TA ATL - 08001333301020220013801-(01-09-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D. E. I. y P. Primero (1) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES Radicado 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Humberto Antonio Chima Caiaffa Demandado Distrito de Barranquilla Magistrado Ponente JORGE ELIÉCER FANDIÑO GALLO

II.- PRONUNCIAMIENTO

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 16 de febrero de 2023 , que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

Pretensiones

El señor Humberto Antonio Chima Caiaffa por intermedio de apoderado pretende la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición no resuelta de fecha 28 de

DEMANDA

Pretensiones

El señor Humberto Antonio Chima Caiaffa por intermedio de apoderado pretende la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición no resuelta de fecha 28 de diciembre de 2018, que negó el reconocimiento y pago de aportes en pensión, salud y riesgo laboral, además de las prestaciones sociales, primas, bonificaciones , auxilio de cesantías y sanción moratoria por el no pago de las cesantías contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 2

SC5780-4-2 Que, a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene al Distrito de Barranquilla a reconocer y pagar los aportes en pensión, salud y riesgo laboral, además de las prestaciones sociales, primas, bonificaciones, auxilio de cesantías y sanción moratoria por el no pago de las cesantías contemplada en la ley.

Finalmente, solicita que se condene a la demandada al pago de la indexación de las sumas que se reconozcan.

Hechos

El señor Humberto Antonio Chima Caiaffa, fue electo Edil de la Localidad Norte Centro

Finalmente, solicita que se condene a la demandada al pago de la indexación de las sumas que se reconozcan.

Hechos

El señor Humberto Antonio Chima Caiaffa, fue electo Edil de la Localidad Norte Centro Histórico del Distrito de Barranquilla para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Indica que, a partir del mes de febrero del año 2013, entró en vigencia la Ley 1617 o Ley “Régimen para los Distritos Especiales” , el cual estipula que “…por cada sesión que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde local…”, además que el número de sesiones es de 35 veces por cuatro periodos cada año. Adicionalmente, un número de hasta 35 sesiones extraordinarias por año, las cuales fueron cumplidas en su totalidad.

Señala que, en los años 2013, 2014, 2015, asistió a todas las sesiones convocadas por el alcalde local, cumpliendo un total de 420 sesiones cada año.

Que para el año 2013, el valor de cada sesión era de $502.722, en el año 2014, el valor era de $519.714 por cada s esión y en el año 2015, el valor de cada sesión era la de $535.200.

Manifiesta que, en varias ocasiones, se solicitó a la alcaldía el reconocimiento de las prestaciones sociales por el concepto de asistencia a cada una durante los tres años a partir del momento de la entrada en vigencia de la ley, hasta el final del periodo, es decir, 31 de diciembre de 2015, dichas prestaciones nunca fueron reconocidas ni pagadas.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

31 de diciembre de 2015, dichas prestaciones nunca fueron reconocidas ni pagadas.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 3

SC5780-4-2

CONTESTACIÓN

El Distrito de Barranquilla, señaló en resumen que, que se deben negar las súplicas de la demanda debido a la naturaleza jurídica del cargo ocupado por el demandante de EDIL, que si bien es cierto son servidores públicos según el artículo 123 de la Constitución Política, no ostentan la calidad de empleados públicos, de allí se desprende que no le asiste derecho al pago de las prestaciones sociales reclamadas, tales como primas, bonificaciones, auxilio de cesantías e intereses de las cesantías.

Afirma que, el Distrito de Barranquilla cumplió a cabalidad con su obligación legal de efectuar el pago de seguridad social a partir del año 2014, con la expedición del Decreto 0043 de 2014, la cual posteriormente fue modificada por el Decreto 0571 del 18 de julio de 2016, ordenando este último afiliar a los ediles del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al régimen contributivo de Salud, Pensión y ARL, en calidad de trabajadores independientes, con cargo al presupuesto del ente territorial

de 2016, ordenando este último afiliar a los ediles del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al régimen contributivo de Salud, Pensión y ARL, en calidad de trabajadores independientes, con cargo al presupuesto del ente territorial

Aduce que, la Ley 1617 de 2013, entró en vigencia a partir del 5 de febrero de 2013, por lo que precisa que ya estaba en curso el año de la vigencia fiscal y que por tal razón en su momento no fue posible incluir dentro del presupuesto del mismo año el monto necesario para cubrir el pago de salud de los 75 Ediles del Distrito de Barranquilla, por consiguiente para el año 2014 se expidió el Decreto 0043 de 2014, para realizar la gestión de afiliación y pago de la salud y Arl de los Ediles del Distrito de Barranquilla.

