TA ATL - 08001333300920170028601-(02-06-2023)-1

Rama Judicial del Poder Publico Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 1

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D.E.I.P., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado 08-001-33-33-009-2017-00286-01 Demandante Electricaribe S.A. E.S.P. Demandado Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Magistrado Sustanciador CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la S ala a decidir el recurso de apelaci ón interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Bar ranquilla, a través de la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

Electricaribe S.A. E.S.P., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

Electricaribe S.A. E.S.P., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, contra la Superintendencia de Se rvicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1 de la Resolución SSPD-20168200106525 de 2016-06-22.

2.Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1 de la Resolución SSPD-20168200360925 de 2016-12-16.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 2

SC5780-4-2

3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante el artículo tercero de la Resolución SSPD-20168200360925 de 2016-12-16 en relación a la multa, únicamente en cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución SSPDSSPD-20168200106525 de 2016-06-22.

tercero de la Resolución SSPD-20168200360925 de 2016-12-16 en relación a la multa, únicamente en cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución SSPDSSPD-20168200106525 de 2016-06-22.

4.Que a título de restablecimiento del derecho se declare que ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta mediante los actos administrativos previamente mencionados.”

HECHOS

Los hechos se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Señala la demandante, que el 24 de julio de 2014, el usuario Efraín del Valle presentó petición ante Electricaribe S.A. E.S.P., la cual fue respondida el 06 de agosto de esa anualidad.

Aduce la parte actora que la SSPD a través de los actos demandados, le impuso sanción de multa por haber incurrido en silencio administrativo positivo, muy a pesar de la alegada incongruencia entre el acto sancionatorio y aquel que lo confirma.

Por último, señala que la demandada no concedió el recurso de apel ación interpuesto contra el acto sancionatorio, cuando este resultaba procedente.

CONTESTACION

La SSPD, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

Con respecto a los hechos, manifiesta que niega la mayoría y argumenta que todas las actuaciones realizadas se ajustaron a derecho.

En cuanto a las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas, toda vez que dentro del trámite administrativo sancionatorio se pudo establecer por parte de dicha entidad a partir de una debida valoración de las pruebas obrantes en el

En cuanto a las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas, toda vez que dentro del trámite administrativo sancionatorio se pudo establecer por parte de dicha entidad a partir de una debida valoración de las pruebas obrantes en el expediente que la empresa prestadora de servicio Electricaribe S.A.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 3

SC5780-4-2 E.S.P. no había respondido de manera oportuna la petición del usuario vulnerándose de tal forma lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y artículos 68 y 69 del CPACA al emitirse una decisión que no fue debidamente notificada.

Aduce que no existe violación al debido proceso por falta de congr uencia entre la resolución que sanciona y la resolución que confirma como lo indica la parte demandante, teniendo en cuenta que en ambas resoluciones se fundamentó la decisión en el incumplimiento del art. 158 de la ley 142 de 1994, por indebida notificación de la decisión de la reclamación del usuario, conforme a lo dispuesto en el art. 69 del CPACA. Asimismo, porque en la resolución que resolvió el recurso de reposición solo se valoraron nuevamente las pruebas obrantes en el expediente

notificación de la decisión de la reclamación del usuario, conforme a lo dispuesto en el art. 69 del CPACA. Asimismo, porque en la resolución que resolvió el recurso de reposición solo se valoraron nuevamente las pruebas obrantes en el expediente administrativo con el fin de ajustar la decisión a la normativa, por lo que, no se trata de una nueva causal sino de la valoración de la prueba frente a las normas aplicables.

Finalmente propuso las excepciones de legalidad de los actos acusados e inexistencia de responsabilidad patrimonial del estado respecto de la multa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 , denegó las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En cuanto a la alegada incongruencia entre el acto administrativo sancionador y el acto confirmatorio de la sanción, adujo que no existe tal disparidad, toda vez que “el fundamento principal que motivó la sanción en modalidad de multa en contra de Electricaribe S.A. E.S.P. en la resolución que resolvió investigación por silencio administrativo fue por no haber enviado el aviso de notificación al usuario el día 21 de agosto de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del CPACA, situación que fue determinante para confirmar la decisión adoptada en la Resolución que resolvió el recurso, pues claramente se insistió en el reproche hecho a Electricaribe S.A. E.S.P. consistente en haber enviado el aviso el día 22 de agostoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P

Electricaribe S.A. E.S.P. consistente en haber enviado el aviso el día 22 de agostoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 4

SC5780-4-2 de 2014 cuando debía hacerlo el 21 de agosto de esa anualidad, reafirmando igualmente que con ello había un incumplimiento de lo consagrado en el artículo del 69 del CPACA.”

Agrega que “si bien la resolución confirmatoria de la sanción se expuso además por parte de la SSPD, que el aviso enviado el día 22 de agosto de 2014 no cumplía con los requisitos de la ley 1369 de 2009, se insiste que el motivo determinante de confirmación de la sanción fue no haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo del 69 del CPACA (…)”.

En relación con el fenecimiento del término para decidir la investigación, establecido en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994, sostuvo que dicho plazo “es indicativo, por lo que su incumplimiento por parte de la administración a lo sumo puede tener implicaciones disciplinarias más no un desconocimiento de la norma como lo pretende hacer ver la parte demandante, máxime si se tiene en cuenta que para

lo que su incumplimiento por parte de la administración a lo sumo puede tener implicaciones disciplinarias más no un desconocimiento de la norma como lo pretende hacer ver la parte demandante, máxime si se tiene en cuenta que para efectos de cómputo de la pérdida de competencia de la facultad sancionatoria debe atenderse lo dispuesto en el artículo 52 del CPACA ya que no existe norma especial en la Ley 142 de 1994, que defina tal término.”

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de Electricaribe S.A. E.S.P., inc onforme con la decisión presentó en debida forma el recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, por estimar que:

(i) La sanción impues ta a E lectricaribe se basó en una norma declarada inexequible mediante la sentencia C -092 de 2018 , y a demás fue graduada mediante resolución confirmatoria, con fundamento en una norma declarada inexequible, por lo que resulta equivocada la interpretación de la SSPD cuando considera que operó la reviviscencia del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994;

(ii) La SSPD impuso sanción aduciendo que la respuesta a la petición del usuario no se notificó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA; no obstante, en el acto sancionatorio de confirmación alegó que incurrió en silencioMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 5

SC5780-4-2 positivo, toda vez que la prueba de entrega de la notificación por aviso no cuenta con los requisitos de la Ley 1369 de 2009;

1. Las irregularidades en la notificación de los actos administrativos no genera inexistencia como tampoco invalidez de estos;

1. El recurso de apelación si procede contra el acto sancionatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

1. El recurso interpuesto fue admitido mediante proveído calendado el 18 de agosto de 2022.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador delegado ante el Despacho Sustanciador no emitió concepto de fondo.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidad y requieren el ejerci cio

encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidad y requieren el ejerci cio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces de administrativos, en virtud de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 6

SC5780-4-2

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver se contrae a determinar si le asistió razón al Juez AQuo en denegar las pretensiones de la demanda, al considerar que en el presente caso, se configuró el silencio administrativo positivo, debido a que la notificación por aviso se hizo en forma extemporánea, o si por el contrario, existió incongruencia entre el act o sancionatorio y el que confirmó la sanción, tal como lo afirma la empresa demandante.

TESIS

aviso se hizo en forma extemporánea, o si por el contrario, existió incongruencia entre el act o sancionatorio y el que confirmó la sanción, tal como lo afirma la empresa demandante.

TESIS

La Sala sostendrá la tesis según la cual el plazo para el envío de la notificación por aviso, inicia a partir del día siguiente a aquel en que se remitió la citación para notificación personal, por lo que el aviso remitido antes o después del día sexto deviene en irregular, dando origen a la configuración del silencio administrativo positivo.

Así mismo, se estimará que contra la decisión sancionatoria solo procedía el recurso de reposición.

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

.- Procedimiento Administrativo Sancionatorio

La existencia de un procedimiento administrativo sancionatorio resulta ser de gran interés tanto para la administración como para los operadores de la justicia, puesto que hasta antes de la expedición de la Ley 1437 de 2011, no habían reglas procedimentales definidas a las cuales se pudiera remitir la autoridad cuando se encontrara imponiendo sanciones administrativas, dichos vacíos normativos eran suplidos con lo establecido en la primera parte del Decreto 01 de 1984, la cual no resultaba ser suficiente, e n la medida en que dichas disposiciones se limitaban aMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 7

SC5780-4-2 regular lo concerniente a derechos de petición de interés general y en las que se buscaba el reconocimiento de situaciones jurídicas favorables.

Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el legislador reguló y organizó el procedimiento administrativo sancionatorio en seis artículos que conforman el Capítulo III, los cuales sirven de eje básico para el ejercicio de la facultad sancionatoria administrativa.

