TA BOL-13001333300120220021701-(23-09-2022)

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 15-06-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. /2022

SALA DE DECISIÓN No. 6

Cartagena de Indias D.T. y C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Acción Tutela – impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionantes Aleida Sofía Aislant Moreno y otras Accionado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Corporación Universitaria Regional del Caribe (IAFIC) Tema Vulneración al derecho de petición y debido proceso/ Institución e ducativa sin registro calificado -(plataforma SNIES) / Cambio de denominación del programa Magistrado ponente Jean Paul Vásquez Gómez

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar 1 decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2022, por medio de la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, amparó el derecho fundamental de petición de las accionantes.

III.– ANTECEDENTES

Contenido: 3.1 Posición de la parte demandante; 3.2. Posición de la parte demandada; 3.4. Fallo de primera instancia; 3.5. Informe de Cumplimiento y 3.6. Impugnación.

3.1. Posición de la parte demandante

3.5. Informe de Cumplimiento y 3.6. Impugnación.

3.1. Posición de la parte demandante

2. Las señoras Aleida Sofia Aislant Moreno, Lilibeth Gregoria Castillo Pajaro, Martha Cecilia Romero Alemán, Yira Paola Espinosa Montero, Farley Bermúdez Barrios, Saturnina Berrio Luna, Nadime Esther Mosquera Avila, Danilsa Obezo Herrera, Zurel is Ojeda Vega y Liliana Rocio Perez Silgado, instauraron acción de tutela en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional (en adelante, MEN) y la Corporación Universitaria Regional del Caribe (en adelante, IAFIC), con el fin de que se les proteja sus derechos fundamentales de petición , trabajo, vida digna, mínimo vital y

educación. Para tales efectos, solicitaron2:

“PRIMERO: Se le tutele a mis clientes el Derecho Constitucional Fundamental de PETICIÓN, toda vez que, la petición incoada ante LA CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC y MINISTERIO DE EDUCACION fue presentado y radicado en fecha 16 de mayo de 2022, toda vez que a la fecha las respuesta y hasta la fecha de la presentación de la tutela no han recibido solución, toda vez que ellos se matricularon para y terminaron académicamente para ese título profesional. por parte de las accionadas, afectando los derechos de mis poderdantes.

SEGUNDO: Se le Tutele a mis poderdantes el Derecho Fundamental a LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, AL TRABAJO, MINIMO VITAL, que estimo vulnerad os por las accionadas LA CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC y MINISTERIO DE EDUCACION, con ocasión al dar soluciones a las peticiones

TRABAJO, MINIMO VITAL, que estimo vulnerad os por las accionadas LA CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC y MINISTERIO DE EDUCACION, con ocasión al dar soluciones a las peticiones impetradas y dar una solución a mis clientes que les permita definir su situación actual con la validación del título en LICENCIATURA EN EDUCACION, por la falta de renovación de código SNIES.

TERCERO: Que, como consecuencia de la declaración anterior se le ordene a las accionadas LA CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC y MINISTERIO DE EDUCACI ON, responder las PETICIONES INCOADAS Y RESOLVER DE FONDO LA SITUACION DE MIS CLIENTES.

CUARTO: Que la orden impartida por el Señor Juez, sea de inmediato cumplimiento”

3. La parte accionante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes3:

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20 -11521, expedido el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 Folio 4, Archivo Digital “01Tutela”: Carpeta “01PrimeraInstancia”. 3 Folio 1-4, Archivo Digital “01Tutela”: Carpeta “01PrimeraInstancia”.Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 2 de 13

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4. (1) Indicaron que iniciaron estudio en el programa de Licenciatura de Educación Infantil en IAFIC en el mes de agosto de 2015, con el convencimiento que estaban cursando un programa universitario que contaba con todas las autorizaciones y registros expedidos por el MEN.

5. (2) En algún momento se les informó a través del ICETEX, que el programa de Licenciatura en Educación Infantil para el que se había n matriculado no se encontraba aprobado por el MEN y no tenía registro calificado SNIES , por lo cual presentaron derecho de petición, sin lograr respuesta de fondo respecto al mismo.

