TA ATL - 08001333301420220015501-(13-03-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISION ORAL “A”

Barranquilla, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 08-001-33-33-014-2022-00155-01 Accionante Luis Alberto Paéz Cajamarca. Accionado Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Tema Sanción moratoria Docentes Ley 50 de 1990 Magistrado Ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico decide la apelación presentada por la parte demandante, en contra de la sentencia de Catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés 2023, por medio de la cual el Juzgado Catorce (14°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla denegó las súplicas de la demanda.

III.– ANTECEDENTES

Contenido: 3.1. Posición de la parte demandante; 3.2. Posición de la parte demandada; 3.3. Sentencia de primera instancia; 3.4. Apelación y trámite de segunda instancia; y 3.5. Control de legalidad.

3.1. Posición de la parte demandante

3.3. Sentencia de primera instancia; 3.4. Apelación y trámite de segunda instancia; y 3.5. Control de legalidad.

3.1. Posición de la parte demandante

2. El señor Luis Alberto Paéz Cajamarca , presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. En la demanda se formularon las siguientes

pretensiones1:

«1. Declarar la nulidad del acto administrativo identificado como BRQ2021EE028713 de fecha 14 de noviembre de 2021, expedido por GIANNY WARFF SAMPER – JEFE DE OFICINA DE GESTION donde niegan el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron

50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021.

1 Folios 1 –2, Archivo digital “01DemandayAnexos”Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Radicación No: 08001-33-33-014-2022-00155-01

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2. Declarar que mi representado (a) tiene derecho a que la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, de manera solidaria, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 y a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1 176 de

1991.

CONDENAS:

1. Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y

artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1 176 de 1991.

CONDENAS:

1. Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, a que se le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo prestacional y hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación.

2. Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, a que se le reconozca y pague la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021.

3. Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y a la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder

adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA E INDEMNIZACIÓN POR PAGO

a la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA E INDEMNIZACIÓN POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS INTERESES, referidas en los numerales anteriores, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que debió efectuarse el pago de cada una las anualidades respectivas y de manera independiente conforme hayan sido las cancelaciones y hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

4. Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y a la entidad territorial de D.E.I.P DE BARRANQUILLA, al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo sig uiente hasta que se efectúe el pago de las SANCIONES MORATORIAS reconocidas en esta sentencia, art 192 del

C.P.A.C.A.

5. Que se le ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG y la entidad territorial D.E.I.P DE BARRANQUILLA, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A).

6. Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A).

6. Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG y la entidad territorial D.E.I.P DE BARRANQUILLA de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Radicación No: 08001-33-33-014-2022-00155-01

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3.1.1 El demandante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes2:

3. Indica el actor que, por laborar como docente en los servicios educativos estatales al servicio de las entidades demandadas, al igual que la totalidad de los servidores públicos y privados, tiene derecho a que sus intereses a las cesantías sean consignados a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y sus cesantías sea canceladas hasta el día 15 de

y privados, tiene derecho a que sus intereses a las cesantías sean consignados a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y sus cesantías sea canceladas hasta el día 15 de febrero del año 2021.

4. Señaló que, la entidad territorial y el MEN, no procedieron dentro de la oportunidad, a hacer efectiva la consignación de los intereses a las cesantías, ni tampoco las cesantías que corresponde a su labor como servidor público del año 2020, ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA O EL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –y por tanto, se generó de manera independiente, las sanciones moratorias, desde el 1 de enero de 2021 para el caso de los intereses a las cesantías y a partir del 16 de febrero de la misma anualidad, para las cesantías que debían consignar las entidades dem andadas, como lo ordena la ley.

5. Solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de la s cesantías y sus intereses a la entidad nominadora , siendo resuelta negativamente mediante el acto administrativo identificado como BRQ2021EE028713 de fecha 14 de noviembre de 2021.

3.2. Posición de las demandadas:

3.2.1 El D.E.I.P de Barranquilla contestó la demanda 3, oponiéndose a las pretensiones con fundamento en que el ente territorial no ha amenazado y mucho menos violado derechos laborales de rango legal o constitucional de la accionante, especialmente por falta de legitimidad en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación, debido a que no le corresponde a es a entidad restituir un derecho que no ha

derechos laborales de rango legal o constitucional de la accionante, especialmente por falta de legitimidad en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación, debido a que no le corresponde a es a entidad restituir un derecho que no ha vulnerado.

3.2.2 El Ministerio de Educación, contestó la demanda4: se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que, i) los docentes se encuentran amparados en un régimen especial de prestaciones sociales Ley 91/89, por lo que resulta improcedente la aplicación de qué trata la Ley 50/90, ii) Precisó que las cesantías de docentes afiliados al FOMAG son prepagadas al fondo mediante descuento mensual en el presupuesto nacional de los recursos que van a ingresar de la Nación a las entidades territoriales, se garantizan con giro anual que hace el Ministerio de Hacienda que están en el FONPET perteneciente a cada entidad territorial al FOMAG, en consecuencia, las entidades territoriales no hacen depósito de recursos como la “consignación de cesantías”, únicamente desarrollan antes del 05 de febrero de la v igencia siguiente, la actividad operativa de “liquidación del valor de las cesantías”, debido a que los recursos ya se encuentran en el fondo.

3.3. Fallo de primera instancia

6. Mediante Sentencia de Catorce (14) de agosto de 20235, El Juzgado Once (14°) Administrativo Oral del Circui to de Barranquilla denegó las sú plicas de la demanda,

2 Folios 2 – 4, Archivo digital “01DemandayAnexos” 3 Archivo digital “06ContestaciónDistrito”. 4 Archivo digital “05ContestaciónFomag”

2 Folios 2 – 4, Archivo digital “01DemandayAnexos” 3 Archivo digital “06ContestaciónDistrito”. 4 Archivo digital “05ContestaciónFomag” 5 Archivo Digital “16SentenciaAnticipada”Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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argumentado que, no hay lugar al reconocimiento y pago de la sanción por mora, en razón a la inaplicabilidad de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a los docentes por encontrarse inmerso s en un régimen especial, que en materia de cesantías se diferencia sustancialmente, toda vez que el sistema anualizado obliga al empleador a la consignación de las cesantías en la cuenta individual del fondo privado del empleado con anterioridad al 15 de febrero de cada año.

3.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

7. La apoderada de la parte demandante manifiesta su inconformidad por lo resuelto en la sentencia de primera instancia, señalan do que , se desconoció los precedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que señalan

7. La apoderada de la parte demandante manifiesta su inconformidad por lo resuelto en la sentencia de primera instancia, señalan do que , se desconoció los precedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que señalan que los docentes son empleados públicos, y en tal virtud no existe razón para desconocer que son destinatarios de la Ley 50 de 1990 y por ende de la sanción que esta contempla.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

8. Agotadas las etapas procesales propias de esta instancia, sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Síntesis de la controversia y problema jurídico de instancia; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Metodología y estructura de la decisión; 5.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicables; 5.6. Caso concreto: análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo; y 5.7. Costas

5.1. Competencia

9. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, por disposición del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de apelaciones de Sentencias dictadas por jueces administrativos.

5.2. Problema jurídico de instancia

10. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos

5.2. Problema jurídico de instancia

10. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar si la parte demandante, en su calidad de docente del sector oficial, tiene derecho o no a que se le reconozca y pague la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantía y sus correspondientes intereses.

5.3. Tesis de la Sala

11. La Sala CONFIRMARÁ la sentencia ap elada, dado que en lo que respecta la sanción moratoria de que trata las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, dicha penalidad no es aplicable para el cuerpo docente del sector oficial, tal como lo concluyó el a quo.

5.4. Metodología y estructura de la decisión.

12. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará las normas y jurisprudencia aplicables (5.5) y, posteriormente, a partir de pruebas aportadas al proceso, examinará el caso concreto (5.6.)Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Demandante: Luis Alberto Paéz Cajamarca

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5.5 Marco normativo y jurisprudencial.

5.5.1. Régimen de cesantías aplicable a los docentes oficiales.

13. La Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 6 distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en la siguiente forma. “Artículo 1º. - Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”

14. En el parágrafo del artículo 2 ibídem se advirtió cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la Ley: “Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta

14. En el parágrafo del artículo 2 ibídem se advirtió cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la Ley: “Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se segu irán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975”.

15. En similar sentido, acerca del régimen prestacional de los docentes nacionalizados, nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, el artículo 15 dispuso: “Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las presta ciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

16. En lo que respecta a las cesantías, el numeral 3 de este mismo artículo señaló:

“3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año labor ado, sobre el último salario devengado, si no ha sido

6 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinc ulados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con

modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinc ulados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existente s al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

17. A su vez, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, dispuso: “Artículo 6º.- Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere

administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculacio nes será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fond o Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deban trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos. El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto -ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992. Las funciones de dirección del sistema de salud, se realizarán a través de las direcciones locales, distritales y secci onales según las competencias definidas en la presente ley. Las entidades prestadoras de servicios de salud, estarán dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, en concordancia con el parágrafo 1o. del artículo 19 de la Ley 10 de 1990, y se les aplicará el régimen de personal previsto en el artículo 26 de dicha ley. En virtud de las autorizaciones de la Ley 4a. de 1992 el CONPES social establecerá los reajustes salariales máximos que podrán decretar o convenir las entidades territoriales. Igualmente establecerá los parámetros de eficiencia técnica y administrativa que podrán considerarse para la expansión de las plantas de personal y los sistemas de control de gestión por parte de las entidadesTribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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territoriales, sin perjuicio d e su autonomía que al respecto consagra la Constitución Política. El Gobierno Nacional establecerá un programa de estímulos a la eficiencia técnica y administrativa de los sectores de salud y educación y se abstendrá de participar en programas de cofinanciación cuando las entidades territoriales de que trata la presente ley, no demuestren eficiencia o no efectúen la expansión racional de sus plantas de personal. (…)”

18. En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos sistemas para la liquidación y pago de las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.

19. Conforme lo anterior, se concluye que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

20. Se precisa entonces que, la Ley 60 de 1993, ordenó la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de todos los docentes territoriales, departamentales,

orden nacional.

20. Se precisa entonces que, la Ley 60 de 1993, ordenó la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de todos los docentes territoriales, departamentales, distritales y municipales respetando el régimen de prestaciones vigente en la respectiva entidad territorial.

21. Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG surgió con el Decreto 196 de 1995, que en el artículo 5.º determinó que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación, y conforme a lo previsto en el artículo 7 ibídem el reconocimiento de las cesantías y los intereses sobre las mismas, quedaba a cargo de la entidad territorial, cuando no se realizara dicho traslado.

22. De lo expuesto hasta aquí, para la Sala es evidente que el régimen de cesantías de los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, es el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

5.5.2. Unificación jurisprudencial respecto al tema de la aplicabilidad a los docentes al servicio del Estado de la sanción moratoria por falta de consignación de las cesantías anualizadas prevista en el artículo 99Numeral 3 de la Ley 50 de 1990, así como con relación a los intereses a las cesantías.

23. En reciente sentencia 7, el Consejo de Estado unificó aspectos relativos a si los docentes al servicio del Estado son destinatarios de la sanción moratoria contemplada en

como con relación a los intereses a las cesantías.

23. En reciente sentencia 7, el Consejo de Estado unificó aspectos relativos a si los docentes al servicio del Estado son destinatarios de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, concerniente a la consignación tardía del auxilio de las cesantías. Para ello, abordó la temática a partir de precisiones sobre la conceptualización del auxilio de cesantías, trayendo a colación la regulación expedida por la Organización Internacional del Trabajo sobre la materia, específicamente el convenio 44; precisando que, a grandes rasgos existen dos regímenes de cesant ías, lo s cuales encuentran su principal diferenciación en la forma de liquidación del auxilio (retroactivo y anualizado), pero que, no obstante, dentro del régimen anualizado coexisten subsistemas, como lo son, entre otros, el contemplado en la Ley 50 de 1990, Ley 432 de 1998 par