Expresa que, si bien es cierto, en algunos de los casos los Ediles ejercen sus funciones ad honorem, esto no opera en todos los casos, como lo es en el Distrito de Barranquilla, que al ser un Distrito Especial, se encuentra inmerso en la aplicación de la Ley 1617 de 2013 y la remuneración que reciben es bajo la figura de honorarios, lo que se encuentra correlacionado con el hecho de que la naturaleza del cargo, la cual se recalca no es de un empleado público, y que según lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1617 de 2013, por cada sesión que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde local dividida entre 20, y que en ningún caso podrán exceder la remuneración del alcalde local. Propuso las excepciones de prescripción y buena fe.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

alcalde local. Propuso las excepciones de prescripción y buena fe.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 4

SC5780-4-2

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La a quo planteó que el problema jurídico a resolver, consiste en determinar si el demandante en calidad de Edil del Distrito de Barranquilla para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales de carácter laboral a partir del año 2013, fecha entrada en vigencia de la Ley 1617 de 2013. Así como al pago de la sanción moratoria generada con ocasión a un presunto no pago de cesantías definitivas al momento de su retiro; o si, por el contrario, como lo afirma la demandada, los ediles no son emplea dos públicos, ni guardan una relación de carácter laboral con el Distrito de Barranquilla.

Para dar solución al problema jurídico, destaca que, los ediles no tienen vínculo legal y reglamentario con la Administración, sino que ostentan la sola condición d e servidores

Para dar solución al problema jurídico, destaca que, los ediles no tienen vínculo legal y reglamentario con la Administración, sino que ostentan la sola condición d e servidores públicos en su carácter de miembros de una corporación administrativa de elección popular, circunstancia por la que las normas de carácter laboral no le son aplicables, puesto se insiste, que no son empleados públicos o trabajadores oficiales de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

En tal razón, indica que, deviene como consecuencia la denegación de la pretensión de reconocimiento de los conceptos salariales de primas, bonificaciones y auxilio de cesantías, así como la sanción moratoria por no pago de cesantías definitivas.

Pese a lo anterior, señala que, a partir la entrada en vigencia de la Ley 1617 de 2013, la cual empezó regir a partir de su publicación en el Diario Oficial N° 48695 el 5 de febrero de 2013, a los ediles debían hacérsele el pago aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y conforme a las pruebas obrantes en el proceso, se acredita que el Distrito de Barranquilla, en razón a que el actor fue miembro de l a Junta Administradora Local del Distrito, rea lizó aportes al sistema de seguridad social en pensión, salud y ARL, desde marzo de 2014 a diciembre de 2015, pago que fue realizado, en cumplimiento de lo previsto en Decreto distrital 043 de 14 de enero del 2014 , por loMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla

en cumplimiento de lo previsto en Decreto distrital 043 de 14 de enero del 2014 , por loMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 5

SC5780-4-2 que concluye que incumplió con la obligación legal frente al pago de aportes a seguridad social, respecto del período comprendido entre febrero de 2013 a febrero de 2014.

Considera que, si bien en la contestación de la demanda el apoderado del Distrito aseguró que el no pago de los apor tes en el momento preciso de entrada en vigencia de la Ley, obedeció a que el gasto no se encontraba dentro del presupuesto anual del Distrito para el año 2013, no es menos cierto que cuando la entidad territorial procedió al pago de los mismos en año 2014, solo lo hizo frente a los periodos de marzo 2014 a diciembre 2015, circunstancia que vicia de nulidad de forma parcial el acto administrativo acusado.

Advirtió que, no hay lugar a ordenar pago frente a los aportes a salud y ARL, al haber fenecido el periodo electoral para el cual fue electo el actor.

Aclaró la a quo que, el pago de aportes a seguridad social de los ediles no implica de ninguna manera vinculación laboral con la entidad territorial.

fenecido el periodo electoral para el cual fue electo el actor.

Aclaró la a quo que, el pago de aportes a seguridad social de los ediles no implica de ninguna manera vinculación laboral con la entidad territorial.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar los aportes pensionales del actor por el periodo comprendido entre febrero de 2013 a febrero de 2014 , disponiendo que el pago de los aportes ordenado s se deberá efectuar a la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado, y deberá ascender al monto que arroje el cálculo actuarial que determine dicha entidad.

RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandante , señala en resumen que, si bien los miembros de las Juntas Administradoras Locales no son Empleados Públicos, en efecto, son Servidores Públicos elegidos por votación popular para un periodo constitucional. Sin embargo, como miembros de dicha Junta su relación legal en materia de pagos en seguridad social y prestacional es con los Fondos de Desarrollo Local, los cuales poseen unas competencias y atribuciones exclusivas otorgadas por el Legislador a través de la Ley 1617 de 2013 en sus artículos 60 y 61, dado pues, debido a la categorizac ión que dio este régimen de carácter especial, le otorgó el derecho a percibir el pago de sus aportes en salud, pensión y riesgos laborales, así como también una remuneración igual a la deMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 6

SC5780-4-2 los alcaldes locales, es de recordar que el artículo 4 de la citada norma estableció unos rangos de autoridades de gobierno y administración, colocando en un tercer nivel de igualdad a los Alcaldes Locales y las Juntas Administradoras Locales, no podría entonces desnaturalizarse y desconocerse lo plasmado dentro del espíritu de esta ley.

Indica que, el artículo 60 de la Ley 1617 de 2013 otorgó el derecho a la seguridad social de los ediles para obtener el pago de salud, pensión y riesgos laborales, lo cual ha sido parcialmente cumplido por el Distrito de Barranquilla, en atención a que las contribuciones probadas por parte del demandado solo obedecen a los periodos comprendidos entre marzo de 2014 a diciembre de 2015, en lo correspondiente únicamente a aportes en salud y riesgos laborales, sin justificar el no pago de pens ión en los periodos señalados. Y así mismo, no se evidenció aporte de los pagos en seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales entre febrero de 2013 a febrero de 2014.

Sostiene que, no es cierto lo aseverado por parte del apoderado del demandado al afirmar que el Distrito cumplió con su deber legal de realizar los aportes pensionales de

de 2014.

Sostiene que, no es cierto lo aseverado por parte del apoderado del demandado al afirmar que el Distrito cumplió con su deber legal de realizar los aportes pensionales de los periodos febrero de 2013 a diciembre de 2015 en cumplimiento al Decreto 043 de 2014, toda vez que el mismo acto administrativo dispuso en su parte res olutoria una disposición distinta, consecuencia de la manifestación del demandado hizo incurrir en error a la Juez conllevando a condenar solo el pago de los periodos de febrero de 2013 a febrero de 2014, quedando pendiente por condenar el pago de marzo de 2014 a diciembre de 2015.

Agregó que, el Distrito de Barranquilla ha violado no solo lo dispuesto en el régimen de Distritos Especiales, sino también, lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, puesto que no realizó los aportes dentro de la oportunidad legalmente establecida y con ello se configuró automáticamente la sanción moratoria que debe imponérsele por no pago de los aportes a pensión de las vigencias 2013, 2014 y 2015.

La parte demandada, argumenta en síntesis que, la Alcaldía de Barranquilla es respetuosa de los derechos que le asisten a los ediles conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 1617 de 2013 y ha reconocido y cancelado los valores por concepto de salud, pensión y ARL, que son los únicos conceptos que ha determinado el legisladorMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 7

SC5780-4-2 que deben ser reconocidos por parte del Distrito a los Ediles, pues, no existe norma legal que establezca que los Ediles tiene derecho al reconocimiento y pago de prestaciones tales como primas, bonificaciones, cesantías entre otras, ya que estas solo se l e reconocen a los servidores públicos que mantiene una relación legal y reglamentaria con el ente territorial.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA.