6. (3) El 7 de enero de 2022 presentaron nuevamente derecho de petición ante IAFIC, quien dio respuesta través de oficio de 19 de enero 2022, donde les explicó que se encontrarían cobijadas por un registro calificado que, a pesar de no estar vigente, ello no les impedía graduarlas, pues como egresadas de ese programa, se habían matriculado en vigencia del citado registro.

7. (4) El 16 de mayo de 2022, las accionantes presentaron petición ante el MEN para que informara qué trámite se surtió ante ellos a efectos de solucionar y constatar el estado de su titulación como licenciadas en Pedagogía Infantil ; solicitud que fue

para que informara qué trámite se surtió ante ellos a efectos de solucionar y constatar el estado de su titulación como licenciadas en Pedagogía Infantil ; solicitud que fue resuelta por parte de la entidad el 27 de mayo de 2022.

8. (5) Aducen que se han visto afectadas en su mínimo vital, debido a que no han podido acceder a un trabajo digno porque el título universitario obtenido no aparece registrado ante el MEN.

3.2. Posición de la parte demandada

9. IAFIC manifestó en su informe4 los siguientes argumentos: (1) en sus registros no reposa notificación alguna, referente al derecho de petición presentado por las accionantes el 8 de octubre 5; (2) indicó que siempre ha estado presta a solucionar las situaciones de sus estudiantes , muestra de ello es haber brindado respuesta de fondo a las peticiones de las actoras y hacerles extensiva invitación a una reunión con la finalidad de explicarles que la corporación es autónoma en renovar registros calificados de programas académicos y el no hacerlo, no tiene porqué perjudicarlas en nada como egresadas; finalmente, (3) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, debido a que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

10. Por su parte, el MEN manifestó6 que no ha ocasionado vulneración a ningún derecho fundamental de las accionantes, debido a que ha dado respuesta a los derechos de petición presentados, resultando improcedente la presente acción.

3.4. Fallo de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 2 de agosto de 2022 7, el Juzgado Primero Administrativo del Circuit o de Cartagena , amparó el derecho fundamental de

3.4. Fallo de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 2 de agosto de 2022 7, el Juzgado Primero Administrativo del Circuit o de Cartagena , amparó el derecho fundamental de petición de las accionante , teniendo en cuenta los siguientes argumentos: (1) las

4 Archivo Digital “07InformeIafic”, Carpeta”01PrimeraInstancia” 5 Ni en la solicitud de tutela, ni en el informe rendido se alude al año de la reseñada petición. 6 Archivo digital “08InformeMineducacion”, Carpeta “01PrimeraInstancia” 7Archivo digital “01SentenciaPrimeraInstancia”, Carpeta “02SegundaInstancia”Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 3 de 13

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peticiones presentadas ante el MEN fueron resueltas, en las cuales se indicó, que las accionantes se encuentran cobijadas por un registro calificado a pesar de que la universidad en ejercicio de su autonomía decidió no renovarlo y sustentando su respu esta en el artículo 2.5.3.2.10.1 del decreto 1330 de 2019, conforme al cual si la IES decide no renovar un registro debe garantizar a las cohortes

sustentando su respu esta en el artículo 2.5.3.2.10.1 del decreto 1330 de 2019, conforme al cual si la IES decide no renovar un registro debe garantizar a las cohortes iniciadas durante la vigencia del registro calificado del programa la culminación del correspondiente programa en las condiciones que dieron lugar al otorgamiento del registro; finalmente, (2) expuso que no hay evidencia en el expediente de haberse remitido respuesta a la solicitud de las actoras presentadas ante IAFIC el pasado 25 de marzo de 2022, en la que informaron a la institución sobre los problemas con su registro en el SNIES, advirtiendo que existen inconsistencia entre su título y el diploma que les fue entregado, configurándose una vulneración al derecho fundamental de petición.

3.5. Informe de cumplimiento

12. IAFIC rindió informe de cumplimiento8, argumentando que iniciaron proceso de cambio de titulación ante el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (en adelante, SNIES), solicitándoles la reapertura de variables de graduados, para el cambio del programa, indicando también que dicho trámite tiene un término de 15 días para quedar en firme. En consecuencia, solicitó se declarara la carencia actual del objeto por hecho superado.

3.6. Impugnación y trámite de segunda instancia

13. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia9, refiriéndose los mismos argumentos del escrito de tutela.