El artículo 47 de la norma en comento, establece el procedimiento administrativo sancionatorio de la siguiente manera:

“(…) ARTÍCULO 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará

resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigació n, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de lo s quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

PARÁGRAFO. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia”.

Del artículo transcrito se puede inferi r, entre otras cosas, i) que dicho precepto normativo es la regulación general a la que debe remitirse el operador administrativo en aquellos supuestos en que la norma le ha confiado la potestad sancionatoria, en donde no exista un procedimiento especial o , aun existiendoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 8

SC5780-4-2 presente vacíos; ii) que el procedimiento administrativo sancionatorio tiene dos formas de iniciarse, a) de manera oficiosa, y, b) por solicitud de cualquier persona; la obligación de notificar al sujeto que va a ser investigado, de la ini ciación del procedimiento sancionatorio, lo anterior en cumplimiento del derecho al debido proceso; iv) que se trata de un procedimiento de carácter inquisitivo dividido en dos etapas: instrucción y juzgamiento, etapas que son conocidas por la misma autoridad; v) que en caso de existir indicios serios sobre la responsabilidad del presunto infractor, el procedimiento debe continuar, dando paso a la formulación del pliego de cargos, momento decisivo, pues en él la autoridad debe precisar con toda claridad: lo s hechos que dieron lugar a la investigación, las personas presuntamente responsables, las normas presuntamente vulneradas, la manera como el comportamiento desplegado encuentra identidad con el supuesto descrito en la disposición violada y la sanción que podría llegarse a imponer; vi) igualmente deja de presente que el pliego de cargos es un acto administrativo de trámite en la medida en que no se está ante la decisión definitiva de la administración, es decir

en la disposición violada y la sanción que podría llegarse a imponer; vi) igualmente deja de presente que el pliego de cargos es un acto administrativo de trámite en la medida en que no se está ante la decisión definitiva de la administración, es decir no se trata de una decisión que ponga fin al d ebate, sino de un procedimiento que da impulso a la actuación; v) luego de notificado el pliego de cargos, el investigado tiene 15 días para rendir sus descargos, en el cual puede controvertir todos los medios probatorios, así como los argumentos fácticos y jurídicos y, vi) que mediante decisión debidamente motivada la administración deberá resolver sobre la práctica de pruebas

A su turno, el artículo 48 Ibidem, regula dos etapas del proceso sancionador: el periodo probatorio y el traslado al investigado para que presente sus alegatos. Una vez concluyan los trámites de procedimiento descritos en los artículos 47 y 48 antes citados, la autoridad que adelanta la actuación debe adoptar la decisión definitiva que puede ser de exonerativa, caso en el cual se arc hivará el expediente, o sancionatoria. Para uno u otro escenario, el plazo de la administración es de 30 días siguientes a la presentación de los alegatos. Ahora bien, por tratarse de un acto administrativo definitivo contra este proceden los recursos de q ue trata el artículo 76 de ese mismo código.

Sobre este punto, el Consejo de Estado - Sala de Consulta C.E. 2159 de 2013, recordó que para adoptar la decisión definitiva la administración deberá mantenerMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P

recordó que para adoptar la decisión definitiva la administración deberá mantenerMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 9

SC5780-4-2 las mismas garantías formales establecidas para el pliego de cargos, acto con el cual deberá guardar coherencia como una manifestación del acatamiento de la administración al principio de congruencia y del respeto del debido proceso.

Ahora bien, respecto a la gradualidad de la sanción a imponer en materia del servicio público de energía, se profirió el Decreto 281 de 2017, que dispuso:

“ARTÍCULO 2.2.9.5.1. Criterios para graduar y calcular multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas c on el servicio de energía eléctrica. Para graduar y calcular las multas a que hace referencia el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público.

Corresponde a los efectos de la infracción sobre la continuidad, calidad y

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público.

Corresponde a los efectos de la infracción sobre la continuidad, calidad y eficiencia debidas en la prestación del servicio público.

b) Número de usuarios afectados con la infracción.

Corresponde al número de usuarios afectados directa o indirectamente con la infracción.

c) Tiempo durante el cual se presentó la infracción.

Corresponde al número de días durante los cuales se presentó la infr acción, contados a partir de la primera conducta infractora, hasta el momento en que cesa completamente la ocurrencia de la infracción o el momento en que se expida el acto administrativo sancionatorio, cualquiera que ocurra primero.

d) Cuota de mercado.

