TA BOL-13001233300020190019200-(31-03-2022)

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Código: FCA - 008 Versión: 03 Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SALA DE DECISIÓN No. 005

SENTENCIA No. 012/2022

Cartagena de Indias D. T. y C, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022).

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 13001-23-33-000-2019-00-192-00 Demandante Adalgiza Del Carmen Romero De Herrera Demandado Nación – Ministerio de Educación – FOMAG Magistrado Ponente Edgar Alexi Vásquez Contreras Asunto Improcedencia de la sanción moratoria por el pago tardío en la reliquidación de cesantías

II.- PRONUNCIAMIENTO Procede esta Corporación emitir fallo de primera instancia dentro del proceso de la referencia. III.- ANTECEDENTES 3.1. LA DEMANDA (fs. 1 - 8). a) Pretensiones La Señora Adalgiza d el Carmen Romero de Herrera, presentó demanda mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del C.P.A.C.A., contra la NaciónMinisterio de educación Nacional - FOMAG, en la que solicitó las siguientes declaraciones y condenas: “1. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se que se

contra la NaciónMinisterio de educación Nacional - FOMAG, en la que solicitó las siguientes declaraciones y condenas: “1. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se que se generó con ocasión de las pretensiones 2 y 4 de la petición radicada ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR el día 11 de junio del 2018 bajo el No 5808863 y que hasta la fecha no han contestado de fondo.

2. Que como consecuencia de la pretensión 1, a título de restablecimiento del derecho solicito se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dictar una nueva Resolución, en la que se le reconozca y pague a mi mandante … la sanción o indemnización moratoria por no haber incluido la prima de servicios en sus cesantías definitivas.

3. que como consecuencia de las pretensiones 1 y 2 , a título de restablecimiento del derecho solicito se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se le pague a la señora Adalgiza Del Carmen Romero De Herrera la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHETA Y OCHO PESOS ($78.553.188) correspondiente a la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el no pago oportuno y completo de las cesantías definitivas; habida cuenta que a la fecha han trascurrido, 781 días de retardo, desde que se hizo exigible la sanción.13001-23-33-000-2019-00192-00

habida cuenta que a la fecha han trascurrido, 781 días de retardo, desde que se hizo exigible la sanción.13001-23-33-000-2019-00192-00

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4. Que se ordene, por parte de su señoría a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE MAGISTERIO, dar cumplimiento a la sentencia en los términos que prescriben los artículos 187-195 de código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, e imputar primero a intereses todo pago que se haga.

5. Que se condene en costas a la parte demandada.” b) Hechos.

Para sustentar sus pretensiones la demandante afirmó, en resumen, lo siguiente:

Se desempeñó como docente de la Institución Educativa Sede Costurero -1 Pro Niño Pobre en el Municipio de Arjona, Bolívar por más de 38 años.

Mediante la Resolución 2631 de 30 de agosto de 2016, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció sus cesantías definitivas, sin embargo, no tuvo en cuenta al momento de realizar la liquidación la prima especial de servicios como factor salarial.

El acto administrativo contenido en la Resolución 2631 de 30 de agosto de 2016

Sociales del Magisterio reconoció sus cesantías definitivas, sin embargo, no tuvo en cuenta al momento de realizar la liquidación la prima especial de servicios como factor salarial.

El acto administrativo contenido en la Resolución 2631 de 30 de agosto de 2016 quedo en firme el 16 de septiembre de 2016 y a partir del 30 de agosto de 2016 empezó a correr la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías debido a que en esta última no incluyeron la prima de servicio como factor salarial al momento de liquidar esta prestación laboral.

De conformidad con el certificado de sueldo durante el periodo comprendido dentro de marzo de 2015 y marzo de 2016 percibió dentro de sus factores salariales: asignación básica, prima de alimentación, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones docente.

El d ía 11 de junio del 2018 presentó petición en la Secretaria de Educación Departamental de Bolívar, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima de serv icios para liquidar las cesantías, así como la sanción moratoria por el retardo en el pago completo de sus cesantías al omitir la inclusión de este concepto salarial.

El 23 de agosto del 2018, se le notificó la Resolución 3152 del 9 de agosto del 2018 por la cual se reconoce y ordena el pago de un ajuste -cesantía definitiva en su favor; no obstante, no se reconoce la sanción solicitada.

c) Normas violadas y concepto de violación.

La demandante afirmó que el acto acusado vulnera las Leyes 6 de 1945, 65 de

favor; no obstante, no se reconoce la sanción solicitada.

c) Normas violadas y concepto de violación.

La demandante afirmó que el acto acusado vulnera las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 244 de 1995 y1071 del 2006 y los Decretos 1160 de 1947, 1045 de 1978 y 1545 del 2013.13001-23-33-000-2019-00192-00

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Como concepto de la violación sostuvo que la Resolución 2631 de 30 de agosto de 2016, fue expedida con violación de las normas en que debía fundarse, puesto que omitió el reconocimiento de la sanción moratoria, pese a haberse liquidado las cesantías definitivas de forma incompleta.

Sostuvo que, radicada la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, la entidad demandada contaba con un plazo de 70 días para efectuar el pago correspondiente, sin embargo, el pago de la prima de servicios como factor salarial para liquidar las cesantías definitivas se realizó el 9 de agosto del 2018, razón por la cual le asiste derecho al reconocimiento de la sanción moratoria.

Citó la sentencia de 14 de diciembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo d e Estado, mediante la cual dicha Corporación se

moratoria.

Citó la sentencia de 14 de diciembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo d e Estado, mediante la cual dicha Corporación se pronunció sobre la compatibilidad de la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006 con la aplicación del régimen especial para el reconocimiento de las cesantías del personal docente.

3.2. Trámite

La demanda fue inadmitida mediante providencia de 18 de junio de 2019 (fs. 3031); subsanada la demanda por la parte accionante , mediante auto del 05 de agosto de 2019, se admitió la demanda (f. 36), mediante auto de 9 de diciembre de 2020 se resolvieron las excepciones presentadas por la demandada (fs. 71-72); a través de auto de 25 de febrero de 2022 se incorporaron las pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar (f. 74).

3.3. Contestación de la demanda

3.3.1. La Fiduciaria la Previsora S.A. en su calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (fs.48-54) rindió informe en el que expresó lo siguiente:

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y señaló que no es procedente ordenar el ajuste de sanción moratoria a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.

Agregó que la sanción moratoria en materia de cesantías consiste en aquella penalidad que se impone cuando la entidad pública pagadora omite efectuar

contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.

Agregó que la sanción moratoria en materia de cesantías consiste en aquella penalidad que se impone cuando la entidad pública pagadora omite efectuar el desembolso del auxilio de las cesantías solicitado por el trabajador en el plazo máximo previsto en la ley para tal efecto.

En lo relativo al término para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías se advierte que en el artículo 4 º de la Ley 107113001-23-33-000-2019-00192-00

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de 2006 por la cual se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públi cos, se establece sanciones y se fijan términos para su cancelación.

Agregó que la Ley 1071 de 2006 no consagra la obligación de pagar sanción moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de las mismas, sino por el pago inoportuno de las cesantías, bien sea parciales o definitivas.

Aunado a lo anterior, es evidente que esta figur a pertenece al derecho sancionatorio, el cual prevé que las sanciones no se pueden aplicar por analogía ni por vía de interpretación, sino que tienen que estar expresamente previstas en la Ley aplicable.

3.4. Alegatos

sancionatorio, el cual prevé que las sanciones no se pueden aplicar por analogía ni por vía de interpretación, sino que tienen que estar expresamente previstas en la Ley aplicable.

3.4. Alegatos

a) La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

b) La parte demandada, Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante memorial del 03 de marzo del 2021 sostuvo que, respecto de la naturaleza jurídica del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se trata de una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos administrados por una sociedad de economía mixta , vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Adujo que los actos administrativos acusados se profirieron en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables al caso de la demandante, sin que se encuentre vicio de nulidad alguno.

Afirmó que el Consejo de Estado en reiteradas providencias se ha pronunciado sobre la improcedencia de la sanción moratoria por el pago tardío del reajuste de cesantías, ya que la penalidad procede frente al reconocimiento y pago tardío de la prestación inicial, no frente al pago tardío de los ajustes realizados a la liquidación de las cesantías ; para sustentar su afirmación citó la sentencia de 13 de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

c) El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD Agotadas las etapas procesales propias de la instancia, sin que se adviertan

c) El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD Agotadas las etapas procesales propias de la instancia, sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, procede el Tribunal a realizar el estudio de las diversas piezas del expediente para adoptar la decisión que en derecho corresponda.13001-23-33-000-2019-00192-00

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia. Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en primera instancia, por disposición del artículo 152-2 del CPACA.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar de conformidad con las Leyes 244/95 y 1071/06 y con las pruebas allegadas al proceso, si la demandante tiene derecho o no al reconocimiento de la sanción por mora que reclama, por no habérsele incluido la prima de servicios en la liquidación de sus cesantías definitivas.

5.3. Tesis de la Sala.

La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por no haberse incluido la prima de servicios en la liquidación de sus cesantías definitivas, toda vez que, dicha sanción solo fue contemplada para los casos de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, pero no en caso de mora en

no haberse incluido la prima de servicios en la liquidación de sus cesantías definitivas, toda vez que, dicha sanción solo fue contemplada para los casos de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, pero no en caso de mora en la reliquidación de las cesantías.

5.4. Marco normativo y jurisprudencial.

5.5.1. De la sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales o definitivas en favor de docentes.

La sanción moratoria se encuentra prevista en la Ley 244 de 1995, la cual en su artículo 1 prescribe, que los servidores públicos de todos los órdenes, pueden solicitar las cesantías ante la entidad patronal, a quien le asiste la obligación de expedir la Resolución correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, si reúne los requisitos determinados por la Ley. Cuando la solicitud está incompleta se debe informar al solicitante dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recibo, señalándole de manera expresa los requisitos faltantes, y una vez aportados, esa solicitud se debe resolver dentro de los 15 días hábiles siguientes.

De igual forma, preceptuó en su artículo 2º que la entidad tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo.

En el parágrafo del citado articulado, se señaló que, en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad incumplida debe reconocer y cancelar

día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo.

En el parágrafo del citado articulado, se señaló que, en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad incumplida debe reconocer y cancelar al beneficiario un día de salario por cada día de reta rdo hasta que su pago se13001-23-33-000-2019-00192-00

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haga efectivo, para lo cual solo basta la acreditación de la no cancelación dentro del término legal previsto. Cabe señalar que la citada norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.

Sobre la interpretación de estas normas, el H. Consejo de Estado, en sentencia de la Sala Plena de fecha 27 de marzo de 2007, expediente No. 2777 -2004, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, se llegó a las siguientes conclusiones relevantes:

"(...) 5.3. Formulación de las distintas hip ótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas. (…) Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la exis tencia de un conflicto, así: 5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías.

petición del interesado, que pueden dar lugar a la exis tencia de un conflicto, así: 5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías. 5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 5.3.3. Lo administración efectúa el reconocimiento de las cesantías. En este caso pueden ocurrir varias posibilidades: 5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga. 5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. 5.3.3.3. Los reconoce extemporáneamente y no las paga. 5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente. 5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.

En las situaciones aludidas que impliquen discu sión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.

En ese orden de ideas, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa1 establece que, de conformidad con la regla jurisprudencial fijada por la Sección Segunda de dicha Corporación, la sanción moratoria es exigible de acuerdo a distintas hipótesis que se pueden a preciar en el siguiente cuadro que se transcribe:

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de fecha 18 de

de acuerdo a distintas hipótesis que se pueden a preciar en el siguiente cuadro que se transcribe:

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de fecha 18 de julio de 2018. Radicado No. 73001233300020140058001 (4961-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.13001-23-33-000-2019-00192-00

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Como se aprecia del anterior cuadro, en las hipótesis planteadas los términos inician a corren desde la petición o solicitud del reconocimiento de las cesantías o bien desde que exista el acto escrito que resuelve sobre el reconocimiento de las cesantías. Es decir, en ninguna de las hipótesis analizadas por esa Alta Corporación, se contempló la posibilidad que corriera la sanción moratoria en los casos en que se hayan reconocido y pagado las cesantías y posteriormente se ajuste el valor liquidado por algún error en la liquidación.

Ahora bien, se debe precisar que la Ley 91 de 1989, modificada por el Decreto 2831 de 2005, norma que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma especial reguló lo atinente al reconocimiento y pago de las cesantías del sector docente, en la cual no se contempló la figura de la sanción por mora, situación que ha generado controversias y posiciones encontradas al

Magisterio, en forma especial reguló lo atinente al reconocimiento y pago de las cesantías del sector docente, en la cual no se contempló la figura de la sanción por mora, situación que ha generado controversias y posiciones encontradas al respecto.

No obstante, el H. Consejo de Estado 2, en proveído cuyos fundamentos se comparten, ha reconocido la aplicación de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector públicos 3, siendo esta posición, a criterio de esta Sala de Decisión, la que mejor responde al principio de favorabilidad que debe primar en materia laboral y al de igualdad material de los docentes frente a los otros servidores públicos que sí se ven cobijados por dicha prerrogativa.

Así las cosas, ha de concluir la Sala que para el caso de los docentes del sector público también resulta aplicable la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

2 Consejo de EstadoSección Segunda del Consejo de Estado Sección Segunda Subsección "B". M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicación No. 23001 -23-31-000-2004-00069-02(0859-08). actor: Hugo Carlos Pretelt Naranjo. sentencio del 21 de mayo de 2009.

3 CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO-SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN 13 -Consejera

ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELE-Bogotá, D.C. veintidós (22) de enero de dos mil quince12015)-Radicación número: 73001-2331-000-2013-00192-01(0271-14J-Actor: YANETH LUCIA GUTIERRI2 GUTIÉRREZ-Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

(TOLIMA)-Referencia: AUTORIDADES NACIONALES - LEY 1437 DE 2011.13001-23-33-000-2019-00192-00

Código: FCA - 008 Versión: 03 Fecha: 03-03-2020

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5.5. Caso concreto.

5.5.1. Pruebas relevantes para decidir.

• Resolución 3152 de 9 de agosto de 2018, por medio de la cual la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, reconoce y ordena el pago de ajuste cesantía definitiva a favor de la demandante (fs.11 – 12).

• Constancia de pago de 19 de octubre del 2018 del Banco BBVA, por valor de cuatro millones noventa mil quinientos cuarenta y ocho pesos $ 4.090.548. (f. 13)

• Petición radicada el 11 de junio de 2018, por medio de la cual la demandante solicitó el reconocimiento de la prima de servicios como factor salarial para

• Petición radicada el 11 de junio de 2018, por medio de la cual la demandante solicitó el reconocimiento de la prima de servicios como factor salarial para liquidar sus cesantías definitivas y el pago de la sanción moratoria por reconocer de forma incompleta sus cesantías definitivas (fs. 14 – 17).

• Resolución 2631 de 30 de agosto del 2016, a través de la cual la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva a favor de la demandante (fs. 18-19).

5.5.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico.

La señora Adalgiza del Carmen Romero de Herrera solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificad a por la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 2631 de 30 de agosto del 2016 se reconoció el pago de sus cesantías definitivas sin incluir en la liquidación de las mismas la prima de servicios como factor salarial.

De las pruebas aportadas se tiene que a la demandante a través de la Resolución 2631 del 30 de agosto del 2016 se le reconoció el pago de sus cesantías definitivas ; sin embargo, la entidad demandada omitió incluir en la liquidación de las cesantías la prima de servicios que recibía la accionante como factor salarial.

Por lo anterior, el 11 de junio de 2018 solicitó la revisión de sus cesantías definitivas a fin de incluir la prima de servicios en la liquidación de las mismas y el reconocimiento de la sanción moratoria por no incluir dicho emolumento; dicha

Por lo anterior, el 11 de junio de 2018 solicitó la revisión de sus cesantías definitivas a fin de incluir la prima de servicios en la liquidación de las mismas y el reconocimiento de la sanción moratoria por no incluir dicho emolumento; dicha petición se resolvió mediante la Resolución 3152 de 9 de agosto de 2018 , expedida por la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, por medio de la cual se reconoció el ajuste solicitado y se ordenó el pago adeudado por concepto de prima de servicios.

Sobre la procedencia de la sanción moratoria por errore s en la liquidación de cesantías, el Consejo de Estado en sentencia de 31 de octubre de 2019, manifestó lo siguiente:13001-23-33-000-2019-00192-00

Código: FCA - 008 Versión: 03 Fecha: 03-03-2020

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“Ha de entenderse que la sanción moratoria estatuida en esta disposición es contra el empleador moroso y en beneficio del trabajador o empleado, puesto que el auxilio de cesantías debe ser recibido de manera oportuna en el momento que se necesita. Por ello, el legislador estableció una severa sanción de un día de salario por cada uno de retardo hasta que se haga efectivo su pago.

Sin embargo, en el presente asunto, la entidad accionada, según se colige de las pruebas recaudadas y de los razonamientos expuestos en el proceso, pagó

de un día de salario por cada uno de retardo hasta que se haga efectivo su pago.

Sin embargo, en el presente asunto, la entidad accionada, según se colige de las pruebas recaudadas y de los razonamientos expuestos en el proceso, pagó de manera oportuna el auxilio de cesantía correspondiente al 2003, pero sin incluir el sobresueldo recibido por el demandante durante su vinculación laboral, lo cual ocasionó una diferencia de $432.056 en el monto total. Esta divergencia no es motivo para que se imponga la sanción antes referida, puesto que lo se castiga no es el error en que se incurrió en la liquidación, sino el retraso del pago en su oportunidad legal.” (Negrilla fuera de texto).4

La misma Corporación explicó los límites y naturaleza de la sanción moratoria, así:

“Así, debido a la naturaleza sancionadora de la norma y en tal virtud, al regirse por el principio de legalidad como una garantía esencial del derecho al debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, toda sanción deberá estar consagrada en una Ley preexistente y frente a una conducta determinada, pues en materia sancionadora se impone una interpretación restrictiva, lo que excluye aplicar una interpretación extensiva o analógica, concebida en los términos de la Corte Constituci onal, como un límite infranqueable por la actividad judicial.

Lo anterior, permite a la Subsección establecer que la sanción moratoria únicamente podrá aplicarse por el supuesto determinado previamente en la Ley, sin que a través de una interpretación ex tensiva el órgano judicial pueda extenderla a conductas que no hayan sido contempladas por el legislador,

únicamente podrá aplicarse por el supuesto determinado previamente en la Ley, sin que a través de una interpretación ex tensiva el órgano judicial pueda extenderla a conductas que no hayan sido contempladas por el legislador, máxime cuando el artículo 230 Superior previó la sujeción de los jueces en sus providencias, al imperio de la Ley.

De este modo, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha establecido que la finalidad del legislador al contemplar la sanción moratoria fue apremiar al empleador a la consignación oportuna de las cesantías anualizadas, debido a la importancia de esta prerrogativa laboral destinada a cubrir necesidades básicas del servidor público relacionadas con educación y vivienda de su núcleo familiar.”5

Conforme a lo anterior, no es procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por errores en la liquidación de las cesantías definitivas de la demandante, pues si bien, se causó una diferencia en la liquidación de sus cesantías al no tenerse en cuenta la prima de servicios c omo factor salarial, el pago tardío de dicha diferencia no puede considerarse como mora en el pago de la prestación, toda vez que la norma no contempla dicho supuesto . La sanción moratoria fue prevista únicamente para los casos en que exista mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, no de su reliquidación.

4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 08001-23-31-000-2011-00847-01(4787-2014)

4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 08001-23-31-000-2011-00847-01(4787-2014) 5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 08001-23-33-000-2014-00389-01.-Interno: 0240-201613001-23-33-000-2019-00192-00

Código: FCA - 008 Versión: 03 Fecha: 03-03-2020

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En virtud de lo anterior, se negarán las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que la entidad demandada no incurrió en los supuestos de Ley que exige la normatividad para que se configure la sanción moratoria.

5.6. Condena en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicado por remisión del artículo 188 del CPACA, esta Corporación condenará en costas en esta instancia al demandante que resulto vencido en esta instancia de conformidad con lo señalado en los artículos 265 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

esta instancia de conformidad con lo señalado en los artículos 265 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de esta Corporación, en aplicación de los artículos 365 y 366 del C.G.P.

TERCERO: Déjense las constancias de rigor en el sistema de SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados