TA BOL-13001333300820150047001-(30-06-2023)

Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 055/2023

SALA DE DECISIÓN No. 001

Cartagena de Indias, D T. y C., treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicado 13001-33-33-008-2015-00470-01. Demandante Aracelis Martínez Osorio. Demandado Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Tema Sanción moratoria. Magistrado Ponente Óscar Iván Castañeda Daza

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala Fija de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, por medio de la que se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

III.- ANTECEDENTES

3.1 DEMANDA.

3.1.1 PRETENSIONES1.

La parte actora pretende que se declare la nulidad del acto ficto configurado

III.- ANTECEDENTES

3.1 DEMANDA.

3.1.1 PRETENSIONES1.

La parte actora pretende que se declare la nulidad del acto ficto configurado el día 16 de octubre 2014, frente a la petición presentada el 16 de julio de 2014, en cuanto negó el derecho a pagar la sanción moratoria a la señora Aracelis Martínez Osorio establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad demandada al pago de la sanción moratoria, equivalente a un (1) día de salario de la demandante por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante la entidad. Igualmente, pidió que se diera cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del CPACA y, por último, solicitó que se condenara en costas a la parte vencida dentro del litigio.

1 Folios 1-3 del archivo 01 del expediente electrónico.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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3.1.2. HECHOS2.

En la demanda se narra que, la señora Aracelis Martínez Osorio presentó

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3.1.2. HECHOS2.

En la demanda se narra que, la señora Aracelis Martínez Osorio presentó solicitud para el pago de las cesantías el 29 de junio de 2012, ante la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar.

Refiere que, m ediante la Resolución No. 7100 del 18 de octubre de 2012 , la entidad demandada reconoció el pago de las cesantías, las cuales , fueron efectivamente pagadas el 4 de marzo de 2013.

A pesar de lo anterior, la demandante expone que las cesantías debieron haber sido pagadas el 11 de octubre de 2012, es decir, transcurrieron 142 días de mora. En estos términos, el 16 de julio de 2014 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

No obstante, no hubo respuesta sobre el particular, configurándose el silencio administrativo negativo en el presente caso.

3.1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte demandante señaló como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006. En relación al caso concreto, manifestó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagar las cesantías solicitadas por el docente, dentro de los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de

relación al caso concreto, manifestó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagar las cesantías solicitadas por el docente, dentro de los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la petición. De lo contrario, genera una sanción moratoria para la entidad equivalente a un (1) día de salario del docente, con posterioridad a los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, contando hasta la fecha efectiva en que se efectúe el pago de las cesantías.

3.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

3.2.1. Nación – Ministerio de Educación – FOMAG3.

La entidad solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Propuso las siguientes excepciones: a) inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, por cuanto, las sentencias de constitucionalidad C-314 de 1998 y C-552 de 1998 establecen que el pago de las prestaciones sociales se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestal de la entidad, además, las normas que regulan la profesión docente no establecen la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías; b) pago, en la medida que se han cancelado las prestaciones sociales solicitadas por el

2 Folios 3-5 del archivo 01 del expediente electrónico. 3 Folios 54-65 del archivo 01 del expediente electrónico.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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accionante; c) cobro de lo no debido; d) prescripción, por disposición del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968; e) compensación, por las sumas de dinero pagadas por FOMAG a favor de la demandante; f) buena fe y g) excepción genérica o innominada.

3.2.2. Departamento de Bolívar4.

La entidad territorial se opuso a las súplicas de la demanda. En primera medida, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, la Ley 91 de 1989 consagra que el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a favor de los docentes públicos está en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Además, adujo la inexistencia de la obligación legal de reconocer la sanción moratoria, pues el pago de las cesantías se encuentra sometido a las limitaciones de orden presupuestal que prevé el artículo 14 de la Ley 344 de 1996.

3.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5.

Mediante sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que, se causaron 193 días de mora a favor de la demandante. Se cita en extenso los argumentos expuestos

el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que, se causaron 193 días de mora a favor de la demandante. Se cita en extenso los argumentos expuestos por el despacho de instancia:

“Ahora bien, desde la fecha en que la parte accionante radicó, en debida forma, la solicitud de pago de cesantías parciales, ello es el 29 de junio de 2012, hasta la fecha de su pago efectivo, 05 de marzo de 2013, transcurri eron 08 meses; sin embargo para efectos de contabilizar la presunta tardanza ocasionada con el pago de la prestación social, se debe esclarecer los días con que contaba el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para expedir el acto administrativo de reconocimiento correspondiente.

[…]

Por tanto, a 24 de agosto de 2012 vencía todo el trámite establecido en el Decreto 2831 de 2005 para efecto de reconocimiento de las cesantías parciales por parte de la Nación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Con fundamento en lo previamente expuesto, los 45 días hábiles de que disponía la entidad para proceder al pago de la cesantía parcial solicitada por el docente, se cumplieron el 24 de agosto de 2012, y el pago efectivo de las cesantías que fueron reconocidas mediante Resolución No. 7100 de 18 de octubre de 2012, se llevó a cabo el 05 de marzo de 2013.

De manera que, entre el 25 de agosto de 2012, día siguiente a la fecha en la que debió cancelar la cesantía parcial de la parte demandante, has ta la fecha en

llevó a cabo el 05 de marzo de 2013.

De manera que, entre el 25 de agosto de 2012, día siguiente a la fecha en la que debió cancelar la cesantía parcial de la parte demandante, has ta la fecha en que efectivamente se hizo el pago, 05 de marzo de 2013, transcurrieron 193 días de mora, que deben liquidarse a razón de un día de salario por cada día de retardo, pues ese es el efecto dispuesto por el legislador en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normas citadas como violadas por la apoderada de la parte

4 Folios 66-71 del archivo 01 del expediente electrónico. 5 Folios 177-196 del archivo 01 del expediente electrónico.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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actora. En consecuencia, se tiene un total de 193 días de mora que deberán ser cancelados por la demandada por concepto de sanción moratoria .”.

En la parte resolutiva, el juzgado de instancia dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el día 16 de octubre de 2014, que negó el pago de la sanción moratoria deprecada, generada por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas en la Resolución No. 7100 de

de 2014, que negó el pago de la sanción moratoria deprecada, generada por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas en la Resolución No. 7100 de 18 de octubre de 2012, a favor de la demandante señora ARACELIS MARTÍNEZ OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 22.819.300.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer y pagar a favor de la demandante, 193 días de salario del año 2013, por concepto de sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de

2006.

TERCERO: Declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación a cargo del Departamento de Bolívar.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.”.

3.4. RECURSO DE APELACIÓN6.

La apoderada judicial de la parte demandada pidió que se revocara el fallo de primera instancia. Manifestó que el pago de las cesantías solamente puede ser reconocida y liquidada cuando exista la correspondiente apropiación presupuestal que permita a la administración disponer de los fondos que correspondan, según lo establecido en la Circular No. 001 del 23 de abril de 2002, expedida por el Consejo Directivo del FOMAG. En este orden de ideas, señaló que la Fiduciaria, como vocera del FOMAG, debía esperar que se efectuaran las asignaciones presupuestales para pagar la prestación social solicitada por la demandante. Así pues, no puede endilgarse una

de ideas, señaló que la Fiduciaria, como vocera del FOMAG, debía esperar que se efectuaran las asignaciones presupuestales para pagar la prestación social solicitada por la demandante. Así pues, no puede endilgarse una actitud negligente a la entidad accionada, toda vez que, el reconocimiento de las cesantías sigue un procedimiento que está supeditado a los lineamientos legales, turno de atención y disponibilidad presupuestal.

A su vez, indicó que el régimen jurídico de las cesantías está previsto en la Ley 91 de 1989 y en el Decreto 2831 de 2005. Teniendo estas normas, concluye que no es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, dado que, no está prevista esta institución jurídica para el sector de los docentes públicos. Finalmente, refiere que el Ministerio de Educación Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva, pues, esta entidad no interviene en el reconocimiento y trámite del pago de las cesantías. Inclusive, refiere que el acto administrativo del que se solicita su nulidad, no fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional, pues la responsabilidad recae únicamente en las entidades territoriales empleadoras.

6 Folios 200-206 del archivo 01 del expediente electrónico.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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3.5 TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 13 de febrero de 2023, se admitió el recurso de apelación incoado por la parte demandada7. Luego, mediante providencia del 5 de junio de 2023 se ordenó correr traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión en el trámite de segunda instancia8.

3.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.6.1. Parte demandante9.

La parte actora instó a la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia, por cuanto, el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y parciales ha sido un asunto plenamente reconocido por la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de Estado. Igualmente, señaló la entidad demandada incurrió en sanción moratoria desde el 12 de octubre de 2012 hasta el 4 de marzo de 2013, por ende, es acreedora de un total de 144 días de mora.

3.6.2. Parte demandada.

La parte demandada no se pronunció en esta etapa procesal, según el informe secretarial10 y el registro de la Rama Judicial11.

3.6.3. Concepto del Ministerio Público.

No rindió concepto.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente se observa que de conformidad con lo previsto en el

3.6.3. Concepto del Ministerio Público.

No rindió concepto.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, en el desarrollo de las etapas procesales se ejerció control de legalidad de estas. Por ello y como en esta instancia no se observan vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procederá a dictar la respectiva sentencia.