El recurso interpuesto fue admitido mediante proveído del 13 de abril de 2023 y teniendo en cuenta que no hay pruebas por practicar, se prescindió de los alegatos de conclusión, conforme al artículo 67 de la Ley 2080, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público delegado ante esta Corporación no emitió concepto dentro del sub judice.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces administrativos, al tenor de lo previsto en los artículos 153 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

Atendiendo lo expuesto en los recursos de apelación, la Sala procede a determinar si el demandante en calidad de Edil electo para el periodo 2012 a 2015 tiene derecho a queMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 8

SC5780-4-2 le sean reconocidas las prestaciones sociales de carácter laboral , incluyendo el pago aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales a partir del año 2013, en razón a la entrada en vigencia de la Ley 1617 de 2013.

TESIS

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto, si bien los Ediles tienen la calidad de servidores

TESIS

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto, si bien los Ediles tienen la calidad de servidores públicos, según el artículo 123 Constitucional, no ostentan la calidad de empleados públicos, de allí se desprende que no le asiste derecho al pago de las prestaciones sociales reclamadas, sin embargo, hay lugar a reconocer el pago de los aportes a pensión del periodo febrero de 2013 a diciembre de 2015, en virtud de lo consagrado por la Ley 1617 de 2013.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Régimen Normativo de los Ediles

Los miembros de las juntas administradoras locales, de conformidad con lo señalado por el artículo 119 de la Ley 136 de 1994, serán elegidos por votación popular para períodos de cuatro (4) años, los cuales deberán coincidir con el período del alcalde y del concejo del respectivo distrito o municipio 1. Inicia lmente, dicha labor era ad honorem ; no obstante, con la entrada en vigor de la Ley 1617 de 2013 ( Régimen de los Distritos Especiales), se determinó que la labor sería remunerada, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 61: “Por cada sesión que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde local dividida entre 20 , en ningún caso podrán exceder la remuneración del alcalde local”. (Subrayado del tribunal).

Así mismo, dicha ley les otorgó el derecho a que le s fuesen realizados aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales2.

remuneración del alcalde local”. (Subrayado del tribunal).

Así mismo, dicha ley les otorgó el derecho a que le s fuesen realizados aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales2.

1 El artículo 123 de la Constitución Política de 1991 señaló:” Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (...)”. 2 Artículo 60.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 9

SC5780-4-2 Finalmente, la Ley 2086 de 2021 “Por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan otras disposiciones”, se estableció que “Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales. Los honorarios se establecerán por iniciativa de sus alcaldes y mediante acuerdo de sus Concejos municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones, por el máximo de sesiones previsto en esta ley.”

Y en parágrafo 2º de dicha normatividad se dispuso “En aquellos municipios cuya

sesiones plenarias y a Comisiones, por el máximo de sesiones previsto en esta ley.”

Y en parágrafo 2º de dicha normatividad se dispuso “En aquellos municipios cuya población se a superior a cien mil (100.000) habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territorial , a través de la suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Concejo Municipal.”

Ahora, para determinar el alcance del concepto remuneración, la Sala considera pertinente señalar lo dispuesto de vieja data por el Consejo de Estado 3 en asuntos con supuestos fácticos y normativos semejantes (se cita in extenso):

“(…) Debe entonces precisar la Sala el concepto de “remuneración del Alcalde local” para establecer, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Bogotá, si la prima técnica que corresponde a dicho funcionario se puede incluir o no, en la base para liquidar los honorarios de Ediles.

La Sala Plena de ésta Corporación en providenc ia del 11 de septiembre de 2001, Radicación número: AI-055, con ponencia del Dr Alejadro Ordóñez Maldonado, en la que se resolvió una demanda de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 72 del decreto 1421 de 1993 expresó lo siguiente:

“Estima la Sala que la expresión “remuneración” que utiliza el artículo 72 del Decreto 1421 de 1993, al establecer que a los ediles se les reconocerán honorarios por su

1421 de 1993 expresó lo siguiente:

“Estima la Sala que la expresión “remuneración” que utiliza el artículo 72 del Decreto 1421 de 1993, al establecer que a los ediles se les reconocerán honorarios por su asistencia a sesiones plenarias y a las de las comisiones permanentes que tengan lugar en día distinto a los de aquellas, y que por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del alcalde local dividida por veinte (20), debe ser entendida como aquella que se fija en la respectiva escala salarial para el cargo, atendiendo factores propios del empleo, tales como el nivel al cual pertenece, responsabilidades y naturaleza del mismo, independientemente de factores inherentes a la persona que lo desempeña.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de 10 de febrero de 2005. Rad: 25000-23-25-000-1999-06970-01(0771-04), CP.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 10

