TA ATL - 08001333301020220020601-(16-06-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C” Barranquilla DEIP, dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de Control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado 08-001-33-33-010-2022-00206-01

Demandante ANGELICA INGRID ZAPATA RODRÍGUEZ

Demandado

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FOMAG, DEIP DE BARRANQUILLA – SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Magistrado Sustanciador CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia proferida en audiencia celebrada el 4 de noviembre de 2022, a través de la cual se denegaron las súplicas de la demanda, previos los siguientes,

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora ANGELICA INGRID ZAPATA RODRÍGUEZ, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento

previos los siguientes,

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora ANGELICA INGRID ZAPATA RODRÍGUEZ, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y elevó las siguientes pretensiones:

“…1. Declarar la nulidad del acto administrativo identificado como BRQ2021EE035561 de fecha 23 de diciembre de 2021, expedido por GIAN NY WARFF SAMPER – JEFE DE OFICINA DE GESTION donde niegan el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que esMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2 equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021.

2. Declarar que mi representado (a) tiene derecho a que la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, de manera solidaria, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 y a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intere ses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

CONDENAS

1. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, a que se le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse e l valor correspondiente a las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo

cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse e l valor correspondiente a las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo prestacional y hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación.

2. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, a que se le reconozca y pague la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021.

3. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y a la entid ad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA E INDEMNIZACIÓN POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS INTERESES, referidas en los numerales anteriores, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que debió efectuarse el pago de cada una las anualidades respectivas y de manera independiente conforme hayan sido las cancelaciones y hasta el mome nto de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

independiente conforme hayan sido las cancelaciones y hasta el mome nto de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

4. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y a la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQU ILLA, al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de las SANCIONES MORATORIAS reconocidas en esta sentencia, art 192 del C.P.A.C.A.”

HECHOS

Los fundamentos fácticos se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Manifiesta la demandante que presta sus servicios como docente al DEIP de Barranquilla, adscrita a la planta de personal de la Secretaría de Educación Distrital.

Informa que las entidades demandadas no consignaron las cesantías anualizadas correspondientes al año 2020, como tampoco los intereses a las cesantías, dentro del plazo establecido por la Ley 50 de 1990.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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Por último, indica la actora que, a través de petición presentada ante las demandadas, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna de las cesantías correspondiente a la anualidad 2020, así como los intereses a las cesantías, quien es desestimaron su solicitud a través del acto administrativo demandado.

CONTESTACIÓN

DEIP de Barranquilla 1: por conducto de apoderada judicial contestó la demanda ; sostiene que en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento de la sanción deprecada por la demandante, en tanto que el régimen prestacional especial bajo el cual se encuentran cobijados todos los docentes afiliados al FOMAG, como lo es la actora, dif iere sustancialmente del régimen general sobre el que esta sustenta las súplicas de su demanda. Por tanto, resulta de vital importancia recordar la norma de interpretación jurídica referente a la aplicación de las leyes, contenida en el artículo 10 de nues tro Código Civil, subrogado por el artículo 5 de la Ley 75 de 1887, numeral 1º, según el cual “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga el carácter general (...)”. En ese orden, asegura, no existe duda ni discusión alguna que el régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales, como lo es la demandante, es un régimen especial regulado en la Ley 91 de 1989, ley que, a su vez, dispuso la creación

prestacional aplicable a los docentes oficiales, como lo es la demandante, es un régimen especial regulado en la Ley 91 de 1989, ley que, a su vez, dispuso la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para la atención de todos los asuntos prestacionales de los docentes. Por lo que no se puede pretender que se condene al reconocimiento de la sanción moratoria perseguida por la actora, aduciendo una supuesta omisión o retraso en la realización de la conducta descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es “consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que el mimo elija”, por la sencilla razón que la demandante, ni ningún docente oficial, escoge ni se afilia a un fondo privado de

