TA BOL-13001333300120240013201-(31-07-2024)

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 050/2024

SALA DE DECISIÓN No. 7

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024). I IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES Medio de control ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN) Radicado 13-001-33-33-001-2024-00132-01

Accionante ROBINSON CASTILLA SABALZA

Accionado LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Magistrado Ponente LUÍS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ Tema

CALIFICACION PCL POR ACCIDENTE TRANSITO.

VULNERACION DERECHOS DEBIDO PROCESO,

IGUALDAD Y SEGURIDAD SOCIAL.

II PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la accionada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS contra la sentencia 016 de fecha dos (02) de juli o de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Cir cuito de Cartagena, a través de la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social del señor ROBINSON CASTILLA SABALZA.

III ANTECEDENTES

1. Hechos narrados por el Accionante

ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social del señor ROBINSON CASTILLA SABALZA.

III ANTECEDENTES

1. Hechos narrados por el Accionante

Indica el accionante que el día 23 de abril de 2023 , tuvo un accidente de tránsito y fue asistido en el centro de salud INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S. Allí recibió cobertura médica bajo la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) proporcionada por La Previsora Compañía de Seguros S.A, con número 0308004156666000. Durante su atención médica, se le diagnosticó una fractura intertrocanterica de fémur izquierdo.

Aduce que el 22 de diciembre de 2023 presentó una solicitud ante La Previsora Compañía de Seguros S.A. En esta petición, solicitó que laCódigo: FCA - 008

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aseguradora evaluara su pérdida d e capacidad laboral . Además, solicitó que la misma Compañía Asegurado ra asum a los Honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar . Esto con el objetivo de acceder a la indemnización por incapacidad permanente que establece la póliza del SOAT.

Señala que en fecha 08 de mayo del 2024 fue notificado electrónicamente, por medio de correo electrónico respuesta de la aseguradora La Previsora

acceder a la indemnización por incapacidad permanente que establece la póliza del SOAT.

Señala que en fecha 08 de mayo del 2024 fue notificado electrónicamente, por medio de correo electrónico respuesta de la aseguradora La Previsora Compañía de Seguros S.A, al de recho de petición , donde emitió un dictamen de calificación con N°. 7307057845407, de fe cha 25 de abril de 2024 de la pérdida de capacidad laboral con un porcentaje de 0.00%.

Manifiesta que el 10 de may o de 2024, presentó ante la Compañía Aseguradora m anifestación de Inconformismo frent e al resultado del Dictamen. Manifestación q ue, hasta el momento de Incoar la presente Acción Constitucional, no había tenido Respuesta alguna Señala que en la actualidad vive de la ayuda de sus familiares y amigos, que no ha podido incorporarse en sus actividades, imposibilitándole adquirir recursos económicos para su subsistencia y la de su familia.

2. Pretensiones

Se señalan como pretensiones las siguientes:

“1. Se ORDENE a la PREVISORA SEGUROS para que en un Término perentorio de 48 horas envié a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, para su revisión, el expediente del Señor actor que contiene la Calificación emitida por la Aseguradora.

2. Se ORDENE a PREVISORA SEGUROS a cancelar los honorarios a los miembros de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en caso de que se llegue hasta esa Instancia.

3. Se prevenga a la Accionada para que se abstenga a descontar, de la

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en caso de que se llegue hasta esa Instancia.

3. Se prevenga a la Accionada para que se abstenga a descontar, de la Indemnización a cobrar, los honorarios de las Juntas Calificadoras de Invalidez, tanto Regional como Nacional.

4. Se prevenga a la Accionada para que en el futuro se abstenga de Incurrir en los mismos actos Arbitrarios.”Código: FCA - 008

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3. Admisión y Notificación

La acción de referencia se presentó el día 19 de junio de 2024 1, correspondiéndole al Juez Primero Administrativo del circuito de Cartagena, el cual en providencia del 21 de junio de 2024 decidió admitir la tutela y notificar a la accionada2.

Mediante sentencia del 02 de julio de 2024 se tuteló el derecho fundamental a la seguridad social del señor ROBINSON CASTILLA SABALZA3.

