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TA BOL-13001333300420150011402-(30-03-2022)

Tribunal Administrativo de Bolivar

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Título
TA BOL-13001333300420150011402-(30-03-2022)
Autor
Tribunal Administrativo de Bolivar
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2022

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR SENTENCIA No. 05 /2022

SALA DE DECISIÓN No.003

Cartagena de Indias D.T. y C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES.

Medio de control REPARACIÓN DIRECTA Radicado 13001333300420150011402

Demandante ELIZABETH ROMERO OROZCO

Demandado

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES Tema Daños ocasionados por el pago tardío de la ayuda humanitaria por la ola invernal del segundo semestre del año 2011/ No se demostró el hecho que generó dañoRevoca. Magistrado Ponente MARCELA DE JESÚS LÓPEZ ÁLVAREZ

II.- PRONUNCIAMIENTO.

Procede la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar a resolver los recursos de apelación int erpuestos por la s partes, contra la sentencia del 31 de marzo de 2017 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena , mediante la cual se resolvió conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.

III.- ANTECEDENTES.

3.1. La demanda.1

A través de apoderado judicial constituido para el efecto, la señora ELIZABETH

conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.

III.- ANTECEDENTES.

3.1. La demanda.1

A través de apoderado judicial constituido para el efecto, la señora ELIZABETH ROMERO OROZCO, instauró demanda de reparación directa en contra de l DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN D E RIESGOS DE DESASTRES , para que, previo el trámite a que hubiere lugar, se accediera a las siguientes,

3.1.1. Pretensiones2.

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Se pide por la parte activa la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas, por los daños ocasionados por el pago tardío de la ayuda humanitaria decretada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en la Resolución No.074 del 15 de diciembre del 2011, modificada por la Resolución No. 002 del 02 de enero del 2012.

Consecuencialmente invocan la condena por los perjuicios causados materiales e inmateriales.

3.1.2. Hechos3.

Asegura la accionante que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por motivo de los graves efectos ocasionados por la segunda

materiales e inmateriales.

3.1.2. Hechos3.

Asegura la accionante que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por motivo de los graves efectos ocasionados por la segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre del 2011, mediante la resolución No. 074 de diciembre 15 de 2011, destinó unos re cursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias, consistente en el apoyo económico humanitario por el valor de $ 1.500.000. Cuentan además que el Director General de dicha unidad mediante la circular de fecha 16 de diciembre del 2011 impuso como obligación a los Comités Regionales para la Prevención y Atención de Emergencia y Desastres (CREPAD) la de revisar y firmar las planillas y enviar a la Unidad Nacional la solicitud de ayuda departamental anexando todos los documentos soporte. Que las planillas de Soplaviento fueron reportadas el día 23 de diciembre del 2011 ante el Comité Regional de Prevención. No obstante, el Comité no avaló ni entregó ante la Unidad Nacional de Riesgo las planillas de apoyo económico. Precisa que debido a dicha falla por parte del Consejo Departamental se generó un retardo en la entrega de la ayuda económica. Que solo hasta el mes de febrero de 2013 (13 meses después) y después de un trámite de acción de tutela, se hizo efectiva la entre ga de la ayuda económica dispuesta por el Gobierno Nacional. Asegura que la omisión en que incurrió el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Bolívar ocasionó perjuicios tanto de orden pecuniario como no pecuniario.

económica dispuesta por el Gobierno Nacional. Asegura que la omisión en que incurrió el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Bolívar ocasionó perjuicios tanto de orden pecuniario como no pecuniario. 3.2. Contestación.

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La parte demandada guardó silencio.

3.3. Sentencia de primera instancia.4

Por medio de providencia del 31 de marzo de 2017 , el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de esta ciudad, dirimió la controversia sometida a su conocimiento, concediendo parcialmente las pretensiones de la demanda, de la siguiente forma:

“PRIMERO: DECLÁ RASE patrimonialmente responsable al DEPARTAMENTO DE BOLÍ VAR – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE BOLÍVAR por los daños antijurídicos causados a la señora ELILZABET H ROMERO OROZCO, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE BOLÍVAR, a pagar a la demandante, señora ELIZABETH ROMERO OROZCO, CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUAELS VIGENTES, por concepto de perjuicios morales.

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE BOLÍVAR, a pagar a la demandante, señora ELIZABETH ROMERO OROZCO, CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUAELS VIGENTES, por concepto de perjuicios morales.

(….)”