SC5780-4-2 Así, por vía de ejemplo, según el Acuerdo 37 de 1993, por el cual se fi ja la remuneración y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos

Barranquilla-Atlántico. Colombia 10 SC5780-4-2 Así, por vía de ejemplo, según el Acuerdo 37 de 1993, por el cual se fi ja la remuneración y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos en la Administración central de Santafé de Bogotá, D.C., el cargo de alcalde local, se ubica en el nivel directivo de la administración central del Distrito Capital, en la escala salarial allí establecida, le corresponde asignación básica y gastos de representación. Esa es la remuneración correspondiente al cargo.

La prima técnica, definida como un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado, a empleados altamente calificados, se otorga con base en estudios y experiencia, es un factor relacionado con la persona, no con el cargo, por lo tanto no puede ser entendida como factor constitutivo de remuneración del alcalde local en forma genérica para calcular los honorarios de los ediles.”

Con el anterior precedente, no queda duda respecto de la controversia planteada en el sub examine. Ésta Corporación definió que la prima técnica del Alcalde Local no forma parte del ingreso de base imputable para el pago de los honorarios de los Ediles miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Lo anterior encuentra razón adicional, en que los Ediles no están vinculados laboralmente con la administración Distrital ni mediante contrato de trabajo ni como empleados públicos; son servidores miembros de una corporación de elección popular sin derecho al salario ni a las prestaciones sociales que la ley otorga a los funcionarios públicos. Por esta razón las normas asignan a los Ediles una forma de retribución diferente llamada honorarios por sus servicios.

Se debe entender entonces, que cuando el Estatuto Orgánico de Bogotá hace referencia

normas asignan a los Ediles una forma de retribución diferente llamada honorarios por sus servicios.

Se debe entender entonces, que cuando el Estatuto Orgánico de Bogotá hace referencia a la remuneración del Alcalde como medida de los honorarios de Concejales y Ediles, no les está otorgando a éstos últimos derechos salariales o prestacionales ni les está asignando prima técnica; la norma simplemente define un PARÁMETRO para tasar sus honorarios y dicho parámetro, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, no incorpora la prima técnica que devengue el respectivo Alcalde local.

De todo lo anterior puede concluirse que la prima técnica que recibe el Alcalde local, no forma parte de la base para liquidar el valor de los honorarios de Ediles del Distrito Capital que estén regulados por el artículo 72 del decreto 1421 de 1993, razón por la cual la Sala confirmará el fallo apelado que negó las pretensiones del actor, excepto en cuanto conoció de la resolución No. 380 del 4 de junio de 1999, que se revoca y, en su lugar, se declara inhibida para decidir sobre la misma, por las razones expuestas en la parte inicial de esta providencia (…)”. (Subrayado del tribunal).

CASO CONCRETO

El actor en calidad de Edil electo para el periodo 2012 a 2015, señala que tiene derecho a que le sean reconocidas las prestaciones sociales de carácter laboral y la seguridad social a partir del año 2013, en razón a la entrada en vigencia de la Ley 1617 de 2013.

La Juez A quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien el actor en su calidad de edil no tiene vínculo legal y reglamentario con la

La Juez A quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien el actor en su calidad de edil no tiene vínculo legal y reglamentario con la administración y, por ende, no tiene derecho al reconocimiento y pago de prestacionesMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Humberto Antonio Chima Caiaffa

Demandado: Distrito de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00138-01

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad08tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 11

SC5780-4-2 sociales, en el sub examine en virtud de la expedición de la Ley 1617 de 2013, tiene derecho al pago de aportes a la seguridad social de los años 2013 a 2015, evidenciando falta de cumplimiento del ente territorial respecto del pago del período comprendido entre febrero de 2013 a febrero de 2014.

Inconforme con la anterior decisión, la parte ac tora interpuso recurso de apelación, asegurando que el artículo 60 de la Ley 1617 de 2013 otorgó el derecho a la seguridad social de los ediles para obtener el pago d