1 Ver archivo “07.Contestación del Distrito de Barranquilla”.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2 cesantías, sino que por expresa disposición legal, son afiliados obligatorios al FOMAG, fondo encargado de administrar y pagar las cesantías del personal docente. Agrega que, de la misma dinámica y reglamentación que aplica para el caso de las

cesantías, sino que por expresa disposición legal, son afiliados obligatorios al FOMAG, fondo encargado de administrar y pagar las cesantías del personal docente. Agrega que, de la misma dinámica y reglamentación que aplica para el caso de las cesantías de los docentes se evidencia que ni siquiera existe una “consignación de cesantías” al fondo al que estén afiliados, que en este caso no es otro que el FOMAG. Por el contrario, de conformidad con el Decreto 3752 de 2003, los recursos con los que se financian las cesantías del personal docente afiliado al FOMAG ni siquiera son consignados directamente por el ente territorial, sino que estos son transferidos al fondo directamente por la Nación, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponde al respectivo ente territorial.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG2: por conducto de mandataria judicial señalando en síntesis que se opone a que se declare la nulidad del acto a dministrativo demandado, en cuanto negó el derecho a pagar la indemnización moratoria por el no pago de cesantías ni intereses sobre cesantías del aquí demandante conforme con la Ley 50 de 1990, por cuanto los docentes del FOMAG se encuentran amparados por un régimen especial de prestaciones sociales que se rige por la Ley 91 de 1989, así las cosas, resulta improcedente la aplicación del régimen de qué trata la Ley 50 de 1990, el cual es exclusivo para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

Precisa que, aunado a lo anterior, no existe en el FOMAG cuenta individual por docente por ser un fondo común con unidad de caja, en ese sentido el trabajador debe probar que son sus cesantías individualmente hablando las que no se consignaron en tiempo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2 Ver archivo “08. Contestación del Fomag”.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia proferida en audiencia del 4 de noviembre de 20223, negó las súplicas de la demanda y para ello sostuvo las siguientes consideraciones:

“… Teniendo en cuenta, tanto la jurisprudencia como la normatividad aplicable al caso, es de advertirse que el reconocimiento y pago de las cesantías, ya sean estas parciales o definitivas, el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989, hace alusión a que la secretaría de educación del ente territorial respectivo, no es la dependencia obligada jurídicamente a efectuar la

el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989, hace alusión a que la secretaría de educación del ente territorial respectivo, no es la dependencia obligada jurídicamente a efectuar la consignación anual de las cesantías docentes al FOMAG, luego, no se tiene establecido el derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de esta prestación laboral como se consagra en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, es decir, desde el 15 de febrero, como plazo máximo para realizar dicha consignación, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establ ecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

En el presente asunto no hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que no existe una cuenta individualizada a nombre de ningún docente en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la cual se debían trasladar los recursos de la cesantía anualizada del periodo 2020 antes del 15 de febrero de 2021, como se explicó en el acápite normativo de esta providencia. Por l o tanto, se insiste, no se configura el presupuesto previsto en la norma que fundamenta esta pretensión.

En relación con si es o no procedente aplicar al personal docente lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, considera el Despacho que esa n orma establece la fecha en la cual los empleadores del sector privado deben consignar los intereses sobre las cesantías de sus trabajadores y se ha aplicado a los empleados públicos por analogía, dado que no existe en el

empleadores del sector privado deben consignar los intereses sobre las cesantías de sus trabajadores y se ha aplicado a los empleados públicos por analogía, dado que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición que disponga una fecha exacta para ese fin.

Con base en lo anterior, la indemnización reclamada resulta incompatible para el caso de los docentes oficiales, en virtud al principio de inescindibilidad normativa, ya que en el régimen especial docente sí se dispone la forma como se ha de liquidar el interés sobre las cesantías y las fechas definidas anualmente, según la Ley 91 de 1989 y específicamente el Acuerdo 34 de 1998, en que se deben pagar, esto es en el mes de marzo.”

