TA BOL-13001333301120190001202-(28-06-2024)

Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 077/2024

SALA DE DECISIÓN No. 001

Cartagena de Indias, D T. y C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicado 13001-33-33-011-2019-00012-02. Demandante Samuel Críales Pérez. Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional. Tema Reliquidación salarial y sanción moratoria. Magistrado Ponente Óscar Iván Castañeda Daza

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala Fija de Decisión No. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

III.- ANTECEDENTES

3.1 DEMANDA.

3.1.1 PRETENSIONES1.

La parte actora solicita que se declarare la nulidad del acto administrativo

III.- ANTECEDENTES

3.1 DEMANDA.

3.1.1 PRETENSIONES1.

La parte actora solicita que se declarare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 20180423330253721 MDN-CGFM-CARMA-SECARJEDHU-DIPER-DINOM 1-10 del 20 de junio de 2018 mediante el cual se niega la reliquidación salarial con base al IPC, y el pago de sanción moratoria.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene a la entidad demandada realizar el reajuste de los salarios a partir del año 1997 de conformidad con el IPC, así como el reajuste de las prestaciones sociales reconocidas desde la fecha que se hicieron exigibles, hasta la fecha en que se reconozcan los derechos, con las incidencias que correspondan de manera sucesiva para las vigencias subsiguientes.

Así mismo, pide que se ordene a la entidad demandada la modificación de su hoja de servicios y se envíe a la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares para que sea incrementada la asignación de retiro correspondiente, a partir de la fecha

1 Folios 35-37 del archivo 01 la carpeta “01Primera Instancia”.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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en que se le reconoció la asignación de retiro, hasta que se reconozca el incremento y se realice la modificación de las vigencias sucesivas. Finalmente, pide que, se ordene el pago de la sanción moratoria, por el no pago oportuno de la liquidación de sus prestaciones sociales.

3.1.2. HECHOS2.

En la demanda se narra que, el señor Samuel Críales Pérez ingresó a la Escuela Naval de Cadetes de Cartagena el 1 ° de junio de 1987, y que mediante Decreto 2317 del 27 de noviembre de 2015, fue ascendido a Teniente Coronel, ultimo grado ejercido por el actor.

Aduce que, el Gobierno Nacional entre los años de 1997 y 2004, aumentó el salario básico del personal de las Fuerzas militares por debajo del IPC . Como consecuencia de ello, la parte actora considera que hubo un detrimento del 19,15%, porcentaje que se debe aumentar tanto en su asignación básica, como en la asignación de retiro.

Expone que, mediante la r esolución 9945 del 15 de noviembre de 2016, el Ministro de Defensa Nacional resolvió retirarlo del servicio activo, por sobrepasar la edad en el grado que ostentaba, pero con pase a la reserva.

Explica que, con ocasión al retiro, le fueron liquidadas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el salario básico del ultimo año, que fue aumentado

sobrepasar la edad en el grado que ostentaba, pero con pase a la reserva.

Explica que, con ocasión al retiro, le fueron liquidadas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el salario básico del ultimo año, que fue aumentado desde el 1997 hasta el 2004 por debajo del IPC y que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció su asignación de retiro con base a esos sueldos reportados.

Refiere que, solicitó el reajuste de los sueldos y prestaciones a partir del año 1997 hasta la fecha de su retiro, con base al IPC, igualmente solicitó el pago de la sanción moratoria teniendo en cuenta que mediante la resolución 225 del 7 de marzo de 2017 se le liquidaron las cesantías definitivas y solo le fueron canceladas en noviembre de 2017, es decir, 8 meses después.

Sin embargo, dichas solicitudes fueron resueltas desfavorablemente mediante el oficio No. 20180423330253721: MDN -CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPERDINOM del 20 de junio de 2018.

3.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3.

El apoderado de la Armada Nacional solicitó que se declare la legalidad de los actos acusados, por cuanto estos fueron expedidos de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto, por ende, pide que se nieguen las

2 Folios 37-41 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 3 Folios 75-93 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que, no se encuentra probado que los reajustes realizados hayan estado por de bajo del IPC. Con el escrito de contestación propuso las excepciones relativas a la caducidad del medio de control, prescripción de los derechos laborales, presunción de legalidad del acto acusado, carencia del derecho del demandante, cobro de lo no debido y buena fe.

3.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4.

Mediante sentencia del 12 de marzo de 2024, el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena negó las pretensiones de la demanda. En la providencia, se indicó que lo solicitado por el demandante no era aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta la naturaleza del régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública, debido a que el reajuste del IPC solo es atribuible a aquellos que tengan una asignación de retiro y que dicha asignación haya sido reajustada en un porcentaje inferior al IPC, por lo tanto, al encontrase el señor Samuel Críales Pérez en actividad para aquellos años, la legislación aplicable es la contenida en la Ley 4ª de 1992.

Por otro lado, respecto a la sanción moratoria argumenta que el demandante no acreditó el comprobante de pago, prueba esencial para determinar la

aquellos años, la legislación aplicable es la contenida en la Ley 4ª de 1992.

Por otro lado, respecto a la sanción moratoria argumenta que el demandante no acreditó el comprobante de pago, prueba esencial para determinar la sanción, sin embargo, la Resolución 0225 data del marzo de 2017, es decir tres meses después, lo que demuestra que la fecha de pago de las cesantías no ha sido tardía . I gualmente, refiere que la demandada en el acto acusado precisó que canceló las prestaciones el 22 de noviembre de 2016, lo que permite concluir que se hizo dentro del termino legal.

3.4. RECURSO DE APELACIÓN5.

El apoderado de la parte demandante pidió que sea revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Argumenta que el Gobierno Nacional debe fijar el régimen salarial de los empleados públicos, modificando el porcentaje según el cargo que desempeñe el empleado público; actuación que no puede ser inferior al IPC del año inmediatamente anterior, ya que el Gobierno Nacional debe velar porque se mantenga el poder adquisitivo del salario.

Hace alusión a que, en el fallo de primera instancia, se tuvo en cuenta lo afirmado por la demandada, al haber cancelado la liquidación y los tres meses de alta en el mes de noviembre de 2016. Sin embargo, no se analizó que la resolución data del mes de marzo de 2017, es decir se pagó y luego se emitió el acto administrativo, lo cual resulta ser equívoco, pues la misma fue cancelada solo hasta el 22 de noviembre de 2017, es decir, 8 meses después

4 Archivo 12 de la carpeta “01Primera Instancia”.

el acto administrativo, lo cual resulta ser equívoco, pues la misma fue cancelada solo hasta el 22 de noviembre de 2017, es decir, 8 meses después

4 Archivo 12 de la carpeta “01Primera Instancia”. 5 Archivo 15 de la carpeta “01Primera Instancia”.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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de haber sido expedida la resolución y un (1) año después de haberse retirado del servicio, por lo cual, no fueron canceladas dentro del termino legal.

3.5. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto de fecha 5 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En la providencia se determinó que no era necesaria la presentación de alegatos de conclusión, por no haberse practicado pruebas en segunda instancia, según lo previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20216.

3.6. Concepto del Ministerio Público.

No rindió concepto.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, en el desarrollo de las etapas procesales se ejerció

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, en el desarrollo de las etapas procesales se ejerció control de legalidad de estas. Por ello y como en esta instancia no se observan vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procederá a dictar la respectiva sentencia.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en segunda instancia, por disposición del artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer el siguiente problema jurídico:

¿Debe declararse la nulidad de l acto administrativo demandado y, en consecuencia, ordenar a la entidad demandada al pago de los reajustes

6 Ley 1437 de 2011, artículo 247, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El

necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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salariales entre los años de 1997 a 2004 conforme al IPC, así como la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías definitivas?

5.3. TESIS DE LA SALA.

La Sala de Decisión optará por confirmar el fallo de primera instancia. En primer lugar, se indicará que el demandante no tiene derecho a que se le reliquiden las asignaciones salariales, ni tampoco las prestaciones sociales, que devengó como miembro activo de la Armada Nacional entre los años 1997 a 2004 de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), toda vez que los ajustes determinados por el Gobierno Nacional para aquel periodo, tienen pleno fundamento en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992

A su vez, se negará el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, ya que

determinados por el Gobierno Nacional para aquel periodo, tienen pleno fundamento en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992

A su vez, se negará el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, ya que no acreditó la fecha en que se realizó el pago de las cesantías definitivas, incumpliendo la carga probatoria establecidas en los artículos 78 (numeral 10) y 167 del Código General del Proceso.

5.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

Frente a la reliquidación salarial conforme al IPC de los miembros de la Fuerza Pública vinculados en servicio activo para los años de 1997 a 2004, se tendrán en cuenta las siguientes normas y sentencias:

• Artículo 150 de la Constitución Política. - Artículos 1, 2, 4, 13 de la Ley 4 de 1992. - Artículo 14 de Ley 100 de 1993. - Artículo 42 del Decreto Ley 4433 de 2004. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 25000-23-42-000-2017-05355-01 (2543-2022), sentencia del 10 de noviembre de 2022. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, Rad. No. 25000-23-42-000-2018-00430-01 (6000-2022), sentencia del 19 de octubre de 2023. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. No. 25000-23-42-000-2020-00870-01 (607219 de octubre de 2023. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. No. 25000-23-42-000-2020-00870-01 (60722022), sentencia del 29 de febrero de 2024.

Respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria para el personal de la Fuerza Pública, se tomará como referencia el siguiente fundamento normativo y jurisprudencial:

• Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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• Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. No. 73001-23-33-000-2014-0058001 (4961-2015), sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. No. 25000-23-42-000-2020-00222-01 (4338-2022), sentencia del 31 de agosto de 2023.

Finalmente, sobre la carga de la prueba se tuvo en cuenta:

• Artículos 78 (numeral 10) y 167 del Código General del Proceso.

sentencia del 31 de agosto de 2023.

Finalmente, sobre la carga de la prueba se tuvo en cuenta:

• Artículos 78 (numeral 10) y 167 del Código General del Proceso. - Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Karena Caselles Hernández (E), sentencia C-099 de 2022.

5.5. CASO CONCRETO.

5.5.1. Relación de pruebas relevantes.

• Constancia de la nómina mensual del señor Samuel Críales Pérez para el mes de octubre de 2016, expedida por la Armada Nacional7.

• Resolución 225 del 7 de marzo de 2017 expedida por la Armada Nacional, en la que reconoce y ordena el pago de cesantías definitivas a favor

del señor Samuel Críales Pérez8.

• Petición radicada el 2 de marzo de 2018 por el señor Samuel Críales Pérez ante la Armada Nacional, en el que pide el pago de la sanción moratoria9.

• Petición radicada el 21 de mayo de 2018 por el señor Samuel Críales Pérez ante la Armada Nacional, en el que pide el reajuste salarial y prestacional de su asignación básica de acuerdo con el IPC10.

• Oficio No. 20180423330253721 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPERDINOM 1-10 del 20 de junio de 2018 expedido por la Armada Nacional, por medio del cual, se niega la reliquidación salarial y la sanción moratoria solicitada por el demandante11.

• Oficio No. 201904233300290651 del 19 de junio de 2019 expedido por el

medio del cual, se niega la reliquidación salarial y la sanción moratoria solicitada por el demandante11.

• Oficio No. 201904233300290651 del 19 de junio de 2019 expedido por el Jefe de División de Nóminas de la Armada Nacional, en el que aporta el expediente administrativo del demandante12.

7 Folios 29 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 8 Folios 21-22 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 9 Folios 15-17 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 10 Folios 5-11 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 11 Folios 3-4 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”. 12 Folios 113-139 del archivo 01 de la carpeta “01Primera Instancia”.Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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5.5.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico.

Con ocasión de la revisión de cada uno de los cargos señalados en la demanda y reiterados en el recurso de alzada, se advierte que estos, en síntesis, se refieren a los siguientes aspectos:

1. Reajuste salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.

demanda y reiterados en el recurso de alzada, se advierte que estos, en síntesis, se refieren a los siguientes aspectos:

1. Reajuste salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.
2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

Habiendo establecido los aspectos relevantes de la demanda, serán abordados en los siguientes términos:

1. Reajuste salarial y prestaciones de los miembros de la Fuerza Pública.

De los hechos narrados en la demanda se evidencia que el señor Samuel Críales Pérez prestó sus servicios a la Armada Nacional entre los años de 1987 al 2016. Bajo esta óptica, la parte actora pretende la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales obtenidas mientras estuvo en servicio activo durante los años 1997 a 2004, pues considera que para esas anualidades el aumento salarial se hizo en un porcentaje inferior a lo establecido por el IPC.

Sin embargo, tal como lo señaló el juez de instancia, en el presente caso no es posible aplicar el reajuste de la asi gnación salarial, teniendo en cuenta que para los años 1997 y 2004, el accionante se encontraba en servicio activo . De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 , el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneraci ón del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2° de esta misma norma.

En cumplimiento de esta disposición, el Gobierno Nacional expidió los Decretos

personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2° de esta misma norma.

En cumplimiento de esta disposición, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 133 de 1995, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, entre otros , por medio de los cuales, se fijó la asignación salarial de cada grado para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Frente al porcentaje que debe fijarse como incremento de los salarios, el Consejo de Estado ha indicado que ninguna disposición normativa prevista en la Ley 4 de 1992 establece la obligación de fijarlo en un porcentaje idéntico o superior al índice de precios al consumidor (IPC)13.

13 “Como puede observarse, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece ningún tipo de condición en relación con el porcentaje en que deben incrementarse los salarios anualmente, sino que pone tal obligación en cabeza del Gobierno nacional. En ese sentido, el mencionado artículo no comporta un sustento normativo para pretender que la asignación salarial sea incrementada anualmente en un porcentaje idéntico o superior al índice de pre cios al consumidor.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 25000 23 42 000 2017 05355 01 (2543-2022), Sentencia del 10 de noviembre de 2022).Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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25000 23 42 000 2017 05355 01 (2543-2022), Sentencia del 10 de noviembre de 2022).Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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Por consiguiente, la Sala de Decisión concluye que el reajuste del salario básico que reciben los miembros activos de la Fuerza Pública se rige únicamente por los Decretos que para el efecto expida el Gobierno Nacional cada año.

Ahora bien, conviene explicar que la única norma que prevé un aumento en el valor de la prestación económica igual o superior al IPC es el artículo 14 de la Ley 100 de 199314. Sin embargo, este precepto normativo comento solo tiene aplicabilidad a las personas que hubiesen obtenido una pensión, es decir, no cobija a la asignación salarial que devengue n los empleados públicos en actividad (incluyendo a los miembros de la Fuerza Pública).

En todo caso, se precisa que con la expedición del Decreto 4433 de 2004, el reajuste anual de las a signaciones de retiro que perciben los ex uniformados de la Fuerza Pública no depende del porcentaje previsto en IPC, sino que obedece al porcentaje en que se incremente los salarios de los miembros activos de la Fuerza Pública, también llamado principio de oscilación15.

De acuerdo con el anterior recuento normativo, se colige que las asignaciones

obedece al porcentaje en que se incremente los salarios de los miembros activos de la Fuerza Pública, también llamado principio de oscilación15.

De acuerdo con el anterior recuento normativo, se colige que las asignaciones básicas del personal de la Fuerza Pública están sujetas a los Decretos que anualmente expida el Gobierno Nacional, en los que se fijen las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros durante la respectiva vigencia fiscal. Mientras tanto, el incremento de las asignaciones de retiro que se reconoce a tales servidores se efectúa conforme al principio de oscilación.

En consecuencia, la Sala de Decisión llega a la conclusión de que el demandante no tiene derecho a que se le reliquiden las asignaciones salariales, ni tampoco las prestaciones sociales, que devengó como miembro activo de la Armada Nacional entre los años 1997 a 2004 de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) , toda vez que, los ajustes determinados por el Gobierno Nacional para aquel periodo, tienen pleno fundamento en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992. A su vez, debe resaltarse que la asignación de retiro causada después de su desvinculación (2016), se hizo conforme al principio de oscilación regulado en el Decreto 4433 de 2004.

14 Ley 100 de 1993, artículo 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año,

de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. 15 “Entonces, de acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el incremento de las asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ya no depende del porcentaje del IPC que disponía la Ley 100 de 1993, sino que obedece al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza pública.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 25000 23 42 000 2017 05355 01 (2543-2022), Sentencia del 10 de noviembre de 2022).Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

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La interpretación adoptada por esta Corporación Judicial encuentra sustento

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La interpretación adoptada por esta Corporación Judicial encuentra sustento en las sentencias del 10 de noviembre de 202216, 19 de octubre de 202317 y 29 de febrero de 202418 proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que se negó la reliquidación salarial de miembros de la Fuerza Pública que habían estado en servicio activo para los años de 1997 a 2004.

2. La sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

En su impugnación, el demandante alega que sus cesantías definitivas fueron reconocidas mediante la resolución 225 del 7 de marzo de 2017, no obstante, refiere que esta prestación social solo fue pagada hasta el mes de noviembre de 2017, es decir , ocho (8) meses después de haberse expedido el acto administrativo que reconoció sus cesantías. En consecuencia, concluye que tiene derecho a que se le reconozca la sanción moratoria.

Al respecto, debe señalarse que la Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las cesantías definitivas y parciales de los servidores públicos. En el artículo 2° se precisa que el ámbito de aplicación de esta norma cobija a los miembros de la fuerza pública. Igualmente, establece unos términos perentorios para expedir el acto de reconocimiento y pago de las cesantías , cuyo desconocimiento conlleva una sanción para la entidad

esta norma cobija a los miembros de la fuerza pública. Igualmente, establece unos términos perentorios para expedir el acto de reconocimiento y pago de las cesantías , cuyo desconocimiento conlleva una sanción para la entidad empleadora prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Además, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 , el Consejo de Estado estableció las siguientes reglas frente a la exigibilidad de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías parciales o definitivas.

“SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

1. En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

16 “En ese sentido, para los años 1997 al 2004, lapso para el cual el demandante solicita la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los

miembros de la Fuerza Pública a través de los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004. // Así, debido a que para esos periodos el señor Dagoberto García Cáceres era miembro activo de la Policía Nacional, ya que su retiro definitivo se produjo el 28 de enero del 2011, el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 25000-23-42-000-2017-05355-01 (25432022), Sentencia del 10 de noviembre de 2022). 17 “En razón de lo anterior, se tiene que el demandante no tiene derecho a obtener el reajuste de los salarios que percibió en los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 ni a la asignación de retiro conforme al IPC, debido a que entre los años 1997 y 2004, cuando resultó más favorable aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) para reajustar la asignación básica, aquel se encontraba en servicio activo, y por sustracción de materia, no tenía la calid ad de pensionado.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, Rad. No. 25000-23-42000-2018-00430-01 (6000-2022), Sentencia del 19 de octubre de 2023). 18 (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. No. 25000-2342-000-2020-00870-01 (6072-2022), Sentencia del 29 de febrero de 2024).Rad. No. 13001-23-33-011-2019-00012-02

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 077/2024

SALA DE DECISIÓN No. 001

1. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley236 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términ