percibir durante los años 2010 a 2013, derivados de la relación laboral. - Que se devuelvan los aportes cancelados por el actor, por concepto de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, subsidio familiar y demás emolumentos salariales, prestacionales y legales derivados de la relación laboral, así como el pago de intereses moratorios y sanción moratoria. - Que se ordene que la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda se cumpla en los términos de los artículos 192, 194 y 195 CPACA”

3. El demandante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes2:

1 Folios 1 –2, Archivo digital “01Demanda” 2 Folios 2 – 4, Archivo digital “01Expediente Digital”Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

1 Folios 1 –2, Archivo digital “01Demanda” 2 Folios 2 – 4, Archivo digital “01Expediente Digital”Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Radicación No: 008-001-33-33-009-2015-00275-00

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Reiner José Mercado Soto

Accionado: Universidad del Atlántico.

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• El señor Renier José Mercado Soto prestó sus servicios como contratista para la Universidad Del Atlántico, desde 18/01/2010 hasta el 11 de noviembre de 2013, a través de diferentes órdenes y contratos de prestación de servicios. - Que para el cumplimiento de los objetos de dichos contratos, la entidad accionada le asignó un espacio para laborar y elementos de trabajo. Así mismo, cumplí a el horario de trabajo estipulado por su contratante y cumplía las órdenes de un jefe inmediato. - Que el demandante desempeñaba las mismas fun ciones que los demás empleados públicos administrativos que ocupaban el cargo de técnico administrativo adscritos a la nueva planta de personal de la Universidad Del Atlántico. - Que el accionante fue nombrado de manera provisional por parte de la Universidad del Atlántico en la planta global de empleos del Alma Mater desde el 12 de noviembre de 2013, lo cual demuestra sin mayor esfuerzo, la neces idad de emplearlo con carácter permanente.

del Atlántico en la planta global de empleos del Alma Mater desde el 12 de noviembre de 2013, lo cual demuestra sin mayor esfuerzo, la neces idad de emplearlo con carácter permanente.

3.2. Posición de la demandada

4. La Universidad del Atlántico, No contestó la demanda.

3.3. Fallo de primera instancia

5. Mediante Sentencia de 16 de diciembre de 202 13, el Juzgado Noveno (09) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla accedió a las suplicas de la demanda, como sustento de ello , manifestó que, se había acreditado el elemento de la subordinación , el cual daba paso al reconocimiento del contrato realidad , para llegar a tal conclusión, se apoyó en la prueba documental obrante en el expediente , afirmando que dan cuenta, que el demandante se encontraba sometido a un horario de trabajo, siendo objeto de llamados de atención ante el incumplimiento, de las funciones que le correspondía desarrollar.

3.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

6. La parte demandada presentó recurso de apelación4 en contra de la sentencia de primera instancia, donde solicitó se revoque la decisión y, en su lugar, se nieguen las suplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes razones: (1) Los contratos de prestación de servicios celebrados po r las partes son plena prueba que entre la demandante y la Universidad del Atlántico no existió una relación laboral sino de coordinación. (2) Señaló que, no se probó de manera fehaciente la relación laboral.

7. Por auto de 24 de octubre de 202 2, esta Corporación admitió la apelación

coordinación. (2) Señaló que, no se probó de manera fehaciente la relación laboral.

7. Por auto de 24 de octubre de 202 2, esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demandada. El Agente del Ministerio Publico Delegado ante este Despacho, Procurador 117 Judicial no emitió concepto.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

8. Agotadas las etapas procesales propias de esta instancia, sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Síntesis de la controversia y p roblema jurídico de instancia; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Metodología y estructura de la decisión; 5.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicables; 5.6. Caso concreto: análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo; y 5.7. Costas.

4 Ver Archivo “RecursodeApelación”Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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5.1. Competencia

9. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, por disposición del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que, los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de apelaciones de Sentencias dictadas por jueces administrativos.

5.2. Problema jurídico de instancia

10. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante , razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscrib e en determinar si entre el demandante y la Universidad del Atlántico existió una verdadera relación laboral que da origen al contrato realidad por verificarse la existencia de los requisitos que lo configuran, prestación de servicios personales remunerado s, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones establecidas por la entidad contratante. En caso positivo, se establecerá si tiene derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados públicos de planta vinculados a la entidad demandada, durante el periodo comprendido entre el 18/01/2010 y 11/11/2013.

11. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, se realizará un estudio de validez del Oficio fecha 21 de abril de 2015 , en el cual se negó el reconocimiento de la existencia de

comprendido entre el 18/01/2010 y 11/11/2013.

11. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, se realizará un estudio de validez del Oficio fecha 21 de abril de 2015 , en el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación legal y reglamentaria, entre el señor Reiner José Mercado Soto y la Universidad del Atlántico, bajo el cargo de nulidad de haber sido expedido con infracción de las normas en que debió fundarse.

5.3. Tesis de la Sala

12. La Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada, teniendo en cuenta que, de la prueba documental obrante en el expediente es posible extraer la existencia de una relación laboral entre el señor Reiner José Mercado Soto y la Universidad del Atlántico , al aparecer acreditado el elemento de la subordinación en medio de varios cont ratos continuos, que denotaron dependencia a un superior, y los servicios que suministraba, resultaban indispensable frente a la actividad misional de la entidad demandada.

5.4. Metodología y estructura de la decisión.

13. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará las normas y jurisprudencia aplicables (5.5) y, posteriormente, a partir de pruebas aportadas al proceso, examinará el caso concreto (5.6.).

5.5. Marco normativo y jurisprudencial respecto a contratos de prestación de servicio y la relación laboral.

14. El artículo 53 de la Constitución Política prevé el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, el cual tiene incidencia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de

14. El artículo 53 de la Constitución Política prevé el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, el cual tiene incidencia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para ocultar una verdadera relación laboral.

15. Configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer val er la relación de trabajoTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Esta primacía puede imponerse tanto a particulares como al Estado5.

16. Lo anterior tiene su razón a partir de preceptos dispuestos en la misma carta,

artículos 122 y 125 que disponen:

“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en

“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º) (...)”

“Art. 125.- Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

17. La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y la Ley 190

de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:

“3. Son contratos de prestación de servicios los qu e celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados (resalta la Sala)…En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.6

18. En sentencia C-154 de 1997, la Corte Constituc ional estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo,

resaltando el elemento de la subordinación:

“…el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios , ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta

resaltando el elemento de la subordinación:

“…el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios , ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente no respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales , así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.7

19. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, se ha pronunciado sobre los factores que deben ser tenidos en cuenta por el operador judicial al analizar un caso a la luz del contrato realidad, señalando lo siguiente:

“el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, se debe acudir al artículo 53 de la C.P., que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establec idas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 22 de noviembre de 2012, radicado interno No. 2254-2011. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Radicado interno No. 2778-2013.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 22 de noviembre de 2012, radicado interno No. 2254-2011. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Radicado interno No. 2778-2013. 7 Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 1997.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos”8.

20. En ese sentido, también deberán atenderse las tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del

decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.

21. En consonancia con todo lo anterior, constituye una carga para el interesado en la declaratoria de contrato realidad, acreditar la subordinación o dependencia, la remuneración y que de hecho desplegó funciones públicas, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista, en las mismas condiciones de cualquier otro servidor, siempre y cuando la aludida subordinación no enmarque simplemente una relación de coordinación entre las partes contractuales para el desarrollo de la labor encomendada, de acuerdo a las particularidades de la actividad que se deba desempeñar.

22. En cuanto al aspecto de la coordinación, la Sala Plena del Consejo de Estado 9 lo desarrolló, diferenciándolo del elemento de la subordinación, el cual requiere ser acreditado plenamente en la tarea de descubrir la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

23. Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere entonces que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, que son: i) que su actividad en la entidad haya sido personal ; ii) que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago; y, iii) que en la relación con el empleador exista subordina ción o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiem po de duración

dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiem po de duración del vínculo.

24. Ahora, sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral; por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiter ado el Consejo de Estado en diferentes fallos.10 y ha sido acogido por la Corte Constitucional, como se puede apreciar en sentencia T093 de 2010. Sobre tal desarrollo también se ha dicho, que la necesidad de coordinación de actividades no justifica comportamientos propios de una relación laboral.

25. Por último, también ha señalado el Consejo de Estado (26 mayo 2016, Expediente 81001-23-33-000-2013-00059-01(3801-14), que le corresponde a la parte actora demostrar que la labor es inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el

comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de julio de 2018, Rad. No.: 68001-23-31-000-2010-00799-01 (2778-2013). 9 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 18 de noviembre de 2003, Radicado No. 0039-01. 10 Consejo de Estado, Sentencia del 28 de julio de 2005, Radicado Interno No. 5212-03.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.

5.5.2. Unificación jurisprudencial respecto al tema del contrato realidad – reglas que deben atenderse por el Juez de lo contencioso administrativo.

26. En reciente sentencia11, el Consejo de Estado unificó aspectos relativos al contrato estatal de prestación de servicios. Para ello, abordó la temática a partir de precisiones sobre

deben atenderse por el Juez de lo contencioso administrativo.

26. En reciente sentencia11, el Consejo de Estado unificó aspectos relativos al contrato estatal de prestación de servicios. Para ello, abordó la temática a partir de precisiones sobre el uso de esta figura contractual, llevándola al plano comparativo del empleo encubierto que es reconocido por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), reconociendo que, en no escasas ocasiones, deviene en una práctica oficial que se ve favorecida por la ambigüedad en las obligaciones de las partes.

27. En dicha providencia se aludió igualmente a la regulación del derecho al trabajo en el ordenamiento jurídico nacional y convencional, así como a la naturaleza jurídica del contrato estatal de pre stación de servicios desde su objeto y criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios, en los que por supuesto adquirió relevancia el aspecto de la subordinación como elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. En esta reciente oportunidad precisó:

“…la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

1. El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o i mposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinació n subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

1. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más

al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que

11 CONSEJO DE ESTADO Sección Segunda Sentencia de unificación por importancia jurídica - 9 de septiembre de 2021 Medio de control: NYR Rad: 0500123-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) -CE-S2-2021Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

1. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen

de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

1. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.”

28. Como reglas de unificación determinó el citado fallo:

Primera Regla Segunda Regla Tercera Regla El «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual,

El «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia. Periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecuci ón del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del plenario.

Frente a la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal.”

29. Posteriormente, en providencia de 11 de noviembre de 202112 se aclaró lo relativo a eventuales modificaciones a estudios previos a la celebración del contrato, al tiempo que precisó que, en ningún momento se pretende desestimular la utilización de este tipo de contratos; por el contrario, se considera un importante instrumento de gestión pública que apunta, fundamentalmente, a la solución y atención de necesidades de la Administración.

precisó que, en ningún momento se