RECURSO DE APELACIÓN

El 22 de noviembre del 2022 la apoderada judicial de la demandante, interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia4, argumentando, en resumen, lo siguiente:

1. El régimen general de cesantías de los empleados públicos, resulta más favorable que el régimen especial docente, especialmente en la liquidación de intereses a las cesantías;

3 Ver archivo “12. Acta de AudienciaInicialFallo” y video “13. Grabación A.I. con Sentencia”. 4 Ver archivo “14. Recurso de apelación contra la sentenciaparte demandante”.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2 ii) “Los docentes son empleados públicos y legalmente no existe una razón que justifique que no tienen los mismos derechos que un servidor público, o que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo extemporáneo, la interpretación dada por el a quo desprotege a los docentes oficiales y se continua con una restricción de que tengan un pago oportuno de sus cesantías, y lo que derive de las mismas”; y

1. “La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50 de 1990, no resulta incompatible con el régimen especial que regula la figura del auxilio de cesantías de los docentes porque no afecta los requisitos, términos y competen cia para su reconocimiento ni afecta el derecho de los docentes a esta prestación como tampoco genera exclusiones entre los docentes del magisterio”.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

Efectuado el reparto de rigor, el asunto correspondió al Despacho del Magistrado Sustanciado, admitiendo el recurso de apelación mediante auto del 12 de abril del 20235.

Posteriormente se dictó auto para mejor proveer calendado 28 de abril de 20236, a través del cual se solicitó a la secretaría de Educación del DEIP de Barranquilla, el expediente administrativo y hoja de vida de la demandante; requerimiento que fue

Posteriormente se dictó auto para mejor proveer calendado 28 de abril de 20236, a través del cual se solicitó a la secretaría de Educación del DEIP de Barranquilla, el expediente administrativo y hoja de vida de la demandante; requerimiento que fue atendido en debida forma el 8 de junio del 20237.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Judicial delegado ante el Despacho del Magistrado Sustanc iador no emitió concepto de fondo dentro del asunto de la referencia.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para dictar sentencia de segunda instancia, se

5 Ver archivo “04. AdmiteRecursoApelacion”. 6 Ver archivo “06. AutoMejorProveer”. 7 Ver archivo “09. RespuestaARequerimientoSecretaríaDeEducaciónBarranquilla”.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2 advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso de

de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, le asiste a la parte demandante, el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a la anualidad 2020, así como el pago de los intereses a las cesantías. E n caso afirmativo, deberá establecerse si tal derecho está afectado total o parcialmente por el fenómeno de la prescripción.

TESIS

La Sala se anticipa en señalar que a la actora no le asiste el derecho reclamado en la demanda, en atención a que debido a la fecha de su vinculación es beneficiaria de un sistema anualizado previsto en la Ley 91 de 1989 que no contempló el plazo para la consignación de las cesantías con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad en un fondo privado administrador, como tampoco la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”, carácter que no ostenta la demandante, muy a pesar

nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”, carácter que no ostenta la demandante, muy a pesar de acreditarse que el decreto de nombramiento fue expedido por el Alcalde del DEIP de Barranquilla.

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIALMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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.- Del sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

La Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se concede n unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, en el artículo 13, estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva)8, a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de

1996. Dice la norma:

"Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos

1996. Dice la norma:

"Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o enti dad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.” (Negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

“Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.” (Resalta el Tribunal).

8 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co Barranquilla-Atlántico. Colombia 9

SC5780-4-2 El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la

Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.

Del régimen de cesantías de los docentes del sector oficial

La Ley 91 de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así: i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional; ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir d e esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 19759; y iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria10.

Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibídem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones social es causadas hasta la fecha de promulgación de la

secundaria10.

Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibídem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones social es causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:

“(…) Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 (…)”

9 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» 10 Ley 45 de 1975, Artículo 10. - En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Angelica Ingrid Zapata Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Educación -Fomag y otros Radicación: 08-001-33-33-010-2022-00206-01

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SC5780-4-2

En su orden, la legislación en cita, en el artículo 3 creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. En efecto, el artículo 15 ibidem en lo que interesa al proceso, dispone:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden