TA BOL-13001333300820220035801-(17-05-2024)

13001-33-33-008-2022-00358-01

Código: FCA - 008

Versión: 02

Fecha: 18-07-2017

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No.40/2024

SALA DE DECISIÓN No. 02

Cartagena de Indias D. T. y C. , diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO 13001-33-33-008-2022-00358-01

DEMANDANTE SIRLE MARÍA POTE SERRANO

DEMANDADO

NACION – MIN EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOFOMAG; DEPARTAMENTO DE BOLÍVARSECRETARIA

DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

MAGISTRADO

PONENTE JOSÉ RAFAEL GUERRERO LEAL

TEMA SANCION MORATORIA-LEY 50 DE 1990 E

INDEMNIZACIÓN MORATORIA LEY 52 DE 1975

SUBTEMA

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE UNIFICACIÓN

FIJADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO EN SENTENCIA

SUJ.032-S2-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar a pronunciarse respecto del recurso de apelación int erpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en fecha veinticuatro (24) de

Procede la Sala de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar a pronunciarse respecto del recurso de apelación int erpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)1, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, que negó las pretensiones de la demanda.

III.-ANTECEDENTES

3.1. PRETENSIONES2.

La demanda se dirige concretamente a que se declare:

• Que se declare la nulidad del acto administrativo identificado como GOBOL-21-048672 notificado el 9 de noviembre de 2021, donde niegan el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignac ión oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, así como también se niega el derecho a la indemnización, por el pago tardío de los intereses a

1Expediente digital, primera instancia, Archivo “21SentenciaPrimeraInstancia.pdf” folio 1 -18 2Expediente digital, primera instancia, Archivo “01Demanda2022358.pdf” folio 1313001-33-33-008-2022-00358-01

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las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la

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las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, l a Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

• Que se declare que la demandante tiene derecho a que la nación -ministerio de educación nacional y la entidad territorial del Departamento de Bolívar, de manera solidaria, le reconozca y pague la sanció n por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 y a la indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de

1991.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento:

➢ Se condene a la demandada Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial del Departamento de Bolívar, a que se le reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo pres tacional y hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación.

➢ Que se le reconozca y pague la indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo

efectúe el pago de la prestación.

➢ Que se le reconozca y pague la indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021.

➢ Que se reconozca y pague los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria e indemnización por pago extemporáneo de los intereses, referidas en los numerales anteriores, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que debió efectuarse el pago de cada una las anualidades respectivas y de manera independiente conforme hayan sido las cancelaciones y hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 del C.P.A.C.A.13001-33-33-008-2022-00358-01

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➢ Que se reconozca y pague los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo

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➢ Que se reconozca y pague los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de las sanciones moratorias reconocidas en esta sentencia, artículo 192 del C.P.A.C.A

➢ Que se ordene a la Nación-Ministerio De Educación Nacional y a la entidad territorial del Departamento De Bolívar, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A).

➢ Que se condene en costas a la parte demandada.

3.2. HECHOS3.

La demandante expone en el escrito inicial lo siguiente:

➢ Señala que el 1 3 de septiembre de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y sus intereses a la entidad nominadora y que esta resolvió negativamente la petición, mediante el acto demandado.

➢ Indica que las entidades demandadas han incumplido con la consignación de los intereses y las cesantías correspondientes al año 2020, rebasando los límites temporales fijados por la ley para el cumplimiento de esta obligación.

➢ Sostiene que tiene derecho al pago de los conceptos reclamados por laborar como docente en los servicios educativos estatales al servicio de las entidades demandadas al igual que todos los servidores públicos y privados.

cumplimiento de esta obligación.

➢ Sostiene que tiene derecho al pago de los conceptos reclamados por laborar como docente en los servicios educativos estatales al servicio de las entidades demandadas al igual que todos los servidores públicos y privados.

3.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR4.

Presentó contestación de demanda, manifestando que se opone a cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de motivaciones jurídicas o fácticas para invocarlas. Así mismo , se opone a los argumentos

3 Expediente digital, Primera Instancia, Archivo “01Demanda2022358.pdf” folio 3 - 6 4 Expediente digital, Primera Instancia, Archivo “09ContestaciónDemandaDepartamento2022358.pdf” folio 1 - 1913001-33-33-008-2022-00358-01

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expuestos en el capítulo de disposiciones legales violadas y concepto de violación. Señaló que el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se tiene que el artículo 4° de la Ley 91 de 1989 creó el precitado fondo como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, y cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta,

fondo como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, y cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Así mismo, se estableció que en dicha cuenta se debían afiliar a los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados al servicio educativo al momento de promulgación de dicha norma, así como a los que se vinculen con posterioridad a ella. Con respecto al pago de las cesantías, p ara los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario , sobre el salario promedio del último año. En cambio para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. La obligación de pago de cesantías e intereses de cesantías corresponde

con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. La obligación de pago de cesantías e intereses de cesantías corresponde de forma exclusiva al FOMAG. Que para el trámite de pago de cesantías la Secretaría de Educación no tiene que expedir acto administrativo, su participación es solo el envío del Listado de la nómina de docentes activos, pero es el FOMAG quien realiza todo el p roceso de pago a los fondos de cesantías Así las cosas, estima que de tener derecho el accio nante al pago de la sanción por mora, la entidad que debe asumir la sanción es el Fomag.13001-33-33-008-2022-00358-01

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG5.

Se opone a la prosperidad de las pretensiones perseguidas , como quiera que, los docentes se encuentran amparados por un régimen especial de prestaciones sociales que se rige por la Ley 91 de 1989, por tanto, resulta improcedente la aplicación de lo establecido en la Ley 50 de 1990, el cual es exclusivo para sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG, pues, es un patrimonio autónomo. Argumenta que los docentes son considerados empleados públicos del orden nacional, no solo por mandato legal, sino también según el

es exclusivo para sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG, pues, es un patrimonio autónomo. Argumenta que los docentes son considerados empleados públicos del orden nacional, no solo por mandato legal, sino también según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Esto desvirtúa su calidad como servidores públicos del orden territorial establecido en el Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la Ley 344 de 1996. Destaca que la norma en cuestión implica que los destinatarios estén afiliados a fondos privados de cesantías. No obstante, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableciendo un patrimonio autónomo para concili ar los intereses de los educadores asimismo el artículo 15, numeral 3, de dicha ley establece parámetros aplicables a los empleados públicos de orden nacional en materia de prestaciones sociales y económicas. A pesar de lo anterior, afirma que el pago de las cesantías e intereses a las cesantías del año 2020 se realizó dentro de los plazos establecidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según el Acuerdo 39 de 1998. Por lo tanto, se argumenta que no procede el pago de indemniza ciones moratorias, ya que las disposiciones de la ley 50 de 1990 no son aplicables a los docentes afiliados a dicho fondo y el pago se realizó conforme a lo establecido en la ley 91 de 1989.

3.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6.

Mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de agosto de los dos mil vientres (2023), el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena,

3.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6.

Mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de agosto de los dos mil vientres (2023), el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, negó las pretensiones de la demanda. El a quo señaló que se encontró acreditado que la parte demandante es docente afiliado al Fomag, y por lo tanto el régimen que se le aplica es el

5 Expediente digital, primera instancia, Archivo “08ContestacionDemandaFomag2022358.pdf” folio 1-20 6 Expediente digital, Primera Instancia, Archivo “21SentenciaNiega20220358.pdf” folio 1 - 2613001-33-33-008-2022-00358-01

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previsto en la ley 91 de 1989,el cual es un régimen especial de cesantías de los docentes que no exige la consignación anual, que, no es compatible al régimen que prevé la ley 50 de 1990 el cual, se e xtiende a los empleados públicos afiliados a fondos de cesantías privados conforme a la ley 344 de 1996. En razón de lo anterior, se señaló que le corresponde a la Secretaría de Educación territorial, realizar anualmente el reporte de liquidación de las cesantías y de los intereses a las cesantías, con plazo de reporte del 5 de

1996. En razón de lo anterior, se señaló que le corresponde a la Secretaría de Educación territorial, realizar anualmente el reporte de liquidación de las cesantías y de los intereses a las cesantías, con plazo de reporte del 5 de febrero del 2021, y la Fiduprevisora como vocera del Fomag realiza el depósito de los intereses a las cesantías en el mes de marzo de cada año siguiente Sin embargo, el a quo, observó que mediante los documentos que reposan dentro del expediente, se evidencio que la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar efectivamente efectuó el reporte de cesantías e intereses en el plazo establecido antes del 5 de febrero del 2021, al igual que la Fiduprevisora ejecut ó el pago de los intereses a las cesantías el 31 de marzo del 2021. En ese orden de ideas, el a quo, consideró que no hay lugar al reconocimiento y pago de la sanción por consignación tardía de las cesantías establecida en el articulo 99 de la ley 50 de 1990, ni mucho menos a la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías consagrada en el articulo 1 de la ley 52 de 1975. Finalmente, explicó que l a SU -098 de 2018 no resulta aplicable al caso porque el supuesto fáctico de la misma es distinto, en tanto que la demandante siempre ha estado afiliación al Fomag.

3.5. RECURSO DE APELACIÓN7.

La parte demandante presenta su recurso de apelación, ante la decisión tomada en primera instancia, por no estar de acuerdo con los fundamentos utilizados por el Juzgador. Reiteró la idea que, la tesis del despacho fue desarrollada bajo los siguientes

La parte demandante presenta su recurso de apelación, ante la decisión tomada en primera instancia, por no estar de acuerdo con los fundamentos utilizados por el Juzgador. Reiteró la idea que, la tesis del despacho fue desarrollada bajo los siguientes temas específicos:

1. Que los docentes tienen un régimen especial de cesantías.

2. La competencia en el reconocimiento y pago de las cesantías docentes.

7 Expediente digital, Primera Instancia, Archivo “23RecursoApelacion2022358.pdf” folio 1 – 3113001-33-33-008-2022-00358-01

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3. Incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975.

Ataca la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que, los docentes trabajadores de régimen especial sí son sujetos de aplicación del contenido incorporado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 . máxime si se tiene en cuenta que el régimen general es más favorable en este aspecto frente a lo que dispone el régimen especial. Planteó el punto entre, la difer encia del reconocimiento y consignación. Aclarando que, el presente caso se pide la indemnización moratoria por la falta de consignación de las cesantías al fondo del trabajador; que son dos cosas completamente distintas.

Planteó el punto entre, la difer encia del reconocimiento y consignación. Aclarando que, el presente caso se pide la indemnización moratoria por la falta de consignación de las cesantías al fondo del trabajador; que son dos cosas completamente distintas. Manifestó la inconformidad de la Nación al no girar el dinero en el tiempo oportuno, de cada año, y tener así la disponibilidad para recurrir a cobrar el pago. Adujo de quien tiene la responsabilidad de hacer el envío de dichos dineros, es la Nación, y que su mal actuar desencadena sit uaciones lamentables convertidas en vulneración de derechos prestacionales; los cuales han sido protegidos por las altas cortes y que el gobierno debe corregir, para evitar detrimento del erario.

3.6. TRÁMITE PROCESAL SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 16 de abril de 2024 8, se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandant e contra la sentencia de fecha 24 de agosto de 2023, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente se observa que en el desarrollo de las etapas procesales de primera instancia se ejerció el control de legalidad ordenado por el artículo 207 CPACA. Por ello y como en esta instancia no se observan vicios que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión, se procede a resolver la alzada.

8Expediente digital, Segunda Instancia, Archivo “03AdmiteRecursoDeApelacion.pdf” folio 1 - 213001-33-33-008-2022-00358-01

Código: FCA - 008

8Expediente digital, Segunda Instancia, Archivo “03AdmiteRecursoDeApelacion.pdf” folio 1 - 213001-33-33-008-2022-00358-01

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala encuentra que el problema jurídico se concreta en el siguiente cuestionamiento: ¿Determinar si es o no procedente la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la demandante quien se encuentra vinculado al régimen especial de cesantías previsto para los docentes en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción mora por la no consignación de las cesantías 2020 y la indemnizac ión de la ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses de las cesantías 2020? 5.3. TESIS DE LA SALA La Sala dará aplicación a las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado en sentencia de fecha 11 de octubre de 2023, donde se indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la

La Sala dará aplicación a las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado en sentencia de fecha 11 de octubre de 2023, donde se indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías Ley 52 de 1975, no son aplicables a los docentes afiliados al FOMAG y por el contrario estos se encuentran regidos por lo establecido en la ley 91 de 1989. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. 5.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL - Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023 Sección Segunda d el Consejo de Estado, SUJ.032-S2-2023 radicado 66001333300120220001601.

5.5. CASO CONCRETO 5.5.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico En el presente asunto, de acuerdo a lo planteado en el recurso de apelación corresponde establecer si al personal docente afiliado al FOMAG le es13001-33-33-008-2022-00358-01

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aplicable lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y lo establecido en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 para el reconocimiento de

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aplicable lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y lo establecido en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 para el reconocimiento de la sanción mora y la indemnización que consagran respectivamente las normas citadas. Frente a lo anterior corresponde dar aplicación a la sentencia de unificación de fecha 11 de octubre de (2023)9 del Consejo de Estado. En este proveído unificador, el cual es de obligatorio cumplimiento 10, se fijaron las siguientes reglas: • Las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo c aso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera, que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento. • En el evento en que la entidad te rritorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiara, entre otros aspectos, del reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de modo que le reportarían mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. • La afiliación del docente oficial será el factor determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50

tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. • La afiliación del docente oficial será el factor determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que a los no afiliados se les debe garantizar un mínimo de protección, derivado del sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

En relación a la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías señaló: • No es posible comparar aisladamente aspectos puntuales de un régimen que comprende asuntos prestaciones y de seguridad social, basada en sus propias reglas, principios e instituciones. Por lo que, los docentes estatales a filiados al FOMAG no tiene derecho al

9 Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023 Sección Segunda del Consejo de Estado, SUJ.032-S2-2023 radicado 66001333300120220001601. 10 Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023 Sección Segunda del Consejo de Estado, SUJ.032-S2-2023 radicado 66001333300120220001601.[…]La regla jurisprudencial que se fija en esta providencia se aplica a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables.13001-33-33-008-2022-00358-01

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reconocimiento de la indemnización estipulada en la Ley 52 de 1975 por el pago de los intereses a las cesantías.

En esa medida, en el presente asunto se encuentra acreditado que la accionante es docente y a su vez se encuentra afiliada al FOMAG, beneficiaria del régimen de cesantías anualizada, de acuerdo a certificado de afiliación11, donde se establece lo siguiente:

También se encuentra certificado de extracto de intereses de cesantías donde se certifica que los conceptos reclamados ya habían sido girados al fondo12.

11 Expediente digital, primera instancia, archivo “08ContestacionDemandaFomag2022358.pdf” folio 47 12 Expediente digital, primera instancia, archivo “08ContestacionDemandaFomag2022358.pdf” folio 4813001-33-33-008-2022-00358-01

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En consecuencia, en el sub examine en atención a las reglas fijadas a la demandante como docente afiliada FOMAG, no le es aplicable la sanción

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En consecuencia, en el sub examine en atención a las reglas fijadas a la demandante como docente afiliada FOMAG, no le es aplicable la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En relación con la indemnización a que refiere la Ley 52 de 1975 por la consignación tardía de los intereses de cesantías, reclamada por la parte demandante, se debe indicar que esta es aplicable al régimen general y no al especial que regula a los docentes afiliados al FOMAG, como ocurre en el presente caso, donde se acreditó la afiliación de la accionante al respectivo fondo.

Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado el pago de los intereses de cesantías, a través de entidad bancaria, en favor del docente, como se muestra a continuación13:

En esa medida, la indemnización solicitada no es compatible con la normatividad aplicable a los docentes, en razón que el régimen especial dispuesto en la Ley 91 de 1989, se reitera, prevé la forma co mo deben liquidarse los intereses de las cesantías y la fecha en que se debe realizar el desembolso, sin que ella se estipule indemnización alguna en los términos que solicita el demandante. Lo anterior, en aplicación del criterio unificado por el Consejo de Estado en sentencia de 11 de octubre de 2023.

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión tomada por el juez de primera instancia que negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

6. CONDENA EN COSTAS.

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365

primera instancia que negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

6. CONDENA EN COSTAS.

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), comoquiera que, no se encuentran probadas en el expediente.

13 Expediente digital, primera instancia, Archivo “08ContestacionDemandaFomag2022358.pdf” folio 4813001-33-33-008-2022-00358-01

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SALA DE DECISIÓN No. 02

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia de fecha 24 de agosto de 2023, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

FALLA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Constancia: el proyecto de la presente providencia fue estudiado y aprobado en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS

JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL

Constancia: el proyecto de la presente providencia fue estudiado y aprobado en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS

JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL

MARCELA DE JESÚS LÓPEZ ÁLVAREZ MOISÉS DE JESÚS RODRÍGUEZ PÉREZ