7 Archivo 03 de la Carpeta “02SegundaInstancia” del expediente electrónico. 8 Archivo 06 de la Carpeta “02SegundaInstancia” del expediente electrónico. 9 Archivo 08 de la Carpeta “02SegundaInstancia” del expediente electrónico. 10 Archivo 09 de la Carpeta “02SegundaInstancia” del expediente electrónico. 11 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacionRad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en segunda instancia, por disposición del artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone

V.- CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en segunda instancia, por disposición del artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si la accionante tiene derecho a que se le reconozca sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por mora en el pago de las cesantías por parte de la entidad demandada. De ser así, se debe determinar, de conformidad con las pruebas que se alleguen al proceso, sí el juez de primera instancia hizo una valoración errónea de los días incurridos en mora por dicha entidad y sobre los cuales debe ser sancionada.

5.3. TESIS DE LA SALA.

La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. En primera medida, se indicará que la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en la entidad encargada de reconocer y pagar las prestaciones sociales a favor de los docentes oficiales, según lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 91 de 1989, 5 del Decreto 3752 de 2003 y 56 de la Ley 962 de 2005. A su vez, se indicará que, mediante las posiciones unificadas del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional13, se estableció el reconocimiento de la sanción moratoria para

mediante las posiciones unificadas del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional13, se estableció el reconocimiento de la sanción moratoria para todos los empleados públicos, incluyendo a los docentes oficiales.

Igualmente, se modificará el ordinal segundo (2°) del fallo de primera instancia, dado que, quedó demostrado que la entidad accionada incurrió en un total de ciento cuarenta y tres (143) días de mora, toda vez que el término de 70 días que tenía la entidad para pagar las cesantías feneció 11 de octubre de 2012 y el desembolso del dinero se efectuó el día 4 de marzo de 2013, según las pruebas documentales incorporadas al expediente judicial.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. No. 73001 -23-33-000-2014-00580-01, Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018. 13 Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, Sentencia SU-332 de 2019.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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5.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

5.4.1. La sanción por el pago tardío de cesantías parciales o definitivas en favor de docentes.

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5.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

5.4.1. La sanción por el pago tardío de cesantías parciales o definitivas en favor de docentes.

Las cesantías son una prestación social, originada en una vinculación de tipo laboral, que beneficia no sólo al trabajador adscrito al sector privado, sino también al vinculado al sector público. El reconocimiento de esta prestación social ocurre cuando se rompe la relación entre la administración y el funcionario, caso en el cual es definitiva; o cuando se dan los supuestos para su otorgamiento de forma parcial sin que el vínculo laboral cese. Esto sucede con la solicitud de las cesantías está relacionada con necesidades de adquisición o mejoramiento de vivienda, educación, entre otros.

Las cesantías de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentran amparadas por un régimen especial, contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en el que se dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…]

3. Cesantías.

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

La norma trascrita no estableció la sanción por la mora en la cancelación de las cesantías a los docentes, generando múltiples decisiones judiciales disímiles. Algunas de las cuales han negado, y otras concedido el pago de la sanción, lo que implicaba cierta inseguridad jurídica para los administrados. Ante la incertidumbre generada por la situación anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-336 de 2017, se pronunció respecto delRad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

Ante la incertidumbre generada por la situación anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-336 de 2017, se pronunció respecto delRad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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pago de cesantías y mora en el pago a docentes ofi ciales, donde llegó a las siguientes conclusiones:

“Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa a los postulados constitucionales, por las siguientes razones:

(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia.

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación c ubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial.

(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de

prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial.

(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de educación de las entidades territoriales y, e n su momento, al Ministerio de Educación Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce por efecto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como empleados públicos. (v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.”14.

La sanción moratoria en estudio, se instituyó en la Ley 244 de 1995 y, tiene lugar siempre que al momento del retiro del servicio o de la terminación de la vinculación, la entidad pública pagadora incumpla los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o

siempre que al momento del retiro del servicio o de la terminación de la vinculación, la entidad pública pagadora incumpla los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales. Al respecto señalan los artículos 1° y 2° ibidem lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hace falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la so licitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

14 Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-336 de 2017.Rad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

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ARTÍCULO 2. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta

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ARTÍCULO 2. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.”

Cabe señalar que la citada norma fue adicionada y modificada por la ley 1071 de 2006 en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN . Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas , empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

ARTÍCULO 3. RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS. Todos los funcionarios a los que hace

trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

ARTÍCULO 3. RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos:

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.

2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.

ARTÍCULO 4. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de l as cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) día s hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. MORA EN EL PAGO . La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme

ARTÍCULO 5. MORA EN EL PAGO . La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario , un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artí culo. Sin embargo, la entidadRad. 13001-33-33-008-2015-00470-01

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 055/2023

SALA DE DECISIÓN No. 001

podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” (Subrayas de la Sala).

Luego, el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00580-01, señaló que a los docentes oficiales sí les son aplicables las previsiones de la Ley 244 de 1995