TA BOL-13001233300020230012700-(27-06-2023)

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No.040/2023

SALA DE DECISIÓN No. 004

Cartagena de Indias D. T. y C ., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023).

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Acción TUTELA Radicado 13001-23-33-000-2023-00127-00

Accionante IVON HELENA MARRUGO AYUBB

Accionado

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DE CARTAGENA Y LA SALA ADMINISTRATIVA DE L

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR Tema Ampara derecho fundamental al descanso, trabajo digno y a la salud – Régimen de vacaciones de la rama judicial – La falta de presupuesto para proveer remplazo de un servidor judicial, por concepto de vacaciones, no es un fundamento para negar se a expedir CDP y suspender indefinidamente el goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste, pues el descanso de los servidores públicos no puede verse afectado o condicionado por barreras administrativas, al tratarse de un derecho fundamental Magistrado Ponente MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ

II. PRONUNCIAMIENTO

La Sala Fija de Decisión No. 0041 del Tribunal Administrativo de Bolívar decide en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora IVON HELENA

II. PRONUNCIAMIENTO

La Sala Fija de Decisión No. 0041 del Tribunal Administrativo de Bolívar decide en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora IVON HELENA

MARRUGO AYUBB 2, contra la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CARTAGENA Y LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL

DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR.

III. ANTECEDENTES

3.1. Pretensiones3.

En eje rcicio de la acción de tutela, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

“1. SE TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTAL AL TRABAJO, DIGNIDAD HUMANA, LA IGUALDAD, A LA SALUD y el DEBIDA PRESTACION DEL DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y, en consecuencia, se ordene al DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, o a quien hiciere sus veces, que en el término improrrogable

1 Se aclara que los Magistrados Dres. Edgar Alexi Vásquez Contreras y Jean Paul Vásquez, integrantes de esta Sala les fue concedido permiso, por tal razón fueron convocados los Dres. Luis Miguel Villalobos Álvarez y Oscar Iván Castañeda Daza, quienes continúan e n orden alfabético. 2 Doc. 1 exp. Dig. 3 Fols. 6 Doc. 1. exp. Dig.13001-23-33-000-2023-00127-00

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SALA DE DECISIÓN No. 004 de 48 horas, contados a partir de la notificación de este proveído, ejecute todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUP UESTAL-CDP, para cubrir las erogaciones que demande el nombramiento en provisionalidad de una persona que me reemplace en el cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, mientras disfruto de mi periodo de vacaciones; las cuales solicitare una vez se expida certificado al H. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA., para que este a su vez proceda a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales por mi solicitadas, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.

2. Conmínese al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR -SALA ADMINISTRATIVA, para que lo sucesivo, se abstenga de seguir expidiendo actos administrativos que regulen la disponibilidad de funcionario para la atención de turnos de control de garant ías en la vacancia judicial, sin que previamente, en aplicación a los principios de legalidad, coordinación y colaboración entre las entidades administrativas, se solicite la expedición de los respectivos CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, con el fin de que no se afecte la prestación de servicio de los juzgados de los circuitos a su cargo, ni los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales que prestamos el servicio de justicia.”

3.2 Hechos4.

de los juzgados de los circuitos a su cargo, ni los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales que prestamos el servicio de justicia.”

3.2 Hechos4.

Del escrito de tutela y sus anexos, se puede deducir que las pretensiones de la actora se sustentan en los supuestos fácticos, que se han de sintetizar así:

En primer lugar, la actora manifestó que el objeto de la presente acción es que en atención a su derecho de vacaciones se le conceda la correspondiente emisión de CDP para su reemplazo como Juez Promiscuo Municipal de San Fernando-Bolívar, por haberse desempeñado en todo el término de la vacancia judicial de fin de año como Juez con f unciones de control de Garantía en el Circuito de Mompox-Bolívar, durante los días del 20 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023.

La actora expuso que, mediante Acuerdo No. CSJBOA22-401 del 19 de agosto de 2022, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, se dispuso que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Fernando -bolívar, sería el Juzgado disponible para entender la vacancia judicial del periodo del 20 de diciembre al 10 de enero de 2022 (22 días), dentro del Circuito Judicial de Mompox.

En virtud de lo anterior, mediante Resolu ción No. 066 del 29 de septiembre de 2022, la Presidencia de H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dispuso la suspensión del disfrute de las vacaciones colectivas de la Dra. Ivon Elena Marrugo Ayubb, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de San

2022, la Presidencia de H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dispuso la suspensión del disfrute de las vacaciones colectivas de la Dra. Ivon Elena Marrugo Ayubb, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de San Fernando-Bolívar, quien realizó el turno dispuesto con acompañamiento de la Secretaria y Escribiente de Planta de Juzgado.

4 Fols. 1 – 5 Doc.1 exp. Dig.13001-23-33-000-2023-00127-00

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Seguidamente, adujo la actora que procedió a solicitar el disfrute de sus vacaciones mediante petición radicada vía correo electrónico el día 21 de febrero de 2023 , dirigida a Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena. Su solicitud, fue resuelta el 22 de febrero de 2023, mediante Oficio DESAJCAO23-126, suscrito por el Director Javier Aníbal Uribe Puello , en el cual se negó la expedición del CDP, para proveer su reemplazo en el tiempo por el cual disfrutaría sus vacaciones.

Expresó que la negativa de los accionados, desconoce el derecho al descanso digno, el cual constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas, lo cual raya, incluso con su salud física y mental, así como su derecho a la igualdad, pues hasta el año 2022, a varios funcionarios les fue reconocido y expedidos los respetivos CD P para nombrar su remplazo

trabajo en condiciones dignas, lo cual raya, incluso con su salud física y mental, así como su derecho a la igualdad, pues hasta el año 2022, a varios funcionarios les fue reconocido y expedidos los respetivos CD P para nombrar su remplazo mientras los mismos disfrutabas de sus vacaciones individuales.

Del mismo modo, expuso que, en caso de que el H. Tribunal Superior de Cartagena, encargue como Juez a uno de los empleados del Juzgado (solo 2 empleados) por el periodo de vacaciones del titular, o de concederse compensatorio por ese periodo sin el debido reemplazo, afectaría la prestación del servicio de justicia del despacho, en condiciones de celeridad y eficiencia.

3.3 CONTESTACIÓN.

3.3.1 CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CARTAGENA 5

Mediante informe allegado el día 16 de junio de 20236, la parte accionada expuso que, por medio de Acuerdo No. CSJBOA22 -401 del 19 de agosto de 2022, ese Consejo Seccional dispuso que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Fernando sería el despacho judicial disponible y en turno dentro del circuito judicial de Mompox, para atender la función de control de garantías durante la vacancia comprendida entre el 20 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, con fundamento en el Acuerdo No. PSAA08 - 5433 de 2008, modificado por Acuerdo PSAA10-6826 de 2010.

De igual forma, expresó que el disfrute de las vacaciones será durante el año 2023, previa autorización del nominador y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal en caso de que sea necesario, como quiera que el

De igual forma, expresó que el disfrute de las vacaciones será durante el año 2023, previa autorización del nominador y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal en caso de que sea necesario, como quiera que el reconocimiento de las vacaciones de los servidores judiciales no está en todos los casos sujeto a la expedición del CDP, pues corresponde estrictamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, en cada caso en concreto determinar de acuerdo con la normativa aplicable, la procedencia de la expedición de dicho documento , por ello, se encuentra configurada la falta de legitimación por la causa pasiva, por cuanto el asunto de controversia, escapa a la s competencias asignadas a los Consejos Seccionales, por el artículo 1 de la ley 270 de 1996

5 Doc. 10 exp. Dig.13001-23-33-000-2023-00127-00

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3.3.2. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA.7

Por medio de informe de fecha 16 de junio de 2023 , el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Cartagena manifestó que a la fecha la señora Ivón Helena Marrugo Ayubb no ha solicitado el disfrute de vacaciones suspendidas por el cumplimiento del turno de habeas corpus durante la vacancia año 2022-2023, por lo tanto, dicha situación no ha sido sometido a estudio de la sala de gobierno para su concesión.

cumplimiento del turno de habeas corpus durante la vacancia año 2022-2023, por lo tanto, dicha situación no ha sido sometido a estudio de la sala de gobierno para su concesión.

3.3.3. RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL CARTAGENA8.

La entidad, a través de informe allegado el día 15 de junio de 2023, afirmó que no cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir reemplazo de vacaciones del secretario la doctora Marrugo Ayubb, con base en lo preceptuado en el artículo 6 de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 expedida por el presidente de la Sala Administrativa del Con sejo Superior de la Judicatura. En esos términos expuso:

“Como bien puede observar, su señoría, el caso particular que se presenta en su juzgado no aplica a la excepción contemplada en la Circular en mención, pues allí Usted es el único funcionario, no así la señora IVON MARRUGO AYUBB, quien funge como servidor judicial en condición de empleado. Estos estados están claramente definidos en el artíc ulo 125 Capítulo I Titulo VI de la ley 270 de 1996 “Ley Estatutaria de Administración de Justicia”, (…)”

Bajo esas consideraciones, estimó que no es posible acceder a la solicitud elevada por la accionante.

3.3. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

La presente acción de tutela, correspondió a este Despacho por reparto del 21 de marzo de 2023 9, en cumplimiento a la resolución del conflicto de competencias suscitado dentro del asunto por pare de la H. Corte

La presente acción de tutela, correspondió a este Despacho por reparto del 21 de marzo de 2023 9, en cumplimiento a la resolución del conflicto de competencias suscitado dentro del asunto por pare de la H. Corte Constitucional10, fue admitida mediante providencia de l 14 de junio de la misma anualidad , habiéndose ordenado la notificación de las entidades accionadas11. Con posterioridad, mediante autos del 16 y 22 de junio del año en curso12, el Despacho requirió informe actualizado y pruebas.

7 Doc. 14 exp. Dig. 8 Doc.13 exp. Dig. 9 Doc. 02 exp. Dig. 10 Doc. 06 exp. Dig. 11 Doc. 07 exp. Dig. 12 Doc. 09 y 16 exp. Dig.13001-23-33-000-2023-00127-00

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IV. -CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente se observa, que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarreen nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la alzada.

V.- CONSIDERACIONES

5.1 Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela en PRIMERA INSTANCIA, según lo establecido por artículo 3 7 del Decreto Ley 2591

V.- CONSIDERACIONES

5.1 Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela en PRIMERA INSTANCIA, según lo establecido por artículo 3 7 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017.

5.2 Problema jurídico

De conformidad con los argumentos de la impugnación presentada, considera la Sala que el problema jurídico a resolver en el asunto estudiado, se circunscribe a determinar si:

¿Dentro del presente asunto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela?

De superarse el interrogante anterior, se entrará a examinar si:

¿Las entidades accionadas vulneran los derechos fundamentales de la tutelante, al negarse a expedir el CDP para nombrar su correspondiente reemplazo en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Fernando , para que con posterioridad se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado por vacaciones?

5.3 Tesis de la Sala

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la tutela, esta Sala AMPARARÁ los derechos invocados por la actora, como quiera que, la suspensión de sus vacaciones colectivas se debió a la asignación de turnos del Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Mompox. Así, una vez cumplidos los requisitos , realizados los turnos, y solicitado el CDP para proveer su remplazo en aras de disfrutar sus vacaciones, no puede negar se la expedición del mismo bajo el argumento de la falta de

de Mompox. Así, una vez cumplidos los requisitos , realizados los turnos, y solicitado el CDP para proveer su remplazo en aras de disfrutar sus vacaciones, no puede negar se la expedición del mismo bajo el argumento de la falta de recursos o disponibilidad presupuestal, pues ello, compromete el goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste a la actora, pues el descanso de los servidores públicos no puede verse afectado o condicionado indefinidamente por barreras administrativas , por tratarse de un derecho fundamental.13001-23-33-000-2023-00127-00

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5.4 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Para resolver el problema jurídico planteado abordaremos el siguiente hilo conductor: (i) Generalidades de la acción de tutela; (ii ) Derecho al descanso laboral en relación con el derecho al trabajo digno y la salud; (iii) Régimen de vacaciones individuales en la rama judicial; y (iv) Caso concreto.

5.4.1 Generalidades de la acción de tutela.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentale s de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares. 

formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentale s de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares. 

Se trata entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores exigencias de índole formal y con la certeza de que obtendrá oportuna resolución a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Constitucional.

Sin embargo, no debe perderse de vista que esta acción es de carácter residual y subsidiario; es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferen te que le permita al actor solicitar, ante los jueces ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer acreditado en el proceso, o en su lugar la persona que requiere la intervención d el juez constitucional se encuentre en una posición de indefensión que no le permita acudir a la vía ordinaria.

Al respecto, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 de la Constitución, prevé que la acción de tutela sólo pro cede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se

Al respecto, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 de la Constitución, prevé que la acción de tutela sólo pro cede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable.

Por su parte, el principio de inmediatez impli ca que la acción de tutela debe interponerse en un término razonable y prudencial, con relación al momento en que ocurrió la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, el cual ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, en seis (6) meses13.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019.13001-23-33-000-2023-00127-00

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Ahora bien, tratándose de l a procedencia de este mecanismo constitucional contra actos administrativos, como aquellos en los cuales se niega le expedición de CDP para proveer reemplazo de vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama judicial, la jurisprudencia constituciona l14 como la del alto tribunal de lo contencioso administrativo 15, ha sostenido que “(…) en principio la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin

de actos administrativos, a menos que esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.”

5.4.2. Derecho fundamental al descanso laboral en relación con el derecho al trabajo digno y la salud.

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado 16, en reciente pronunciamiento de tutela, al efectuar un estudio de los postulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional17, determinó lo siguiente.

“66. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy temprana, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25 ibídem, que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (…)

68. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1°, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es un a consecuencia necesaria de la relación laboral y

derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1°, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es un a consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

69. En ese contexto, las vacaciones son consideradas como la manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus

14 Corte Constitucional. Sentencia T -956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, Sentencia T912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero

ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E), sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05058-00(AC) 17 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035 de 2005. C-1005 de 2007, C-019 de 2004, y C171 del 202013001-23-33-000-2023-00127-00

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SALA DE DECISIÓN No. 004 capacidades fí sicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido receso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queri dos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

70. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el empleador o el nominador, d ebiendo prever que, una vez cumplido el requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

(…)

72. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados,

esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa. (…)

72. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer tra bas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho

5.4.3. Régimen de vacaciones individuales en la rama judicial.

El régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, está consagrado en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 18, del cual se desprende que las mismas se divide en dos: i) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera colectiva, y ii) los empleados pertenecientes a la “ (…) Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las (sic) de los (sic) Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

Tratándose de las vacaciones individuales, serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio.

Frente a la necesidad de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal

los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio.

Frente a la necesidad de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, el H. Consejo de Estado19, ha determinado que, la falta de presupuesto, d e actuaciones administrativas, o dificultades de índole administrativas con miras a obtener los recursos necesarios para designar su reemplazo, no es una carga que deba ser trasladado por los trabajadores, ni

18 “LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-02681-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés: y sentencia de 11 de octubre de 2019 , número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04170-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.13001-23-33-000-2023-00127-00

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SALA DE DECISIÓN No. 004 comprometer el goce efectivo de sus derechos fundamentales, por no haberse dispuesto dicho requisito en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.

5.5 CASO CONCRETO.

SALA DE DECISIÓN No. 004 comprometer el goce efectivo de sus derechos fundamentales, por no haberse dispuesto dicho requisito en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.

5.5 CASO CONCRETO.

5.5.1 Análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo y jurisprudencial.

Teniendo en cuenta los antecedentes plasmados en esta providencia , le corresponde a la Sala estudiar el primer problema jurídico formulado, así:

(i)Legitimación por activa: Está en cabeza de la señora Ivon Helena Marrugo Ayubb, por ser a quien se le suspendió el disfrute de las vacaciones colectivas, para realizar los turnos, en su condición de titular del Juzgado Promiscuo Municipal de San Fernando-Bolívar, y a quien se le negó la emisión del CDP para proveer su reemplazo mien tras disfruta de sus vacaciones, situación que, a su juicio, le ha impedido gozar de las mismas.

(ii)Legitimación por pasiva: La ostenta la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena por ser las autoridades para atender las competencias asignadas en el artículo 103 de Ley 270 de 1996 20, tales como la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los funcionarios judiciales. Así mismo, se advierte que la Dirección, expidió el Oficio No. DESAJCAO23-126 del 22 de febrero de 202321, mediante el cual se negó la expedición del CDP pretendido.

Ahora bien, frente a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, no se advierte legitimación en la causa por pasiva, como

mediante el cual se negó la expedición del CDP pretendido.

Ahora bien, frente a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, no se advierte legitimación en la causa por pasiva, como quiera que el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, no contempla dentro de sus funciones la expedición de CDP ni la concesión de las vacaciones en favor de los jueces.

(iii)Inmediatez: En el presente asunto, se encuentra satisfecho este presupuesto, puesto que el oficio que se alega como vulnerador de los derechos de la accionante, fue proferido el 22 febrero de 2023, siendo interpuesta esta acción, el 21 de marzo de la misma calenda22, es decir, a solo un (1) mes de haber sido emitida la decisión, y dentro de los (6) seis meses siguientes a su proferimiento , término que se estima como razonable por la jurisprudencia constitucional23 y el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo24.

20 “ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones: (…)6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. (…)” 21 Fols. 13-14 doc. 01 exp. Dig. 22 Fol. 14 doc. 01 exp. Dig. 23 Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2019. 24 Consejo de Estado, Sentencia de unificación del Consejo de Estado, exp. 2012 -02201-01, M.P.

22 Fol. 14 doc. 01 exp. Dig. 23 Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2019. 24 Consejo de Estado, Sentencia de unificación del Consejo de Estado, exp. 2012 -02201-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.13001-23-33-000-2023-00127-00

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SENTENCIA No.040/2023

SALA DE DECISIÓN No. 004

(iv)Subsidiariedad: Se observa que, en el sub examine se discute la vulneración de derechos iusfundamentales de trascendencia constitucional, tales como el trabajo, dignidad humana, la igualdad, a la salud y el acceso adecuado al servicio de administración de justicia. Ante el posible riesgo eminente de que la accionante no pueda disfrutar