TA BOL-13001-33-33-012-2020-00153-01-(20-01-2021)

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No.003/2021

SALA DE DECISIÓN No.004

Cartagena de Indias D.T. y C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Acción IMPUGNACIÓN DE TUTELA Radicado 13-001-33-33-012-2020-00153-01

Accionante GERMÁN DUPERRET BELEÑO

Accionado COLPENSIONES Vinculados

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE

CARTAGENA, LAURA FERNANDA DUPERRET GÓMEZ y

LAURA CRISTINA DUPERRET GÓMEZ.

Tema Improcedencia de la acción de tutela para el pago de sentencias judiciales - No cumple con el requisito de la subsidiariedad, al existir otro medio de defensa judicial y no acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Magistrado Ponente MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ

II. PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala Fija de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar a resolver sobre la impugnación presentada por el accionante , contra la sentencia del 18 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante la cual se resolvió rechazar por improcedente , el amparo a los derechos fundamentales a la petición,

sentencia del 18 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante la cual se resolvió rechazar por improcedente , el amparo a los derechos fundamentales a la petición, seguridad social, mínimo vital y educación alegados por el actor.

III. ANTECEDENTES

3.1. Pretensiones.

En ej ercicio de la acción de tutela, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

“Este amparo constitucional tiene como alcance, en primera medida el restablecimiento de mi derecho fundamental de PETICIÓN vulnerado por la entidad accionada, al no emitir acto administrativo de fondo respecto a la solicitud radicada el 22 de agosto de 2019, identificada bajo el No 201911340878 con el objeto se emitiría información sobra la entrega de los dineros consolidados a favor de los beneficiarios.

En consecuencia COLPENSIONES ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, la entrega del título judic ial a mis mandantes en su calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de su señor padre GERMAN ENRIQUE DUPERRET (QEPD), reconocidos como tales por COLPENSIONES mediante las respectivas resoluciones, en el entendido, como se explicara a continu ación, que los créditos son productos derivados del proceso judicial adelantado por el señor DUPERRET y no corresponden al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, debido a que la liquidación del crédito se contabilizo hasta el 30 de13-001-33-33-012-2020-00153-01

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septiembre de 2012 y el pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 01 de octubre de 2012 tal y como consta en las mismas resoluciones proferida por COLPENSIONES, como es el caso de la resolución GNR 357803 del 26 de noviembre de 2016”.

3.2 Hechos.

La parte accionante desarrolló los argumentos fácticos, que se han de sintetizar así:

Manifiesta que, presentó petición ante Colpensiones solicitando lo siguiente: “solicito a COLPENSIONES con el objeto para dar por terminado el proceso ejecutivo, señalar que la entrega del pago de la suma de $82.278.557 derivados de los procesos, deben realizarse a favor de los señores LAURA FERNANDA DUPERRET GOMEZ, LAURA CRISTINA DUPERRET GOMEZ y GERMAN ENRIQUE DUPERRET BELEÑO en la proporción de 33%, como únicos beneficiarios d e la prestación económica de su señor padre GERMAN ENRIQUE DUPERRET, dentro de las actuaciones del proceso judicial y no en otro escenario, tal y como lo ha indicado COLPENSIONES en las citadas resoluciones proferidas”.

La anterior petición, alega estuvo motivada porque, mediante la Resolución No. 15460 del 12 de diciembre de 2007 el ISS reconoció pensión de vejez al señor German Enrique D uperret (padre del accionante), quien en su momento

La anterior petición, alega estuvo motivada porque, mediante la Resolución No. 15460 del 12 de diciembre de 2007 el ISS reconoció pensión de vejez al señor German Enrique D uperret (padre del accionante), quien en su momento interpuso demanda en contra del I.S.S. con el objeto de que se r eliquidara su pensión de vejez, la cual fue conocida por el Juzgado Cuarto Laboral bajo el radicado 507 de 2009, la cual accedió a las pretensiones a través de la sentencia del 16 de diciembre de 2010, la cual fue modificada en segunda instancia señalando la reliquidación de la pensión de vejez con una mesada pensional igual a $ 5.066.344 a partir de febrero de 2007, más el pago del retroactivo causado de las diferencias de las mesadas.

El 24 de agosto de 2012, el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago, por lo que el 3 de octubre de 2012 el demandante presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante auto del 21 de noviembre de 2012, discriminado de la siguiente manera:

“1) Mesadas pensionales retroactivas desde el 01 de febrero de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2012 por la suma de $396.762.211. 2) Agencias en derecho por la suma de $5.667.000 3) Intereses moratorios desde el 30 de junio de 2012 hasta el 30 de septie mbre de 2012 por la suma de $ 34.811.295”.

Por un auto d el 21 de noviembre de 2012 se aprobó la liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte demandante, señalándose en el

de 2012 por la suma de $ 34.811.295”.

Por un auto d el 21 de noviembre de 2012 se aprobó la liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte demandante, señalándose en el mismo auto , el 10% de agencias de derecho, resultando una liquida ción de costas por la suma de $43.724.050. Así, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito13-001-33-33-012-2020-00153-01

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mediante auto del 31 de enero de 2013, ordenó la entrega del depósito judicial No. 412070001338266 por valor de $398.686.000, restando un saldo a favor del demandante por la suma de $82.278.557.

Con ocasión del fallecimiento del señor German Duperret el 3 de abril de 2011, el ISS – hoy Colpensiones, mediante la Resolución No. 1551 del 17 de febrero de 2012, reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de sus hijos Laura Cristina Duperret Gómez, y German Enrique Duperret Beleño, en calidad de beneficiarios de la prestación económica.

Colpensiones mediante Resolución No. GNR 4 11263 del 26 de noviembre de 2014, resuelve el acrecimiento pensional, reliquida post mortem la pensión de vejez y reliquida la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte del señor

Colpensiones mediante Resolución No. GNR 4 11263 del 26 de noviembre de 2014, resuelve el acrecimiento pensional, reliquida post mortem la pensión de vejez y reliquida la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte del señor GERMAN ENRIQUE DUPERRET, determinando que de la suma reconocida en e l proceso judicial fueron cancelados a través del título judicial No . 412070001338226 del 22/01/2013 por valor de $398.686.000, QUEDANDO UN

SALDO POR CANCELAR DE $82.278.557.

Posteriormente, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dio por terminado el proceso aduciendo que la muerte del señor German Duperret era la fecha límite del pago de las mesadas dentro del proceso ordinario, y lo concerniente a los sobrevivientes no eran objeto de debate, por lo cual era necesario requerir a Colpensiones para efectos de reconocimiento de los beneficiarios de los dineros, expresando en tal sentido “De la anterior circunstancia ha de librarse oficio con destino a la entidad Colpensiones, efectos que desarrolle las actuaciones pertinentes frente a reconocimiento de derec hos de eventuales beneficiarios de quien aquí fungió como demandante”.

A la fecha, COLPENSIONES no ha dado respuesta de fondo a la petición formulada, cuya solicitud consist e en la entrega de la suma de $ 82.278.557, claramente consolidados en el proceso o rdinario, siendo beneficiario el señor GERMAN DUPERRET de los valores adeudados.

Indica el accionante que es estudiante de una carrera universitaria en la Corporación Tecnológica de Comfenalco, y requiere forzosamente los recursos provenientes de las mesa das pensionales derivada de la prestación

GERMAN DUPERRET de los valores adeudados.

Indica el accionante que es estudiante de una carrera universitaria en la Corporación Tecnológica de Comfenalco, y requiere forzosamente los recursos provenientes de las mesa das pensionales derivada de la prestación económica de sobreviviente, en tal sentido, los valores pendientes por entregar dentro del proceso ordinario adelantado por su padre son recursos necesarios para sufragar cada uno de los gastos derivados de los est udios, como matricula, manutención, sostenimiento, entre otros.13-001-33-33-012-2020-00153-01

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3.3 CONTESTACIÓN.

3.3.1 Colpensiones1

La accionada presenta su informe sobre los hechos objeto de esta acción constitucional, señalando que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela será improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, en consecuencia, las controversias que se presentan dentro del marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras deberán ser conocidas por la jurisdicción ordinaria laboral.

Señala que, tutela es un medio subsidiario, residual y cautelar que no puede remplazar los mecanismos judiciales ordinarios, al respecto la Corte Constitucional prevé la protección transitoria por vía de tutela en caso de

Señala que, tutela es un medio subsidiario, residual y cautelar que no puede remplazar los mecanismos judiciales ordinarios, al respecto la Corte Constitucional prevé la protección transitoria por vía de tutela en caso de encontrarse frente a la posibilidad de un perjuicio irremediable, cosa que no ocurre en el caso del señor German Enrique Duperret Beleño, ya que esta protección excepcional condiciona su procedencia a los siguientes requisitos:

a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga su decisión de no reconocer el derecho.

b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario.

c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la subsistencia en condiciones d ignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso.

d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la a cción de tutela es o no procedente como mecanismo transitorio, no resulta suficiente invocar fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el asun to adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la competencia del juez de tutela. (Resaltado y negrillas por la entidad accionada).

condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el asun to adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la competencia del juez de tutela. (Resaltado y negrillas por la entidad accionada).

De acuerdo a lo anterior, no sería el Juez Constitucional el competente para realizar el análisis de fondo de las pretensiones que el accionante quiere que le sean reconocidas.

En un segundo informe presentado por Colpensiones2, indican que de acuerdo al sistema de informac ión de esa entidad, se corroboró que la petición

1 Fol. 40-46 y 61-64 2 Fols. 60-6413-001-33-33-012-2020-00153-01

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presentada por el actor se respondió de fondo, de manera clara y congruente con lo solicitado, de esto da cuenta la Resolución SUB 93349 del 16 de abril del 2020, notificado en debida forma como se evidencia en los anexos.

Así las cosas, aduce que Colpensiones no ha transgredido ninguno de los derechos fundamentales del accionante, por lo que la presente acción resulta improcedente y al haberse satisfecha por parte de la entidad lo pretendido por el actor, el amparo constitucional ha perdido su razón de ser, y por esto, debe declararse la carecía actual de objeto por hecho superado.

3.3.2 Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena3

el actor, el amparo constitucional ha perdido su razón de ser, y por esto, debe declararse la carecía actual de objeto por hecho superado.

3.3.2 Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena3

Manifiesta el juzgado que , el proceso al cual se refiere la parte actora en su escrito tutelar identificado con el Radicado No. 13001310500420090050900, actualmente se encuentra en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para surtirse la apelación de auto, enviado en junio de 2019.

Respecto de la solicitud de título judicial, informa que a la fecha no se evidencia la existencia de título judicial pendiente para ser cancelado, así mismo anexan constancia del título judicial No. 412070001338266 que fue pagado el día 05 de febrero de 2013.

3.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena en sentencia del 18 de noviembre de 2020 resolvió:

“PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor GERMAN ENRIQUE DUPERRET BELEÑO , actuando en nombre propio, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído”.

El Juez de Primera I nstancia, precisó que, en el sub examine, se está frente a una solicitud de cumplimiento de sentencia judicial, lo cual, en principio, no es procedente a través de este medio judicial, pues para ello, la jurisdicción ordinaria, ha dispuestos los medios judiciales, necesarios y eficaces para el cumplimiento de lo pretendido por el accionante.

procedente a través de este medio judicial, pues para ello, la jurisdicción ordinaria, ha dispuestos los medios judiciales, necesarios y eficaces para el cumplimiento de lo pretendido por el accionante.

Del mismo modo señalo, que la Corte Constitucional, se ha negado a declarar la procedencia de la acción de tutela en los eventos que el actor pretende: i) el pago de las indemnizaciones ordenadas por la autoridad judicial, ii) la

3 Fol. 49-57 4 Fol. 79-9613-001-33-33-012-2020-00153-01

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entrega de intereses moratorios reconocidos judicialmente, iii) la cance lación de los salarios dejados de percibir y iv) sumas debidas a raíz del reajuste pensional.

También se pronunció el A quo, indicando que, al tratarse de un reajuste pensional, se hace más estricto el estudio de procedencia de esta acción constitucional, pues ha sido enfática la negativa a declarar la procedencia de la acción de tutela en los casos de reajustes pensionales, tal y como se señaló en precedencia.

Adujo que, contra la providencia que dio por terminado el proceso proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, se presentó recurso de apelación, el cual se encuentra surtiendo su trámite ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Laboral, ta l como lo indicó en su

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, se presentó recurso de apelación, el cual se encuentra surtiendo su trámite ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Laboral, ta l como lo indicó en su informe el Juzgado vinculado.

Por otro lado, indicó que, no existen pruebas dentro del presente expediente que permitan establecer afectación cualificada de los derechos al mínimo vital, seguridad social y educación del actor, que l o releva de acudir a la jurisdicción ordinaria; cuando en el texto de la Resolución No. SUB 93349 del 16 de abril de 2020 se menciona que al accionante German Enrique Duperret, se le reconoció pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 50% en cuantía de millón setecientos treinta y un setecientos setenta y tres pesos. ($1,731,773), a partir del 01 de diciembre de 2014 , motivo por el cual procedió a declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, pues es claro que la solicitud presenta da ante Colpensiones, va encaminada al pago de una sentencia judicial, tal y como lo manifiesta en el acápite de “Hechos” de la solicitud de tutela, proferidas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Laboral.

Concluyó que, atendiendo el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio esta no es procedente para reclamar el pago de obligaciones de dar, especialmente de contenido económico, pues para el efecto, él demandante cuenta con el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria laboral.

3.5. IMPUGNACIÓN5

obligaciones de dar, especialmente de contenido económico, pues para el efecto, él demandante cuenta con el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria laboral.

3.5. IMPUGNACIÓN5

En el escrito de impugnación, GERMAN ENRIQUE DUPERRET BELEÑO, solicita revocar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Doce

5 Fol. 99-10013-001-33-33-012-2020-00153-01

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Administrativo del Circuito de Cartagena del 18 de noviembre de 2020, sin profundizar en la argumentación, esgrimiendo que se reserva el derecho para sustentar la impugnación una vez fuera remitido a esta Corporación.

3.6. ACTUACIÓN PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto de fecha 25 de noviembre de 2020 6, proferido por el Juzgado de primera instancia , concedió la impugnación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia, siendo asignado el conocimiento del mismo a este Tribunal, de conformidad con el reparto efectuad o el día 1 de diciembre de 20207 y siendo admitida por auto del 1 de diciembre de la misma anualidad8.

IV. -CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente se observa, que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la alzada.

Revisado el expediente se observa, que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la alzada.

V.- CONSIDERACIONES

5.1 Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela en SEGUNDA INSTANCIA, según lo establecido por artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5.2 Problema jurídico

De conformidad con los argumentos de la impugnación, considera la Sala que se debe determinar sí:

¿Resulta procedente utilizar la acción de tutela como mecanismo para lograr el cumplimiento de sentencia judicial?

Establecido lo anterior, permitirá a esta Sala examinar si:

¿Vulneró COLPENSIONES los derechos fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital y educación, del accionante, al no cancelar lo adeudado por concepto de la suma reconocida dentro del proceso ordinario tramitado ante la jurisdicción laboral?

6 Fol. 101 7 Fol. 105 8 Fols. 106-10713-001-33-33-012-2020-00153-01

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5.3 Tesis de la Sala

La Sala confirmará el fallo de primera instancia en razón a que , la presente acción de tutela es improcedente para solicitar el pago de una sentencia

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5.3 Tesis de la Sala

La Sala confirmará el fallo de primera instancia en razón a que , la presente acción de tutela es improcedente para solicitar el pago de una sentencia judicial, además dicho proceso se encuentra en apelación ante una autoridad judicial, por lo que no se cumple con el principio de subsidiariedad.

Por otro parte, d e las pruebas obrantes no se demostró que el accionante se encuentre en una condición de vulnerabilidad.

5.4 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Para resolver los problemas jurídicos planteados abordaremos el siguiente hilo conductor: i) General idades de la acción de tutela; ii) Subsidiariedad de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de providencias judiciales ; iv) Caso concreto.

5.4.1 Generalidades de la acción de tutela.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección d e los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares.

Se trata entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores exigencias de índole formal y con la certeza de que obtendrá oportuna resolución a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que en su caso, consideradas sus circunstancias específicas

posibilidad de acudir sin mayores exigencias de índole formal y con la certeza de que obtendrá oportuna resolución a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus dere chos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Constitucional.

Sin embargo, no debe perderse de vista que esta acción es de carácter residual y subsidiario; es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que le permita al actor solicitar, ante los jueces ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el cual debe ap arecer acreditado en el proceso, o en su lugar la persona que requiere la intervención del juez13-001-33-33-012-2020-00153-01

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constitucional se encuentre en una posición de indefensión que no le permita acudir a la vía ordinaria.

Al respecto, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 de la Constitución, prevé que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio

de la Constitución, prevé que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable. En ese sentido, el análisis de procedencia de la acción de tutela exige del juez constitucional la verificación de la inexistencia de otro medio de defensa judicial.

5.4.2 Subsidiariedad de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de providencias judiciales.

En un fallo similar a este, la H. Corte Constitucional, al estudiar el punto de la subsidiaridad, establece las reglas para los eventos en los que se pretende el cumplimiento de una sentencia judicial que ordena el reconocimiento y pago de una pensión g racia; dicho Tribunal, en su jurisprudencia ha sentado que la tutela es procedente cuando se trata de obligaciones de hacer, pero por regla general, cuando se trata de obligaciones de dar, como es el pago de sumas de dinero, la misma se torna improcedente, puesto que existe otra vía legal para actuar, como es el proceso ejecutivo, a menos que, el accionante demuestre que esta es la vía más expedita para que no se le siga vulnerando su derecho al mínimo vital y seguridad social, dada su condición de sujeto d e especial protección por la edad. Al respecto, el Máximo Tribunal expuso9: 4.2.1 Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha sostenido, de manera consistente, que i) la acción de tutela es improcedente cuando el ordenamiento jurídico establezca un mecanismo judicial ordinario que le permita al actor reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

esta Corporación ha sostenido, de manera consistente, que i) la acción de tutela es improcedente cuando el ordenamiento jurídico establezca un mecanismo judicial ordinario que le permita al actor reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, con base en el mismo Texto Constitucional, se ha considerado que la tutela procede excepcionalmente cuando ii) la vía ordinaria no asegure una respuesta idónea ni eficaz, de cara a las circunstancias particulares en que se encuentra el accionante o, precisamente por tales condiciones, iii) éste demande la tutela de sus derechos fundamentales para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 4.2.2 Bajo esta pauta jurisprudencial, debería entenderse que, en principio, cualquier pretensión relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá que declararse improcedente por parte del juez constitucional, pues la persona que estime afectados sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 422 al

9 T - 261 de 201813-001-33-33-012-2020-00153-01

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445 del Código General del Proceso, como en el artículo 297 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A través de este mecanismo ordinario, la persona está facultada para reclamar el cumplimiento de cualquier obligación que emane de una providencia judicial, siempre

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A través de este mecanismo ordinario, la persona está facultada para reclamar el cumplimiento de cualquier obligación que emane de una providencia judicial, siempre que la condena se extraiga con claridad de las órdenes y la misma sea exigible frente a un particular o la autoridad pública responsable de la ejecución. Por lo que esta vía tendría prevalencia judicial y, por en de, al juez de tutela no le queda otra opción que declararse incompetente. 4.2.3 Sin embargo, en oportunidades anteriores, cuando a la Corte Constitucional le ha correspondido analizar este escenario jurídico en particular, ha considerado la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de una providencia judicial, circunstancia que ha dependido, fundamentalmente, del tipo de obligación que el actor reclama, su repercusión en el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados judicialmente y, por consiguiente, la posibilidad de hacerlos exigibles a través del proceso ejecutivo. 4.2.4 Por ello, en desarrollo de esta línea, la Corte ha distinguido entre obligaciones de hacer y de dar. Esta distinción no constituye una simpl e aclaración de la Corte o un criterio eventual para el juicio de procedibilidad, sino que se instituye como un límite a la actuación de juez constitucional, que deberá ceñirse a determinar la idoneidad y eficacia del medio ordinario, a partir del tipo de obligación que se exige constitucionalmente. 4.2.5 De esta manera, el Tribunal se ha encargado de desarrollar el alcance de las obligaciones de hacer, sosteniendo que es preciso sopesar la idoneidad del medio ordinario. Es decir, valorar la capacidad que r ealmente tiene el juez ordinario para

4.2.5 De esta manera, el Tribunal se ha encargado de desarrollar el alcance de las obligaciones de hacer, sosteniendo que es preciso sopesar la idoneidad del medio ordinario. Es decir, valorar la capacidad que r ealmente tiene el juez ordinario para exigirle a la parte vencida el desarrollo de una conducta específica ordenada judicialmente. Ello, por cuanto el proceso ejecutivo no propicia las mismas garantías respecto de esta clase de obligaciones que frente a otro tipo de condenas, como serían las monetarias. Ante esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela resulta procedente para exigir el acatamiento de obligaciones de hacer, en los casos que se solicita, por ejem plo: i) el reintegro del actor al cargo público que venía desempeñando10, ii) la nivelación a un puesto equivalente o superior al momento del retiro injustificado11 o, iii) el respeto de los derechos laborales fijados en un convención colectiva, que se decidió judicialmente su vigencia12. 4.2.6 Contrario a lo anterior, la Corte ha puntualizado que el proceso ejecutivo sí constituye el mecanismo idóneo para reclamar obligaciones de dar, especialmente las de contenido económico, pues su naturaleza coactiva y el conjunto de medidas fijadas en la legislación, aseguran el cumplimiento de este tipo de condenas, ya sea a cargo del demandado, a expensas de otro e, inclusive, por medio del secuestro y entrega de bienes. Por ello, esta Corporación se ha negado a declarar la procedencia de la acción de tutela en los eventos que el acto