TA BOL-13001333300820230023401-(18-07-2023)

Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

1

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

Cartagena de Indias D.T. y C. , Dieciocho (18) de julio (07) de dos mil veintitrés (2023)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES

INTERVINIENTES.

Medio de control Acción de tutela – Impugnación Radicado 13-001-33-33-008-2023-00234-01 Accionante Manuel Antonio Del Toro Accionado Previsora Seguros S.A. Magistrada Ponente Marcela De Jesús López Álvarez Tema Pago de honorarios por parte de la compañía aseguradora a la Junta Regional de Calificación de Invalidez

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, a dictar sentencia de segunda instancia en el marco de la acción de tutela impetrada por el señor Manuel Antonio Del Toro , contra Previsora Seguros S.A.

III.- ANTECEDENTES

3.1 Pretensiones1.

La parte activa del presente proceso pretende hacer valer las siguientes pretensiones (SIC):

“PRIMERO: Seguir el lineamiento y lo ordenado por la sentencia T -076-19 y en la

3.1 Pretensiones1.

La parte activa del presente proceso pretende hacer valer las siguientes pretensiones (SIC):

“PRIMERO: Seguir el lineamiento y lo ordenado por la sentencia T -076-19 y en la sentencia T-400 de 2017 y se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL, contenido en los Artículos 29,13,48,53 de la Carta Constitucional, al cual tengo derecho.”

“SEGUNDO: Que se ordene a la compañía aseguradora PREVISORA SEGUROS S.A., sufragar los honorarios profesionales de los Médicos de la Junta Regional de Calificación de Invalide z, que corresponda consigna ndo UN (1) SALARIO MÍNIMO

1 Folios 03-04 del Archivo 01 de Primera InstanciaRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

MENSUAL LEGAL VIGENTE a la fecha de solicitud de la calificación, para que pueda obtener el dictamen de Pérdida de capacidad laboral”

3.2 Hechos2.

El accionante manifiesta inicialmente que se dirige ante el despacho del Juez Constitucional con el fin de que sean activadas las garantías constitucionales de tutelar los derechos vulnerados por la Previsora Seguros

3.2 Hechos2.

El accionante manifiesta inicialmente que se dirige ante el despacho del Juez Constitucional con el fin de que sean activadas las garantías constitucionales de tutelar los derechos vulnerados por la Previsora Seguros S.A., por los actos que se mencionan (SIC):

“PRIMER: El día 2 de noviembre de 2022, solicité una valoración de pérdida de capacidad laboral, toda vez que el día 2 de noviembre de 2021, sufrí un accidente de tránsito, en calidad de conductor de la motocicleta de placa PQLO8F SEGUNDO: Dentro del accidente antes mencionado, Sufrí las siguientes lesiones: ...

TERCERO: El vehículo en el que me desplazaba al momento del accidente, se encontraba amparado por la póliza de Seguro Obligatorio de daños corporales causados a las personas en Accidentes de Tránsito – SOAT – expedida por PREVISORA SEGUROS S.A. póliza No 3308004554676000, la cual se encontraba vigente para la fecha del respectivo siniestro.

CUARTO: Dentro de las coberturas de la póliza de Seguro Obligatorio de daños corporales causados a las personas en Accidentes de Tránsito – SOAT – se encuentra el amparo por INCAPACIDAD PERMANENTE, con un monto máximo de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, por víctima.

QUINTO: El día 23 de febrero de 2023, la aseguradora PREVISORA SEGUROS S.A., me notifico una valoración de pérdida de capacidad laboral en primera instancia emitida por su equipo interdisciplinario, asignándome un porcentaje de calificaron

QUINTO: El día 23 de febrero de 2023, la aseguradora PREVISORA SEGUROS S.A., me notifico una valoración de pérdida de capacidad laboral en primera instancia emitida por su equipo interdisciplinario, asignándome un porcentaje de calificaron del 9,8 por ciento de pérdida de capacidad laboral, a lo cual no estuve de acuerdo.

SEXTO: Por tanto, el 27 de febrero de 2023 solicite a previsora seguros la valoración en segunda instancia para ser valorado en la junta regional de calificación de invalidez con los honorarios pagados por LA PREVISORA SEGUROS S.A tal como lo manifiesta la normatividad vigente.

SÉPTIMO: Actualmente trabajo como guarda de seguridad, vivo en casa familiar, tengo dos hijos menores a cargo por lo tanto no puedo pagar unos honorarios tan costosos y que no corresponden.

OCTAVO: A la fecha de la presentación de esta demanda de tutela la aseguradora no ha dado respuesta.”

3.3 Informe de la autoridad accionada. 3.3.1 Informe de la Previsora Seguros S.A.3

En el informe rendido por Previsora S.A. Compañía de Seguros , esta señala que le dio respuesta por correo al recurso de apelación/inconformidad interpuesta por el Sr. Del Toro frente al dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral , aduciendo que la parte accionante no allega ninguna prueba que permita acreditar lo que alega.

2 FL 02 del Archivo 01 de Primera Instancia 3 FL 02-04 del Archivo 10 de Primera InstanciaRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

2 FL 02 del Archivo 01 de Primera Instancia 3 FL 02-04 del Archivo 10 de Primera InstanciaRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

Sumado a ello, expone que aquel que pretenda ser beneficiario de un seguro como el seguro obligatorio de accidente de tránsito debe cumplir a cabalidad con los requisitos que la ley dispone para la reclamación del mismo con base en las normas reglamentarias del Código de Comercio (artículo 1077) también del Decreto 056 de 2015.

Reitera, que con base a las normas reglamentadas “…no es carga de la aseguradora subsanar los requisitos de procedibilidad que ha previsto la ley para la reclamación de seguro de que quien se considere acreedor de la indemnización derivada de la cobertura de SOAT…”

Adicionalmente, para el caso en particu lar según la línea jurisprudencial , dichas garantías a los derechos fundamentales solo resultan aplicables a una persona que manifieste vulnerabilidad económica y por ello , eventualmente le sea imposible llenar los requisitos legales de las reclamaciones de seguros.

Finalmente, manifiestan que el Señor Del Toro no otorg ó prueba alguna de que se encuentre en una especial imposibilidad económica, por tanto, y por

eventualmente le sea imposible llenar los requisitos legales de las reclamaciones de seguros.

Finalmente, manifiestan que el Señor Del Toro no otorg ó prueba alguna de que se encuentre en una especial imposibilidad económica, por tanto, y por lo anteriormente mencionado, tampoco existiría una razón para obligar a la Previsora S.A. Compañía de Seguros a cancelar los honorarios del dictamen ante la Junta Regional de Calificación.

3.4 Actuación procesal.

La presente acción de tutela fue radicada por el accionante el día 16 de mayo de 2023, sin embargo, fue rechazada la presente acción de tutela a través de auto 16 de mayo de 2023 por el juzgado 22 civil del circuito de Bogotá por falta de competencia y se remitió el asunto a los juzgados de Cartagena4.

Fue repartida el día 17 de mayo de 2023 5 y fue admitida por el J uzgado Octavo Administrativo del circuito de Cartagena mediante providencia del 17 de mayo de 20236.

4 Folio 02 del Archivo “11FalloTutela2023234.pdf” Primera Instancia 5 Archivo “06ActaReparto2023234.pdf” Primera instancia 6 Archivo “08AdmiteTutela2023234.pdf” Primera instanciaRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

El 30 de mayo de 2023 7, se profiere sentencia de primera instancia, providencia notificada a las partes, con fecha del 02 de junio de la presente anualidad. La parte accionante, presentó oportunamente impugnación del fallo de tutela 8 según lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 ; y le correspondió por reparto al Despacho 01 de este Tribunal Administrativo.

3.5 Sentencia de primera instancia.9

Mediante sentencia de primera instancia adiada 30 de mayo de 2023, e l Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, decidió el presente litigio concediendo el amparo solicitado.

El fallador, concluyó que era necesario se le ampararan al Sr. Del Toro los derechos fundamentales invocados como el debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital , ordenando así por consiguiente a la parte accionada, Previsora Seguros S.A el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se determine al accionante su pérdida de capacidad laboral, lo anterior, fundado en las sentencias de la Corte Constitucional citadas en la providencia de primera instancia.

3.6 La Impugnación.10

La parte accionada interpone escrito de impugnación de manera oportuna, en donde señala que este tipo de casos son mencionados por la

la Corte Constitucional citadas en la providencia de primera instancia.

3.6 La Impugnación.10

La parte accionada interpone escrito de impugnación de manera oportuna, en donde señala que este tipo de casos son mencionados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como aquellos en los que solo se puede conceder el amparo de los derechos fundamentales a la persona que se encuentre en una evidente vulnerabilidad económica, por tanto, esté impedido para cumplir los requisitos legales para este. Ante esa posición de la jurisprudencia constitucional , mencionan que el señor Manuel Antonio Del Toro Puerta no ha probado su situación pobreza económica.

Además, señala que, el Sr. Del Toro considerándose como acreedor de la indemnización derivada de la cobertura de SOAT no ha subsanado los requisitos de procedibilidad que ha previsto la ley, tal como aportar el

7 FL 01 del Archivo 01 Primera Instancia 8 FL 02 del Archivo 12 Primera Instancia 9 Archivo 11 Primera Instancia. 10 Archivo 12 Primera Instancia.Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

5

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez ; por tanto, ellos

5

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez ; por tanto, ellos solicitan que no sea concedido el amparo a los derechos fundamentales que al ega el accionante le han sido vulnerados y, por consiguiente, sostienen que debe revocarse el fallo de primera instancia , para que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Conforme lo prevé el artículo 132 de la ley 1564 de 2012, se hace control de legalidad sobre el cumplimiento de las reglas del debido proceso en esta etapa del diligenciamiento, advirtiéndose por la Sala que no se evidencian vicios que puedan acarrear nulidad.

V. CONSIDERACIONES

5.1 COMPETENCIA.

El Tribunal Administrativo de Bolívar es competente para resolver la impugnación de la presente acción, con base en la Constitución Política y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991.

5.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, determinar si en el presente caso resulta procedente o no la acción de tutela para estudiar si la Previsora S.A Compañía Aseguradora ha vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso, igua ldad, seguridad social y mínimo vital del señor Manuel Antonio del Toro Puerta, al negarse al pago de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez para el dictamen de segunda instancia por éste solicitado, bajo el

seguridad social y mínimo vital del señor Manuel Antonio del Toro Puerta, al negarse al pago de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez para el dictamen de segunda instancia por éste solicitado, bajo el argumento de que no prueba la vulnerabilidad económica que lo releve del cumplimiento de ese deber y traslade la carga a la aseguradora , ni tampoco cumple el requisito de procedibilidad para el reclamo, el cual consiste en aportar el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

5.3 TESIS.

La Sala de Decisión No. 003 del Tribunal, considera pertinente confirmar la sentencia del A -quo al considerar que la entidad demandada vulneró losRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

6

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

derechos fundamentales incoados por el accionante, al omitir o negarse a cancelar el pago de los honorarios de la Junta Regional de Invalidez, teniendo en cuenta que la parte accionante es una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad económica.

Por otra parte, no es de recibo p ara la Sala el argumento referido a la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que, por un lado, no se alegó en la contestación que se allegó el primera instancia a los hechos que sustenta la solicitud de amparo y, por otra parte,

de cumplimiento del requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que, por un lado, no se alegó en la contestación que se allegó el primera instancia a los hechos que sustenta la solicitud de amparo y, por otra parte, en el caso concreto no se discute el otorgamiento de la indemnización reclamada sino la necesidad de que la aseguradora asuma el costo de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez, precisamente para que el accionante pueda cumplir co n el requisito aludido y acceder a la prestación.

5.4 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

5.4.1. Generalidades de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como mecanismo judicial para la protección de los derechos fundamentales de toda persona cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos taxativamente señalados en la ley, siempre y cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo el caso que, de no proceder el juez, se configure un perjuicio irremediable.

De lo anterior, se tiene como características de esta acción las siguientes:

• Está instituida para proteger derechos fundamentales. - La subsidiariedad, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio catalogable como irremediable, situación ésta que debe acreditarse por quien la aduce. - La inmediatez, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso disponer la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental

situación ésta que debe acreditarse por quien la aduce. - La inmediatez, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso disponer la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental objeto de vulneración o amenaza.Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

7

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

5.4.2 Requisitos para la solicitud de indemnización por incapacidad permanente. En el Decreto 780 de 2016 indica que para radicar mencionada solicitud es necesario aportar: “1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado.

2. Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en firme emanado de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Decretoley 019 de 2012, en el que se especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

3. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito.

4. Epicrisis o resumen clínico de atención expedido por el Prestador de Servicios de Salud y certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de

una víctima de accidente de tránsito.

4. Epicrisis o resumen clínico de atención expedido por el Prestador de Servicios de Salud y certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que conste que la persona atendida fue víctima de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas (…) 5.4.3 Regulación de indemnización por incapacidad permanente emanada de accidente de tránsito.

En Sentencia de Tutela No. 003/20 de la Corte Constitucional, con fecha 15 de enero de 202011 se establece que: “(…) De la regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente a causa de accidentes de tránsito, pueden sintetizarse las siguientes reglas: (i) para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT, es indispensable allegar el dictamen médico proferido por la autoridad competente; (ii) dentro de las autoridades competentes para determinar, en primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral, se encuentran las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte; (iii) dado que las empresas responsables del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito asumen, entre otros riesgos, el de incapacidad permanente, tienen también la carga legal de practicar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez del asegurado , orientado a acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT.” 5.4.4 Honorarios de Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez. En el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, establece que:

acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT.” 5.4.4 Honorarios de Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez. En el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, establece que:

11 Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2020 (MP Diana Fajardo Rivera)Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

8

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

“Los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común; en caso de que la calificación de origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por la Administradora de Riesgos Laborales, conforme a la reglamentación que expida el Min isterio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, reglamentará la materia y fijará los honorarios de los integrantes de las juntas” A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia T-349 con fecha del 23 de febrero de 2000 manifiesta en lo que respecta al asunto;

(…) Los honorarios de las juntas deben ser cancelados por la entidad de previsión o

A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia T-349 con fecha del 23 de febrero de 2000 manifiesta en lo que respecta al asunto;

(…) Los honorarios de las juntas deben ser cancelados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante, ya que al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social”.12

5.4.5 Debilidad manifiesta.

La Corte Constitucional en la sentencia C-164 de 2000 con fecha de, 23 de febrero de 2000 determinó que “era deber del Estado salvaguardar a los sujetos que por su condición física, económica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Por esta razón, debe evitar un trato favorable respecto de aquellos que cuenten con los recursos económicos para que su salud física o mental sea evaluada, habida cuenta que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.13 De la misma sentencia se puede resaltar; “…” las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; sin embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usua rios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la

social exigir a los usua rios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido.” El artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, adiciona que el aspirante a beneficiario también puede sufragar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez. No obstante, podrá pedir su

12 Corte Constitucional, Sentencia C-164 de 2000 (MP Jose Gregorio Hernandez Galindo) 13 Corte Constitucional, Sentencia C-164 de 2000 (MP Jose Gregorio Hernandez Galindo)Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

9

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

reembolso siempre y cuando se establezca un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Al respecto es importante mencionar, que para aquellos que no cuentan con los recursos económicos para pagar el costo de la v aloración, se podría dificultar la realización del procedimiento, y por ende, su acceso a la seguridad social, el cual es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho

cuentan con los recursos económicos para pagar el costo de la v aloración, se podría dificultar la realización del procedimiento, y por ende, su acceso a la seguridad social, el cual es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable. …Se concluye que las Juntas de Calificación de Invalidez son l as encargadas de proferir el dictamen de pérdida de capacidad laboral, cuando esta sea necesaria para acceder al reconocimiento y pago de cualquier clase de prestación social que pretenda garantizar el mínimo vital y la vida en condiciones dignas de las personas. El artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, establece que quiénes deben asumir el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez son las entidades Administradoras de Fondos de Pensión o las Administradoras de Riesgos Laborales, dado q ue al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social”. Sin embargo , como se expuso, la jurisprudencia de esta Corporación dispone, bajo el mismo criterio, que las aseguradoras también podrán asumir el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez”.

5.4.6. Indemnización derivada de incapacidad permanente causada por accidente de tránsito como componente del derecho a la seguridad social.

La Corte Constitucional en la sentencia T-336 con fecha del 21 de agosto de 2020 menciona

“Una compañía de Seguros vulnera el derecho a la seguridad social al omitir su deber de realizar, en primer lugar, el examen de pérdida de capacidad laboral a sus asegurados, cuando asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de

“Una compañía de Seguros vulnera el derecho a la seguridad social al omitir su deber de realizar, en primer lugar, el examen de pérdida de capacidad laboral a sus asegurados, cuando asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. Asimismo, dicha entidad debe sufragar los costos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en caso de que dicha decisión sea impugnada; así como los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez si hubiere lugar a la apelación del dictamen; cuando esté demostrado que el asegurado carece de recursos económicos para asumirlos directamente”.14

5.4.7 Debido Proceso en solicitud de indemnización derivada de incapacidad permanente causada por accidente de tránsito.

En la sentencia anteriormente mencionada expresa la Corte Constitucional lo siguiente:

“Corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud realizar, en una primera oportunidad,

14 Corte constitucional, sentencia T-336 Del 2020 (MP Diana Fajardo Rivera)Radicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

10

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

10

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez. En caso de existir inconformidad del interesado, la Entidad deberá solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión del caso, decisión que será apelable ante la Junta Nacional de Ca lificación de Invalidez. Esto significa que, antes que nada, es competencia del primer conjunto de instituciones mencionadas la práctica del dictamen de pérdida de capacidad laboral y la calificación del grado de invalidez. En términos generales, solamente luego, si el interesado se halla en desacuerdo con la decisión, el expediente debe ser remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y, de ser impugnado el correspondiente concepto técnico, corresponderá resolver a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.”

5.5 PRUEBAS RELEVANTES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

Dentro del expediente encontramos las siguientes pruebas relevantes:

a) Copia del derecho de petición incoado a PREVISORA SEGUROS S.A.15 b) Copia de valoración y remisión en segunda instancia a la Junta Regional. 16 c) Escrito de impugnación de la valoración anterior.17

5.6. ANÁLISIS DEL CASO

b) Copia de valoración y remisión en segunda instancia a la Junta Regional. 16 c) Escrito de impugnación de la valoración anterior.17

5.6. ANÁLISIS DEL CASO

Previo al estudio de fondo del caso planteado en el escrito de amparo, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela que, al tenor del artículo 86 de la Carta Magna y del Decreto 2591 de 1991, se sinte tizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad).

5.6.1 Legitimación en la causa.

Sobre el particular el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de amparo constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona en nombre propio, o a través de representante, como en el caso en

15 FL 63-64 del archivo 01 Primera Instancia 16 FL 65-70 del archivo 01 Primera Instancia 17 FL 70-71 del archivo 01 Primera InstanciaRadicado No: 13-001-33-33-008-2023-00234-00

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

11

Accionante: Manuel Antonio Del Toro Puerta

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

11

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 4 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 03

concreto a fin de solicitar la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares.

5.6.1.1 Legitimación en la causa por activa.

De conformidad con lo anterior, en efecto, el Señor Manuel Antonio del Toro Puerta, se encuentra legitimado en la causa por activa p or promover el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital que considera vulnerados por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, teniendo en cuenta que acude en nombre propio y ostenta la mayoría de edad que le otorga capacidad legal para comparecer directamente a este trámite.

5.6.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

Con relación a la legitimación por pasiva, la acción se dirige contra la Previsora Seguros S.A. Compañía de Seguros , se señala que presuntamente se encuentra vulnerando los derechos fundamentales invocados , hasta el momento, se ha negado u omitido al pago de los honorarios del accionante ante la Junta Regional de Ca