El Despacho recibió el expediente el 18 de julio de 2024 para decisión de segunda instancia4.

4. De la contestación de la tutela

LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS5.

La accionada, aduce que el dictamen emitido tiene plena validez jurídica, conforme a los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Único

LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS5.

La accionada, aduce que el dictamen emitido tiene plena validez jurídica, conforme a los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, y la jurisprudencia de la Corte Constit ucional. En este sentido, señalan que si la víctima no está conforme con la calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) establecida en esta valoración, tiene la opción de acudir por su cuenta a alguna de las instituciones competentes para obtener una nueva valoración. Este paso es necesario antes de presentar una inconformidad con el dictamen, como lo estipula la normativa. Este procedimiento es un requisito indispensable para poder acceder a la junta regional correspondiente, que, en su función de perito, como lo especifica la normativa especial, verificará el dictamen de primera instancia.

Señala que el fundamento jurídico de la indemnización por incapacidad permanente, cubierta por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

1 02ActaReparto 2 03AutoAdmite 3 08SentenciaPrimeraInstancia 4 13ActaReparto 5 05InformeLaPrevisoraCódigo: FCA - 008

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(SOAT), se basa en lo estipulado en el artículo 2.6.1.4.2.8 del Decreto Único

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(SOAT), se basa en lo estipulado en el artículo 2.6.1.4.2.8 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Según este decreto, la indemnización se reconocerá de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del afectado. El monto máximo de la indemnización está limitado a 180 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes al momento del evento, conforme a la tabla detallada en el mencionado artículo.

Con base en lo anterior, solicita que no se acceda a las peticiones del accionante argumentando que es responsabilidad d el beneficiario de un seguro, como en el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cumplir con los requisitos legales establecidos para la reclamación de dicho seguro. Además, pide que se declare la improcedencia de la acción al no evidenciarse una violación real de los derechos fundamentales del demandante.

5. Sentencia Impugnada6

A través de sentencia de fecha d os (02) de julio de 2024, el A quo decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por el señor ROBINSON

CASTILLA SABALZA.

El A quo precisó que de acuerdo con la situación planteada en el presente asunto, se encuentran vulnerados y amenazados los derechos fundamentales invocados por el accionante al debido proceso, igualdad y seguridad social, al exigirle una compañía de seg uros acudir por cuenta propia a una de las instituciones competentes para dictaminar una nueva valoración de su pérdida de la capacidad laboral y no dar trámite al recurso

seguridad social, al exigirle una compañía de seg uros acudir por cuenta propia a una de las instituciones competentes para dictaminar una nueva valoración de su pérdida de la capacidad laboral y no dar trámite al recurso instaurado contra el dictamen emitido, entendiendo que La Previsora de Seguros S.A t iene la carga legal de realizar, en primera oportunidad la Calificación de la pérdida de capacidad laboral y en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, para lo cual debe asumir el pago de los horarios de dicha junta.

6 08SentenciaPrimeraInstanciaCódigo: FCA - 008

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6. Impugnación7

La accionada impugnó la sentencia de primera instancia ; e n el escrito, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y por lo tanto, se revoque la sentencia, con fundamento en que no es carga de La Previsora S.A Compañí a de Seguros asumir las cargas que legalmente le corresponden a quien pretende beneficiarse de un seguro.

Adicionalmente manifiesta que, para el presente caso el accionante no ha acreditado que se encuentra en una situación económica que le hace imposible el pago de los honorarios a las juntas de calificación de invalidez.

IV CONSIDERACIONES

1. Competencia

acreditado que se encuentra en una situación económica que le hace imposible el pago de los honorarios a las juntas de calificación de invalidez.

IV CONSIDERACIONES

1. Competencia

Con fundamento en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 es competente este Tribunal para conocer de la presente acción, en segunda instancia.

2. Problema Jurídico

De acuerdo con el objeto de la impugnación esta Corporación debe resolver el siguiente problema jurídico:

¿Vulnera la PREVISORA SEGUROS S.A los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social del señor ROBINSON CASTILLA SABALZA al no dar trámite a la inconformidad formulada contra la calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral emitida en primera oportunidad; así como no asumir el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Bolívar?