Respeto al daño antijurídico encontró probado, que la accionante fue afectada por la temporada de lluvias dentro del primer y segundo periodo del 2011, encontrándose dentro de las planillas de censo radicadas ante el Comité para la prevención y atención de emergencia el 23 de diciembre de 2011, lo que la hacía acreedora de incentivo económico concedido por el Estado. Determinó que, existió una omisión del CREPAD, debido a que, procedió a dar curso a la información en el mes septiembre de 2012, en ocasión de una orden judicial en vía constitucional de tutela.

Refirió que al ser priv ada la actora del pago oportuno de la asistencia económica de la que era acreedora , se generó un daño antijurídico, por prolongarse de m ane injustificada su condición de vulnerabilidad, ante la ausencia de las condiciones de bienestar y habitabilidad de la vivienda en que debían permanecer.

Respecto a la imputación, encontró acreditada la falla del servicio del Departamento de Bolívar – Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, toda vez que estando obligada a desarrollar una actividad en favor de los damnificados fue omisiva y negligente en realizar el trámite, generando con ello que las familias no recibieran la ayuda económica.

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con ello que las familias no recibieran la ayuda económica.

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3.4. Recurso de apelación.

3.4.1. Parte demandante.5

Cuestiona el apoderado judicial la tasación del perjuicio moral, pues a su juicio, 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes no se acompasan con la magnitud e intensidad del daño. También reprocha que no se haya despachado condena p or perjuicio en la modalidad de alteración grave a las condiciones de existencia y afectación relevante a bienes constitucional y convencionalmente amparados.

Frente a los perjuicios en la modalidad de afectación relevante a bienes constitucional y convencionalmente amparados, insiste en que son consecuencia directa de las fallas de las entidades públicas demandadas pues estas vulneraron los derechos fundamentales de los miembros de la unidad familiar demandante por violación al debido proceso administrativo.

3.4.2. Departamento de Bolívar6.

La entidad demandada presentó escrito de apelación, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

Indicó que, no se demostró la existencia de los graves padecimientos de la accionante y menos aun los perjuicios causados y que estos se hayan derivado del pago tardío de la ayuda económica humanitaria decretada por

Indicó que, no se demostró la existencia de los graves padecimientos de la accionante y menos aun los perjuicios causados y que estos se hayan derivado del pago tardío de la ayuda económica humanitaria decretada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre.

Manifestó que no se podía realizar un juicio de imputabilidad en tanto no hubo falla de su parte, por cuanto actuó de manera adecuada y diligente tomando las directrices fijada en la Resolución 074 del 2011.

3.5. Actuación procesal.

El proceso fue repartido ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 28 de junio de 20177; mediante auto del 07 de febrero de 20188 y auto del 06 de marzo

5 Folios 96-107 pdf No. 02 6 Folios 84-95 pdf No. 02 7 Folio 3 pdf No. 03 8 Folios 4-6 pdf No. 03Código: FCA - 008

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del 20199, se admitieron los recursos de apelación interpuestos por las partes; se ordenó correr traslado para alegar el 24 de abril de 201910.

3.6. Alegatos de conclusión.

Las partes guardaron silencio.

3.7. Concepto del Ministerio Público.

En esta oportunidad el Representante del Ministerio Publico no emitió concepto dentro del presente proceso.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Las partes guardaron silencio.

3.7. Concepto del Ministerio Público.

En esta oportunidad el Representante del Ministerio Publico no emitió concepto dentro del presente proceso.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Tramitada la primera instancia y dado que, no se observa causal de nulidad, impedimento o irregularidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes, previas las siguientes,

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia.

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en segunda instancia, por disposición del artículo 153 del CPACA.

5.2. Problema jurídico.

El Departamento de Bolívar presenta su recurso alegando la indebida valoración del material probatorio y el desconocimiento de las normas que rigen la materia. El actor cuestiona la tasación de los perjuicios morales y el no reconocimiento de otros.

De conformidad con lo expuesto, considera la Sala que se debe determinar:

¿Si le asiste responsabilidad al Departamento de Bolívar en su CDGRD, por los daños materiales e inmateriales, como consecuencia de la demora en el pago de la ayuda humanitaria a los demandantes por ser damnificados de la ola invernal del segundo semestre del año 2011; esto es, ¿desde el 1° de septiembre a 10 de diciembre de dicha anualidad?

En caso de ser responsables los demandados, se entrará a determinar:

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¿Cuáles son los porcentajes a considerar como perjuici os materiales, morales, alteración grave a las condiciones de existencia, afectación a bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados y vida en relación requeridos por la demandante?

5.3. Tesis de la Sala. La Sala de Decisión, resolverá REVOCAR la decisión de primera instancia, según las consideraciones que se pasan a establecer; teniendo en cuenta que, de las pruebas aportadas al plenario no se infiere la existencia de un daño antijurídico derivado concretamente del hecho de no haberse entregado a tiempo las ayudas humanitarias, y mucho menos, se acreditó el perjuicio material concretizado en el pago efectivo de los honorarios al apoderado en cuestión.

5.4. Marco normativo y jurisprudencial.

5.4.1. Responsabilidad Administrativa del Estado.

La acción promovida por el extremo activo es la de reparación directa, cuya fuente constitucional se encuentra en el artículo 90 Superior, desarrollado legalmente por el Código Contencioso Administrativo y cuya finalidad es la declaratoria de resp onsabilidad extracontractual del Estado, con motivo de la acusación de un daño antijurídico.

En efecto, los estatutos citados disponen:

legalmente por el Código Contencioso Administrativo y cuya finalidad es la declaratoria de resp onsabilidad extracontractual del Estado, con motivo de la acusación de un daño antijurídico.

En efecto, los estatutos citados disponen:

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas…

ART. 86 CCA. - Modificado. L. 446/98, art. 31. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa…”

En ese marco, tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional e internacional, coinciden en señalar que para que oper e la responsabilidad extracontractual del Estado, es imperativo que confluyan los siguientes elementos11:

1. El Daño antijurídico, que se traduce en la afectación del patrimonio material o inmaterial de la víctima, quien no está obligada a soportar esa carga . Sin

11 Modernamente conocidos como daño antijurídico e imputación.Código: FCA - 008

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daño, no existe responsabilidad, de ahí que sea el primer elemento que debe analizarse.

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daño, no existe responsabilidad, de ahí que sea el primer elemento que debe analizarse.

2. El Hecho Dañino, que es el mecanismo, suceso o conducta que desata el daño, el cual puede concretarse en una acción u omisión; este se atribuye para efectos de declarar la responsabilidad y

3. El Nexo Causal, que se constituye en la relación causa efecto que debe existir entre el hecho dañino y el daño.

Ahora bien, en lo que se refiere a los tipos de imputación por medio de los cuales se puede encuadrar la responsabilidad del estado, se tiene la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial; el Consejo de E stado, en lo que tiene que ver con la falla del servicio, expone que, éste ha sido el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; y que, conforme con el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exi gir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de man iobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se

hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de man iobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”12, así, las obligaciones que están a cargo del Estado –y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponía la autoridad para contrarrestarlo13.

Ahora bien, la falla del se rvicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irre gularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración,

12 Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837 13 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787Código: FCA - 008

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teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía14.

En términos generales, la falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación – conducta activa u omisa - del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo de l Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del Juez, de las falencias en las que incurrió la Administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada podrá exonerarse de una declaratori a de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada o, si demuestra que el nexo causal era apenas aparente, mediant e la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero15.

5.4.2. Marco Legal y Jurisprudencial sobre los Decretos dictados por el Gobierno Nacional frente al fenómeno de la Niña.

Para una mejor comprensión a los lectores de este fallo se hará un recuento de lo que ha sido el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia. Así las cosas, se permite esta Corporación explicar

Para una mejor comprensión a los lectores de este fallo se hará un recuento de lo que ha sido el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia. Así las cosas, se permite esta Corporación explicar que, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue creada en noviembre del 2011, con el Decreto 4147 de ese año, y fue la entidad cargada de atender en el año 2011, las emergencias por el fenómeno meteorológico denominado “La Niña”; consistente en una fase fría sobre el globo terráqueo16; que obligó al Gobierno Nacional a decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio.

14 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880. 15 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 8 de 2007, Exp. 15971, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 16 La Niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural -global del clima conocido como El Niño -Oscilación del Sur (ENOS) . Este ciclo global tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, precisamente conocida como La Niña. Tomado de la página web. www.elclima.com.mx/fenomeno_la_nina.htmCódigo: FCA - 008

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Aquellos Decretos 17 fueron sometidos no solo al escrutinio de la H. Corte Constitucional18, sino por el H. Consejo de Estado, este último, adujo en sus consideraciones, que el reconocimiento que se hace por parte del Estado es una ayuda humanitaria , consistente en diversos componentes que pueden ser; desde económicos, como psicológicos, entre otros19.