Corresponde a una medida del tamaño relativo de la empresa en el mercado relevante afectado por la infracción. Se calculará con base en el valor de las ventas, el volumen de las ventas, la capacidad de producción y el número de clientes, entre otras.

e) Beneficio económico obtenido producto de la infracción

Corresponde al costo de oportunidad del agente infractor y los recursos que éste obtuvo de los usuarios finales u otros agentes de la cadena de valor como consecuencia de la conducta, así como los cob ros no autorizados, los costos evitados, las inversiones no realizadas y la generación de ingresos indebidos durante la materialización de la infracción, partiendo de las variables técnicas, económicas y financieras que se presenten en cada caso concreto.

f) Efectos en los usuarios u otros agentes de la cadena de valor.

Corresponde a la afectación de los derechos del suscriptor o usuario, así como a

económicas y financieras que se presenten en cada caso concreto.

f) Efectos en los usuarios u otros agentes de la cadena de valor.

Corresponde a la afectación de los derechos del suscriptor o usuario, así como a los efectos económicos negativos que la conducta infractora haya ocasionado en otros agentes de la respectiva cadena de prestación del servicio.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 10

SC5780-4-2 ARTÍCULO 2.2.9.5.2. Metodología para graduar y calcular las multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Para garantizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al graduar y calcular el monto de las multas por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijará el monto de la s anción, mediante acto administrativo debidamente motivado, a partir de la aplicación de la siguiente metodología:

(I) En primer lugar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, clasificará la conducta infractora en uno de los siguientes grupos, de acuerdo a la

debidamente motivado, a partir de la aplicación de la siguiente metodología:

(I) En primer lugar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, clasificará la conducta infractora en uno de los siguientes grupos, de acuerdo a la naturaleza de la infracción:

Grupo l: Son aquellas conductas relativas a la falta de respuesta o respuesta inadecuada de peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios de acuerdo con el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Grupo II: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que no implican falla en la prestación del servicio.

Grupo III: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que están relacionadas con una falla en la prestación del servicio.

(ii) En segundo lugar, definirá un valor de referencia para calcular la multa en salarios mínimos legales mensuales dentro de los límites señalados en la siguiente tabla:

Grupo Valor de referencia para calcular la multa

GRUPO VALOR DE REFERENCIA

PARA CALCULAR LA

MULTA Grupo I De 1 hasta 100 S.M.L.M.V. Grupo II De 1 hasta 50.000

S.M.L.M.V.

Grupo III De 1 hasta 100.000

S.M.L.M.V.

Para definir en cada caso el valor a que hace referencia el presente numeral, la Superintendencia, según el grupo al que pertenezca la infracción, tendrá en cuenta los criterios a que se refiere el artículo 2.2.9.5.1 del presente decreto.

(iii) En tercer lugar, para determinar el valor final de la multa, el valor de referencia se podrá dism inuir o aumentar de manera motivada, cuando a ello haya lugar,

(iii) En tercer lugar, para determinar el valor final de la multa, el valor de referencia se podrá dism inuir o aumentar de manera motivada, cuando a ello haya lugar, atendiendo a las circunstancias de atenuación y agravación descritas en el artículo 2.2.9.5.3 del presente decreto y dentro de los límites señalados en el artículo 2.2.9.5.4 del mismo.

ARTÍCULO 2.2.9.5.3. Circunstancias de atenuación y de agravación de la multa por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes circunstancias de atenuación y agravac ión de la multa, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, según resulten procedentes:

Causales de agravación.

(i) Reincidencia del infractor en la comisión de la conducta.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Radicación: 08-001-33-33-009-2017-00286-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia 11

SC5780-4-2 (ii) Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el cumplimiento de órdenes y/o compromisos fijados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

11

SC5780-4-2 (ii) Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el cumplimiento de órdenes y/o compromisos fijados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Causales de atenuación.

(iii) Colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la verificación de los hechos materia de investigación, en el reconocimiento de la conducta antijurídica, así como en el suministro de información y pruebas que permitan la demostración de la infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que se suministren.

(iv) La adopción de medidas por parte del infractor incluso después de iniciada la actuación administrativa y hasta antes de la decisión en firme, para reparar los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

Otras causales de agravación o atenuación.

(v) Para el caso específico de las personas naturales se valorará como causal de agravación o atenuación, según corresponda, el grado de participación de la persona implicada en la conducta infractora.

(vi) Las demás establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

.- Notificaciones de actos administrativos particulares en la Ley 1437 de 2011

La notificación de los actos administrativos, como factor esencial del debido proceso, busca proteger el derecho de defensa, garantizando que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados, para que enterados de lo que

La notificación de los actos administrativ