Si la respuesta al anterior problema es negativa, se revocará el fallo impugnado; en caso contrario se confirmará:

3. Tesis

7 10ImpugnacionCódigo: FCA - 008

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La Sala de Decisión CONFIRMARA el fallo impugnado, toda vez, que en el sub judice si existe vulneración de los derechos deprecados, debido a que la accionada debe dar trámite a la inconformidad formulada contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral, rendido en primera

sub judice si existe vulneración de los derechos deprecados, debido a que la accionada debe dar trámite a la inconformidad formulada contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral, rendido en primera oportunidad; y así mismo le corresponde asumir el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar.

La anterior tesis se soporta en los argumentos que se exponen a continuación.

4. Marco Normativo y Jurisprudencial.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como mecanismo judicial para la protección de los derechos fundamentales de toda persona cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos taxativamente señalados en la ley, siempre y cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que de no proceder se configure un perjuicio irremediable. De lo anterior se tiene como características de esta acción las siguientes:

4.1. Legitimación.

4.1.1. Legitimación por activa.

Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 10° del Decreto 2591 de 1991, se encuentra legitimado para presentar la acción de tutela: i.- el titular de los derechos fundamentales, para lo cual bastará demostrar que es la persona directamente afectada por la vulneración o amenaza de tales prerrogativas ; ii.- Igualmente, podrá formular la acción de amparo una tercera persona, quien actuará a nombre del titular, siempre que se acredite alguna de las siguientes calidades: a.- que actúa como su representante legal, en razón de la edad, discapacidad o estado de

de amparo una tercera persona, quien actuará a nombre del titular, siempre que se acredite alguna de las siguientes calidades: a.- que actúa como su representante legal, en razón de la edad, discapacidad o estado de interdicción del actor; b.- por medio de la figura de la agencia oficiosa, pues el titular no está en condiciones físicas o psicológicas para promover la tutela de sus propios intereses; c.- en su papel de apoderado judicial, caso en cual deberá ostentar la calidad de abogado titulado y anexar a laCódigo: FCA - 008

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demanda el poder para actuar e n la causa y d.- la condición de Defensor del Pueblo o personero municipal en los eventos autorizados por la ley.

En el sub judice, el actor es el titular de los derechos presuntamente afectados, por lo que está legitimado por activa.

4.1.2. Legitimación por pasiva

De conformidad con los artículos 86 de la CP y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede interponerse contra cualquier autoridad pública u organización privada que amenace o vulnere la satisfacción de los derechos fundamentales, tanto por acción como por su omisión.

En ese orden, siendo la accionada la entidad a quien le corresponde dentro de sus competencias garantizar los derechos reclamados por el actor; está legitimada por pasiva.

4.2.- Inmediatez

En ese orden, siendo la accionada la entidad a quien le corresponde dentro de sus competencias garantizar los derechos reclamados por el actor; está legitimada por pasiva.

4.2.- Inmediatez

Por regla general, la acción de tutela debe promoverse en un plazo razonable, contado a partir del momento en que se produce la afectación o amenaza de los derechos fundamentales, sin que exista un término específico para declarar su improcedencia, pues ésta dependerá, de las condiciones fácticas y jurídicas que exponga el actor; sin embargo, la Corte Constitucional8, ha señalado que los seis meses siguientes al hecho generador de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, constituye un plazo razonable para la interposición de la acción de tutela, en la medida que termina siendo coherente con la finalidad del propio recurso de amparo, que busca la protección inmediata y urgente de las prerrogativas previstas en la Constitución.

En ese sentido, en el sub judice, dada la fecha de ocurrencia de los hechos, que fue en la que se emitió el dictamen de PCL ( 25 de abril de 2024) y la fecha de presentación de la solicitud de amparo (19 de junio de 2024 ) se cumple con la inmediatez.

8 Corte Constitucional sentencia T261 del 9 de julio de 2018, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ.Código: FCA - 008

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4.3.- Subsidiariedad

La acción de tutela tiene naturaleza subsidiaria o residual, por lo que su procedencia está condicionada a la inexistencia de otro medio judicial para la protección del derecho; o la falta de idoneidad del medio existente, así como para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

5.- De los derechos invocados.

5.1. Del Derecho Fundamental al Debido Proceso.9

La corte ha señalado sobre el derecho al debido proceso:

“El derecho fundamental al debido proceso es exigible, tanto para las entidades estatales y sus actuaciones, como también para los particulares, pues un Estado Social de Derecho debe garantizar en toda relación jurídica unos parámetros mínimos que protejan a las personas de actos arbitrarios e injustificados que atenten contra otros derechos fundamen tales. Así, en las relaciones laborales, incluso tratándose de empresas del sector privado, éstas no escapan del ámbito de los principios contemplados en la Carta Política, y es por esto, que sus procedimientos internos deben observar las reglas del debido proceso entre las cuales la jurisprudencia constitucional exige; reglamentos públicos que sean de conocimiento de los trabajadores, sanciones previamente establecidas y conocidas por quien es sancionado, criterios de selección objetivos y proporcionales p ara el cargo al cual se aspira, el respeto del principio de igualdad y no discriminación para el

sanciones previamente establecidas y conocidas por quien es sancionado, criterios de selección objetivos y proporcionales p ara el cargo al cual se aspira, el respeto del principio de igualdad y no discriminación para el acceso al trabajo, entre otros.”

5.2 Derecho a la Igualdad.10

La Corte ha determinado que la igualdad es:

“un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de

9 Corte Constitucional, Sentencia T-694 del 8 de octubre de 2013. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 10 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 24 de enero de 2017. M.P Gloria Stella Ortiz DelgadoCódigo: FCA - 008

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oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”

5.3 Derecho a la Seguridad Social11

a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”

5.3 Derecho a la Seguridad Social11

El artículo 48 de la Carta Polític a, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesg os sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”.

6.Honorarios de los miembros de las juntas de calificación de invalidez.12

La Corte ha señalado que las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Dentro de sus principales funciones se encuentra, tal como su nombre lo indica, la de emitir dictámenes de pérdida de capacidad laboral, previo estudio del expediente y valoración del paciente. Este dictamen permite el reconocimiento y pago de ciertas prestaciones sociales a quienes han

indica, la de emitir dictámenes de pérdida de capacidad laboral, previo estudio del expediente y valoración del paciente. Este dictamen permite el reconocimiento y pago de ciertas prestaciones sociales a quienes han sufrido una disminución en su capaci dad laboral. De ahí que sea indispensable poder acceder a dicha calificación. Los integrantes de las juntas de calificación de invalidez no reciben salario sino honorarios. Siguiendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1562 de

11 Corte Constitucional, Sentencia T-043 del 5 de febrero de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-336 del 21 de agosto de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera.Código: FCA - 008

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2012, estos corren a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones o la Administradora de riesgos laborales. En la Sentencia C-164 de 2000, la Corte determinó que el Estado debe proteger a las personas que por su condición física, económica o mental se encuentren en circunst ancias de debilidad manifiesta.

Por lo tanto, debe procurar por un equilibrio en el sistema de seguridad social, de tal manera que se materialicen los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (Art. 48 C.P.); y, en consecuencia, debe procurar que quienes cuenten con los recursos económicos para costear el examen

social, de tal manera que se materialicen los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (Art. 48 C.P.); y, en consecuencia, debe procurar que quienes cuenten con los recursos económicos para costear el examen de su evaluación física o mental, paguen por ello. En virtud de lo anterior, advirtió que no resulta constitucionalmente admisible que la prestación de un servicio esencial en materia de seguridad social, como lo es el examen de pérdida de capacidad laboral, quede condicionado a un pago pues con ello se “elude la obligatoriedad y la responsabilidad del servicio público, y promueve la ineficiencia y la falta de solidaridad de las entidad es de seguridad social, a la vez que convierte en ilusorio el principio de la universalidad”. Bajo este mismo razonamiento, la Corte declaró inexequible el Decreto Legislativo 074 de 2010, por reglamentar que, para poder acceder a la indemnización por inca pacidad permanente, quien requería de la valoración por parte de la Junta de Calificación de Invalidez debía asumir el costo de los honorarios.