Bajo ese entendido, la UNGRD mediante la Resolución No. 074 de 2011 , estableció un apoyo económico de hasta un millón quinientos mil pesos ($1.500.000,00), para cada familia damnificada directa de la segunda temporada invernal de 2011 que cumpliera los siguientes requisitos:

a) Estar residiendo en sitio afectado por fenómeno hidrometereológico. b) Que el fenómeno hidrometereológico que lo afectó tuvo ocurrencia entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. c) Que es damnificado directo, con el sentid o y alcance que a tal expresión le da la propia Resolución 074 de 2011, vale decir que sufrió daños en su vivienda y en sus muebles o enseres al interior de esta. d) Que es cabeza de núcleo familiar (Circular del 16 de diciembre de 201120). e) Que, sobre la base de cumplir los requisitos anteriores, su nombre e identidad aparecieran en el listado de “damnificados directos” enviado por los CLOPAD (hoy CMGRD) a esta Unidad.

201120). e) Que, sobre la base de cumplir los requisitos anteriores, su nombre e identidad aparecieran en el listado de “damnificados directos” enviado por los CLOPAD (hoy CMGRD) a esta Unidad.

17 “El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, expidió el Decreto Legislativo 4580 de 7 de diciembre de 2010, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Con fundamento en dicho Decreto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, a través del cual se adoptaron medidas de fortalecimiento para el Fondo Nacional de Calamidades, con el propósito de establecer mecanismos ágiles para la asignación de recursos a las comunidades afectadas con dicho fenómeno natural. 18 Los citados Decretos fueron objeto de revisión automática de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El primero, a través de la sentencia C-193 de 18 de marzo de 2011 (Expediente núm. RE -177, Magistrado ponente doctor Mauricio González Cuervo), en tanto que el segundo lo fue mediante fallo C -194 del mismo día, mes y año (Expediente núm. RE190, Magistrado ponente doc tor Humberto Antonio Sierra Porto), providencias estas que declararon exequibles el articulado de los citados Decretos (algunos condicionados), con excepción del inciso segundo del artículo 14 18 que fue hallado inexequible, al igual que su parágrafo primero respecto de la expresión “las cuales se sujetarán a la reglamentación a que se refiere el inciso segundo del presente artículo”, inexequibilidad que dio lugar a que se expidiera el Decreto objeto de control.

parágrafo primero respecto de la expresión “las cuales se sujetarán a la reglamentación a que se refiere el inciso segundo del presente artículo”, inexequibilidad que dio lugar a que se expidiera el Decreto objeto de control. 19 Puede leerse la sentencia, de legalidad; CONSEJO DE ESTADO; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; 5 de febrero de 2013; C. PONENTE: Doctora María Elizabeth García González. 20 “Asignación de asistencia económica destinada a los damnificados por la segunda temporada de lluvias…” y estableció los siguientes requisitos:

1. Ser damnificado directo.

2. Estar inscrito en las planillas de apoyo económico avalada por el CLOPAD.

3. La persona debe ser cabeza de familia y estar registrada una sola vez.Código: FCA - 008

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Se estableció entonces, que el Fondo Nacional de Calamidades haría entrega de los recursos a través del Banco Agrario, y este a su vez, entregaría el dinero a las personas que fueron inscritas en las planillas de apoyo económico y que fueron considerados como damnificados directos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco y la Fiduprevisora de acuerdo a lo dispuesto por la UNGRD. El pago se hará a las personas que hayan sido reportadas como cabeza de familia en las planillas tramitadas por el CLOPAD21. Para la entrega de los afectados, se estableció el procedimiento para entregar el apoyo económico anunciado por el Gobierno Nacional con

cabeza de familia en las planillas tramitadas por el CLOPAD21. Para la entrega de los afectados, se estableció el procedimiento para entregar el apoyo económico anunciado por el Gobierno Nacional con ocasión de la segunda ola invernal, en la respectiva Resolución 074 de 2011 y en la circular del 16 de diciembre emitida por el Director General de la

UNGRD22.

El paso a paso a seguir consistía:

“A su vez, describe paso a paso el procedimiento que deben realizar las autoridades locales y los CLOPAD el cual consiste en lo siguiente:

1. Los CLOPAD deberán evaluar y analizar el nivel de afectación que se presenta en su jurisdicción.

2. Deberán ingr esar a la página web www.reunidos.dgr.gov.co e imprimir la planilla de entrega de apoyo económico de septiembre 01 a diciembre 10 de 2011 y diligenciarla físicamente y elaborar el acta del CLOPAD que la avala.

3. Digitalizar la misma información a través de la página web mencionada.

4. Los CLOPAD harán entrega de las planillas con las firmas del alcalde, el coordinador del CLOPAD y el personero municipal al CREPAD.

5. El CREPAD debe revisar y firmar las planillas y enviarlas a la UNGRD.

6. La UNGRD una vez verifique los documentos allegados por el CREPAD, enviará a la Fiduprevisora los registros que cumplan con todos los requisitos y la solicitud de desembolso.

7. La Fiduprevisora transferirá los recursos al Banco Agrario junto con el listado de beneficiarios.

8. Los CLOPAD y los CREPAD deberán hacerle seguimiento al procedimiento de entrega. A su vez, los CLOPAD deberán realizar un plan de contingencia en

7. La Fiduprevisora transferirá los recursos al Banco Agrario junto con el listado de beneficiarios.

8. Los CLOPAD y los CREPAD deberán hacerle seguimiento al procedimiento de entrega. A su vez, los CLOPAD deberán realizar un plan de contingencia en el que se contemple todos los riesgos que se pueda n presentar en el proceso de pago.

Finalmente, informó que “la no inclusión de afectados en la planilla a la fecha señalada, es responsabilidad del CLOPAD en cabeza del respectivo alcalde y

21 Puede leerse sentencia T-648 de 2013. 22 IbídemCódigo: FCA - 008

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por lo tanto la UNGRD no responderá por el apoyo económico correspondiente”23.

5.5. Caso concreto.

5.5.1. Hechos relevantes probados.

En el proceso quedaron acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del problema jurídico:

 Resolución Nº 074 de 2011, “Por la cual se destinan recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el período comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011”24.  Resolución Nº 002 de 2012, “Por la cual se modifica la Resolución Nº 074 del 15 de diciembre de 2011” 25.

diciembre de 2011”24.  Resolución Nº 002 de 2012, “Por la cual se modifica la Resolución Nº 074 del 15 de diciembre de 2011” 25.  Circular de fecha 16 de diciembre de 2011, dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Entidades Técnicas y Operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, CREPAD Y CLOPAD26.  Acta del Comité Local de Prevención y Atención de De sastres de Soplaviento, del 20 de octubre de 201127.  Formato para el censo y registro de hogares afectados por situación de desastre, calamidad o emergencia28.  Comunicación del 23 de diciembre de 2011, del Alcalde de Soplaviento, dirigida al Coordinador del CREPAD, Bolívar29.  Oficio de fecha 1º. de octubre de 2012, por medio del cual la Unidad de Gestión del Riesgo, le remite las planillas y el censo entregado por el Municipio de Soplaviento, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo30.  Contrato de Prestación de servicios con abogado31.  Copia del certificado de SISBEN de la señora ELIZABETH ROMERO OROZCO32.  Testimonio del señor MANUEL OSPINO ÁVILA.33

23 Circular del 16 de diciembre de 2011 emitida por el Director General de la UNGRD. Se Aclara que las Negrillas y Subrayas son de la Corporación que emite este fallo. 24 Folios 17-20 pdf No. 01 25 Folios 21-22 pdf No. 01 26 Folios 23-26 pdf No. 01 27 Folios 27-29 pdf No. 01

24 Folios 17-20 pdf No. 01 25 Folios 21-22 pdf No. 01 26 Folios 23-26 pdf No. 01 27 Folios 27-29 pdf No. 01 28 Folio 31 pdf No. 01 29 Folio 30 pdf No. 01 30 Folio 34 pdf No. 01 31 Folio 57 pdf No. 01 32 Folio 60 PDF No. 01 33 Folios 219 pdf No. 01 – Audiencia de pruebas.Código: FCA - 008

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR SENTENCIA No. 05 /2022

SALA DE DECISIÓN No.003

5.5.2. Análisis de las pruebas frente al marco normativo y jurisprudencial.

En los casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad en el cumplimiento de las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico o de un acto administrativo, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio.

En ese sentido, esta Corporación estima pertinente, antes de entrar a estudiar los elementos de la responsabilidad del Estado en virtud del mencionado régimen de responsabilidad, analizar el contenido obligacional de las normas y/o actos administrativos de donde nace la obligación de la administración, que según las afirmaciones de la parte actora, son las generadoras del daño que se depreca. Así, con ocasión de la segunda temporada de lluvias del 2011, que tuvo inicio

y/o actos administrativos de donde nace la obligación de la administración, que según las afirmaciones de la parte actora, son las generadoras del daño que se depreca. Así, con ocasión de la segunda temporada de lluv

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