14. A través de auto de 10 de agosto de 202210, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena concedió la impugnación pr esentada por la parte accionante. En acta de reparto de 29 de agosto de 2022 se asignó el asunto a esta

del Circuito de Cartagena concedió la impugnación pr esentada por la parte accionante. En acta de reparto de 29 de agosto de 2022 se asignó el asunto a esta corporación y en providencia de la misma fecha , se admitió para trámite de impugnación11.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

15. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proc eso o impidan proferir decisión; por ello, se procede a resolver la impugnación presentada.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Problema jurídico; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Metodología y estructura de la decisión; 5.5. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela; 5.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicables; 5.7. Análisis del caso concreto y 5.8. Conclusión.

8 Archivo digital “04InformeCumplimientoIafic” , Carpeta “02SegundaInstancia” 9 Archivo Digital “05Impugnacion”, Carpeta “02SegundaInstancia” 10 Folios 80-81, Archivo Digital “01ExpedientePrimeraInstancia” 11 Archivo digital “08AutoAdmiteImpugnacion”Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 4 de 13

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5.1. Competencia

16. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 (artículo 32), 1069 de 2015 12 (modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 13) y el Acuerdo 6 de 2021 de esta Corporación 14, la Sala de Decisión 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, es competente para resolver el presente asunto.

5.2. Problema jurídico

17. Deberá establecerse si en el presente caso se configuran los supuestos de procedencia del mecanismo constitucional; de ser así, deberá determinarse si debe confirmarse o no el fallo de primera instancia, el cual declaró la vulneración al derecho fundamental de petición de las accionantes.

18. Así mismo, deberá establecerse si existe vulneración a otro derecho de rango constitucional por parte de las accionadas, al no realizar el cambio de titulación con el cual se graduaron las accionantes.

5.3. Tesis de la Sala

19. La Sala ADICIONARÁ la decisión de primera instancia, pues del análisis del caso, no sólo se advierte vulneración al derecho de petición invocado, sino también del debido proceso, siendo IAFIC a quien le corresponde agotar el trámite pertinente

19. La Sala ADICIONARÁ la decisión de primera instancia, pues del análisis del caso, no sólo se advierte vulneración al derecho de petición invocado, sino también del debido proceso, siendo IAFIC a quien le corresponde agotar el trámite pertinente con la celeridad que amerita la causa, a efectos de que se materialice el cambio de titulación solicitado por las accionantes, con su debido registro ante el MEN.

5.4. Metodología y estructura de la decisión

20. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico: primero, analizará las normas y jurisprudencia aplicables (5.5.), y posteriormente, examinará el caso concreto (5.6.).

5.5. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela

21. En el presente caso, se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) esta se orientó a obtener la protección del derecho fundamental de petición, trabajo, vida digna, mínimo vital y educación 15; (2) las accionantes son titulares de los derechos presuntamente violados, por lo cual, se tiene por acreditado la legitimación activa en la causa16. De igual manera; (3) IAFIC y el MED tienen legitimación pasiva en la causa 17, porque de esta s se predicó la vulneración en el presente asunto. (4) Frente al requisito de subsidiariedad18, la Sala lo tendrá por superado, por cuanto no existe otro mecanismo para la protección de

12 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho

lo tendrá por superado, por cuanto no existe otro mecanismo para la protección de

12 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho 13 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, referente a las regla s de reparto de la acción de tutela. 14 Por el cual se conforman las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. 15 Decreto 2591 de 1991 (artículo 2), en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem. 16 Decreto 2591 de 1991 (artículos 10 y 13), en concordancia con el artículo 1 ibídem. 17 Ídem 18 Decreto 2591 de 1991 (artículo 6.1)Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 5 de 13

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los derechos invocados. (5) Finalmente, se advierte que el requisito de inmediatez19 se cumplió, comoquiera que la actuación enjuiciada resulta ser la presunta

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los derechos invocados. (5) Finalmente, se advierte que el requisito de inmediatez19 se cumplió, comoquiera que la actuación enjuiciada resulta ser la presunta vulneración a l derecho fundamental de petición, del cual se ha derivado otras afectaciones constitucionales, manteniéndose en el tiempo la afrenta , de conformidad con lo contemplado en el artículo 6.4 del Decreto 2591 de 199120.

22. Señalado lo anterior , la Sala delimitará el marco normativo y jurisprudencial aplicable y, posteriormente, pasará a considerar el fondo del asunto.

5.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicables

5.6.1. Derecho de petición y debido proceso

23. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, faculta a toda persona para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a obtener pronta respuesta a su solicitud. Se trata de una garantía constitucional que permite a los ciudadanos formular solicitudes a las autoridades y obtener consecuentemente una respuesta oportuna, pronta, de fondo y completa sobre el particular, la cual debe necesariamente ser llevado al conocimiento del solicitante, para que garantice eficazmente este derecho.

24. La Corte Constitucional en Sentencia T -377 de 2000, interpretó el alcance del

derecho de petición, así:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante é l se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante é l se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solici tado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. (…).”.

25. Quiere decir lo anterior que la garantía al derecho fundamental de petición se concreta no solamente a la prerrogativa de obtener: i) una respuesta en oportunidad, sino que entraña la obligación por parte de la entidad o autoridad a la cual se dirige, ii) de resolver de fondo y además iii) de manera clara y precisa lo pedido, correspondiendo al juez constitucional verificar en cada caso, si la respuesta dada por la autoridad al peticionario, satisface o materializa el núcleo esencial de este derecho. Es decir: a) la falta de respuesta, b) las respuestas tardías y c) las que

pedido, correspondiendo al juez constitucional verificar en cada caso, si la respuesta dada por la autoridad al peticionario, satisface o materializa el núcleo esencial de este derecho. Es decir: a) la falta de respuesta, b) las respuestas tardías y c) las que no resuelven íntegramente lo solicitado , son formas de violación del derecho de petición que justifican la intervención del juez constitucional a través de la tutela.

26. Adicionalmente, el derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas 21, es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de

19 Decreto 2591 de 1991 (artículo 6.4) 20 Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 21 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-641 de 2002.Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 6 de 13

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la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, de los poderes públicos; tal y como lo preceptúa la Constitución Política 22, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional.

27. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto en forma reiterativa, que el derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial o administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada tipo de trámite23.

28. En ese sentido, en un tr ámite de derecho de petición presentado ante entidades públicas, se incumple el procedimiento establecido en la Ley 1755 de 2015, se encuentra a su vez, vulnerado el derecho al debido proceso administrativo, por lo que el Juez Constitucional podrá realizar el estudio de protección inmediata.

5.6.2. Procedimiento para obtener el Registro Calificado de Programas de Educación Superior.

29. El registro calificado de los programas de educación superior es un requisito obligatorio para poder ofrecer y desarrollar programas académicos en el territorio nacional, el cual certifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte

Superior.

29. El registro calificado de los programas de educación superior es un requisito obligatorio para poder ofrecer y desarrollar programas académicos en el territorio nacional, el cual certifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las Instituciones, se solicita y lo otorga el MEN, a través de acto administrativo que ordena su respectiva incorporación al SNIES y la asignación de código correspondiente, su procedimiento está regulado en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto

1295 de 2010, así:

Procedimiento para registro calificado/ Ley 1188 de 2008 y Decreto 1295 de 2010

Artículo 2, Ley 1188 de 2008: Condiciones de Calidad Para obtener el registro calificado de los programas académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional.

Artículo 3, Ley 1188 de 2008: Duración del Trámite La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de radicación, en debida forma, y con el cumplimiento de requisitos exigidos, de la correspondiente solicitud. En el curso de la actuación se designarán los respectivos pares académicos quienes deberán realizar visita de veri ficación con la coordinación de un funcionario del Viceministerio de educación superior y, quien coordinará la presentación del informe evaluativo ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la ed ucación superior, Conaces, Comisión que emitirá concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado.

Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la ed ucación superior, Conaces, Comisión que emitirá concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado.

Artículo 1, Decreto No. 1295 de 2010: Vigencia del Registro calificado. La vigencia del registro calif icado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

22 Artículo 29 de la Constitución Política. 23 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-980 de 2010 y Sentencia C-641 de 2002.Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 7 de 13

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Artículo 2, Decreto No. 1295 de 2010: Carencia de registro

No constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una institución respecto de un programa que carezca de registro calificado.

Artículo 38, Decreto No. 1295 de 2010: Programas activos e inactivos

Para los efectos del presente decreto se entenderá por

que carezca de registro calificado.

Artículo 38, Decreto No. 1295 de 2010: Programas activos e inactivos

Para los efectos del presente decreto se entenderá por programa académico de educación superior con registro activo, aquel que cuenta con el reconocimiento del Estado del cumplimiento de las condiciones de calidad , e inactivo se entenderá aquel respecto del cual la institución de educación superior no puede admitir nuevos estudiantes, pero que puede seguir funcionando hasta culminar las cohortes iniciadas en vigencia del registro calificado.

Artículo 40, Decreto No. 1295 de 2010: Renovación del registro La renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones de educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro.

Cuando el Ministerio de Educación Nacional resuelva no renovar el registro calificado la institución de educación superior deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 41, Decreto No. 1295 de 2010: Expiración del registro Expirada la vigencia del registro calificado, la institución de educación superior no podrá admitir nuevos estudiantes para tal programa y deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad.

Artículo 42, Decreto No. 1295 de 2010: Modificaciones a programas (cambio de denominación)

culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad.

Artículo 42, Decreto No. 1295 de 2010: Modificaciones a programas (cambio de denominación) El cambio de la denominación del programa autorizado por el Ministerio de Educación Nacional habilita a la institución de educación superior para otorgar el título correspondiente con la nueva denominación a quienes hayan iniciado la cohorte con posterioridad a la fecha de dicha autorización. Los estudiantes de las cohortes iniciadas con anterioridad al cambio de denominación podrán optar por obtener el título correspondiente a la nueva denominación o a la anterior, según lo soliciten a la institución.

5.7. Análisis del caso concreto

5.6.1. Pruebas relevantes. Al expediente fueron allegadas las siguientes:

30. (1) Cédulas de ciudadanía de la s señoras Aleida Sofia Aislant Moreno, Zurelis Ojeda Vega, Lilibeth Gregoria Castillo Pajaro, Saturnina Berrio Luna, Danilsa Obezo

Herrera, Farley Bermúdez Barrios y Nadime Esther Mosquera Avila24.

31. (2) Derecho de petición presentada por las accionantes ante IAFI C el 7 de enero de 2022, por medio del cual solicitaron la renovación del registro calificado para el programa de licenciatura en educación infantil por parte del MEN, para el periodo de 2019-225.

32. (3) Derecho de petición (sin fecha ni constancia de radicación), por medio del cual las accionantes presentaron ante el MEN26: “(i) informar la situación actual de mis poderdantes

24 Folios 40-48, Archivo digital “01Tutela”, Carpeta “01PrimeraInstancia”

cual las accionantes presentaron ante el MEN26: “(i) informar la situación actual de mis poderdantes

24 Folios 40-48, Archivo digital “01Tutela”, Carpeta “01PrimeraInstancia” 25 Folios 14-15, Archivo digital “01Tutela”, Carpeta “01PrimeraInstancia” 26 Folio 26-31, Archivo digital “01Tutela”, Carpeta “01PrimeraInstancia”Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-001-2022-00217-01 Accionante Aleida Sofía Aislant Moreno y otros Accionado Nación – Ministerio de educación y IAFIC Decisión Adiciona Sentencia de Primera Instancia Página Página 8 de 13

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según lo registrado en la base de datos del MEN; (ii) expedir certificación y/o constancia avalada por el ministerio de educación del título profesional en Licenciatura en Educación Infantil obtenido el día 17 de diciembre de 2019, y expedido por la IAFIC; (iii) sírvase, informar si el programa de Licenciatura en Educación Infantil ofertado en la IAFIC, cuanta con registro calificado SNIES, y si el mismo se encuentra renovado, desde cuándo y hasta que fecha ; (iv) Informar si el si el programa de Licenciatura en Educación Infantil ofertado en IAFIC, ha sido cambiado en su denominación, y de ser así cuenta con los permisos del MEN, como órgano rector para realizar dicho proceso de

Informar si el si el programa de Licenciatura en Educación Infantil ofertado en IAFIC, ha sido cambiado en su denominación, y de ser así cuenta con los permisos del MEN, como órgano rector para realizar dicho proceso de modificación de denominación;