Al respecto, la Sentencia T-045 de 2013 señaló que:

“las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; sin embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera

sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido.” (Negrillas fuera del texto)Código: FCA - 008

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7. Regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente con ocasión de accidentes de tránsito. Retiración

Jurisprudencial.13

Debido a la incidencia que tienen los accidentes de tránsito en la salud de las personas, el Estado previó un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para los vehículos automotores “cuya finalidad es amparar la muerte o los daños corporales que se causen a las personas implicadas en tales eventos, ya sean peatones, pasajeros o conductores, incluso en los casos en los que los vehículos no están asegurados”.

Las normas aplicables al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, se encuentran contempladas en el capítulo IV, de la parte VI del Decreto Ley 663 de 1993 y en el título II del Decreto 056 de 2015, el cual se ocupa de los seguros de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito. Además, aquellos vacíos o lagunas que no se encuentren regulados dentro las normas referidas, deberán suplirse con lo previsto en el

seguros de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito. Además, aquellos vacíos o lagunas que no se encuentren regulados dentro las normas referidas, deberán suplirse con lo previsto en el contrato de seguro terrestre del Código de Comercio, según remisión expresa del artículo 192 del Decreto Ley 663 de 1993.

El numeral 2 del artículo 192 del Decreto Ley 663 de 1993, establece los objetivos del seguro obligatorio de daños corp orales que se causen con ocasión a los accidentes de tránsito, entre los que se encuentran “a. Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud;[…] y d. La profundización y difusión del seguro mediante la operación del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades aseguradoras que atiendan de manera responsable y oportuna sus obligaciones”.

Particularmente, el Decreto 056 de 2015 en su artículo 12 refiere:

13 Corte Constitucional, Sentencia T-003 del 15 de enero de 2020 y Sentencia T-336 del 21 de agosto de 2020. M.P.

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“Artículo 12. Indemnización por incapacidad permanente. Es el valor a reconocer, por una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando como consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente”.

Lo anterior fue reiterado por el artícu lo 2.6.1.4.2.6 del Decreto 780 de 2016, el cual dispone que, el beneficiario y legitimado para solicitar por una sola vez la indemnización por incapacidad permanente, es la víctima de un accidente de tránsito, cuando se produzca en ella alguna pérdida de capacidad laboral como consecuencia de tal acontecimiento.

A su vez, el artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016, expresamente indica que para radicar la solicitud de indemnización por incapacidad permanente ocasionada por un accidente de tránsito es necesario aportar:

“1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado.

2. Dictamen de calificación de pérdida de ca pacidad laboral en firme

Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado.

2. Dictamen de calificación de pérdida de ca pacidad laboral en firme emanado de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Decreto -ley 019 de 2012, en el que se especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

3. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito.

4. Epicrisis o resumen clínico de atención expedido por el Prestador de Servicios de Salud y certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que c onste que la persona atendida fue víctima de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas.

5. Cuando la reclamación se presente ante el Fosyga, declaración por parte de la víctima en la que indique que no se encuentra afiliado al Sistem a General de Riesgos Laborales y que no ha recibido pensión de invalidez o indemnización sustitutiva de la misma por parte del Sistema General de

Pensiones.

6. Sentencia judicial ejecutoriada en la que se designe el curador, cuando la víctima requiera de curador o representante.

7. Copia del registro civil de la víctima, cuando esta sea menor de edad, en el que se demuestre el parentesco con el reclamante en primer grado deCódigo: FCA - 008

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consanguinidad o sentencia ejecutoriada en la que se designe el representante legal o curador.

8. Poder en original mediante el cual la víctima autoriza a una persona natural para que presente la solicitud de pago de la indemnización por incapacidad” (énfasis fuera del texto original).

Asimismo, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que regula la calificación del estado de invalidez, estableció en su inciso segundo las autoridades competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral:

“(…) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconfor