TA ATL - 08001333301420200021301-(02-06-2023)

Rama Judicial del Poder Publico Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D.E.I.P., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Radicado 08001-33-33-014-2020-00213-01 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante MILADYS HERNÁNDEZ PARDO

Demandado Municipio de Piojó Magistrado Sustanciador CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2023 , por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II.- ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora Miladys Hernández Pardo, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, contra el Municipio de Piojó, solicitando se declare la nulidad del Decreto

La señora Miladys Hernández Pardo, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, contra el Municipio de Piojó, solicitando se declare la nulidad del Decreto 015 de 13 de enero de 2020 , mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora en el cargo de Técnico Operativo – área impuestos, nivel técnico, código 314, grado 11.

Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó la parte demandante , se condene a la demandada a reintegrarla en un cargo de igual o superior jerarquía, al pago de los salarios y prestaciones sociales causadas desde su retiro hasta el reintegro, sumas respecto de las cuales2

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Demandante: Miladys Hernández Pardo

Demandado: Municipio de Piojó Radicación: 08-001-33-33-014-2020-00213-01

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SC5780-4-2 solicita su indexación así como el pago de intereses, y se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

HECHOS

Se afirma en la demanda que la señora Miladys Hernández Pardo, según Decreto No. 055 de 25 de junio de 2019, expedido por el otrora Alcalde del Municipio de

HECHOS

Se afirma en la demanda que la señora Miladys Hernández Pardo, según Decreto No. 055 de 25 de junio de 2019, expedido por el otrora Alcalde del Municipio de Piojó, fue nombrada en provisionalidad para desempeñar el cargo de Técnico Operativo – área impuestos, nivel técnico, código 314, grado 11, empleo respecto del cual tomó posesión en esa misma data.

Aduce la demandante que mediante Decreto No. 015 de 13 de enero de 2020, proferido por la Alcald esa del Municipio de Piojó, se declaró insubsistente el nombramiento de aquella en el cargo de Técnico Operativo – área impuestos, nivel técnico, código 314, grado 11, acto administrativo contra el que, según afirma, no procedía recurso alguno.

Indica la actora que la Administración en el Decreto No. 015 de 13 de enero de 2020, “no manifiesta de una forma clara las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales decidió declarar la insubsistencia, teniendo en cuenta que no superar las etapas del concurso de mérito del cargo a proveer, no está dentro de las contempladas para desvincular a un funcionario en provisionalidad”.

Por último, s eñala la parte actora que el cargo de Técnico Operativo – área impuestos, nivel técnico, código 314, grado 11, “no ha sido proveído por la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de la lista de elegibles al cargo que fue nombrada y sometido a concurso de selección No. 749 de 2018”.

CONTESTACIÓN

Nacional del Servicio Civil dentro de la lista de elegibles al cargo que fue nombrada y sometido a concurso de selección No. 749 de 2018”.

CONTESTACIÓN

MUNICIPIO DE PIOJÓ: por conducto de apoderado judicial, se opuso a la totalidad de las pretensiones y manifestó que, frente a los hechos unos son ciertos y otros lo son parcialmente.3

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SC5780-4-2

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se opuso a la prosperidad de las mismas, por cuanto afirma a la demandante no le asiste derecho alguno, precisando lo siguiente:

“La anterior administración ofertó las plazas provisionales, a través de concurso de mérito, desarrollado en la convoc atoria No. 749 de 2018, pero el cargo del Área de técnico operativo de impuesto, código 314 grado 11, pese a la convocatoria del concurso nadie superó el concurso de mérito, ni nadie salió en la lista de elegible, si el deman dante ostenta algún derecho, de las etapas de haber ganado alguna de las etapas del concurso de mérito que lo pruebe.

Por lo tanto, el acto administrativo, contenido en el acto de insubsistencia, fue

la lista de elegible, si el deman dante ostenta algún derecho, de las etapas de haber ganado alguna de las etapas del concurso de mérito que lo pruebe.

Por lo tanto, el acto administrativo, contenido en el acto de insubsistencia, fue expedido con base en la potestad de la discrecionalidad del nominador, mejorar el buen servicio y el programa de gobierno , sobre el particular ten emos el precedente del Tribunal A dministrativo de Boyacá, sobre un caso idéntico y similar.

El demandante está en el deber de demostr ar al juzgado, un mejor derecho como es el hecho de demostrar que se encontraba vigente y hab er superado las etapas del concurso de mérito, como jamás lo va demostrar el demandante, si en este cargo nadie pasó el concurso de mérito, por lo tanto, el actor no puede reclamar derecho alguno de estabilidad y el nominador estaba en la facultad de declararlo insubsistente (…)”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, luego del análisis de los cargos expuestos en la demanda, los argumentos de defensa, las pruebas allegadas al proceso y la jurisprudencia aplicable al caso concreto , dictó sentencia fechada 21 de marzo de 2023, a través de la cual, concedió las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que resultaba procedente la nulidad del acto administrativo acusado, “puesto que al ejercer [la demandante] un cargo en provisionalidad y al no existir lista de elegibles para los cargos de carrera, es razón suficiente para justificar la prórroga de los nombramientos provisionales hasta tanto las convocatorias puedan ser realizadas, y como quiera que en el caso concreto el

provisionalidad y al no existir lista de elegibles para los cargos de carrera, es razón suficiente para justificar la prórroga de los nombramientos provisionales hasta tanto las convocatorias puedan ser realizadas, y como quiera que en el caso concreto el proceso de selección fue declarado desierto, la ad ministración solo podía dar por terminado un nombramiento hecho en provisionalidad, mediante acto de insubsistencia debidamente motivado.”

RECURSO DE APELACIÓN4

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SC5780-4-2 Dentro de la oportunidad debida , el mandatario judicial del Municipio de Piojó , presentó y sustentó recurso de apelación, contra la sentencia adiada 21 de marzo de 2023 , proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, fundamentando su disentimiento en los siguientes argumentos:

1. La demandante no demostró que participó en la Convocatoria No. 749 de 2018, como tampoco acreditó que le asiste un mejor derecho , “situación que justifica el contenido del acto demandado” , el cual “tuvo argumentos puntuales, como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso”;

como tampoco acreditó que le asiste un mejor derecho , “situación que justifica el contenido del acto demandado” , el cual “tuvo argumentos puntuales, como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso”;

1. En la sentencia “no se analiza los fundamentos del Decreto No. 015 del 13 de enero del 2020 consistente en verificar si la actora superó el concurso de méritos, si el nombramiento superó los seis meses legales, y si la destitución se hizo para mejorar el buen servicio y articular el programa de gobierno de la actual administración.”;

1. La actora “no ejerció el cargo que alude, toda vez que , en la misma fecha, fue también designada como Secretaria de Hacienda encargada del Municipio de Piojo”.

Con fundamento en las anteriores precisiones, solicita la revocatoria de la sentencia objeto de recurso de apelación, y en su lugar, se denieguen las súplicas de la demanda.

ACTUACION PROCESAL DE LA INSTANCIA

Efectuado el reparto de rigor, el conocimiento del asunto correspondió al Despacho del Magistrado Sustanciador, quien dispuso la admisión del recurso de apelación mediante auto calendado 24 de mayo de 2023.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público delegado ante el Despacho Sustanciador, no emitió concepto de fondo.5

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III.- CONTROL DE LEGALIDAD

Examinado el expediente, así como las actuaciones surtidas en el mismo, no se advierte la existencia de irregularidades constitutivas de nulidad o que ameriten saneamiento, razón por la cual se continúa con el trámite del proceso de la referencia.

IV.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces administrativos, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si estuvo o no ajustada a derecho la sentencia de primera instancia, en tanto la A-quo consideró que las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar, debido a que, el acto administrativo acusado carece de motivación; o si por el contrario, como lo afirma el recurrente, la declaratoria de insubsistencia “tuvo argumentos puntuales, como la pro visión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso”.

TESIS

La Sala sostendrá la siguiente: La motivación del acto de retiro de un empleado

insubsistencia “tuvo argumentos puntuales, como la pro visión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso”.

TESIS

La Sala sostendrá la siguiente: La motivación del acto de retiro de un empleado nombrado en provisionalidad a partir de la vigencia de la Ley 909 de 2004, surge como imperativo objetivo de la legalidad, y en el presente caso, la Administración no expuso los motivos en que fundamentó la declaratoria de ins ubsistencia del nombramiento de la demandante, hecho que constituye un defecto sustancial del acto, por cuanto se expidió de manera arbitraria, caprichosa e injustificada, haciéndose ostensible la vulneración al debido proceso y la Ley, pues el retiro del empleado por parte del nominador debe estar precedido de hechos concretos y condiciones demostrables.6

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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Normas aplicables en materia de empleados vinculados en provisionalidad

La Constitución Política estableció en el artículo 125 el régimen de carrera administrativa como el mecanismo para el ingreso y desempeño de cargos públicos en los órganos y entidades del Estado, salvo las excepciones legales. En efecto, indica el mencionado artículo:

administrativa como el mecanismo para el ingreso y desempeño de cargos públicos en los órganos y entidades del Estado, salvo las excepciones legales. En efecto, indica el mencionado artículo:

"Artículo. - 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramien to no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que file la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. En retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la constitución y la Ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción".

A su turno, el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, respecto de la carrera administrativa estableció:

"Artículo 27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito', mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna".

este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito', mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna".

Así mismo, se tiene que las causales de retiro de un empleado que desempeñe un empleo de carrera en provisionalidad, están previstas en el artículo 41 ibídem, y el empleador solo puede darlo por terminado mediant e acto motivado, tal como lo establece dicha disposición en su parágrafo 2°, así:

“a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;7

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SC5780-4-2 c) INEXEQUIBLE. Reglamentado por el Decreto Nacional 3543 de 2004 Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administr ativa, mediante resolución motivada; Sentencia de la Corte Constitucional C -501 de 2005 d) Por renuncia regularmente aceptada;

razones de buen servicio, para los empleados de carrera administr ativa, mediante resolución motivada; Sentencia de la Corte Constitucional C -501 de 2005 d) Por renuncia regularmente aceptada; e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; f) Por invalidez absoluta; g) Por edad de retiro forzoso; h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; k) Por orden o decisión judicial; l) Por supresión del empleo; m) Por muerte; n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.” (…) Parágrafo 2º. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.”

En igual sentido, el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909, señaló lo siguiente:

“Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlo por terminado”.

Nótese como esta disposición modifica en forma sustancial el régimen anterior, estableciendo una condición más favorable para los empleados provisionales, respecto de quienes el retiro discrecional cede para dar vía al retiro del servicio motivado en

por terminado”.

Nótese como esta disposición modifica en forma sustancial el régimen anterior, estableciendo una condición más favorable para los empleados provisionales, respecto de quienes el retiro discrecional cede para dar vía al retiro del servicio motivado en causas que lo justifiquen.

De la motivación del acto de retiro de los empleados vinculados en provisionalidad

El retiro de los empleados vinculados con nombramiento en provisionalidad, particularmente en lo que tiene que ver con la necesidad o no de motivar el acto administrativo que así lo disponga, previo a la expedición de la Ley 909 de 2004, estuvo marcada por la disparidad de criterios entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado.8

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SC5780-4-2 En efecto, mientras la Corte Constitucional de manera constante y reiterada sostenía que el empleado vinculado en provisionalidad, gozaba de una estabilidad relativa lo cual implicaba que el acto administrativo que disponía su vinculación debía necesariamente estar motivado, buscando diferenciar lo arbitrario de lo discrecional. Así, por ejemplo, en la sentencia de unificación SU917 de 2010, la Corte indicó:

implicaba que el acto administrativo que disponía su vinculación debía necesariamente estar motivado, buscando diferenciar lo arbitrario de lo discrecional. Así, por ejemplo, en la sentencia de unificación SU917 de 2010, la Corte indicó:

"(...) El derecho a la motivación de los actos administrativos no existe por la pertenencia a un cargo de carrera sino por el hecho de no haber sido excluidos de ese deber por el Legislador. Además, ello es una garantía derivada del derecho fu ndamental al debido proceso -predicable tanto de actuaciones judiciales como administrativas-, del respeto al Estado de derecho, del principio democrático y del principio de publicidad como canales para controlar los eventuales exceso de la Administración, entre otros preceptos constitucionales (...)".

Esta tesis ha sido reiterada en diferentes oportunidades por la Corte, una de las cuales, la sentencia T-147 de 2013, indicó:

"(...) La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer cargos públicos "cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal". Los cargos provisionales, como su nomb re lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una dete rminada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. La naturaleza de los cargos provisionales difiere de la de los cargos de carrera administrativa y de los empleos de libre nombramiento y remoción.

Los funcionarios nombrados en p rovisionalidad en empleos de carrera no

provisionales difiere de la de los cargos de carrera administrativa y de los empleos de libre nombramiento y remoción.

Los funcionarios nombrados en p rovisionalidad en empleos de carrera no cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho a que se motive el acto administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha motivación se erige como una garan tía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso y del control a la arbitrariedad de la administración, y no de hecho de pertenecer a un cargo de carrera.

En conclusión, los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera administrativa, y es por ello que a los primeros no le son aplicables los derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de prueba, entre otros. Pero tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su vinculación no se sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo que es propia de estos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función pública mientras se logra su provisión en los términos que exige la Constitución. En consecuencia, frente a los cargos provisionales no puede predicarse ni la estabilidad laboral propia9

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Demandante: Miladys Hernández Pardo

Demandado: Municipio de Piojó Radicación: 08-001-33-33-014-2020-00213-01

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SC5780-4-2 de los de carrera ni la discrecionalidad relativa de los de libre nombramiento y remoción; razón por la que el nominador tiene la obligación de motivar el acto administrativo mediante el cual se produce la desvinculación (...)".

A su turno el Consejo de Estado, si bien en un primer momento sostuvo la tesis según la cual los servidores que se encontraban nombrados en provisionalidad podían ser desvinculados mediante acto administrativo no motivado, teniendo como soporte legal las normas anteriores a la Ley 909 de 2004, particularmente los artículos 13 y 30 de la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1572 de 1998, lo cierto es que en la actualidad la posición jurisprudencial pacífica y constante, es la contraria, es decir, los servidores públicos que se encontraban nombrados en provisionalidad, a efectos de su desvinculación, debe realizarse a través de acto administrativo motivado.

Ahora bien, como consecuencia del cambio normativo, el Consejo de Estado en providencia del 23 de septiembre de 2015, precisó el alcance de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, respecto al retiro de los servidores vinculados en provisionalidad:

providencia del 23 de septiembre de 2015, precisó el alcance de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, respecto al retiro de los servidores vinculados en provisionalidad:

"(...) La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera ad ministrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es procedente solo y de conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO, de tal manera que, la discrecionalidad del nominador solo se predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2°, art. 41 Ley 909 de 2004).

La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que estén desempeñando en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había

desempeñando en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227 de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado (...)".10

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Los antecedentes jurisprudenciales y legales cita dos evidencian y resaltan en este momento, la necesidad de motivar los actos de retiro cuando se trata de empleados o funcionarios nombrados en provisionalidad por esa mera condición, sin importar si pertenecen a la carrera general o a carreras especiales.

momento, la necesidad de motivar los actos de retiro cuando se trata de empleados o funcionarios nombrados en provisionalidad por esa mera condición, sin importar si pertenecen a la carrera general o a carreras especiales.

La estabilidad intermedia de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa

La Constitución Política estableció en el artículo 125 el régimen de carrera administrativa como el mecanismo para el ingreso y desempeño de cargos públicos en los órganos y entidades del Estado, salvo las excepciones constitucionales y legales, y los regí menes especiales de creación constitucional. El propósito de tal previsión constitucional es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro respondan al mérito, conforme a c riterios reglados, y no a la discrecionalidad del nominador.

La carrera administrativa es el mecanismo preferente para el acceso y la gestión de los empleos públicos, en donde quien supere satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos adquiere un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, exigible tanto frente a la Administración como a los funcionarios públicos que están desempeñando el cargo ofertado en provisionalidad. Por esta razón, la Corte Constitucional ha sostenido que los cargos ejercidos en provisionalidad no pueden equipararse a los de carrera administrativa en cuanto a su vinculación y retiro, en tanto existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera administrativa y los funcionarios públicos provisionales.

En relación con los primeros, se trata de funcionarios que acceden a estos cargos

tanto existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera administrativa y los funcionarios públicos provisionales.

En relación con los primeros, se trata de funcionarios que acceden a estos cargos mediante un concurso de méritos, por lo que su permanencia en ellos implica mayor estabilidad al haber superado las etapas propias del concurso, lo que impide el retiro del cargo a partir de criterios meramente discrecionales. De ahí, que el acto administrativo por medio del cual se desvincula a un funcionario de carrera11

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